A 30 AÑOS DEL GOLPE DE GARCIA MEZA, EVO ESTABLECE EL DIA DEL DESAPARECIDO.
Mientras el presidente justificó que en los ’70 las Fuerzas Armadas estaban sometidas a intereses del “imperialismo norteamericano”, los familiares de las víctimas consideraron que los militares no se limitaron a obedecer órdenes.
Página 12. Domingo 18 de julio de 2010. Por Sebastián Ochoa. Desde La Paz.
Los 30 años del inicio de la dictadura de Luis García Meza fueron conmemorados con actos que evidenciaron diferentes lecturas de la historia entre el gobierno de Evo Morales y las organizaciones de derechos humanos. El eje de la discusión pasó por el rol de las Fuerzas Armadas durante esos años. Mientras el presidente justificó que en los ’70 estaban sometidas a intereses del “imperialismo norteamericano”, los familiares de las víctimas consideraron que los militares no se limitaron a obedecer órdenes. Y exigieron que los uniformados entreguen los archivos de sus años de gobernantes, como ordenó la Justicia hace dos años, para saber dónde están los cuerpos de varios desaparecidos.
“Rendimos nuestro homenaje y proclamamos este 17 de julio Día Internacional del Desaparecido, Día Nacional del Desaparecido, en memoria de ciudadanas y ciudadanos que fueron víctimas de desapariciones forzadas durante las dictaduras militares en Bolivia”, dice el documento aprobado el viernes por la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuyos dos tercios están ocupados por afiliados del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Morales.
La moción fue de la diputada Elizabeth Reyes, de la opositora Unidad Nacional (UN). Su padre, José Reyes Carvajal, fue asesinado por un grupo paramilitar en enero de 1981, junto a un grupo de militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en una casa de seguridad de esta ciudad.
Ayer, Morales condecoró a Lidia Gueiler, presidenta que padeció el golpe de Estado de García Meza. Y quiso restar culpas a los uniformados. “Me he dado cuenta de que las decisiones que tomaron los ex comandantes no es porque ellos las querían así, sino porque estaban sometidos a una decisión política. Los políticos de entonces decidieron, o el imperialismo norteamericano decidía qué es lo que tenían que hacer las Fuerzas Armadas”, sostuvo el presidente.
Para los familiares de las víctimas es evidente que los actuales comandantes esquivan la orden judicial para abrir los archivos de sus tiempos dorados. El último documento que los obliga es de la Corte Suprema de Justicia, emitido en abril por demanda de Olga Flores, hermana de Juan Carlos Flores Bedregal, asesinado por militares junto a otros políticos y sindicalistas en la toma de la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), hace 30 años.
“Las Fuerzas Armadas darán estricto cumplimiento a dos autos supremos emitidos por la Corte Suprema de Justicia”, dijo ayer el comandante en jefe de las FF.AA., general Ramiro de la Fuente, quien estaba en la condecoración a Gueiler.
Olga Flores, junto a otros familiares, organizó una marcha por el centro de la ciudad de La Paz hasta el Gran Cuartel de Miraflores, donde se juntan las cabezas de las FF.AA. Allí, centenares de manifestantes reclamaron por la aparición de varios cuerpos, entre ellos el de Marcelo Quiroga Santa Cruz, ex diputado, periodista y escritor desaparecido durante el ataque a la COB. Con su nombre fue bautizada la ley anticorrupción aprobada hace meses por la Asamblea Legislativa, a pesar de la oposición de sus familiares, quienes evalúan que el gobierno no se esfuerza por localizar sus restos.
La dictadura de García Meza contó con apoyo de represores extranjeros, como el nazi alemán Klaus Barbie y el italiano Stéfano Delle Chiae, que crearon el grupo paramilitar Los Novios de la Muerte, además adiestraron a decenas de soldados en teoría y práctica de tortura. También existe información de que militares argentinos habrían dado clases para mejor eliminar a quienes consideraran subversivos, aunque aún no ha sido judicialmente comprobado.
Según las organizaciones de derechos humanos, esa dictadura dejó 500 muertos y cuatro mil detenidos. Hasta ahora, seis mil personas se presentaron como víctimas de los militares para recibir compensaciones económicas. Pero el gobierno indicó que solamente 218 personas cumplieron todos los requisitos para obtener el dinero.
El fiscal Milton Mendoza estaba a cargo de la comisión que investigaba el paradero de los archivos militares de 1980. Logró ingresar al cuartel de Miraflores, pero los uniformados no le permitieron acceder a todos los documentos que requería. Allí incluso habrían enterrado cuerpos de sus “enemigos”, según datos de las organizaciones de derechos humanos. El trabajo de estos fiscales quedó detenido a principios de mes, cuando el Ministerio Público determinó crear una nueva comisión investigadora.
García Meza y su ministro del Interior, el coronel Luis Arce Gómez, se encuentran en la prisión de máxima seguridad de Conchocoro por los delitos de lesa humanidad cometidos durante su aventura presidencial. Pero muchos otros implicados aún no pasaron por la Justicia, denuncian los familiares de las víctimas.
Por la desclasificación de los archivos, hasta Amnistía Internacional escribió a Morales. “La imposibilidad de acceder a estos archivos, a pesar de declaraciones hechas recientemente por las FF.AA. y miembros del gobierno, diferencia a Bolivia de otros países de la región que han reconocido la importancia de archivos oficiales para combatir la impunidad”, dice la nota.
domingo, 18 de julio de 2010
"Sólo cuando esté anulada la Ley de Caducidad la victoria será final"
Zelmar Michelini (hijo). Categórica afirmación durante coloquio sobre el Tribunal Russell II.
El hijo de Zelmar Michelini que lleva su mismo nombre cerró el acto realizado el pasado miércoles recordando el Tribunal Russell II. "Chicho", como lo conocen los amigos fue categórico al decir que la victoria final será cuando se anule la Ley de Caducidad.
La República. Domingo 18 de julio de 2010. Por Víctor Carrato.
Zelmar Michelini (hijo) vive en París y trabaja en la agencia noticiosa France Press; junto a su hermana Isabel que reside en Argentina se sumaron a los ocho hermanos para participar en este acto recordatorio.
El miércoles pasado la Fundación Zelmar Michelini realizó un coloquio en la sala de conferencias del Teatro Solís que se vio colmada de público donde entre otros estuvieron presentes Juan Raúl Ferreira, el ex ministro del Interior Guillermo Stirling, Sara Méndez, el ex subsecretario de Salud Pública Dr. Miguel Fernández Galeano y otras conocidas personalidades. La fecha del acontecimiento no fue casual, se trata del 14 de julio, aniversario de la toma de la Bastilla, la vieja cárcel de la aristocracia francesa liberada por el pueblo durante la revolución francesa de 1789.
La Dra. Hebe Martínez Burlé, defensora de los Derechos Humanos, en su intervención recordó una frase que luego fue retomada por Zelmar Michelini (hijo). "Alguien dijo, hace mucho tiempo, con palabras seguramente más lúcidas que las mías, que no había ni una victoria ni una derrota parciales; que las victorias eran finales y totales y las derrotas eran totales y finales. Nosotros, como a los chilenos, como a los brasileros, a los argentinos, como a ustedes (miembros del tribunal) aquí sentados, no nos asustan ni nos detienen ni nos conduelen las derrotas parciales que puedan sucederse. Tenemos tanta fe en nuestra lucha y tanta convicción en nuestras ideas y nuestro camino está tan lleno de mártires que sabemos que hay una victoria final y hacia ella estamos yendo", citó la abogada. Agregando enseguida que "No existen las cosas imposibles, sólo debemos desarrollar más fuerza para alcanzarlas...porque la única lucha que se pierde es la que no se dá."
"Chicho" Michelini retomó esta frase al cierre del coloquio, autocalificándose como "monotemático" para insistir en la necesidad de la anulación de la Ley de Caducidad.
Además, el hijo del senador asesinado en Buenos Aires en 1976 contó que cuando vivió con su padre en el Hotel Liberty, de la vecina orilla, se despertaba todas las mañanas con el ruido del teclado de la máquina de escribir en la cual su padre redactaba cartas denunciando la situación del Uruguay bajo la dictadura. Añadió que previo a la realización del Tribunal Russell II, se sumó el hecho que se dormía escuchando a su padre memorizando la intervención que iba a realizar en Roma.
Señaló también que su padre volvió de la capital italiana convencido de la importancia que tenía la denuncia internacional sobre la situación de violación e los derechos humanos en Uruguay en aquella época.
El profesor italiano Alberto Filippi, integrante de aquel Tribunal Russell II, llegó a Montevideo para recordar el acontecimiento histórico que se produjo en marzo de 1974, convocado por el profesor italiano Lelio Basso para investigar las violaciones de derechos humanos que se cometían en el Cono Sur en el marco de las dictaduras cívico-militares. En el tribual Russell II participaron entre otros los escritores Gabriel García Márquez y Julio Cortázar.
La moderadora del coloquio, ex subsecretaría de Relaciones Exteriores, Belela Herrera destacó que el discurso de Michelini en Roma "tendría que ser parte en todos los liceos del país".
El profesor Gerardo Caetano insistió en la "defensa de la libertad" por la cual siempre luchó Zelmar Michelini así como en la defensa de la democracia, lo que catalogó como las "coincidencias biográficas" entre el filósofo Bertrand Russell y el senador asesinado por la dictadura. "Las libertades son las pesadillas de la dictadura", insistió Caetano.
El historiador y politólogo resaltó la posición inclaudicable de Zelmar Michelini en la defensa de la libertad: "No hay ningún valor que pueda ser intercambiable a la verdad y a la justicia. Mucho menos el de la paz. Porque la paz no puede ser otra cosa que la expresión radical y la vigencia de la verdad y justicia.
Y esa lucha de construir una cultura de los derechos humanos como sustento de una visión humanista tiene que ser radical y tiene que servir para condenar cualquier violación a los derechos humanos, venga de donde venga. Porque debe ser un compromiso radical. Ése es, entre otras cosas, el legado de Zelmar Michelini", dijo.
El abogado argentino Leandro Despouy, actual Presidente de la Auditoría General de la Nación argentina, abogado defensor de los Derechos Humanos que debió exiliarse durante la dictadura del vecino país, recordó la figura del senador Michelini y dijo que a pesar de tener que declarar el día siguiente ante tribunales argentinos no podía estar ausente en este coloquio.
La denuncia de Despouy
El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), el radical Dr. Leandro Despouy, declaró ayer ante la Justicia por la existencia de secuestros y asesinatos ocurridos en 1974, antes de la dictadura militar y durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón.
Según consignó Despouy en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, en noviembre de 1974 hubo un operativo de represión coordinado entre las fuerzas armadas uruguayas y argentinas, que sería un antecedente del Plan Cóndor desplegado luego del golpe de Estado de 1976.
Este plan se habría montado con el aval de la organización terrorista para estatal Alianza Anticomunista Argentina, conocida como Triple A y liderada por el entonces ministro de Bienestar del peronismo, José López Rega.
En esa causa se denunció el secuestro y asesinato de Guillermo Jabif, Daniel Banfi y Luis Latrónica y de otros ciudadanos uruguayos. A la vez, Despouy hizo una descripción detallada de las circunstancias en las que tomó conocimiento del asesinato de Silvio Frondizi, cuya muerte también investiga Oyarbide. El titular de la AGN destacó la existencia de una organización terrorista paraestatal previa al golpe de Estado y la presencia de delitos de lesa humanidad antes de la dictadura militar.
En rigor, Despouy denunció este caso en enero de 1975, ante el Tribunal Russell reunido en Bruselas.
Ayer, el titular de la AGN dio detalles al juez Oyarbide sobre los secuestrados ocurridos en 1974 en Buenos Aires y los trasladados clandestinos al Uruguay, en el denominado "vuelo cero", según el testimonio del sobreviviente Julio Abreu ante Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
Por otro lado, Despouy recordó el apropiamiento ilegal del niño Amaral García Hernández por parte de un matrimonio vinculado con las fuerzas represivas argentinas. Este dato lo tomó del archivo de Abuelas de Plaza de Mayo. Se trata del caso de José Antonio Moreno y Lilian Dorothy Ramona Calderón, que inscribieron a Amaral como hijo propio con el nombre Juan Manuel Moreno. Los apropiadores fallecieron y el niño quedó al cuidado de los que figuraban como abuelos maternos.
Según Despouy, al morir éstos, el niño pasó a manos de un falso medio hermano que trabajaba en la SIDE y que lo llevó a Formosa. Allí fue recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo, a partir de gestiones realizadas por sus familiares y por el senador uruguayo Germán Araujo
LA TRIPLE A
Despouy mencionó que los cuerpos de Floreal García, Mirtha Hernández, Graciela Estefanell, Héctor Brum y María de los Angeles Corbo aparecieron acribillados el 20 de diciembre de 1974 en la localidad de Soca, en Uruguay.
Durante su testimonio, Despouy dejó en claro que el proceder de "la Triple A en todo el país, amparado por la estructura del Estado, dio lugar a secuestros y desapariciones previas al golpe de Estado de 1976".
El hijo de Zelmar Michelini que lleva su mismo nombre cerró el acto realizado el pasado miércoles recordando el Tribunal Russell II. "Chicho", como lo conocen los amigos fue categórico al decir que la victoria final será cuando se anule la Ley de Caducidad.
La República. Domingo 18 de julio de 2010. Por Víctor Carrato.
Zelmar Michelini (hijo) vive en París y trabaja en la agencia noticiosa France Press; junto a su hermana Isabel que reside en Argentina se sumaron a los ocho hermanos para participar en este acto recordatorio.
El miércoles pasado la Fundación Zelmar Michelini realizó un coloquio en la sala de conferencias del Teatro Solís que se vio colmada de público donde entre otros estuvieron presentes Juan Raúl Ferreira, el ex ministro del Interior Guillermo Stirling, Sara Méndez, el ex subsecretario de Salud Pública Dr. Miguel Fernández Galeano y otras conocidas personalidades. La fecha del acontecimiento no fue casual, se trata del 14 de julio, aniversario de la toma de la Bastilla, la vieja cárcel de la aristocracia francesa liberada por el pueblo durante la revolución francesa de 1789.
La Dra. Hebe Martínez Burlé, defensora de los Derechos Humanos, en su intervención recordó una frase que luego fue retomada por Zelmar Michelini (hijo). "Alguien dijo, hace mucho tiempo, con palabras seguramente más lúcidas que las mías, que no había ni una victoria ni una derrota parciales; que las victorias eran finales y totales y las derrotas eran totales y finales. Nosotros, como a los chilenos, como a los brasileros, a los argentinos, como a ustedes (miembros del tribunal) aquí sentados, no nos asustan ni nos detienen ni nos conduelen las derrotas parciales que puedan sucederse. Tenemos tanta fe en nuestra lucha y tanta convicción en nuestras ideas y nuestro camino está tan lleno de mártires que sabemos que hay una victoria final y hacia ella estamos yendo", citó la abogada. Agregando enseguida que "No existen las cosas imposibles, sólo debemos desarrollar más fuerza para alcanzarlas...porque la única lucha que se pierde es la que no se dá."
"Chicho" Michelini retomó esta frase al cierre del coloquio, autocalificándose como "monotemático" para insistir en la necesidad de la anulación de la Ley de Caducidad.
Además, el hijo del senador asesinado en Buenos Aires en 1976 contó que cuando vivió con su padre en el Hotel Liberty, de la vecina orilla, se despertaba todas las mañanas con el ruido del teclado de la máquina de escribir en la cual su padre redactaba cartas denunciando la situación del Uruguay bajo la dictadura. Añadió que previo a la realización del Tribunal Russell II, se sumó el hecho que se dormía escuchando a su padre memorizando la intervención que iba a realizar en Roma.
Señaló también que su padre volvió de la capital italiana convencido de la importancia que tenía la denuncia internacional sobre la situación de violación e los derechos humanos en Uruguay en aquella época.
El profesor italiano Alberto Filippi, integrante de aquel Tribunal Russell II, llegó a Montevideo para recordar el acontecimiento histórico que se produjo en marzo de 1974, convocado por el profesor italiano Lelio Basso para investigar las violaciones de derechos humanos que se cometían en el Cono Sur en el marco de las dictaduras cívico-militares. En el tribual Russell II participaron entre otros los escritores Gabriel García Márquez y Julio Cortázar.
La moderadora del coloquio, ex subsecretaría de Relaciones Exteriores, Belela Herrera destacó que el discurso de Michelini en Roma "tendría que ser parte en todos los liceos del país".
El profesor Gerardo Caetano insistió en la "defensa de la libertad" por la cual siempre luchó Zelmar Michelini así como en la defensa de la democracia, lo que catalogó como las "coincidencias biográficas" entre el filósofo Bertrand Russell y el senador asesinado por la dictadura. "Las libertades son las pesadillas de la dictadura", insistió Caetano.
El historiador y politólogo resaltó la posición inclaudicable de Zelmar Michelini en la defensa de la libertad: "No hay ningún valor que pueda ser intercambiable a la verdad y a la justicia. Mucho menos el de la paz. Porque la paz no puede ser otra cosa que la expresión radical y la vigencia de la verdad y justicia.
Y esa lucha de construir una cultura de los derechos humanos como sustento de una visión humanista tiene que ser radical y tiene que servir para condenar cualquier violación a los derechos humanos, venga de donde venga. Porque debe ser un compromiso radical. Ése es, entre otras cosas, el legado de Zelmar Michelini", dijo.
El abogado argentino Leandro Despouy, actual Presidente de la Auditoría General de la Nación argentina, abogado defensor de los Derechos Humanos que debió exiliarse durante la dictadura del vecino país, recordó la figura del senador Michelini y dijo que a pesar de tener que declarar el día siguiente ante tribunales argentinos no podía estar ausente en este coloquio.
La denuncia de Despouy
El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), el radical Dr. Leandro Despouy, declaró ayer ante la Justicia por la existencia de secuestros y asesinatos ocurridos en 1974, antes de la dictadura militar y durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón.
Según consignó Despouy en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, en noviembre de 1974 hubo un operativo de represión coordinado entre las fuerzas armadas uruguayas y argentinas, que sería un antecedente del Plan Cóndor desplegado luego del golpe de Estado de 1976.
Este plan se habría montado con el aval de la organización terrorista para estatal Alianza Anticomunista Argentina, conocida como Triple A y liderada por el entonces ministro de Bienestar del peronismo, José López Rega.
En esa causa se denunció el secuestro y asesinato de Guillermo Jabif, Daniel Banfi y Luis Latrónica y de otros ciudadanos uruguayos. A la vez, Despouy hizo una descripción detallada de las circunstancias en las que tomó conocimiento del asesinato de Silvio Frondizi, cuya muerte también investiga Oyarbide. El titular de la AGN destacó la existencia de una organización terrorista paraestatal previa al golpe de Estado y la presencia de delitos de lesa humanidad antes de la dictadura militar.
En rigor, Despouy denunció este caso en enero de 1975, ante el Tribunal Russell reunido en Bruselas.
Ayer, el titular de la AGN dio detalles al juez Oyarbide sobre los secuestrados ocurridos en 1974 en Buenos Aires y los trasladados clandestinos al Uruguay, en el denominado "vuelo cero", según el testimonio del sobreviviente Julio Abreu ante Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
Por otro lado, Despouy recordó el apropiamiento ilegal del niño Amaral García Hernández por parte de un matrimonio vinculado con las fuerzas represivas argentinas. Este dato lo tomó del archivo de Abuelas de Plaza de Mayo. Se trata del caso de José Antonio Moreno y Lilian Dorothy Ramona Calderón, que inscribieron a Amaral como hijo propio con el nombre Juan Manuel Moreno. Los apropiadores fallecieron y el niño quedó al cuidado de los que figuraban como abuelos maternos.
Según Despouy, al morir éstos, el niño pasó a manos de un falso medio hermano que trabajaba en la SIDE y que lo llevó a Formosa. Allí fue recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo, a partir de gestiones realizadas por sus familiares y por el senador uruguayo Germán Araujo
LA TRIPLE A
Despouy mencionó que los cuerpos de Floreal García, Mirtha Hernández, Graciela Estefanell, Héctor Brum y María de los Angeles Corbo aparecieron acribillados el 20 de diciembre de 1974 en la localidad de Soca, en Uruguay.
Durante su testimonio, Despouy dejó en claro que el proceder de "la Triple A en todo el país, amparado por la estructura del Estado, dio lugar a secuestros y desapariciones previas al golpe de Estado de 1976".
viernes, 16 de julio de 2010
Cómo transmitir en el aula experiencias extremas
Por Oscar Destouet (*)
Desde tiempos inmemoriales los hombres vienen debatiendo abiertamente o en forma silenciosa como vivir en colectivo. De que manera mejor relacionarse entre si y definir un ideal de convivencia pacífica. Todas las sociedades se han puesto reglas y han marcado normas y dogmas. Desde las de carácter religioso, en función que las plantean como dictadas por un dios o aquellas acordadas por la ley, la tradición o las costumbres. No son debates de académicos, aunque estos intervengan, sino lo son de los colectivos sociales. Las familias, los grupos de pares, las religiones, los agrupamiento sociales y el Estado a través de la educación, la justicia y el poder coactivo, tendrán la tarea de construirlas, reproducirlas y lentamente modificarlas.
Hay normas como el No matarás que han perdurado milenios.
Las rupturas de las normas y tradiciones de convivencia son procesos de larga duración que en algunos momentos afloran con máxima crueldad y ayudan a dimensionar lo perdido y el reconocer hasta donde los hombres y mujeres pueden llegar con su capacidad destructora. También las situaciones extremas nos permiten aquilatar los mejores valores de convivencia y solidaridad humana.
Superado el momento de mayor exposición crítica a situaciones límites comienza el difícil período de “narrar” lo vivido. Aquí afloran nuevamente variados comportamientos humanos. Algunos pretenderán no asumir la experiencia y propondrán olvidar, otros negarán los extremos vividos, mientras que otros, con múltiples variantes, pretenderán reconocer, recordar y aprender.
Como construir memoria de situaciones extremas involucra variados actores y muchas preguntas. Hubo víctimas y victimarios pero también estaban los indiferentes, los colaboradores indirectos, y las personas solidarias comprometidas con su tiempo y la gente que los rodeaba. Todos los hombres y mujeres ocuparon un lugar, un rol determinado y hasta el no ocupar ningún rol, significaba un rol. Por lo cual serán probablemente interpelados por las generaciones posteriores que se ocuparán en conocer lo que sucedió y compartir una memoria democrática.
En el clásico libro de Tzvetan Todorov “Los abusos de la memoria” nos habla de memoria literal y memoria ejemplar. De esta última destaca su potencialidad liberadora. Interpreta que el recurso a las lecciones del pasado permite aprender de las injusticias para estar alertas ante situaciones análogas.
Es ejemplar la memoria cuando extraigo una lección de ese pasado que se convierte en principio de acción para el presente. El uso literal de la memoria convierte al recuerdo en algo insuperable. El uso compartido permite usar el pasado con vistas al presente, aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas para luchar contra las que se producen hoy día, y separarse del yo para irse hacia el otro.
La memoria nos enseña qué olvidar y qué recordar. No se trata de recordar todo, porque eso podrá impedirnos vivir. Se trata más bien de, al decir de Gamio Gehri “desvelar la verdad de lo ocurrido y castigar a los culpables (..de modo que) la víctima recupere realmente su condición de ciudadano” .
Lo que se busca con la memoria es el aprendizaje en el sentido ético – político. Si sacralizamos la memoria, como ha sucedido en reiterados momentos en nuestra historia –pensemos en el Mausoleo a Artigas en Plaza Independencia- es otro modo de hacerla estéril.
El Siglo XX ha sido el siglo de mayor y más acelerado progreso científico y social en la historia de la humanidad. El hombre logró el sueño de caminar sobre la Luna, el 51% de la población mundial, o sea las mujeres, han visto reconocer algunos de sus derechos por primera vez, la esclavitud es condenada por las legislaciones de todo el mundo. Nada ha sido de regalo, todo ha costado un gran sacrificio de muchos y muchas, y muchísimo tiempo.
También el siglo XX ha sido testigo de las peores tragedias y crímenes en la historia de la humanidad: fue en el único momento en el que un Estado lanzó en dos oportunidades una bomba atómica; fue también el tiempo del Apartheid en Sudáfrica; los Detenidos Desaparecidos en América Latina; el genocidio al pueblo Armenio; las guerras con armas químicas y bacteriológicas; las purgas y asesinatos Stalinistas, y más cercano en el tiempo Rwanda, entre otras atroces violaciones a los derechos humanos.
Un crimen aberrante y paradigmático lo fue el intento de exterminio al pueblo Judío, por el régimen nazi. Hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, niños y adolescentes, sólo por ser de origen judío, fueron perseguidos y deportados. Algunos fueron matados inmediatamente, otros fueron humillados, maltratados, torturados y se los quiso privar completamente de su dignidad humana, y al fin matados. Muy pocos de los que fueron internados en los campos de concentración sobrevivieron, y los sobrevivientes permanecieron aterrorizados durante toda la vida. Esto fue la Shoá: uno de los principales dramas de la historia de este siglo, un hecho que nos atañe todavía hoy.
Estamos hablando del episodio histórico más documentado de la historia reciente. Y para colmo, en la actualidad, disponemos de casi todas las evidencias a un clic a través de Internet. A quienes no se conformen con ello, y además de "documentarse", quieran ver con sus propios ojos los vestigios del horror, no hace falta que recorran las barracas del campo de exterminio de Birkenau, basta con una visita al cementerio judío de Varsovia. Un predio vastísimo, doscientas cincuenta mil tumbas, en un estado de abandono absoluto, como si el tiempo se hubiese detenido allí por 1943. Desde aquel entonces, aquellas miles de tumbas quedaron sin nadie que las visite.
La planificación de un genocidio por parte de sus perpetradores siempre conlleva dos aspectos bien definidos: por un lado, la destrucción física del grupo humano elegido como enemigo; por el otro, la estrategia de absoluta impunidad que habrá de imponerse a continuación, no sólo para sortear cualquier tipo de enjuiciamiento criminal, sino también para perpetuar los efectos del exterminio en la cultura imperante.
Se procura erradicar no sólo su existencia, también su historia, su cultura, sus raíces. Es que si aquel pueblo jamás existió, entonces tampoco tuvo lugar su criminal desaparición.
El testimonio es el arma que destruye el olvido y la negación y mantiene en presente el pasado. Será el relato quien abra el camino a la búsqueda de la verdad. “Siempre tuve presente que los que sobrevivimos a la hecatombe nazi tenemos el deber de narrar nuestra historia”, manifestó en 1987 la sobreviviente uruguaya nacida en Polonia Ana Vinocur siendo Secretaria General del Centro Recordatorio del Holocausto del Uruguay. “Es un triste recuerdo o terrible pesadilla, pero es necesario relatarlo para que las futuras generaciones no permitan que esto se repita jamás”.
El adueñarse del pasado adquiere símbolo liberador cuando apela a la verdad de lo sucedido o como dominador para no permitir aprender. La lucha por la memoria es una lucha política e ideológica siempre planteada desde el presente. Sólo la verdad contribuye a fortificar hombres libre y una identidad férrea separando de nuestras mentes y acciones, por lo menos, lo que no queremos.
Theodor Adorno no se cansa en repetir que la primera exigencia en toda educación es que Auschwitz no se repita nunca más. La consigna “Nunca Más” se ha transformado en el lema rector frente a toda violación de los derechos humanos. Con ella finalizó su alegato el fiscal Strasera en el juicio a las Juntas Militares responsables del terrorismo de estado en la República Argentina en las décadas del ’70 y principios del ’80.
El genocidio desarrollado por los nazis se ha constituido en el principal “laboratorio” frente a los problemas del exterminio sistemático, serial, de grandes masas de población. Esa instancia histórica inauguró la posibilidad de aplicar las prácticas propias de la industrialización a la producción del asesinato colectivo.
Rodrigo Gómez nos recuerda su pasaje por la cárcel clandestina de la base aérea de Boisso Lanza durante el Terrorismo de Estado en nuestro país “Mi madre y yo fuimos detenidos el 29 de mayo de 1972 teniendo yo 4 semanas de gestado. Fuimos sometidos a torturas durante gran parte de la noche en el mismo lugar donde fuimos detenidos. Enterados los militares de que había una mujer embarazada, en lugar de tener en cuenta eso para dejar de torturarla, recrudecieron los castigos, sometiéndola incluso a un intento de violación en grupo. Una vez en la base aérea fuimos sometidos durante varios días a plantones alternados con sesiones de tortura que incluían golpes, picana eléctrica y submarino. Sumado el horrible tormento al pensar que podía perderme y que le decían que harían lo posible para que no naciera” .
Nada es comparable en la historia, cada hecho tiene su tiempo y espacio específico pero los hombres aprendemos de lo bueno y de lo malo de las construcciones humanas. La ideología y logística de la muerte nazi enseñó a civiles y militares a lo largo de la segunda mitad del Siglo XX. Lo sigue haciendo hoy. Es obligación prevenirnos y prevenir.
También aprendemos solidaridad, compañerismo, heroicidad. El Siglo XXI será ético o no será, es el gran desafío que tenemos.
La Shoá no fue/ no es un problema de los judíos ni el Apartheid un problema de negros, ni los desaparecidos cosa de subversivos izquierdistas uruguayos o argentinos, son temas de la condición humana que todos tenemos la responsabilidad de desterrar.
Podemos debatir qué sociedad queremos pero lo que ya no debe estar en debate es lo que no queremos ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Definir y asumir claramente los límites de lo humano y las garantías para una convivencia pacífica y armoniosa, reconociendo la diversidad humana.
La construcción de puentes entre el presente y pasado garantizará una cimentación profunda y fuerte del futuro. La necesidad del fortalecimiento de la dignificación humana es, tal vez, la única certeza que permanece en el Siglo XXI.
“A la tristeza queremos que la acompañe la esperanza” reza una de las estelas del Memorial al Holocausto del Pueblo Judío de la Rambla de Montevideo en palabras de Elie Wiesel.
Para finalizar quisiera compartir con ustedes un documento, que como dice Wiesel desde la tristeza nos conduce a la esperanza.
Montevideo, Marzo 3 de 1946
Yo el abajo firmante Juan Boris Gurewitsh Blimowitsh, de nacionalidad rusa, nacido el 6 de agosto de 1909 en Moscú, de estado soltero y domiciliado en esta capital en la calle 25 de mayo 707 Ap. 9 con cédula de identidad 461.200 vengo a solicitar el correspondiente permiso de inmigración en esta ciudad de mi Srta. Novia Anna Herzberg Schenk de nacionalidad alemana, nacida el 12 de diciembre de 1913 en la ciudad de Celle, residente en Hamburgo. Después de 4 (cuatro) años sin ninguna noticia, ahora recibí una carta que ella había sobrevivido la catástrofe, y que quería venir a Montevideo para contraer enlace con el suscrito.
Montevideo, Mayo 8 de 1946
Le ruego quisiera Ud. poner toda su atención sobre una solicitud hecha por el Sr. Gurewitsh, artista de gran talento que colabora en la Revista que dirijo.
Se que el Sr. Gurewitsh, espero durante años en esta ciudad la terminación de la guerra para hacer venir a su novia la Srta. Anna Herzberg, para contraer enlace en Montevideo. Vive con esa preocupación y está ansioso de poder realizar su sueño. Yo le ruego haga Ud. por el artista y amigo, cuanto este a su alcance para que sus deseos se cumplan.
Gracias por todo,
Orestes Baroffio
Director de Mundo Uruguayo, Revista Semanal fundada en 1919
Muchas gracias,
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(*) Ponencia realizada ayer jueves 15 de julio de 2010 en el Seminario Memorias colectivas: ¿Cómo y para qué trasmitir el Holocausto y otras experiencias extremas en las aulas" organizado por el Ministerio de Educación y Cultura y la Universidad ORT de Uruguay en el IMPO.
Desde tiempos inmemoriales los hombres vienen debatiendo abiertamente o en forma silenciosa como vivir en colectivo. De que manera mejor relacionarse entre si y definir un ideal de convivencia pacífica. Todas las sociedades se han puesto reglas y han marcado normas y dogmas. Desde las de carácter religioso, en función que las plantean como dictadas por un dios o aquellas acordadas por la ley, la tradición o las costumbres. No son debates de académicos, aunque estos intervengan, sino lo son de los colectivos sociales. Las familias, los grupos de pares, las religiones, los agrupamiento sociales y el Estado a través de la educación, la justicia y el poder coactivo, tendrán la tarea de construirlas, reproducirlas y lentamente modificarlas.
Hay normas como el No matarás que han perdurado milenios.
Las rupturas de las normas y tradiciones de convivencia son procesos de larga duración que en algunos momentos afloran con máxima crueldad y ayudan a dimensionar lo perdido y el reconocer hasta donde los hombres y mujeres pueden llegar con su capacidad destructora. También las situaciones extremas nos permiten aquilatar los mejores valores de convivencia y solidaridad humana.
Superado el momento de mayor exposición crítica a situaciones límites comienza el difícil período de “narrar” lo vivido. Aquí afloran nuevamente variados comportamientos humanos. Algunos pretenderán no asumir la experiencia y propondrán olvidar, otros negarán los extremos vividos, mientras que otros, con múltiples variantes, pretenderán reconocer, recordar y aprender.
Como construir memoria de situaciones extremas involucra variados actores y muchas preguntas. Hubo víctimas y victimarios pero también estaban los indiferentes, los colaboradores indirectos, y las personas solidarias comprometidas con su tiempo y la gente que los rodeaba. Todos los hombres y mujeres ocuparon un lugar, un rol determinado y hasta el no ocupar ningún rol, significaba un rol. Por lo cual serán probablemente interpelados por las generaciones posteriores que se ocuparán en conocer lo que sucedió y compartir una memoria democrática.
En el clásico libro de Tzvetan Todorov “Los abusos de la memoria” nos habla de memoria literal y memoria ejemplar. De esta última destaca su potencialidad liberadora. Interpreta que el recurso a las lecciones del pasado permite aprender de las injusticias para estar alertas ante situaciones análogas.
Es ejemplar la memoria cuando extraigo una lección de ese pasado que se convierte en principio de acción para el presente. El uso literal de la memoria convierte al recuerdo en algo insuperable. El uso compartido permite usar el pasado con vistas al presente, aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas para luchar contra las que se producen hoy día, y separarse del yo para irse hacia el otro.
La memoria nos enseña qué olvidar y qué recordar. No se trata de recordar todo, porque eso podrá impedirnos vivir. Se trata más bien de, al decir de Gamio Gehri “desvelar la verdad de lo ocurrido y castigar a los culpables (..de modo que) la víctima recupere realmente su condición de ciudadano” .
Lo que se busca con la memoria es el aprendizaje en el sentido ético – político. Si sacralizamos la memoria, como ha sucedido en reiterados momentos en nuestra historia –pensemos en el Mausoleo a Artigas en Plaza Independencia- es otro modo de hacerla estéril.
El Siglo XX ha sido el siglo de mayor y más acelerado progreso científico y social en la historia de la humanidad. El hombre logró el sueño de caminar sobre la Luna, el 51% de la población mundial, o sea las mujeres, han visto reconocer algunos de sus derechos por primera vez, la esclavitud es condenada por las legislaciones de todo el mundo. Nada ha sido de regalo, todo ha costado un gran sacrificio de muchos y muchas, y muchísimo tiempo.
También el siglo XX ha sido testigo de las peores tragedias y crímenes en la historia de la humanidad: fue en el único momento en el que un Estado lanzó en dos oportunidades una bomba atómica; fue también el tiempo del Apartheid en Sudáfrica; los Detenidos Desaparecidos en América Latina; el genocidio al pueblo Armenio; las guerras con armas químicas y bacteriológicas; las purgas y asesinatos Stalinistas, y más cercano en el tiempo Rwanda, entre otras atroces violaciones a los derechos humanos.
Un crimen aberrante y paradigmático lo fue el intento de exterminio al pueblo Judío, por el régimen nazi. Hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, niños y adolescentes, sólo por ser de origen judío, fueron perseguidos y deportados. Algunos fueron matados inmediatamente, otros fueron humillados, maltratados, torturados y se los quiso privar completamente de su dignidad humana, y al fin matados. Muy pocos de los que fueron internados en los campos de concentración sobrevivieron, y los sobrevivientes permanecieron aterrorizados durante toda la vida. Esto fue la Shoá: uno de los principales dramas de la historia de este siglo, un hecho que nos atañe todavía hoy.
Estamos hablando del episodio histórico más documentado de la historia reciente. Y para colmo, en la actualidad, disponemos de casi todas las evidencias a un clic a través de Internet. A quienes no se conformen con ello, y además de "documentarse", quieran ver con sus propios ojos los vestigios del horror, no hace falta que recorran las barracas del campo de exterminio de Birkenau, basta con una visita al cementerio judío de Varsovia. Un predio vastísimo, doscientas cincuenta mil tumbas, en un estado de abandono absoluto, como si el tiempo se hubiese detenido allí por 1943. Desde aquel entonces, aquellas miles de tumbas quedaron sin nadie que las visite.
La planificación de un genocidio por parte de sus perpetradores siempre conlleva dos aspectos bien definidos: por un lado, la destrucción física del grupo humano elegido como enemigo; por el otro, la estrategia de absoluta impunidad que habrá de imponerse a continuación, no sólo para sortear cualquier tipo de enjuiciamiento criminal, sino también para perpetuar los efectos del exterminio en la cultura imperante.
Se procura erradicar no sólo su existencia, también su historia, su cultura, sus raíces. Es que si aquel pueblo jamás existió, entonces tampoco tuvo lugar su criminal desaparición.
El testimonio es el arma que destruye el olvido y la negación y mantiene en presente el pasado. Será el relato quien abra el camino a la búsqueda de la verdad. “Siempre tuve presente que los que sobrevivimos a la hecatombe nazi tenemos el deber de narrar nuestra historia”, manifestó en 1987 la sobreviviente uruguaya nacida en Polonia Ana Vinocur siendo Secretaria General del Centro Recordatorio del Holocausto del Uruguay. “Es un triste recuerdo o terrible pesadilla, pero es necesario relatarlo para que las futuras generaciones no permitan que esto se repita jamás”.
El adueñarse del pasado adquiere símbolo liberador cuando apela a la verdad de lo sucedido o como dominador para no permitir aprender. La lucha por la memoria es una lucha política e ideológica siempre planteada desde el presente. Sólo la verdad contribuye a fortificar hombres libre y una identidad férrea separando de nuestras mentes y acciones, por lo menos, lo que no queremos.
Theodor Adorno no se cansa en repetir que la primera exigencia en toda educación es que Auschwitz no se repita nunca más. La consigna “Nunca Más” se ha transformado en el lema rector frente a toda violación de los derechos humanos. Con ella finalizó su alegato el fiscal Strasera en el juicio a las Juntas Militares responsables del terrorismo de estado en la República Argentina en las décadas del ’70 y principios del ’80.
El genocidio desarrollado por los nazis se ha constituido en el principal “laboratorio” frente a los problemas del exterminio sistemático, serial, de grandes masas de población. Esa instancia histórica inauguró la posibilidad de aplicar las prácticas propias de la industrialización a la producción del asesinato colectivo.
Rodrigo Gómez nos recuerda su pasaje por la cárcel clandestina de la base aérea de Boisso Lanza durante el Terrorismo de Estado en nuestro país “Mi madre y yo fuimos detenidos el 29 de mayo de 1972 teniendo yo 4 semanas de gestado. Fuimos sometidos a torturas durante gran parte de la noche en el mismo lugar donde fuimos detenidos. Enterados los militares de que había una mujer embarazada, en lugar de tener en cuenta eso para dejar de torturarla, recrudecieron los castigos, sometiéndola incluso a un intento de violación en grupo. Una vez en la base aérea fuimos sometidos durante varios días a plantones alternados con sesiones de tortura que incluían golpes, picana eléctrica y submarino. Sumado el horrible tormento al pensar que podía perderme y que le decían que harían lo posible para que no naciera” .
Nada es comparable en la historia, cada hecho tiene su tiempo y espacio específico pero los hombres aprendemos de lo bueno y de lo malo de las construcciones humanas. La ideología y logística de la muerte nazi enseñó a civiles y militares a lo largo de la segunda mitad del Siglo XX. Lo sigue haciendo hoy. Es obligación prevenirnos y prevenir.
También aprendemos solidaridad, compañerismo, heroicidad. El Siglo XXI será ético o no será, es el gran desafío que tenemos.
La Shoá no fue/ no es un problema de los judíos ni el Apartheid un problema de negros, ni los desaparecidos cosa de subversivos izquierdistas uruguayos o argentinos, son temas de la condición humana que todos tenemos la responsabilidad de desterrar.
Podemos debatir qué sociedad queremos pero lo que ya no debe estar en debate es lo que no queremos ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Definir y asumir claramente los límites de lo humano y las garantías para una convivencia pacífica y armoniosa, reconociendo la diversidad humana.
La construcción de puentes entre el presente y pasado garantizará una cimentación profunda y fuerte del futuro. La necesidad del fortalecimiento de la dignificación humana es, tal vez, la única certeza que permanece en el Siglo XXI.
“A la tristeza queremos que la acompañe la esperanza” reza una de las estelas del Memorial al Holocausto del Pueblo Judío de la Rambla de Montevideo en palabras de Elie Wiesel.
Para finalizar quisiera compartir con ustedes un documento, que como dice Wiesel desde la tristeza nos conduce a la esperanza.
Montevideo, Marzo 3 de 1946
Yo el abajo firmante Juan Boris Gurewitsh Blimowitsh, de nacionalidad rusa, nacido el 6 de agosto de 1909 en Moscú, de estado soltero y domiciliado en esta capital en la calle 25 de mayo 707 Ap. 9 con cédula de identidad 461.200 vengo a solicitar el correspondiente permiso de inmigración en esta ciudad de mi Srta. Novia Anna Herzberg Schenk de nacionalidad alemana, nacida el 12 de diciembre de 1913 en la ciudad de Celle, residente en Hamburgo. Después de 4 (cuatro) años sin ninguna noticia, ahora recibí una carta que ella había sobrevivido la catástrofe, y que quería venir a Montevideo para contraer enlace con el suscrito.
Montevideo, Mayo 8 de 1946
Le ruego quisiera Ud. poner toda su atención sobre una solicitud hecha por el Sr. Gurewitsh, artista de gran talento que colabora en la Revista que dirijo.
Se que el Sr. Gurewitsh, espero durante años en esta ciudad la terminación de la guerra para hacer venir a su novia la Srta. Anna Herzberg, para contraer enlace en Montevideo. Vive con esa preocupación y está ansioso de poder realizar su sueño. Yo le ruego haga Ud. por el artista y amigo, cuanto este a su alcance para que sus deseos se cumplan.
Gracias por todo,
Orestes Baroffio
Director de Mundo Uruguayo, Revista Semanal fundada en 1919
Muchas gracias,
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(*) Ponencia realizada ayer jueves 15 de julio de 2010 en el Seminario Memorias colectivas: ¿Cómo y para qué trasmitir el Holocausto y otras experiencias extremas en las aulas" organizado por el Ministerio de Educación y Cultura y la Universidad ORT de Uruguay en el IMPO.
jueves, 15 de julio de 2010
"Yo quería saber donde estaba mi viejo"
EL TESTIMONIO DE MARIANO TRIPIANA, HIJO DE UNO DE LOS DESAPARECIDOS CLAVE EN EL JUICIO DE MENDOZA
Los secuestros ejecutados por los policías y militares durante la dictadura militar en Mendoza llegaron a juicio oral. La desaparición de Francisco Tripiana, José Guillermo Berón y Roberto Simón Ozorio son tres de los casos investigados.
Página 12. Jueves 15 de julio de 2010. Por Alejandra Dandan.
Francisco Tripiana era un militante del Partido Auténtico, una organización política afín a Montoneros. Se ganaba la vida como pintor de casas y con las cosechas temporales de la uva. El 23 de marzo de 1976 a las 24, un comando entró a buscarlo a los culatazos a su casa, en la ciudad mendocina de San Rafael. Dos días después apareció detenido en la Comisaría 8a, luego en la Departamental de los Tribunales que funcionaba como centro de torturas. Y ocho días más tarde, los represores fraguaron un acta de libertad, pero no volvió a aparecer. Su caso es uno de los que se investiga en el primer juicio oral y público que finalmente se está haciendo en la provincia de Mendoza. La causa incluye el secuestro y desaparición de otros tres compañeros de la Juventud Peronista, todos trabajadores, secuestrados por su compromiso político, según precisó la requisitoria fiscal. El rol de la policía de Mendoza es otro de los ejes de la causa.
“Nos costó 34 años”, cuenta Mariano Tripiana, su hijo, por entonces apenas nacido. “El lunes declaró mi madre –dice–; fue muy fuerte la sensación de volver a verla sola, entrando a un lugar como ése y enfrentarse otra vez con las mismas personas: vio ahí sentado a Guevara, el jefe del operativo que se llevó a mi padre, que en ese momento tenía bigotes, y que ahora no tiene bigotes, está más gordo y pelado, pero ella lo reconoció y les pidió en la audiencia que, por favor, rompan su pacto de silencio, que digan donde están los cuerpos.”
Mariano va a declarar el próximo lunes. Ese día, volverá a ver las caras que en muchas ocasiones buscó en soledad. Una vez logró pararse ante uno de los represores que supuestamente estaba con prisión domiciliaria.
“Cuando lo vi en la calle, le dije que no estaba cumpliendo la detención”, dice. “Yo llevaba encima una cámara de fotos y le dije: ‘Dígame dónde están los cuerpos y yo no le digo al juez que usted está saliendo de su casa’. Yo quería negociar, pero me puse nervioso y la foto nunca me salió.” Todavía no se habían reabierto los juicios. “Yo quería saber dónde estaba mi viejo, dónde están los cuerpos de todos los compañeros y, bueno, durante tantos años nos costó vivir todo eso.” Y sigue: “A mi mamá la discriminaron de la fábrica donde trabajaba porque de un día para el otro le dijeron que no tenía más trabajo porque su esposo era un subversivo; a los 12 años yo andaba vendiendo escobas por la calle, y ver cómo un papá jugaba con sus hijos y yo no lo tenía... Son un montón de cosas que hizo el terrorismo de Estado, que te dejan marcado”.
Alguna de esas marcas empezaron a cerrarse cuando el Estado reimpulsó los juicios. Pero no fue lo único, Mariano habla de un aire de época, de una cosa más vital. “Vamos sanando nuestra identidad porque en otras épocas no podíamos salir a la calle libremente diciendo que somos hijos de desaparecidos, ahora además de los juicios hasta se nos respeta por eso”.
El primer juicio de Mendoza empezó a moverse luego de las denuncias de los organismos de derechos humanos contra Luis Francisco Miret y Otilio Romano. Los dos camaristas que integraron el Poder Judicial de la dictadura, que fallaron contra la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fueron parte del lobby que frenó todo avance de las causas en la provincia. El viernes pasado el fiscal Omar Palermo pidió la indagatoria de ambos por sus actuaciones en la dictadura. Entre otras medidas, ambos habían ordenado la libertad de los represores que hoy son acusados en San Rafael y que fueron detenidos recién hace una semana, días después del comienzo del juicio.
Son Aníbal Alberto Guevara, teniente coronel retirado; Raúl Alberto Ruiz Soppe, jefe de la Unidad Regional II de Policía de Mendoza en oportunidad de los hechos; José Martín Mussere, oficial de la Policía de Mendoza que actuó de enlace entre fuerzas militares y policiales. También Juan Roberto Labarta, oficial de la Policía de Investigaciones o D2 de San Rafael; Cristóbal Ruiz Pozo, médico de la Policía de Mendoza; Raúl Egea, abogado de la Policía de Mendoza. Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, fue separado de esta misma causa por enfrentar otro juicio en Córdoba.
Además de Tripiana, se investiga la desaparición de José Guillermo Berón, militante de Unidades Básicas del Movimiento Peronista y secuestrado el 28 de agosto de 1976 durante una fiesta. Estuvo en la seccional 8 de San Rafael y en la Sección de Bomberos de Tribunales. Roberto Simón Ozorio era empleado de la farmacia de Alberto Martínez Baca, ex gobernador de Mendoza. Lo secuestraron el 25 de marzo de 1976 a las 2.30 de la madrugada, el grupo de tareas estaba integrado por militares, policías y civiles. Ofelia Cejas de Martínez Baca escuchó que a Ozorio lo tenían medio muerto, agonizando en el Hospital Schestakow. Pascual Armando Sandoval pertenecía a la Juventud Peronista. Lo secuestraron el 26 de marzo de 1976 mientras trabajaba en la cosecha de la Finca Antonio Bittar de Colonia Elena, en San Rafael. La madre le llevó comida durante tres días a la Departamental, hasta que le comunicaron que “había sido puesto en libertad”, describe la requisitoria fiscal. Nunca más volvieron a verlo.
“Uno de los principales motivos de las detenciones estaba fundado en razones ideológicas”, indicó el requerimiento fiscal. “En general tenían una concepción política de izquierda ‘radical o sustancial’, si se quiere, en algunos casos o con el ‘peronismo de izquierda’ o ‘centroizquierda’ con sus diversos matices, postura menos extrema.” Tripiana, Ozorio, Sandoval y Berón “presentan una conexión o nexo común que los identifica, esto es: la concepción ideológica, política o gremial que profesaban”. Además de citar las estadísticas de la represión y antecedentes de otras causas, la fiscalía reforzó esa posición con las declaraciones de testigos. La viuda de Martínez Baca, por ejemplo, aseguró que conocía a Tripiana y a su esposa “porque ésta solía comprar en la farmacia de San Rafael” y además porque “era miembro del Partido Peronista”. O el padre de Guillermo Berón explicó que su hijo “era obrero rural, militaba en la Juventud Peronista y su actividad política se desarrollaba dentro de la corriente de opinión contraria a la presidenta señora Estela Martínez de Perón. Es decir que militaba en el peronismo de izquierda”.
En la provincia hubo numerosos centros clandestinos, pero las comisarías ocuparon un lugar muy importante, ya que “si bien eran lugares de tránsito, muchas de las personas fueron sometidas a tormentos”. El paso por las comisarías era parte de la ruta de numerosos detenidos, la mayoría luego era “legalizado” en la Jefatura de Policía o en la Penitenciaría de Mendoza. San Rafael dependía de VIII Brigada de Montaña, y mantuvo esa lógica.
Cara a cara con el torturador
Durante la jornada de ayer, uno de los testigos del juicio reconoció en plena audiencia a su torturador. “Me golpeó en reiteradas ocasiones” y antes de llegar al calabozo “me hizo subir tres escaleras flexionado, a los golpes”, dijo Luis Barahona, un ex gremialista de la empresa Grassi, secuestrado el 28 de abril de 1976.
El Tribunal II de Mendoza le mostró en la audiencia una foto vieja de José Martín Mussere, un oficial de policía que actuaba de enlace entre la policía y los mandos militares. Mussere estaba en la sala. Mientras estuvo secuestrado en la Departamental, Barahona dijo que fue golpeado por un grupo de militares que además lo torturaron con picana en brazos, espalda y testículos, y que a raíz de los golpes recibidos estuvo quince días sin poder comer por sí solo. También declaró el ex detenido Isidro Humberto Calivar y la semana próxima lo hará la otra parte de los testigos cuya declaración pasó a cuarto intermedio. Entre ellos, lo hará el hijo de Francisco Tripiana.
Los secuestros ejecutados por los policías y militares durante la dictadura militar en Mendoza llegaron a juicio oral. La desaparición de Francisco Tripiana, José Guillermo Berón y Roberto Simón Ozorio son tres de los casos investigados.
Página 12. Jueves 15 de julio de 2010. Por Alejandra Dandan.
Francisco Tripiana era un militante del Partido Auténtico, una organización política afín a Montoneros. Se ganaba la vida como pintor de casas y con las cosechas temporales de la uva. El 23 de marzo de 1976 a las 24, un comando entró a buscarlo a los culatazos a su casa, en la ciudad mendocina de San Rafael. Dos días después apareció detenido en la Comisaría 8a, luego en la Departamental de los Tribunales que funcionaba como centro de torturas. Y ocho días más tarde, los represores fraguaron un acta de libertad, pero no volvió a aparecer. Su caso es uno de los que se investiga en el primer juicio oral y público que finalmente se está haciendo en la provincia de Mendoza. La causa incluye el secuestro y desaparición de otros tres compañeros de la Juventud Peronista, todos trabajadores, secuestrados por su compromiso político, según precisó la requisitoria fiscal. El rol de la policía de Mendoza es otro de los ejes de la causa.
“Nos costó 34 años”, cuenta Mariano Tripiana, su hijo, por entonces apenas nacido. “El lunes declaró mi madre –dice–; fue muy fuerte la sensación de volver a verla sola, entrando a un lugar como ése y enfrentarse otra vez con las mismas personas: vio ahí sentado a Guevara, el jefe del operativo que se llevó a mi padre, que en ese momento tenía bigotes, y que ahora no tiene bigotes, está más gordo y pelado, pero ella lo reconoció y les pidió en la audiencia que, por favor, rompan su pacto de silencio, que digan donde están los cuerpos.”
Mariano va a declarar el próximo lunes. Ese día, volverá a ver las caras que en muchas ocasiones buscó en soledad. Una vez logró pararse ante uno de los represores que supuestamente estaba con prisión domiciliaria.
“Cuando lo vi en la calle, le dije que no estaba cumpliendo la detención”, dice. “Yo llevaba encima una cámara de fotos y le dije: ‘Dígame dónde están los cuerpos y yo no le digo al juez que usted está saliendo de su casa’. Yo quería negociar, pero me puse nervioso y la foto nunca me salió.” Todavía no se habían reabierto los juicios. “Yo quería saber dónde estaba mi viejo, dónde están los cuerpos de todos los compañeros y, bueno, durante tantos años nos costó vivir todo eso.” Y sigue: “A mi mamá la discriminaron de la fábrica donde trabajaba porque de un día para el otro le dijeron que no tenía más trabajo porque su esposo era un subversivo; a los 12 años yo andaba vendiendo escobas por la calle, y ver cómo un papá jugaba con sus hijos y yo no lo tenía... Son un montón de cosas que hizo el terrorismo de Estado, que te dejan marcado”.
Alguna de esas marcas empezaron a cerrarse cuando el Estado reimpulsó los juicios. Pero no fue lo único, Mariano habla de un aire de época, de una cosa más vital. “Vamos sanando nuestra identidad porque en otras épocas no podíamos salir a la calle libremente diciendo que somos hijos de desaparecidos, ahora además de los juicios hasta se nos respeta por eso”.
El primer juicio de Mendoza empezó a moverse luego de las denuncias de los organismos de derechos humanos contra Luis Francisco Miret y Otilio Romano. Los dos camaristas que integraron el Poder Judicial de la dictadura, que fallaron contra la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fueron parte del lobby que frenó todo avance de las causas en la provincia. El viernes pasado el fiscal Omar Palermo pidió la indagatoria de ambos por sus actuaciones en la dictadura. Entre otras medidas, ambos habían ordenado la libertad de los represores que hoy son acusados en San Rafael y que fueron detenidos recién hace una semana, días después del comienzo del juicio.
Son Aníbal Alberto Guevara, teniente coronel retirado; Raúl Alberto Ruiz Soppe, jefe de la Unidad Regional II de Policía de Mendoza en oportunidad de los hechos; José Martín Mussere, oficial de la Policía de Mendoza que actuó de enlace entre fuerzas militares y policiales. También Juan Roberto Labarta, oficial de la Policía de Investigaciones o D2 de San Rafael; Cristóbal Ruiz Pozo, médico de la Policía de Mendoza; Raúl Egea, abogado de la Policía de Mendoza. Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, fue separado de esta misma causa por enfrentar otro juicio en Córdoba.
Además de Tripiana, se investiga la desaparición de José Guillermo Berón, militante de Unidades Básicas del Movimiento Peronista y secuestrado el 28 de agosto de 1976 durante una fiesta. Estuvo en la seccional 8 de San Rafael y en la Sección de Bomberos de Tribunales. Roberto Simón Ozorio era empleado de la farmacia de Alberto Martínez Baca, ex gobernador de Mendoza. Lo secuestraron el 25 de marzo de 1976 a las 2.30 de la madrugada, el grupo de tareas estaba integrado por militares, policías y civiles. Ofelia Cejas de Martínez Baca escuchó que a Ozorio lo tenían medio muerto, agonizando en el Hospital Schestakow. Pascual Armando Sandoval pertenecía a la Juventud Peronista. Lo secuestraron el 26 de marzo de 1976 mientras trabajaba en la cosecha de la Finca Antonio Bittar de Colonia Elena, en San Rafael. La madre le llevó comida durante tres días a la Departamental, hasta que le comunicaron que “había sido puesto en libertad”, describe la requisitoria fiscal. Nunca más volvieron a verlo.
“Uno de los principales motivos de las detenciones estaba fundado en razones ideológicas”, indicó el requerimiento fiscal. “En general tenían una concepción política de izquierda ‘radical o sustancial’, si se quiere, en algunos casos o con el ‘peronismo de izquierda’ o ‘centroizquierda’ con sus diversos matices, postura menos extrema.” Tripiana, Ozorio, Sandoval y Berón “presentan una conexión o nexo común que los identifica, esto es: la concepción ideológica, política o gremial que profesaban”. Además de citar las estadísticas de la represión y antecedentes de otras causas, la fiscalía reforzó esa posición con las declaraciones de testigos. La viuda de Martínez Baca, por ejemplo, aseguró que conocía a Tripiana y a su esposa “porque ésta solía comprar en la farmacia de San Rafael” y además porque “era miembro del Partido Peronista”. O el padre de Guillermo Berón explicó que su hijo “era obrero rural, militaba en la Juventud Peronista y su actividad política se desarrollaba dentro de la corriente de opinión contraria a la presidenta señora Estela Martínez de Perón. Es decir que militaba en el peronismo de izquierda”.
En la provincia hubo numerosos centros clandestinos, pero las comisarías ocuparon un lugar muy importante, ya que “si bien eran lugares de tránsito, muchas de las personas fueron sometidas a tormentos”. El paso por las comisarías era parte de la ruta de numerosos detenidos, la mayoría luego era “legalizado” en la Jefatura de Policía o en la Penitenciaría de Mendoza. San Rafael dependía de VIII Brigada de Montaña, y mantuvo esa lógica.
Cara a cara con el torturador
Durante la jornada de ayer, uno de los testigos del juicio reconoció en plena audiencia a su torturador. “Me golpeó en reiteradas ocasiones” y antes de llegar al calabozo “me hizo subir tres escaleras flexionado, a los golpes”, dijo Luis Barahona, un ex gremialista de la empresa Grassi, secuestrado el 28 de abril de 1976.
El Tribunal II de Mendoza le mostró en la audiencia una foto vieja de José Martín Mussere, un oficial de policía que actuaba de enlace entre la policía y los mandos militares. Mussere estaba en la sala. Mientras estuvo secuestrado en la Departamental, Barahona dijo que fue golpeado por un grupo de militares que además lo torturaron con picana en brazos, espalda y testículos, y que a raíz de los golpes recibidos estuvo quince días sin poder comer por sí solo. También declaró el ex detenido Isidro Humberto Calivar y la semana próxima lo hará la otra parte de los testigos cuya declaración pasó a cuarto intermedio. Entre ellos, lo hará el hijo de Francisco Tripiana.
miércoles, 14 de julio de 2010
La Fundación Zelmar Michelini recuerda hoy al Tribunal Russell
Teatro Solís. Estarán presentes los 10 hijos del senador asesinado
Este miércoles a las 19 horas, la Fundación Zelmar Michelini realizará un acto en la Sala de Conferencias del Teatro Solís para recordar la intervención del senador asesinado en el Tribunal Russell II.
La República. Miércoles 14 de julio de 2010. Por Víctor Carrato
Entre los participantes se cuentan el profesor Gerardo Caetano, la doctora Hebe Martínez, Zelmar Michelini (h), Belela Herrera, el doctor Alberto Filippi (Italia), Leandro Despouy y Elsa Paulós.
El coloquio denominado "Memoria del Tribunal Russell II" contará además con la presencia de los diez hijos de Zelmar Michelini, dos de los cuales viven en el exterior del país.
El propósito de este acto es recordar y profundizar en el contenido de la histórica denuncia que presentó Zelmar Michelini ante el Tribunal Russell II en 1974.
Dicho Tribunal fue una prolongación del creado por el pensador británico Bertrand Russell con el propósito de juzgar los crímenes de guerra en Vietnam.
En la década del 70, un grupo de intelectuales preocupados por la situación de los derechos humanos en América Latina impulsó la creación de un segundo Tribunal que tuvo su primera instancia en la ciudad de Roma.
Zelmar Michelini viajó a Roma desde Buenos Aires, donde residía, e hizo una documentada y conmovedora exposición relatando la situación de Uruguay en dictadura y de los presos políticos.
En su recordada exposición ante el Tribunal Russell II, Michelini resumió la situación en que se encontraba nuestro país en marzo de 1974, apenas en medio de la dictadura cívico-militar.
"Los uruguayos torturados superan los 5 mil y por las cárceles y cuarteles militares han desfilado más de 40 mil personas. El número debe relacionarse con el total de habitantes del país y entonces las conclusiones son escalofriantes", expresó el senador. "Uruguay tiene 2,5 millones de habitantes.
Los números de que he dado cuenta trasladados a Italia, por ejemplo, daría sobre una población estimada en 50 millones, una cifra de personas detenidas cercanas a las 800 mil y de torturados que superan los 100 mil. No hay en los establecimientos de detención uruguayos más presos políticos que presos por delitos comunes", agregó en su discurso.
"La más cruel de las torturas"
Fragmento del discurso de Zelmar Michelini en Roma:
"Además se persigue a los familiares, a los amigos y a quienes ejercen la defensa, a los abogados se les acosa constantemente, se les maltrata, incluso se los ha aprisionado, se les ha obligado a salir del país.
Todo esto ha sido posible mediante dos elementos que es necesario juzgar con atención; primero la más cruel de las torturas y segundo una entrega total del ciudadano a la justicia militar, ejercida por oficiales que carecen de independencia, competencia y vocación para poder ejercer tan delicada función.
Sin embargo, el honor, el buen nombre, la dignidad, los bienes, la vida de la gente están sometidos a jueces militares educados para una actividad distinta, formados en una obediencia completa a la autoridad y a los mandos superiores, cumplidores constantes de las órdenes impartidas que no pueden discutir, ni analizar. La justicia militar uruguaya coloca al ciudadano a un sometimiento total al poder militar. Este detiene, interroga, efectúa la instrucción sumarial, acusa, juzga, condena y aun más, vigila y controla al prisionero".
Este miércoles a las 19 horas, la Fundación Zelmar Michelini realizará un acto en la Sala de Conferencias del Teatro Solís para recordar la intervención del senador asesinado en el Tribunal Russell II.
La República. Miércoles 14 de julio de 2010. Por Víctor Carrato
Entre los participantes se cuentan el profesor Gerardo Caetano, la doctora Hebe Martínez, Zelmar Michelini (h), Belela Herrera, el doctor Alberto Filippi (Italia), Leandro Despouy y Elsa Paulós.
El coloquio denominado "Memoria del Tribunal Russell II" contará además con la presencia de los diez hijos de Zelmar Michelini, dos de los cuales viven en el exterior del país.
El propósito de este acto es recordar y profundizar en el contenido de la histórica denuncia que presentó Zelmar Michelini ante el Tribunal Russell II en 1974.
Dicho Tribunal fue una prolongación del creado por el pensador británico Bertrand Russell con el propósito de juzgar los crímenes de guerra en Vietnam.
En la década del 70, un grupo de intelectuales preocupados por la situación de los derechos humanos en América Latina impulsó la creación de un segundo Tribunal que tuvo su primera instancia en la ciudad de Roma.
Zelmar Michelini viajó a Roma desde Buenos Aires, donde residía, e hizo una documentada y conmovedora exposición relatando la situación de Uruguay en dictadura y de los presos políticos.
En su recordada exposición ante el Tribunal Russell II, Michelini resumió la situación en que se encontraba nuestro país en marzo de 1974, apenas en medio de la dictadura cívico-militar.
"Los uruguayos torturados superan los 5 mil y por las cárceles y cuarteles militares han desfilado más de 40 mil personas. El número debe relacionarse con el total de habitantes del país y entonces las conclusiones son escalofriantes", expresó el senador. "Uruguay tiene 2,5 millones de habitantes.
Los números de que he dado cuenta trasladados a Italia, por ejemplo, daría sobre una población estimada en 50 millones, una cifra de personas detenidas cercanas a las 800 mil y de torturados que superan los 100 mil. No hay en los establecimientos de detención uruguayos más presos políticos que presos por delitos comunes", agregó en su discurso.
"La más cruel de las torturas"
Fragmento del discurso de Zelmar Michelini en Roma:
"Además se persigue a los familiares, a los amigos y a quienes ejercen la defensa, a los abogados se les acosa constantemente, se les maltrata, incluso se los ha aprisionado, se les ha obligado a salir del país.
Todo esto ha sido posible mediante dos elementos que es necesario juzgar con atención; primero la más cruel de las torturas y segundo una entrega total del ciudadano a la justicia militar, ejercida por oficiales que carecen de independencia, competencia y vocación para poder ejercer tan delicada función.
Sin embargo, el honor, el buen nombre, la dignidad, los bienes, la vida de la gente están sometidos a jueces militares educados para una actividad distinta, formados en una obediencia completa a la autoridad y a los mandos superiores, cumplidores constantes de las órdenes impartidas que no pueden discutir, ni analizar. La justicia militar uruguaya coloca al ciudadano a un sometimiento total al poder militar. Este detiene, interroga, efectúa la instrucción sumarial, acusa, juzga, condena y aun más, vigila y controla al prisionero".
martes, 13 de julio de 2010
Desaparición forzada: la Suprema Corte se pronuncia sobre recurso de Fiscal Guianze
Terrorismo de Estado. El máximo órgano judicial define tipificación o no como crimen de lesa humanidad.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) definirá en los próximos meses una de las disyuntivas más relevantes en relación a los crímenes perpetrados durante la última dictadura: la tipificación delictual y su consecuente caracterización o no como crímenes de lesa humanidad.
La República. Martes 13 de julio de 2010.
Mauricio Pérez
La Fiscalía de Corte recomendó en los últimos días a la SCJ desestimar un recurso de casación presentado por la fiscal Mirtha Guianze contra la sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 2º Turno, por la cual se condenó a los ex represores José Nino Gavazzo y Ricardo Arab por 28 delitos de "homicidio muy especialmente agravados, en reiteración real".
El dictamen del fiscal de Corte, Rafael Ubiría, reclama al máximo órgano del Poder Judicial confirmar la imputación contra ambos represores y rechazar la intención de la fiscal Guianze de condenarlos por el delito de "desaparición forzada".
Ubiría solicitó desestimar el recurso en el entendido de que si bien el delito de "desaparición forzada", establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 18.026, "se encuentra vigente, no tiene efectos retroactivos, y tanto esta ley interna, como la Convención Interamericana sobre desaparición forzada, son largamente posteriores a los hechos" investigados. La irretroactividad de la ley penal no permite tipificar estos delitos como "desaparición forzada", argumentó Ubiría.
"El tipo penal de la desaparición forzada, no estaba previsto anteriormente, a la Convención Interamericana del año 1995.
Por tanto no era ni siquiera derecho vigente para otros países, por imperio del derecho internacional". "No puede, entonces, invocarse como norma de costumbre internacional adoptada para otros Estados, entre ellos el nuestro", dice Ubiría.
Debate jurídico
El pronunciamiento del fiscal de Corte conforma un nuevo elemento en la "disputa" jurídica en torno a la calificación y persecución de los crímenes perpetrados durante la última dictadura, en particular, en relación a los casos vinculados con ciudadanos actualmente desaparecidos.
En este sentido, existen dos posturas divergentes en la doctrina uruguaya: la sustentada por el TAP de 2º Turno y algunos jueces de imputar estos delitos como "homicidio muy especialmente agravados"; y la adoptada por la fiscal Guianze, la fiscal Ana María Tellechea y la jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, promoviendo la tesis de la "desaparición forzada" y su categorización como delitos de lesa humanidad.
El juez Penal de 19º Turno, Luis Charles, dispuso en diciembre de 2007 el procesamiento del dictador Gregorio "Goyo" Alvarez por reiterados delitos de "desaparición forzada". Sin embargo, el TAP de 2º Turno revocó la tipificación adoptada, imputando el delito de "homicidio muy especialmente agravado", lo que significó el asentamiento de esta tesis entre los magistrados.
La resolución del TAP fue acompañada posteriormente por el propio Charles (tanto en la condena de Gregorio Alvarez como en la de ocho represores por el "Segundo Vuelo" de Automotores Orletti), la jueza Graciela Eustachio (en la causa del Escuadrón de la Muerte) y el juez Juan Carlos Fernández Lecchini, en el caso de la desaparición de la maestra Elena Quinteros. La única jueza que avaló la tesis de la "desaparición forzada" fue la jueza Mota, al dictar la condena del dictador Juan María Bordaberry.
"Homicidio"
El TAP afirmó en sucesivas sentencias que el delito de "desaparición forzada (...) no existía al momento de ejecutarse los hechos a juzgar", por lo cual, dicha tipificación "no puede ser aplicada retroactivamente". En materia penal "todos los actos componentes de la figura delictiva están entrelazados, interconectados y, por consecuencia, conforme al principio de legalidad, la norma aplicable es aquella vigente al momento que comienza a ejecutarse el delito", argumenta el TAP.
"Cuando se detuvieron a los que luego fueron desaparecidos, la figura que ahora se pretende aplicar no estaba vigente y, por lógica consecuencia, su atribución constituye una flagrante violación al principio de irretroactividad de la ley penal".
En este sentido, el ministro de dicha Sala, Alfredo Gómez Tedeschi, afirmó.
que "aunque esto no guste, la solución basada en un Derecho internacional, en un derecho sancionador fundado sobre tales supuestos, implica que, para castigar tan crueles crímenes como delitos de desaparición forzada, es preciso renunciar, abdicar de los principios fundamentales que constituyen los cimientos del Derecho interno del Estado liberal".
"No puede caber la menor duda y no la hay, más allá de sesudas exposiciones de empinados internacionalistas que, el ingreso del jus cogens constituye la muerte del principio de legalidad y, esta muerte, viene acompañada con la partida de defunción del Derecho Penal liberal", agregó el ministro.
Asimismo, otro argumento esgrimido por el TAP radica en que todos los ciudadanos hoy desaparecidos "han fallecido". "Su destino, su suerte, no es una incógnita, se podrán ignorar detalles acerca de cómo y cuándo ocurrieron sus muertes, no se habrán encontrado sus restos, pero eso no habla de desaparecidos, sino de personas muertas de las que se ignora detalles de sus últimos días de vida, pero el destino se sabe".
"Desaparición forzada"
Por su parte, la fiscal Guianze argumenta que "resulta muy clara la diferencia entre la desaparición forzada y el homicidio, aunque en definitiva, en ambas hipótesis haya vulneración del bien más preciado, la vida", por cuanto en la primera hipótesis no se encontró el cadáver, no se sabe como ocurrió el asesinato, además que hubo que tolerar estrategias de ocultamiento y mentiras desembozadas.
El delito de "desaparición forzada" es un "delito continuado (...) subsiste como un 'todo indivisible', más allá de la fecha en que se produjo la muerte, siempre y cuando la misma se haya producido en el marco de una desaparición forzada", dice Guianze.
"Existe una víctima directa a quien en definitiva se priva de su libertad, se conculca su integridad física y se le impide ejercer el derecho a la jurisdicción. Pero a su vez hay otra u otras víctimas indirectas o secundarias que son sus familiares y personas allegadas quienes sufren un proceso angustiante en procura de saber el paradero de la persona querida".
Por tanto, "no basta con afirmar que los desaparecidos están muertos. No basta a las víctimas, ni a la sociedad, cuando se persiste en el ocultamiento y en la prolongación del sufrimiento", señala la fiscal.
Además, al imponer esta imputación "se trata directamente de aplicar la ley interna vigente, sin necesidad de recurrir a las normas de derecho penal internacional", porque "se debe partir de la idea de que las conductas alcanzadas por el actual artículo 21 de la Ley Nº 18.026 se encuentran prohibidas desde hace más de cincuenta años por el Derecho Penal Internacional, siendo de esta forma una norma de general aplicación para todos los Estados integrantes de la comunidad internacional". "No hay, pues aplicación retroactiva de una ley más gravosa, ni cercenamiento de garantías para los justiciables".
Ante esto, la fiscal Guianze interpuso el recurso de casación para que la SCJ se expida "sobre la aplicación del derecho en casos de desaparición forzada y, también sobre la naturaleza de este tipo de delitos: si deben ser considerados de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles".
En este sentido, el abogado Pablo Chargoñia, querellante en causas por violaciones a los derechos humanos, alertó durante un seminario internacional que de imponerse la tesis del TAP las causas prescribirían sobre mediados de 2011, lo que significaría "una afrenta de la lucha contra la impunidad".
El abogado bregó entonces por continuar impulsando con "argumentos jurídicos" la imprescriptibilidad de los crímenes perpetrados por el aparato represivo del Estado. Ahora, la Corte tendrá la última palabra.
"Mesianismo judicial"
El "vago" derecho internacional no puede alejar a los jueces de aplicar "la ley"
El TAP de 2º Turno afirmó en su sentencia que la tipificación del delito de "desaparición forzada" para juzgar los crímenes perpetrados durante la última dictadura (en lo atinente a los ciudadanos aún hoy desaparecidos) es contrario al sistema legal imperante actualmente en Uruguay.
"Resulta arduo a convicciones republicano-democráticas dar ingreso a una suerte de mesianismo judicial, enmarcado en un orden político-institucional en donde los jueces se constituyen en salvaguarda y custodios de obligaciones internacionales asumidas por el Estado, por encima y a despecho de las posturas de integrantes de otros poderes del Estado que, bueno es recordarlos, son electos directamente por el pueblo", señaló el TAP.
"Si hoy fuese aceptada una solución como la que se propugna, fundada en el justificado horror que producen hechos que aparecen plenamente probados en estas actuaciones, tal baremo, mañana podría ser extendido a cualquier otro que, con una valoración más restringida o más lata, fuese considerado como ofensivo para la humanidad entera, o para personas determinadas, un grupo de ellas, o la sociedad de un país determinado", agregó la Sala.
En este sentido, la escogencia de la tipificación delictual de "desaparición forzada" implicaría que "la libertad personal quedaría al arbitrio de cualquier interpretación, vista la latitud de los supuestos que informan la costumbre y práctica internacional, con los consiguientes excesos e insospechadas consecuencias en el orden político interno", y legitimaría a los jueces a "establecer excepciones a la ley, fundadas en un vago Derecho internacional, olvidando que el primer deber del juez es la interpretación de la letra de la ley", señala el TAP.
Según Amnistía Internacional
La desaparición es consecuencia de una ejecución extrajudicial
El recurso impetrado por la fiscal Mirtha Guianze para reclamar un cambio en la tipificación de los delitos imputados a los represores José Nino Gavazzo y Ricardo Arab utiliza como argumento un informe confeccionado por Amnistía Internacional sobre el tema de la desaparición de personas.
En este sentido, el informe alega que "la desaparición, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales con frecuencia se presentan conjuntamente. La víctima es arrestada o secuestrada, torturada para obtener información y la mayoría de las veces, finalmente ejecutada. En algunos casos, el cuerpo es arrojado en un lugar público, sin que se logren identificar los autores y las circunstancias de los hechos".
"En otros casos, los cuerpos son mutilados hasta dejarlos irreconocibles: se entierran en fosas comunes o son arrojados al mar, como ocurrió con los "vuelos de la muerte" en Argentina. En estas circunstancias, el destino y paradero de la víctima siguen sin conocerse".
"La desaparición encubre la ejecución extrajudicial y perpetúa el estado de desaparición (...) Así puede ser que los victimarios logren deshacerse del desaparecido, pero para los familiares, la desaparición no tiene final", dice Amnistía. Por tanto, "no encontrar el cadáver, no saber en definitiva como sucedió ese asesinato, tolerar estrategias de ocultamiento, y hasta mentiras desembozadas, es lo que perfila la diferencia con el homicidio", dice la fiscal.
En este sentido, "la desaparición forzada ha sido una práctica que las dictaduras sudamericanas entronizaron en la década del 70" siendo "una demostración de crueldad y desprecio por los derechos de los seres humanos, que no puede confundirse con el homicidio", afirma Guianze.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) definirá en los próximos meses una de las disyuntivas más relevantes en relación a los crímenes perpetrados durante la última dictadura: la tipificación delictual y su consecuente caracterización o no como crímenes de lesa humanidad.
La República. Martes 13 de julio de 2010.
Mauricio Pérez
La Fiscalía de Corte recomendó en los últimos días a la SCJ desestimar un recurso de casación presentado por la fiscal Mirtha Guianze contra la sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 2º Turno, por la cual se condenó a los ex represores José Nino Gavazzo y Ricardo Arab por 28 delitos de "homicidio muy especialmente agravados, en reiteración real".
El dictamen del fiscal de Corte, Rafael Ubiría, reclama al máximo órgano del Poder Judicial confirmar la imputación contra ambos represores y rechazar la intención de la fiscal Guianze de condenarlos por el delito de "desaparición forzada".
Ubiría solicitó desestimar el recurso en el entendido de que si bien el delito de "desaparición forzada", establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 18.026, "se encuentra vigente, no tiene efectos retroactivos, y tanto esta ley interna, como la Convención Interamericana sobre desaparición forzada, son largamente posteriores a los hechos" investigados. La irretroactividad de la ley penal no permite tipificar estos delitos como "desaparición forzada", argumentó Ubiría.
"El tipo penal de la desaparición forzada, no estaba previsto anteriormente, a la Convención Interamericana del año 1995.
Por tanto no era ni siquiera derecho vigente para otros países, por imperio del derecho internacional". "No puede, entonces, invocarse como norma de costumbre internacional adoptada para otros Estados, entre ellos el nuestro", dice Ubiría.
Debate jurídico
El pronunciamiento del fiscal de Corte conforma un nuevo elemento en la "disputa" jurídica en torno a la calificación y persecución de los crímenes perpetrados durante la última dictadura, en particular, en relación a los casos vinculados con ciudadanos actualmente desaparecidos.
En este sentido, existen dos posturas divergentes en la doctrina uruguaya: la sustentada por el TAP de 2º Turno y algunos jueces de imputar estos delitos como "homicidio muy especialmente agravados"; y la adoptada por la fiscal Guianze, la fiscal Ana María Tellechea y la jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, promoviendo la tesis de la "desaparición forzada" y su categorización como delitos de lesa humanidad.
El juez Penal de 19º Turno, Luis Charles, dispuso en diciembre de 2007 el procesamiento del dictador Gregorio "Goyo" Alvarez por reiterados delitos de "desaparición forzada". Sin embargo, el TAP de 2º Turno revocó la tipificación adoptada, imputando el delito de "homicidio muy especialmente agravado", lo que significó el asentamiento de esta tesis entre los magistrados.
La resolución del TAP fue acompañada posteriormente por el propio Charles (tanto en la condena de Gregorio Alvarez como en la de ocho represores por el "Segundo Vuelo" de Automotores Orletti), la jueza Graciela Eustachio (en la causa del Escuadrón de la Muerte) y el juez Juan Carlos Fernández Lecchini, en el caso de la desaparición de la maestra Elena Quinteros. La única jueza que avaló la tesis de la "desaparición forzada" fue la jueza Mota, al dictar la condena del dictador Juan María Bordaberry.
"Homicidio"
El TAP afirmó en sucesivas sentencias que el delito de "desaparición forzada (...) no existía al momento de ejecutarse los hechos a juzgar", por lo cual, dicha tipificación "no puede ser aplicada retroactivamente". En materia penal "todos los actos componentes de la figura delictiva están entrelazados, interconectados y, por consecuencia, conforme al principio de legalidad, la norma aplicable es aquella vigente al momento que comienza a ejecutarse el delito", argumenta el TAP.
"Cuando se detuvieron a los que luego fueron desaparecidos, la figura que ahora se pretende aplicar no estaba vigente y, por lógica consecuencia, su atribución constituye una flagrante violación al principio de irretroactividad de la ley penal".
En este sentido, el ministro de dicha Sala, Alfredo Gómez Tedeschi, afirmó.
que "aunque esto no guste, la solución basada en un Derecho internacional, en un derecho sancionador fundado sobre tales supuestos, implica que, para castigar tan crueles crímenes como delitos de desaparición forzada, es preciso renunciar, abdicar de los principios fundamentales que constituyen los cimientos del Derecho interno del Estado liberal".
"No puede caber la menor duda y no la hay, más allá de sesudas exposiciones de empinados internacionalistas que, el ingreso del jus cogens constituye la muerte del principio de legalidad y, esta muerte, viene acompañada con la partida de defunción del Derecho Penal liberal", agregó el ministro.
Asimismo, otro argumento esgrimido por el TAP radica en que todos los ciudadanos hoy desaparecidos "han fallecido". "Su destino, su suerte, no es una incógnita, se podrán ignorar detalles acerca de cómo y cuándo ocurrieron sus muertes, no se habrán encontrado sus restos, pero eso no habla de desaparecidos, sino de personas muertas de las que se ignora detalles de sus últimos días de vida, pero el destino se sabe".
"Desaparición forzada"
Por su parte, la fiscal Guianze argumenta que "resulta muy clara la diferencia entre la desaparición forzada y el homicidio, aunque en definitiva, en ambas hipótesis haya vulneración del bien más preciado, la vida", por cuanto en la primera hipótesis no se encontró el cadáver, no se sabe como ocurrió el asesinato, además que hubo que tolerar estrategias de ocultamiento y mentiras desembozadas.
El delito de "desaparición forzada" es un "delito continuado (...) subsiste como un 'todo indivisible', más allá de la fecha en que se produjo la muerte, siempre y cuando la misma se haya producido en el marco de una desaparición forzada", dice Guianze.
"Existe una víctima directa a quien en definitiva se priva de su libertad, se conculca su integridad física y se le impide ejercer el derecho a la jurisdicción. Pero a su vez hay otra u otras víctimas indirectas o secundarias que son sus familiares y personas allegadas quienes sufren un proceso angustiante en procura de saber el paradero de la persona querida".
Por tanto, "no basta con afirmar que los desaparecidos están muertos. No basta a las víctimas, ni a la sociedad, cuando se persiste en el ocultamiento y en la prolongación del sufrimiento", señala la fiscal.
Además, al imponer esta imputación "se trata directamente de aplicar la ley interna vigente, sin necesidad de recurrir a las normas de derecho penal internacional", porque "se debe partir de la idea de que las conductas alcanzadas por el actual artículo 21 de la Ley Nº 18.026 se encuentran prohibidas desde hace más de cincuenta años por el Derecho Penal Internacional, siendo de esta forma una norma de general aplicación para todos los Estados integrantes de la comunidad internacional". "No hay, pues aplicación retroactiva de una ley más gravosa, ni cercenamiento de garantías para los justiciables".
Ante esto, la fiscal Guianze interpuso el recurso de casación para que la SCJ se expida "sobre la aplicación del derecho en casos de desaparición forzada y, también sobre la naturaleza de este tipo de delitos: si deben ser considerados de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles".
En este sentido, el abogado Pablo Chargoñia, querellante en causas por violaciones a los derechos humanos, alertó durante un seminario internacional que de imponerse la tesis del TAP las causas prescribirían sobre mediados de 2011, lo que significaría "una afrenta de la lucha contra la impunidad".
El abogado bregó entonces por continuar impulsando con "argumentos jurídicos" la imprescriptibilidad de los crímenes perpetrados por el aparato represivo del Estado. Ahora, la Corte tendrá la última palabra.
"Mesianismo judicial"
El "vago" derecho internacional no puede alejar a los jueces de aplicar "la ley"
El TAP de 2º Turno afirmó en su sentencia que la tipificación del delito de "desaparición forzada" para juzgar los crímenes perpetrados durante la última dictadura (en lo atinente a los ciudadanos aún hoy desaparecidos) es contrario al sistema legal imperante actualmente en Uruguay.
"Resulta arduo a convicciones republicano-democráticas dar ingreso a una suerte de mesianismo judicial, enmarcado en un orden político-institucional en donde los jueces se constituyen en salvaguarda y custodios de obligaciones internacionales asumidas por el Estado, por encima y a despecho de las posturas de integrantes de otros poderes del Estado que, bueno es recordarlos, son electos directamente por el pueblo", señaló el TAP.
"Si hoy fuese aceptada una solución como la que se propugna, fundada en el justificado horror que producen hechos que aparecen plenamente probados en estas actuaciones, tal baremo, mañana podría ser extendido a cualquier otro que, con una valoración más restringida o más lata, fuese considerado como ofensivo para la humanidad entera, o para personas determinadas, un grupo de ellas, o la sociedad de un país determinado", agregó la Sala.
En este sentido, la escogencia de la tipificación delictual de "desaparición forzada" implicaría que "la libertad personal quedaría al arbitrio de cualquier interpretación, vista la latitud de los supuestos que informan la costumbre y práctica internacional, con los consiguientes excesos e insospechadas consecuencias en el orden político interno", y legitimaría a los jueces a "establecer excepciones a la ley, fundadas en un vago Derecho internacional, olvidando que el primer deber del juez es la interpretación de la letra de la ley", señala el TAP.
Según Amnistía Internacional
La desaparición es consecuencia de una ejecución extrajudicial
El recurso impetrado por la fiscal Mirtha Guianze para reclamar un cambio en la tipificación de los delitos imputados a los represores José Nino Gavazzo y Ricardo Arab utiliza como argumento un informe confeccionado por Amnistía Internacional sobre el tema de la desaparición de personas.
En este sentido, el informe alega que "la desaparición, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales con frecuencia se presentan conjuntamente. La víctima es arrestada o secuestrada, torturada para obtener información y la mayoría de las veces, finalmente ejecutada. En algunos casos, el cuerpo es arrojado en un lugar público, sin que se logren identificar los autores y las circunstancias de los hechos".
"En otros casos, los cuerpos son mutilados hasta dejarlos irreconocibles: se entierran en fosas comunes o son arrojados al mar, como ocurrió con los "vuelos de la muerte" en Argentina. En estas circunstancias, el destino y paradero de la víctima siguen sin conocerse".
"La desaparición encubre la ejecución extrajudicial y perpetúa el estado de desaparición (...) Así puede ser que los victimarios logren deshacerse del desaparecido, pero para los familiares, la desaparición no tiene final", dice Amnistía. Por tanto, "no encontrar el cadáver, no saber en definitiva como sucedió ese asesinato, tolerar estrategias de ocultamiento, y hasta mentiras desembozadas, es lo que perfila la diferencia con el homicidio", dice la fiscal.
En este sentido, "la desaparición forzada ha sido una práctica que las dictaduras sudamericanas entronizaron en la década del 70" siendo "una demostración de crueldad y desprecio por los derechos de los seres humanos, que no puede confundirse con el homicidio", afirma Guianze.
lunes, 12 de julio de 2010
Chile: Ejército repudia a militares que participaron en el crimen del Gral. Prats y su esposa
El Mercurio
Santiago, jueves 8 de julio de 2010.
–
SANTIAGO.- Tras conocerse la sentencia definitiva por el crimen del ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, y su esposa, Sofía Cuthbert, el Ejército expresó su repudio a los militares que participaron en el doble homicidio, ocurrido en Buenos Aires en 1974.
"El Ejército repudia a todos los partícipes en este cobarde asesinato, especialmente a los militares que lo consumaron, más aún que su acto criminal tuvo como víctimas a un ex Comandante en Jefe y también a su esposa", manifiesta la Comandancia en Jefe de la institución, mediante una declaración pública.
El texto añade que los involucrados, "con su extrema crueldad, violaron trágicamente, además, los principios que constituyen el acervo moral de la institución".
No obstante, indica que "la bicentenaria historia, de indudable patriotismo y de elevados servicios prestados a Chile por cientos de miles de soldados, no debería sufrir detrimento por la infamia de aquéllos que no adhirieron al tradicional código de honor y de conducta institucionales, que con su acción demostraron despreciar".
Solidaridad con las hijas
En la declaración, el Ejército también afirma que el crimen del general Prats y su esposa enluta a la institución y que la Comandancia en Jefe expresa a las hijas del matrimonio "su profundo pesar y solidaridad, por el irreparable dolor que han debido soportar –en un largo proceso– hasta ver ratificada finalmente la verdad y pronunciada la justicia".
Asimismo, manifiesta su confianza en que "el cierre de este doloroso episodio pueda contribuir al avance para el necesario reencuentro entre nuestros compatriotas, mediante el consuelo a los deudos y la mitigación de las heridas del pasado".
Finalmente, el Ejército ratifica "su fiel compromiso con los valores fundamentales que comparte la sociedad chilena".
Santiago, jueves 8 de julio de 2010.
–
SANTIAGO.- Tras conocerse la sentencia definitiva por el crimen del ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, y su esposa, Sofía Cuthbert, el Ejército expresó su repudio a los militares que participaron en el doble homicidio, ocurrido en Buenos Aires en 1974.
"El Ejército repudia a todos los partícipes en este cobarde asesinato, especialmente a los militares que lo consumaron, más aún que su acto criminal tuvo como víctimas a un ex Comandante en Jefe y también a su esposa", manifiesta la Comandancia en Jefe de la institución, mediante una declaración pública.
El texto añade que los involucrados, "con su extrema crueldad, violaron trágicamente, además, los principios que constituyen el acervo moral de la institución".
No obstante, indica que "la bicentenaria historia, de indudable patriotismo y de elevados servicios prestados a Chile por cientos de miles de soldados, no debería sufrir detrimento por la infamia de aquéllos que no adhirieron al tradicional código de honor y de conducta institucionales, que con su acción demostraron despreciar".
Solidaridad con las hijas
En la declaración, el Ejército también afirma que el crimen del general Prats y su esposa enluta a la institución y que la Comandancia en Jefe expresa a las hijas del matrimonio "su profundo pesar y solidaridad, por el irreparable dolor que han debido soportar –en un largo proceso– hasta ver ratificada finalmente la verdad y pronunciada la justicia".
Asimismo, manifiesta su confianza en que "el cierre de este doloroso episodio pueda contribuir al avance para el necesario reencuentro entre nuestros compatriotas, mediante el consuelo a los deudos y la mitigación de las heridas del pasado".
Finalmente, el Ejército ratifica "su fiel compromiso con los valores fundamentales que comparte la sociedad chilena".
Sábado 7 de agosto: Buseca del Grupo Solidario Ibiray
ESTAMOS HOY a 25 días de LA BUSECA que, como anunciáramos en el Boletín del 1º del cte., realizaremos el SÁBADO 7 DE AGOSTO en el parque de CAMBADU.
Al igual que el pasado año, en esta oportunidad debemos limitar la capacidad a un máximo de 400 personas –da para más el lugar, pero la capacidad de elaboración no nos permite superar tal número-.
Cuatrocientos compañeros reunidos en una mesa fraterna, donde renovaremos una vez más la alegría de un encuentro masivo pleno de afecto y profundos sentimientos. Cuatrocientos compañeros hermanados por largos años de militancia codo con codo, de intensas y extensas experiencias comunes de generosa y desinteresada entrega.
Descontamos la presencia de quienes participaron el pasado año más los cincuenta que, comprometidos, no pudieron a último momento concurrir. Están además muchos otros compañeros que deseando concurrir en aquella oportunidad, al dejar pasar los días no encontraron luego cupo y no querrán les suceda ahora lo mismo.
Decimos entonces a ellos y A TODOS:
está abierto el registro que ya a esta altura tiene cincuenta y cinco inscriptos.
Restan tres semanas para el evento y no es mucho tiempo.
LES EXHORTAMOS nos llamen a LA MAYOR BREVEDAD.
El pago puede hacerse en la misma reunión.
A no esperar… A no quedarse…
336 80 25 lunes a viernes, de 15 a 19 hs. o a cualquier hora a los cel. 099 685 934 ó 094 145 510 El menú constará de un plato de Buseca, pan, un vaso de vino o refresco y postre.
El costo del ticket es de $ 190.-
Y además, sin costo y de manera espontánea: Alegría a discreción y Fraternales abrazos en abundancia.
Grupo Solidario Ibiray
Al igual que el pasado año, en esta oportunidad debemos limitar la capacidad a un máximo de 400 personas –da para más el lugar, pero la capacidad de elaboración no nos permite superar tal número-.
Cuatrocientos compañeros reunidos en una mesa fraterna, donde renovaremos una vez más la alegría de un encuentro masivo pleno de afecto y profundos sentimientos. Cuatrocientos compañeros hermanados por largos años de militancia codo con codo, de intensas y extensas experiencias comunes de generosa y desinteresada entrega.
Descontamos la presencia de quienes participaron el pasado año más los cincuenta que, comprometidos, no pudieron a último momento concurrir. Están además muchos otros compañeros que deseando concurrir en aquella oportunidad, al dejar pasar los días no encontraron luego cupo y no querrán les suceda ahora lo mismo.
Decimos entonces a ellos y A TODOS:
está abierto el registro que ya a esta altura tiene cincuenta y cinco inscriptos.
Restan tres semanas para el evento y no es mucho tiempo.
LES EXHORTAMOS nos llamen a LA MAYOR BREVEDAD.
El pago puede hacerse en la misma reunión.
A no esperar… A no quedarse…
336 80 25 lunes a viernes, de 15 a 19 hs. o a cualquier hora a los cel. 099 685 934 ó 094 145 510 El menú constará de un plato de Buseca, pan, un vaso de vino o refresco y postre.
El costo del ticket es de $ 190.-
Y además, sin costo y de manera espontánea: Alegría a discreción y Fraternales abrazos en abundancia.
Grupo Solidario Ibiray
Jueves 15 de Julio: Memorias Colectivas
MONTEVIDEO, 11 Jul (UYPRESS)-
La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, junto con el Departamento de Estudios Judaicos de la Universidad ORT tienen el agrado de invitar a Usted al Seminario: “Memorias colectivas: ¿Cómo y para qué transmitir el Holocausto y otras experiencias extremas en las aulas?”
La actividad tendrá lugar el jueves 15 de julio, de 15:00 a 19:00 horas, en la Sala de Conferencias del IMPO, Germán Barbato 1379 piso 2.
Los debates en el proceso de construcción de las memorias colectivas han sido –y son- una característica de nuestras sociedades. Ese proceso, se acrecentó después de la Segunda Guerra Mundial y se hizo fuerte en los años 60 y 70. En nuestra región, después de las sangrientas dictaduras cívico-militares que conmovieron a las sociedades en su conjunto, las demandas de memoria (junto con las de verdad y justicia sobre las responsabilidades de los Estados) se han intensificado considerablemente. Son comunes hoy las conmemoraciones, museos y memoriales que intentan hacer presente lo sucedido en aquellos años.
Han habido discusiones –algunas cargadas de prejuicios políticos-partidarios- que no han aportado lo suficiente para comprender estos procesos tan significativos y complejos.
En ese sentido es que la Dirección de Derechos Humanos del MEC, junto a la Universidad ORT, con motivo de la visita de la Profª Nora Gaon han organizado un seminario que propone reflexionar sobre estos temas, a partir del debate, con los aportes de personas destacadas de nuestro medio.
Habrá dos paneles en base a los siguientes ejes:
El primero será sobre cómo transmitir en las aulas aquellas experiencias extremas que, como el Holocausto, han dejado una huella en nuestras sociedades y que plantean problemas –metodológicos, epistemológicos y éticos- a los docentes cuando se enfrentan a su clase.
Este panel estará integrado por Nora Gaon, Directora del Área de Habla Hispana del Museo de los Resistentes del Ghetto y Museo del Niño en Israel; David Telias, Coordinador del Departamento de Estudios Judaicos de la Universidad ORT; y Oscar Destouet, integrante de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria. La moderación estará a cargo de Hugo Achugar, Director de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.
El segundo panel propondrá reflexionar sobre qué recordar y para qué y estará integrado por Rosario Hermano, Coordinadora del Programa de Educación en Valores de la Universidad Católica del Uruguay; Garabed Arakelian, Secretario de la Asociación Cultural Uruguay Armenia; Gerardo Caetano, de la Universidad de la República. La moderación estará a cargo de Javier Miranda, Director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura.
Las memorias colectivas son movimientos de recepción y transmisión que se extienden hacia el futuro; por eso es necesario comprender sus características, los usos políticos a los que se someten y las relaciones que tienen con otras categorías como justicia, historia y verdad. Desde la Dirección apostamos a contribuir con este complejo proceso.
Apoya: Administración Nacional de Educación Pública, Consejo Directivo Central
La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, junto con el Departamento de Estudios Judaicos de la Universidad ORT tienen el agrado de invitar a Usted al Seminario: “Memorias colectivas: ¿Cómo y para qué transmitir el Holocausto y otras experiencias extremas en las aulas?”
La actividad tendrá lugar el jueves 15 de julio, de 15:00 a 19:00 horas, en la Sala de Conferencias del IMPO, Germán Barbato 1379 piso 2.
Los debates en el proceso de construcción de las memorias colectivas han sido –y son- una característica de nuestras sociedades. Ese proceso, se acrecentó después de la Segunda Guerra Mundial y se hizo fuerte en los años 60 y 70. En nuestra región, después de las sangrientas dictaduras cívico-militares que conmovieron a las sociedades en su conjunto, las demandas de memoria (junto con las de verdad y justicia sobre las responsabilidades de los Estados) se han intensificado considerablemente. Son comunes hoy las conmemoraciones, museos y memoriales que intentan hacer presente lo sucedido en aquellos años.
Han habido discusiones –algunas cargadas de prejuicios políticos-partidarios- que no han aportado lo suficiente para comprender estos procesos tan significativos y complejos.
En ese sentido es que la Dirección de Derechos Humanos del MEC, junto a la Universidad ORT, con motivo de la visita de la Profª Nora Gaon han organizado un seminario que propone reflexionar sobre estos temas, a partir del debate, con los aportes de personas destacadas de nuestro medio.
Habrá dos paneles en base a los siguientes ejes:
El primero será sobre cómo transmitir en las aulas aquellas experiencias extremas que, como el Holocausto, han dejado una huella en nuestras sociedades y que plantean problemas –metodológicos, epistemológicos y éticos- a los docentes cuando se enfrentan a su clase.
Este panel estará integrado por Nora Gaon, Directora del Área de Habla Hispana del Museo de los Resistentes del Ghetto y Museo del Niño en Israel; David Telias, Coordinador del Departamento de Estudios Judaicos de la Universidad ORT; y Oscar Destouet, integrante de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria. La moderación estará a cargo de Hugo Achugar, Director de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.
El segundo panel propondrá reflexionar sobre qué recordar y para qué y estará integrado por Rosario Hermano, Coordinadora del Programa de Educación en Valores de la Universidad Católica del Uruguay; Garabed Arakelian, Secretario de la Asociación Cultural Uruguay Armenia; Gerardo Caetano, de la Universidad de la República. La moderación estará a cargo de Javier Miranda, Director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura.
Las memorias colectivas son movimientos de recepción y transmisión que se extienden hacia el futuro; por eso es necesario comprender sus características, los usos políticos a los que se someten y las relaciones que tienen con otras categorías como justicia, historia y verdad. Desde la Dirección apostamos a contribuir con este complejo proceso.
Apoya: Administración Nacional de Educación Pública, Consejo Directivo Central
domingo, 11 de julio de 2010
14 de julio: Coloquio: "Memoria del Tribunal Russell II"
Coloquio: “Memoria del Tribunal Rusell II”
Miércoles, 14 de julio de 2010
Sala de Conferencias del Teatro Solís
18.30 Acreditaciones
19.00 Apertura
19.15 Audiovisual
19.30 Panel
Moderadora: Belela Herrera
El Tribunal Russell antecedentes, desarrollo y proyección.
Alberto Filippi
Leandro Despouy
Testimonios sobre la intervención de Zelmar en el Tribunal Russell II
Elsa Paulos
Linda Bimbi (testimonio enviado desde Italia)
Salvatore Senese (testimonio enviado desde Italia)
Elena Paciotti (testimonio enviado desde Italia)
La importancia del Tribunal Russell desde la perspectiva histórica y de la defensa de los DDHH
Gerardo Caetano
Hebe Martínez Burle
Zelmar Michelini (hijo)
21.00 cierre
Fundación Zelmar Michelini
Uruguay
www.fzelmarmichelini.org
fzm@fzelmarmichelini.org
+5982 9026195
sábado, 10 de julio de 2010
SERPAJ: Comunicado de prensa
El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ - Uruguay) y el Observatorio del Sistema Judicial (Fundación Justicia y Derecho), manifiestan su profundísima consternación frente a los acontecimientos ocurridos en la madrugada de hoy en la Cárcel Departamental de Rocha, donde un incendió acabó con la vida de trece personas y dejó siete gravemente heridas. Ni bomberos, ni los funcionarios penitenciarios lograron rescatarlos oportunamente. Algunas de estas personas murieron incineradas y otras por asfixia.
Dentro del marco del proyecto “Hacia una política de Estado en privación de libertad: diálogo, recomendaciones y propuestas” hemos realizado múltiples visitas a diferentes establecimientos de todo el país, donde estamos efectuando un relevamiento de las condiciones de las personas privadas de libertad. En los pasados 1º y 2 de julio ingresamos concretamente al establecimiento penitenciario de Rocha, donde una de las constataciones más graves fue la exacerbada precariedad de las condiciones de vida dentro de las cuadras. Estas irregularidades y deficiencias edilicias y la ausencia de condiciones elementales vienen siendo constatadas y denunciadas por el SERPAJ desde hace más de siete años.
Tales precariedades se agravan con el aumento progresivo de las condiciones de hacinamiento. El Estado tiene el deber de proteger a los privados de libertad contra todo tipo de actos contra su integridad física o mental y como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos.
La condición de garante del Estado le obliga a prevenir situaciones que pudieran conducir, por acción u omisión a su vulneración. Por lo que no se trata de un mero accidente respecto del cual no es posible determinar responsabilidades. Nos resulta imperioso que las autoridades tomen cartas en el asunto exigiendo una investigación rigurosa e independiente que lleve al esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades correspondientes, así como también implementar urgentemente las mejoras imprescindibles para eliminar los riesgos latentes de todos los establecimientos carcelarios.
Montevideo, 8 de julio de 2010.
Dentro del marco del proyecto “Hacia una política de Estado en privación de libertad: diálogo, recomendaciones y propuestas” hemos realizado múltiples visitas a diferentes establecimientos de todo el país, donde estamos efectuando un relevamiento de las condiciones de las personas privadas de libertad. En los pasados 1º y 2 de julio ingresamos concretamente al establecimiento penitenciario de Rocha, donde una de las constataciones más graves fue la exacerbada precariedad de las condiciones de vida dentro de las cuadras. Estas irregularidades y deficiencias edilicias y la ausencia de condiciones elementales vienen siendo constatadas y denunciadas por el SERPAJ desde hace más de siete años.
Tales precariedades se agravan con el aumento progresivo de las condiciones de hacinamiento. El Estado tiene el deber de proteger a los privados de libertad contra todo tipo de actos contra su integridad física o mental y como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos.
La condición de garante del Estado le obliga a prevenir situaciones que pudieran conducir, por acción u omisión a su vulneración. Por lo que no se trata de un mero accidente respecto del cual no es posible determinar responsabilidades. Nos resulta imperioso que las autoridades tomen cartas en el asunto exigiendo una investigación rigurosa e independiente que lleve al esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades correspondientes, así como también implementar urgentemente las mejoras imprescindibles para eliminar los riesgos latentes de todos los establecimientos carcelarios.
Montevideo, 8 de julio de 2010.
Argentina: investigan a la justicia por colaborar con el Terrorismo de Estado
PIDEN LA CITACION A INDAGATORIA POR COMPLICIDAD EN DELITOS DE LESA HUMANIDAD DE DOS CAMARISTAS DE MENDOZA
La Justicia pone la lupa sobre la Justicia
Página 12. Sábado 10 de julio de 2010.
Los camaristas Luis Francisco Miret y Otilio Romano, entre otros magistrados y ex fiscales mendocinos, son acusados por omitir denuncias, avalar detenciones ilegales y no investigar torturas durante la última dictadura militar.
Por Nora Veiras.
“El Poder Judicial federal de la provincia de Mendoza evidenció (durante la dictadura) una clara voluntad de no investigar las atrocidades que se cometieron (...) Esta afirmación está basada en un hecho incontrovertible: pese a las innumerables denuncias de cientos de desapariciones y/o homicidios, torturas, privaciones ilegales de libertad y abusos sexuales (...) no hubo un solo funcionario de las fuerzas de seguridad que resultara imputado o seriamente investigado por la comisión de esos delitos.”
A lo largo de casi doscientas fojas, el fiscal general Omar Palermo detalló la connivencia de la Justicia con los represores y solicitó que se cite a declaración indagatoria a los actuales camaristas federales de Mendoza Otilio Romano y Luis Francisco Miret y al ex juez Gabriel Guzzo, entre otros, por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, por omitir hacer cesar detenciones ilegales y por encubrir por omisión el deber de denuncia. Calificaciones que tributan en delitos de lesa humanidad.
Miret y Romano ya fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por organismos de derechos humanos y el propio ministro de Justicia provincial (ver aparte). El pedido del fiscal Palermo, encargado de impulsar las causas por delitos de lesa humanidad, se nutre del testimonio de las víctimas entre 1975 y 1983.
El rechazo de los recursos de hábeas corpus, la negativa a buscar a personas desaparecidas, a investigar las condiciones de quienes estaban detenidos y a indagar sobre las torturas estremecen a pesar de la asepsia de la jerga legal. La colaboración del aparato judicial con el terrorismo de Estado se está empezando a investigar en distintas provincias (ver aparte). En Mendoza ya provocó la renuncia de otro camarista, Carlos Martín Pereyra González, quien fue señalado por la Cámara de San Luis por haber presenciado sesiones de tortura.
Modus operandi
El pedido del fiscal Palermo se presentó ante el juez Walter Bonto, titular del juzgado que está en manos como subrogante de Olga Pura de Arrabal, la magistrada que trascendió por su fallo a favor de la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Decisión avalada por los camaristas denunciados por complicidad en delitos de lesa humanidad y revertida por la Corte Suprema de la Nación. Tras la feria judicial se supone que Bonto reasumirá. Miret y Romano pretendieron deslegitimar las denuncias en su contra aduciendo que eran una persecución por su postura frente a la ley de medios. Horacio Verbitsky precisó en Página/12 el pasado 25 de abril que “los organismos de derechos humanos entregaron al Consejo de la Magistratura la denuncia el 22 de marzo y la Cámara de Mendoza recibió la apelación por la ley audiovisual una semana después”.
“Hubo jueces diligentes, no heroicos”, pero que con sus decisiones pudieron dar con un paradero y “poner coto a la dictadura”, señala el fiscal. Esa conducta no caracterizó a Miret, Guzzo y Romano. Por ejemplo, en el caso del secuestro del matrimonio Galamba que denunció, además, el robo de camas, roperos, heladera, lavarropa y ropa, el entonces fiscal Romano rechazó investigar el tema porque “se convertiría al tribunal en una oficina de informes de cosas perdidas”.
El caso de Luz Faingold, una adolescente de 17 años que fue detenida en el ’75 es uno de los que más compromete a Miret (ver aparte). El dictamen del fiscal precisa que “si bien el juez Miret no ordenó directamente la detención de la menor, habría sido anoticiado –probablemente de manera telefónica– el mismo día del resultado del allananamiento que él había ordenado. Es decir, desde un primer momento tomó conocimiento de que tenía privada de su libertad a una menor de edad, en un centro clandestino de detenidos junto a personas adultas perseguidas por causas políticas, a quien mantenía además incomunicada, no obstante lo cual, una vez anoticiado, dispuso la continuidad de esa detención preventiva ilegal y que se la mantuviera incomunicada negándole la entrega a la madre”. El entonces fiscal Romano estaba al tanto de la situación y ambos “una vez que tomaron conocimiento de las torturas y del abuso sexual del que fue víctima la menor por parte del personal policial, omitieron promover la persecución y represión de los delincuentes”.
La denuncia presentada por organismos de derechos humanos y sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionaba en el Departamento de Informaciones de la policía mendocina cuenta que Miret se jactaba de ser amigo personal del general Juan Pablo Saa, a cargo de la represión en Mendoza. “Miret y Romano fueron un engranaje del proceso represivo para facilitar la impunidad ajena y en algunas casos, propia”, sostienen. En un reportaje publicado por el diario mendocino El Sol, Miret se definió como “campeón del garantismo”, aclaró que no fue “juez del proceso sino juez de carrera que actuó durante el proceso” y explicó que todos los detenidos decían haber sido torturados “para desvirtuar la indagatoria policial” y abundó que los policías “estaban tentados de hacer cualquier apremio, como mínimo, un submarino, que no deja marcas, o colgarlos de las piernas por una noche y, entonces, al día siguiente, algunos cantan”. Esos apremios “podían ser o no ciertos”, agregó.
El actual camarista dijo, en la misma nota, que cuando le advirtieron sobre la desaparición del profesor Mauricio López Miret pensó que “se había escondido”. En otros casos, directamente avaló actas postdatadas para blanquear el secuestro de jóvenes antes y después del último golpe militar.
Delitos
El fiscal Palermo sostiene que la tolerancia por parte de los magistrados y fiscales que actuaron durante la dictadura terminó erigiendo una suerte de garantía de impunidad para los delitos cometidos. Llama la atención también sobre el silencio que siguieron manteniendo desde el retorno a la democracia.
Del estudio de los expedientes de la época surge que cada uno de los cientos de recursos de hábeas corpus a los que no se les dio curso permitió que los funcionarios tuvieran conocimiento de las detenciones sin orden de autoridad competente y, por lo tanto ilegales; de violaciones de domicilio, de apropiaciones de bienes, de secuestros, desapariciones y torturas.
A partir de la descripción de más de cien casos de secuestros, torturas y desapariciones –en Mendoza hay más de doscientos desaparecidos–, el fiscal Palermo pidió que se cite a declaración indagatoria a Miret por privación abusiva de la libertad, omisión de promover la investigación en 26 hechos, seis omisiones de investigar torturas, robo, prevaricato y omisiones de hacer cesar privaciones ilegales de la libertad. Al ex juez Gabriel Fernando Guzzo lo acusa por no promover la investigación ante 108 denuncias. Al ex fiscal y actual camarista Otilio Roque Romano, quien le dijo al diario La Nación que las acusaciones contra él y Miret habían sido impulsadas para presionarlos por la ley de medios, el fiscal le imputa no haber promovido las investigaciones en 97 detenciones y desapariciones, además de haber encubierto robos y evitar la continuidad de detenciones clandestinas.
Después de veintiséis años de democracia y cuando los procesos a los responsables directos y ejecutores de la represión ilegal avanzan en distintos puntos del país, el velo sobre la complicidad de los jueces empieza a correrse. En Mendoza, los magistrados encontraron hasta ahora los mecanismos para evitar que militares y miembros de fuerzas de seguridad esperen en prisión el comienzo de los juicios. La historia compartida con varios de los actuales camaristas explica la solidaridad y redobla el desafío para hacer justicia.
La familia judicial
Francisco Miret y Otilio Romano no son los únicos jueces acusados de convalidar las ilegalidades cometidas por la última dictadura. A paso lento pero firme, avanza el proceso de justicia sobre otros magistrados y funcionarios judiciales señalados como cómplices de las acciones cometidas por el terrorismo de Estado.
El caso más resonante es el de Víctor Brusa, ya que fue el primer juez federal del país condenado por crímenes de lesa humanidad. En diciembre último, el Tribunal Oral de Santa Fe lo sentenció a veintiún años de prisión efectiva tras ser encontrado culpable de ocho casos de apremios ilegales. También ganaron cierta notoriedad en aquella provincia los casos de los ex jueces federales Víctor Montti –acusado de ignorar las denuncias de las personas detenidas y de hacerles firmar declaraciones obtenidas bajo torturas– y Luis María Vera Candioti, que en 1977 fraguó datos de una niña cuya familia fue asesinada.
Carlos Martín Pereyra González, camarista mendocino al igual que Miret y Romano, renunció a su cargo en abril de 2009 luego de ser acusado de encubrir delitos de lesa humanidad por el Tribunal Oral Federal de San Luis. Durante la dictadura, Pereyra González se desempeñaba como secretario del juez federal Eduardo Allende y fue denunciado por ex presos políticos por no recibir denuncias de tormentos presentadas en 1977. Ahora está siendo investigado por la Justicia puntana en el único juicio de lesa humanidad que lleva adelante el tribunal federal de esa provincia.
Otro que abandonó su cargo hace algunos meses fue Carlos Otero Alvarez, secretario penal de la Justicia Federal de Córdoba que durante la dictadura habría adoptado un rol pasivo frente a la denuncia de torturas. De acuerdo con la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, el magistrado tampoco realizó denuncia alguna frente a distintos allanamientos ilegítimos producidos sin orden judicial. El actual juicio por fusilamientos de la UP1 podría reactivar su causa.
El ex juez federal de La Rioja Roberto Catalán está involucrado en la causa “Menéndez”, que tiene como principal imputado al ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército. Semanas atrás, Catalán negó las imputaciones de la fiscalía federal –que lo acusa de asociación ilícita, privación de la libertad, tormentos y homicidio– pero quedó detenido en su domicilio el mismo día en que fue citado a indagatoria.
En Chaco, dos magistrados acusados por el propio procurador Esteban Righi fueron suspendidos en sus cargos. Uno es Roberto Mazzoni, que desde mayo de 1974 hasta agosto de 1976 se desempeñó como secretario del juzgado federal de Resistencia, quien fue señalado como partícipe de varios interrogatorios ilegales y denunciado por amenazar a distintos detenidos durante la dictadura. El otro fue el ex fiscal federal Carlos Flores Leyes, acusado de cometer y consentir numerosos atropellos contra los detenidos, quien murió el pasado 24 de abril, semanas antes de que se iniciara la “Causa Caballero” en la cual se lo acusaba de participar de sesiones de tortura a detenidos políticos.
La Justicia pone la lupa sobre la Justicia
Página 12. Sábado 10 de julio de 2010.
Los camaristas Luis Francisco Miret y Otilio Romano, entre otros magistrados y ex fiscales mendocinos, son acusados por omitir denuncias, avalar detenciones ilegales y no investigar torturas durante la última dictadura militar.
Por Nora Veiras.
“El Poder Judicial federal de la provincia de Mendoza evidenció (durante la dictadura) una clara voluntad de no investigar las atrocidades que se cometieron (...) Esta afirmación está basada en un hecho incontrovertible: pese a las innumerables denuncias de cientos de desapariciones y/o homicidios, torturas, privaciones ilegales de libertad y abusos sexuales (...) no hubo un solo funcionario de las fuerzas de seguridad que resultara imputado o seriamente investigado por la comisión de esos delitos.”
A lo largo de casi doscientas fojas, el fiscal general Omar Palermo detalló la connivencia de la Justicia con los represores y solicitó que se cite a declaración indagatoria a los actuales camaristas federales de Mendoza Otilio Romano y Luis Francisco Miret y al ex juez Gabriel Guzzo, entre otros, por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, por omitir hacer cesar detenciones ilegales y por encubrir por omisión el deber de denuncia. Calificaciones que tributan en delitos de lesa humanidad.
Miret y Romano ya fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por organismos de derechos humanos y el propio ministro de Justicia provincial (ver aparte). El pedido del fiscal Palermo, encargado de impulsar las causas por delitos de lesa humanidad, se nutre del testimonio de las víctimas entre 1975 y 1983.
El rechazo de los recursos de hábeas corpus, la negativa a buscar a personas desaparecidas, a investigar las condiciones de quienes estaban detenidos y a indagar sobre las torturas estremecen a pesar de la asepsia de la jerga legal. La colaboración del aparato judicial con el terrorismo de Estado se está empezando a investigar en distintas provincias (ver aparte). En Mendoza ya provocó la renuncia de otro camarista, Carlos Martín Pereyra González, quien fue señalado por la Cámara de San Luis por haber presenciado sesiones de tortura.
Modus operandi
El pedido del fiscal Palermo se presentó ante el juez Walter Bonto, titular del juzgado que está en manos como subrogante de Olga Pura de Arrabal, la magistrada que trascendió por su fallo a favor de la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Decisión avalada por los camaristas denunciados por complicidad en delitos de lesa humanidad y revertida por la Corte Suprema de la Nación. Tras la feria judicial se supone que Bonto reasumirá. Miret y Romano pretendieron deslegitimar las denuncias en su contra aduciendo que eran una persecución por su postura frente a la ley de medios. Horacio Verbitsky precisó en Página/12 el pasado 25 de abril que “los organismos de derechos humanos entregaron al Consejo de la Magistratura la denuncia el 22 de marzo y la Cámara de Mendoza recibió la apelación por la ley audiovisual una semana después”.
“Hubo jueces diligentes, no heroicos”, pero que con sus decisiones pudieron dar con un paradero y “poner coto a la dictadura”, señala el fiscal. Esa conducta no caracterizó a Miret, Guzzo y Romano. Por ejemplo, en el caso del secuestro del matrimonio Galamba que denunció, además, el robo de camas, roperos, heladera, lavarropa y ropa, el entonces fiscal Romano rechazó investigar el tema porque “se convertiría al tribunal en una oficina de informes de cosas perdidas”.
El caso de Luz Faingold, una adolescente de 17 años que fue detenida en el ’75 es uno de los que más compromete a Miret (ver aparte). El dictamen del fiscal precisa que “si bien el juez Miret no ordenó directamente la detención de la menor, habría sido anoticiado –probablemente de manera telefónica– el mismo día del resultado del allananamiento que él había ordenado. Es decir, desde un primer momento tomó conocimiento de que tenía privada de su libertad a una menor de edad, en un centro clandestino de detenidos junto a personas adultas perseguidas por causas políticas, a quien mantenía además incomunicada, no obstante lo cual, una vez anoticiado, dispuso la continuidad de esa detención preventiva ilegal y que se la mantuviera incomunicada negándole la entrega a la madre”. El entonces fiscal Romano estaba al tanto de la situación y ambos “una vez que tomaron conocimiento de las torturas y del abuso sexual del que fue víctima la menor por parte del personal policial, omitieron promover la persecución y represión de los delincuentes”.
La denuncia presentada por organismos de derechos humanos y sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionaba en el Departamento de Informaciones de la policía mendocina cuenta que Miret se jactaba de ser amigo personal del general Juan Pablo Saa, a cargo de la represión en Mendoza. “Miret y Romano fueron un engranaje del proceso represivo para facilitar la impunidad ajena y en algunas casos, propia”, sostienen. En un reportaje publicado por el diario mendocino El Sol, Miret se definió como “campeón del garantismo”, aclaró que no fue “juez del proceso sino juez de carrera que actuó durante el proceso” y explicó que todos los detenidos decían haber sido torturados “para desvirtuar la indagatoria policial” y abundó que los policías “estaban tentados de hacer cualquier apremio, como mínimo, un submarino, que no deja marcas, o colgarlos de las piernas por una noche y, entonces, al día siguiente, algunos cantan”. Esos apremios “podían ser o no ciertos”, agregó.
El actual camarista dijo, en la misma nota, que cuando le advirtieron sobre la desaparición del profesor Mauricio López Miret pensó que “se había escondido”. En otros casos, directamente avaló actas postdatadas para blanquear el secuestro de jóvenes antes y después del último golpe militar.
Delitos
El fiscal Palermo sostiene que la tolerancia por parte de los magistrados y fiscales que actuaron durante la dictadura terminó erigiendo una suerte de garantía de impunidad para los delitos cometidos. Llama la atención también sobre el silencio que siguieron manteniendo desde el retorno a la democracia.
Del estudio de los expedientes de la época surge que cada uno de los cientos de recursos de hábeas corpus a los que no se les dio curso permitió que los funcionarios tuvieran conocimiento de las detenciones sin orden de autoridad competente y, por lo tanto ilegales; de violaciones de domicilio, de apropiaciones de bienes, de secuestros, desapariciones y torturas.
A partir de la descripción de más de cien casos de secuestros, torturas y desapariciones –en Mendoza hay más de doscientos desaparecidos–, el fiscal Palermo pidió que se cite a declaración indagatoria a Miret por privación abusiva de la libertad, omisión de promover la investigación en 26 hechos, seis omisiones de investigar torturas, robo, prevaricato y omisiones de hacer cesar privaciones ilegales de la libertad. Al ex juez Gabriel Fernando Guzzo lo acusa por no promover la investigación ante 108 denuncias. Al ex fiscal y actual camarista Otilio Roque Romano, quien le dijo al diario La Nación que las acusaciones contra él y Miret habían sido impulsadas para presionarlos por la ley de medios, el fiscal le imputa no haber promovido las investigaciones en 97 detenciones y desapariciones, además de haber encubierto robos y evitar la continuidad de detenciones clandestinas.
Después de veintiséis años de democracia y cuando los procesos a los responsables directos y ejecutores de la represión ilegal avanzan en distintos puntos del país, el velo sobre la complicidad de los jueces empieza a correrse. En Mendoza, los magistrados encontraron hasta ahora los mecanismos para evitar que militares y miembros de fuerzas de seguridad esperen en prisión el comienzo de los juicios. La historia compartida con varios de los actuales camaristas explica la solidaridad y redobla el desafío para hacer justicia.
La familia judicial
Francisco Miret y Otilio Romano no son los únicos jueces acusados de convalidar las ilegalidades cometidas por la última dictadura. A paso lento pero firme, avanza el proceso de justicia sobre otros magistrados y funcionarios judiciales señalados como cómplices de las acciones cometidas por el terrorismo de Estado.
El caso más resonante es el de Víctor Brusa, ya que fue el primer juez federal del país condenado por crímenes de lesa humanidad. En diciembre último, el Tribunal Oral de Santa Fe lo sentenció a veintiún años de prisión efectiva tras ser encontrado culpable de ocho casos de apremios ilegales. También ganaron cierta notoriedad en aquella provincia los casos de los ex jueces federales Víctor Montti –acusado de ignorar las denuncias de las personas detenidas y de hacerles firmar declaraciones obtenidas bajo torturas– y Luis María Vera Candioti, que en 1977 fraguó datos de una niña cuya familia fue asesinada.
Carlos Martín Pereyra González, camarista mendocino al igual que Miret y Romano, renunció a su cargo en abril de 2009 luego de ser acusado de encubrir delitos de lesa humanidad por el Tribunal Oral Federal de San Luis. Durante la dictadura, Pereyra González se desempeñaba como secretario del juez federal Eduardo Allende y fue denunciado por ex presos políticos por no recibir denuncias de tormentos presentadas en 1977. Ahora está siendo investigado por la Justicia puntana en el único juicio de lesa humanidad que lleva adelante el tribunal federal de esa provincia.
Otro que abandonó su cargo hace algunos meses fue Carlos Otero Alvarez, secretario penal de la Justicia Federal de Córdoba que durante la dictadura habría adoptado un rol pasivo frente a la denuncia de torturas. De acuerdo con la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, el magistrado tampoco realizó denuncia alguna frente a distintos allanamientos ilegítimos producidos sin orden judicial. El actual juicio por fusilamientos de la UP1 podría reactivar su causa.
El ex juez federal de La Rioja Roberto Catalán está involucrado en la causa “Menéndez”, que tiene como principal imputado al ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército. Semanas atrás, Catalán negó las imputaciones de la fiscalía federal –que lo acusa de asociación ilícita, privación de la libertad, tormentos y homicidio– pero quedó detenido en su domicilio el mismo día en que fue citado a indagatoria.
En Chaco, dos magistrados acusados por el propio procurador Esteban Righi fueron suspendidos en sus cargos. Uno es Roberto Mazzoni, que desde mayo de 1974 hasta agosto de 1976 se desempeñó como secretario del juzgado federal de Resistencia, quien fue señalado como partícipe de varios interrogatorios ilegales y denunciado por amenazar a distintos detenidos durante la dictadura. El otro fue el ex fiscal federal Carlos Flores Leyes, acusado de cometer y consentir numerosos atropellos contra los detenidos, quien murió el pasado 24 de abril, semanas antes de que se iniciara la “Causa Caballero” en la cual se lo acusaba de participar de sesiones de tortura a detenidos políticos.
viernes, 9 de julio de 2010
Argentina. Juicios de Lesa Humanidad
Brecha. Viernes 9 de julio de 2010.
Videla habló para criticar a la democracia
Primero fue un pedido de amnistía general a los militares condenados por delitos de lesa humanidad. Ahora los argumentos durante un juicio vuelven a ser los mismos: “la lucha contra la subversión apátrida”. Los militares acusados de genocidio insisten en reivindicar toda su actuación y esperan confiados las elecciones de 2011 con las promesas de algunos candidatos derechistas.
Por Fabián Kovacik. Desde Buenos Aires.
El ex dictador Jorge Videla habló por primera vez ante un tribunal de la democracia que lo juzga por delitos de lesa humanidad, reivindicó todo lo actuado por sus subordinados y desconoció a la autoridad civil como jueza de sus actos militares. Fue en Córdoba, el pasado lunes a la mañana en pleno juicio por el asesinato de 31 presos políticos en la Unidad Penitenciaria 1 de esa provincia, entre abril y octubre de 1976.
Junto a Videla estaba sentado el ex general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del área militar de Córdoba en ese entonces, y candidato a presidente en la interna militar de 1975 que preparaba el golpe del 24 de marzo siguiente.
Videla se mantuvo en silencio durante todas las jornadas del juicio a las juntas militares en 1985, cuando fue condenado a reclusión perpetua y perdió el grado militar. Decidió no utilizar la posibilidad de descargo oral otorgada por el tribunal y en cambio se aferraba a un rosario y una Biblia. No le sirvieron inmediatamente, pero seis años después Carlos Menem lo indultó y abandonó la prisión. En 1998 volvió a la cárcel cuando el entonces juez federal Roberto Marquevich lo acusó por primera vez por robo de bebés, en lo que luego se comprobó fue un plan sistemático de apropiación de niños. En esa condición permanece desde entonces –12 años después– aunque sólo estuvo preso por algo más de un mes en la cárcel común de Caseros para ser finalmente trasladado a una unidad especial para detenidos militares en Campo de Mayo.
La estrategia de las defensas de los represores fue sintéticamente planteada el lunes por Videla: reclaman ser juzgados por la justicia militar, institución ya perimida y modificada definitivamente en 2008 para este tipo de delitos. Consideran que ya fueron juzgados durante el juicio a las tres primeras juntas militares en 1985, y apuntan directamente a las autoridades civiles de 1975 como responsables del ingreso de las fuerzas armadas al terreno del combate contra las organizaciones armadas y de izquierda en general.
Según un informe de la Procuración General de la Nación –responsable de todos los fiscales nacionales– divulgado en la tarde del miércoles 7, son 656 los represores procesados en el país. De ese total hay 325 imputados que ya cuentan con al menos una causa en etapa de juicio, y un grupo de 140 que pronto alcanzarían esa etapa procesal, según el estudio. Hay 18 juicios en todo el país y ya se alcanzó la cifra de 123 juzgados, con 110 condenados y 13 absueltos.
Reclamo de represores. Es la primera estocada de los genocidas tras el fallido intento de mayo pasado por alcanzar una amnistía en el marco de los festejos del bicentenario. Con poca repercusión en la prensa –Horacio Verbitsky encendió la alarma desde el diario Página 12, el 30 de mayo–, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, entregó una carta firmada por más de un centenar de militares y civiles, condenados, procesados y detenidos por violaciones a los derechos humanos entre 1976 y 1983, en la que solicitaban “un acto recíproco de olvido”, es decir una amnistía aprovechando los festejos del bicentenario. Entre los firmantes figuraban los ex dictadores Jorge Videla y Benito Bignone y los represores militares Miguel Etchecolatz, Santiago Riveros y Raúl Scheller, y los civiles Christian von Wernich y Julio Cirino. La arremetida facilitada por Bergoglio (también acusado de haber entregado a la represión en 1976 a los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics cuando era superior de la orden salesiana) estaba enmarcada en la presunta polarización social propiciada por el gobierno que “en lugar de justicia busca venganza”, según el propio religioso.
Cristina y los militares.
Mientras tanto, en la noche del martes 6, la presidenta Cristina Fernández presidió la cena anual de camaradería de las fuerzas armadas, donde rescató un mensaje caro al peronismo: sellar “la unidad entre el pueblo y sus militares”. Durante la vertiginosa sucesión de mandatarios peronistas en el último período constitucional antes del golpe de 1976, tanto Juan Perón como su esposa y sucesora, María Estela Martínez, habían reinstalado la vieja idea del primer período peronista –1946-1955–, sobre el rol social de las fuerzas armadas.
En 1975 el coronel Vicente Damasco, como ministro del Interior, y el jefe del ejército, teniente general Alberto Numa Laplane, fueron los ideólogos de operativos de trabajo solidario a los que acudían las fuerzas armadas en todo el país como forma de romper las diferencias entre la sociedad y los militares a punto de dar el golpe de Estado. La idea es retomada por Cristina Fernández, como forma de aislar a los grupúsculos golpistas que buscan hacer pie en las nuevas generaciones de oficiales de las fuerzas de seguridad. “El gran desafío que tenemos es que el concepto de defensa vuelva a estar presente en todas aquellas áreas que están vinculadas a cuestiones estratégicas de nuestra sociedad”, señaló la mandataria, y entre ellas incluyó la defensa de los recursos naturales y la cooperación entre los ministerios de Defensa, Salud, Ciencia y Tecnología y Planificación Federal.
Derecha 2011.
Pero los golpistas siguen esperando una amnistía o indulto similar al que les prodigó Carlos Menem durante su mandato, en 1989 y 1990. Las elecciones presidenciales del año próximo podrían ser un globo de ensayo. Eduardo Duhalde, ex presidente y actual opositor al kirchnerismo, ya lanzó su precandidatura presidencial con una frase tan poco feliz como cercana a la apología del delito. “Quiero un gobierno para todos: para quienes amen a Videla y quienes no”, dijo en marzo pasado durante un mitin del peronismo disidente.
Dentro del Pro, el partido del empresario Mauricio Macri, hay sectores en busca de una alianza con el duhaldismo y a su vez entre ellos aparecen quienes, encabezados por el actual jefe del gabinete macrista, Horacio Rodríguez Larreta, no apoyaron con fervor los juicios por delitos de lesa humanidad y mantienen, con discreción, vínculos con sectores civiles y castrenses ligados a la última dictadura.
El sector más joven, liderado por las actuales diputadas Gabriela Michetti y Laura Alonso, repudió las declaraciones de Duhalde y apoya “el camino de la verdad y la justicia para cerrar las heridas” del pasado. Dentro del propio gobierno municipal de Mauricio Macri se sucedieron desde 2007 varias denuncias por la aparición de funcionarios ligados a la última dictadura militar.
Otro candidato peronista, Carlos Reutemann, reconoció la necesidad de “terminar de cuajo con un tema del pasado”, en relación con los juicios. A mediados de junio se supo que el propio Reutemann ordenó incinerar documentación de la dictadura cuando fue gobernador de Santa Fe, entre 1999 y 2003. La denuncia de empleados estatales a los organismos de derechos humanos evitó que se perdiera información que actualmente sirve para nuevas acusaciones en juicios por delitos de lesa humanidad.
Tampoco permanecen ajenos a la movida los actuales senadores y ex gobernadores Ramón Puerta (Misiones), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), Carlos Menem (La Rioja) y Juan Carlos Romero (Salta), quienes ya se pronunciaron a favor de “alguna solución rápida para terminar con tantos años de judicialización” (sic) en los juicios.
Por ahora lo cierto es que los juicios siguen su marcha. Y pese a que los reos no reconocen su jurisdicción, las condenas lentamente arriman la justicia a la sociedad.
Videla habló para criticar a la democracia
Primero fue un pedido de amnistía general a los militares condenados por delitos de lesa humanidad. Ahora los argumentos durante un juicio vuelven a ser los mismos: “la lucha contra la subversión apátrida”. Los militares acusados de genocidio insisten en reivindicar toda su actuación y esperan confiados las elecciones de 2011 con las promesas de algunos candidatos derechistas.
Por Fabián Kovacik. Desde Buenos Aires.
El ex dictador Jorge Videla habló por primera vez ante un tribunal de la democracia que lo juzga por delitos de lesa humanidad, reivindicó todo lo actuado por sus subordinados y desconoció a la autoridad civil como jueza de sus actos militares. Fue en Córdoba, el pasado lunes a la mañana en pleno juicio por el asesinato de 31 presos políticos en la Unidad Penitenciaria 1 de esa provincia, entre abril y octubre de 1976.
Junto a Videla estaba sentado el ex general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del área militar de Córdoba en ese entonces, y candidato a presidente en la interna militar de 1975 que preparaba el golpe del 24 de marzo siguiente.
Videla se mantuvo en silencio durante todas las jornadas del juicio a las juntas militares en 1985, cuando fue condenado a reclusión perpetua y perdió el grado militar. Decidió no utilizar la posibilidad de descargo oral otorgada por el tribunal y en cambio se aferraba a un rosario y una Biblia. No le sirvieron inmediatamente, pero seis años después Carlos Menem lo indultó y abandonó la prisión. En 1998 volvió a la cárcel cuando el entonces juez federal Roberto Marquevich lo acusó por primera vez por robo de bebés, en lo que luego se comprobó fue un plan sistemático de apropiación de niños. En esa condición permanece desde entonces –12 años después– aunque sólo estuvo preso por algo más de un mes en la cárcel común de Caseros para ser finalmente trasladado a una unidad especial para detenidos militares en Campo de Mayo.
La estrategia de las defensas de los represores fue sintéticamente planteada el lunes por Videla: reclaman ser juzgados por la justicia militar, institución ya perimida y modificada definitivamente en 2008 para este tipo de delitos. Consideran que ya fueron juzgados durante el juicio a las tres primeras juntas militares en 1985, y apuntan directamente a las autoridades civiles de 1975 como responsables del ingreso de las fuerzas armadas al terreno del combate contra las organizaciones armadas y de izquierda en general.
Según un informe de la Procuración General de la Nación –responsable de todos los fiscales nacionales– divulgado en la tarde del miércoles 7, son 656 los represores procesados en el país. De ese total hay 325 imputados que ya cuentan con al menos una causa en etapa de juicio, y un grupo de 140 que pronto alcanzarían esa etapa procesal, según el estudio. Hay 18 juicios en todo el país y ya se alcanzó la cifra de 123 juzgados, con 110 condenados y 13 absueltos.
Reclamo de represores. Es la primera estocada de los genocidas tras el fallido intento de mayo pasado por alcanzar una amnistía en el marco de los festejos del bicentenario. Con poca repercusión en la prensa –Horacio Verbitsky encendió la alarma desde el diario Página 12, el 30 de mayo–, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, entregó una carta firmada por más de un centenar de militares y civiles, condenados, procesados y detenidos por violaciones a los derechos humanos entre 1976 y 1983, en la que solicitaban “un acto recíproco de olvido”, es decir una amnistía aprovechando los festejos del bicentenario. Entre los firmantes figuraban los ex dictadores Jorge Videla y Benito Bignone y los represores militares Miguel Etchecolatz, Santiago Riveros y Raúl Scheller, y los civiles Christian von Wernich y Julio Cirino. La arremetida facilitada por Bergoglio (también acusado de haber entregado a la represión en 1976 a los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics cuando era superior de la orden salesiana) estaba enmarcada en la presunta polarización social propiciada por el gobierno que “en lugar de justicia busca venganza”, según el propio religioso.
Cristina y los militares.
Mientras tanto, en la noche del martes 6, la presidenta Cristina Fernández presidió la cena anual de camaradería de las fuerzas armadas, donde rescató un mensaje caro al peronismo: sellar “la unidad entre el pueblo y sus militares”. Durante la vertiginosa sucesión de mandatarios peronistas en el último período constitucional antes del golpe de 1976, tanto Juan Perón como su esposa y sucesora, María Estela Martínez, habían reinstalado la vieja idea del primer período peronista –1946-1955–, sobre el rol social de las fuerzas armadas.
En 1975 el coronel Vicente Damasco, como ministro del Interior, y el jefe del ejército, teniente general Alberto Numa Laplane, fueron los ideólogos de operativos de trabajo solidario a los que acudían las fuerzas armadas en todo el país como forma de romper las diferencias entre la sociedad y los militares a punto de dar el golpe de Estado. La idea es retomada por Cristina Fernández, como forma de aislar a los grupúsculos golpistas que buscan hacer pie en las nuevas generaciones de oficiales de las fuerzas de seguridad. “El gran desafío que tenemos es que el concepto de defensa vuelva a estar presente en todas aquellas áreas que están vinculadas a cuestiones estratégicas de nuestra sociedad”, señaló la mandataria, y entre ellas incluyó la defensa de los recursos naturales y la cooperación entre los ministerios de Defensa, Salud, Ciencia y Tecnología y Planificación Federal.
Derecha 2011.
Pero los golpistas siguen esperando una amnistía o indulto similar al que les prodigó Carlos Menem durante su mandato, en 1989 y 1990. Las elecciones presidenciales del año próximo podrían ser un globo de ensayo. Eduardo Duhalde, ex presidente y actual opositor al kirchnerismo, ya lanzó su precandidatura presidencial con una frase tan poco feliz como cercana a la apología del delito. “Quiero un gobierno para todos: para quienes amen a Videla y quienes no”, dijo en marzo pasado durante un mitin del peronismo disidente.
Dentro del Pro, el partido del empresario Mauricio Macri, hay sectores en busca de una alianza con el duhaldismo y a su vez entre ellos aparecen quienes, encabezados por el actual jefe del gabinete macrista, Horacio Rodríguez Larreta, no apoyaron con fervor los juicios por delitos de lesa humanidad y mantienen, con discreción, vínculos con sectores civiles y castrenses ligados a la última dictadura.
El sector más joven, liderado por las actuales diputadas Gabriela Michetti y Laura Alonso, repudió las declaraciones de Duhalde y apoya “el camino de la verdad y la justicia para cerrar las heridas” del pasado. Dentro del propio gobierno municipal de Mauricio Macri se sucedieron desde 2007 varias denuncias por la aparición de funcionarios ligados a la última dictadura militar.
Otro candidato peronista, Carlos Reutemann, reconoció la necesidad de “terminar de cuajo con un tema del pasado”, en relación con los juicios. A mediados de junio se supo que el propio Reutemann ordenó incinerar documentación de la dictadura cuando fue gobernador de Santa Fe, entre 1999 y 2003. La denuncia de empleados estatales a los organismos de derechos humanos evitó que se perdiera información que actualmente sirve para nuevas acusaciones en juicios por delitos de lesa humanidad.
Tampoco permanecen ajenos a la movida los actuales senadores y ex gobernadores Ramón Puerta (Misiones), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), Carlos Menem (La Rioja) y Juan Carlos Romero (Salta), quienes ya se pronunciaron a favor de “alguna solución rápida para terminar con tantos años de judicialización” (sic) en los juicios.
Por ahora lo cierto es que los juicios siguen su marcha. Y pese a que los reos no reconocen su jurisdicción, las condenas lentamente arriman la justicia a la sociedad.
El represor Luciano Benjamín Menéndez fue sentenciado a perpetua por cuarta vez.
Condenas para represores inmutables.
Página 12. Viernes 9 de julio de 2010.
El ex jefe de inteligencia de la policía tucumana también recibió cadena perpetua y fue enviado a una cárcel común. Otros dos policías juzgados tendrán que cumplir dieciocho años de prisión y tres en suspenso.
Por Ramiro Rearte
Desde Tucumán
Luciano Benjamín Menéndez escuchó la condena en su contra sin inmutarse. Siguió con la mirada fija sin hacer caso de la palabra del secretario del tribunal, que estaba leyendo su sentencia. Su abogado defensor, Horacio Guerineau, fue el primero en retirarse del edificio y, para evitar los abucheos de miembros de organismos de derechos humanos que hacían vigilia en la puerta, se fue por una salida lateral. Roberto “El Tuerto” Albornoz, ex jefe de inteligencia de la policía tucumana, tampoco se alteró al conocer que deberá cumplir cadena perpetua en el penal de Villa Urquiza.
Los jueces Carlos Jiménez Montilla, Josefina Curi y Gabriel Casas dieron a conocer su decisión ayer al mediodía. Menéndez y Albornoz recibieron la pena de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Jefatura de Policía de Tucumán. Los jueces decidieron mantener por el momento el beneficio de la prisión domiciliaria del ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército. Se quedará en el country Jockey Club en Yerbabuena hasta el lunes. Ese día volverá a Córdoba, donde afronta otro juicio junto al dictador Jorge Rafael Videla. Allí será alojado en la cárcel de Bower.
También fueron condenados los policías Luis y Carlos De Cándido. El primero recibió dieciocho años de prisión y su hermano, tres de ejecución condicional. Durante la dictadura cumplieron, respectivamente, funciones de carceleros y apropiadores de casas de personas secuestradas.
Los cuatro represores fueron juzgados y condenados por la muerte y desaparición de veintidós personas en el centro clandestino de detención “Jefatura de Policía”, durante la década del ’70, cuando Menéndez se desempeñaba como jefe del Tercer Cuerpo de Ejército.
Menéndez fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser autor mediato penalmente responsable de la comisión de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada, torturas seguida de muerte, homicidio agravado por alevosía con el fin de lograr impunidad y por el concurso premeditado de dos o más partícipes, todos delitos de lesa humanidad, dice el fallo.
El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército –que abarcaba las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, San Luis, San Juan, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Mendoza y Tucumán– ya tiene otras tres condenas perpetuas en su haber: dos en Córdoba y otra en Tucumán.
El represor Roberto Heriberto Albornoz recibió la condena a “prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser co-autor material penalmente responsable de la comisión del delito de asociación ilícita en calidad de organizador, por ser autor material penalmente responsable de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada, torturas seguida de muerte y homicidio agravado por alevosía, con el fin de lograr impunidad y por el concurso premeditado de dos o más partícipes”.
Luis De Cándido fue condenado a “dieciocho años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser co-autor material penalmente responsable de la comisión del delito de asociación ilícita agravada, violación del domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, torturas seguida de muerte y usurpación de domicilio”.
Carlos De Cándido recibió la condena de “tres años de prisión de ejecución condicional, al cumplimiento de las reglas de conducta por ser autor material penalmente responsable de la comisión del delito de usurpación”.
En esta causa también estaba acusado originalmente Antonio Domingo Bussi, pero fue luego excluido por razones de salud. Otros dos represores involucrados en el expediente, Albino Zimmerman y Alberto Cattáneo, murieron mientras se desarrollaba el debate.
La lectura de la sentencia se vivió con mucha tensión en las inmediaciones del tribunal. Se montó un fuerte operativo de seguridad con doble vallado para el ingreso a la sala, ubicada a tres cuadras de la Casa Histórica. Gendarmería Nacional se encargó de la custodia externa y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), de la custodia interna del recinto.
Si bien se descontaba que los genocidas iban a ser condenados, se pretendía que todos fueran a cárcel común. A diferencia del juicio en el que se condenó a Menéndez y a Antonio Domingo Bussi en agosto de 2008, en este proceso los familiares de las víctimas del centro clandestino no ocultaron sus emociones durante toda la jornada. Pasaron desde la alegría por conocer la condena a Albornoz hasta la sorpresa por los tres años de prisión para uno de los De Cándido y el llanto al recordar a los familiares que no están, y fueron nombrados en cada imputación.
Los últimos en dejar la sala fueron los condenados, quienes esperaron a que los militantes de los organismos de derechos humanos se fueran del lugar para subir al móvil de la Policía Federal que los esperaba en la puerta. Durante la siesta tucumana, Menéndez, Albornoz y De Cándido se fueron sin nadie en las calles que los abuchearan, pero cargando sus condenas.
La lista de los desaparecidos.
Uno de los momentos de mayor conmoción que se vivieron durante el proceso judicial en Tucumán fue cuando el mes pasado el testigo Juan Carlos Clemente aportó de manera sorpresiva dos biblioratos con documentación confidencial de los represores que manejaron el centro clandestino de detención “Jefatura de Policía”.
La documentación histórica que entregó Clemente no sólo develó la lista con las 293 víctimas que estuvieron secuestradas en la ex jefatura, sino también quiénes fueron los oficiales, suboficiales y agentes que integraron la “patota” del Servicio de Información Confidencial (SIC), liderada por el represor Roberto “El Tuerto” Albornoz, ahora condenado en el juicio oral y público que se sigue por violaciones a los derechos humanos cometidos en ese centro clandestino de detención. Los documentos secretos fueron publicados por Página/12.
Clemente contó que mantuvo esa documentación en secreto durante 33 años porque no confiaba en nadie y vivía permanentemente amenazado. En su relato, narró que fue secuestrado el 23 de julio de 1976 y meses después lo obligaron a ingresar a una oficina administrativa del SIC, donde lo hacían archivar papeles. A fines de 1977, cuando fue desmantelado ese organismo clandestino de la dictadura, y ya convertido en policía, dijo que logró rescatar esos dos biblioratos, en momentos en que la mayoría de los papeles se arrojaba a una fogata.
En los dos libros también figuran fotocopias de 28 fotografías de personas, que en muchos casos tienen la indicación “NG” (nombres de guerra), una lista denominada “Operativos aprobados pendientes de ejecución” que contiene los nombres de 28 personas, otra titulada “Nómina de DS que actualmente se encuentran en la clandestinidad cuya captura se hace necesaria”, que incluye los nombres de 36 personas. La lista de las 293 personas que estuvieron en cautiverio en la ex Jefatura generó conmoción en los familiares. Al lado de 195 nombres figura la sigla DF, es decir, “disposición final”, es decir, que habían sido asesinados.
Voces sobre la sentencia.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, estuvo en la audiencia y afirmó que ante “el discurso arrogante y amenazante de Menéndez sobre el terrorismo de Estado”, el fallo “es la mejor demostración de la veracidad de las acusaciones”. “Son asesinos sádicos y seriales. Fue un juicio donde los procesados han tenido todas las garantías procesales que les correspondían. Y sin lugar a dudas, que la cárcel común siempre es un anhelo en todos estos juicios. Es un paso más hacia adelante y seguiremos impulsando los restantes juicios en todas las provincias para que ningún asesino quede impune”, agregó.
La ex diputada Vilma Ripoll aseguró que “lo que se vivió es histórico y si bien en algunos casos, con los tres años no conforman, creo que lo esencial es que se ha dado una señal al conjunto y a la dinámica de los juicios y demostrando que la verdad y la justicia pueden permitir dar pasos contra la impunidad”.
Daniel Posse, secretario de Derechos Humanos de Tucumán, afirmó que la sentencia tiene características ejemplificadoras: “Es muy bueno que la Justicia llegue, es muy bueno que se condene a estos nefastos personajes, pero también es bueno recordar lo que han hecho. Perseguimos que se haga justicia y se lo logra con el cumplimiento efectivo de la cárcel porque es increíble que por delitos menores las personas vayan al penal de Villa Urquiza y que por hechos de tal gravedad puedan ser eximidos de cárcel común”.
Alfredo Terraf, fiscal general del juicio, aseguró que “nada ni nadie les podrá devolver a los familiares a sus seres queridos y el dolor y la angustia que han vivido por la ausencia. Pero es un fallo histórico y estoy muy satisfecho que vayan a la cárcel estos violadores y asesinos y torturadores. Albornoz nunca fue un perejil. Los perejiles éramos nosotros y lo seguimos siendo. Ellos eran los dueños de la vida, de nosotros, de la casa de los bienes, de la felicidad, ellos entraban de noche, arrancaban de las casas a las personas. Estamos en condiciones de decir hoy, que tarea cumplida con respecto a ellos”.
Página 12. Viernes 9 de julio de 2010.
El ex jefe de inteligencia de la policía tucumana también recibió cadena perpetua y fue enviado a una cárcel común. Otros dos policías juzgados tendrán que cumplir dieciocho años de prisión y tres en suspenso.
Por Ramiro Rearte
Desde Tucumán
Luciano Benjamín Menéndez escuchó la condena en su contra sin inmutarse. Siguió con la mirada fija sin hacer caso de la palabra del secretario del tribunal, que estaba leyendo su sentencia. Su abogado defensor, Horacio Guerineau, fue el primero en retirarse del edificio y, para evitar los abucheos de miembros de organismos de derechos humanos que hacían vigilia en la puerta, se fue por una salida lateral. Roberto “El Tuerto” Albornoz, ex jefe de inteligencia de la policía tucumana, tampoco se alteró al conocer que deberá cumplir cadena perpetua en el penal de Villa Urquiza.
Los jueces Carlos Jiménez Montilla, Josefina Curi y Gabriel Casas dieron a conocer su decisión ayer al mediodía. Menéndez y Albornoz recibieron la pena de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Jefatura de Policía de Tucumán. Los jueces decidieron mantener por el momento el beneficio de la prisión domiciliaria del ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército. Se quedará en el country Jockey Club en Yerbabuena hasta el lunes. Ese día volverá a Córdoba, donde afronta otro juicio junto al dictador Jorge Rafael Videla. Allí será alojado en la cárcel de Bower.
También fueron condenados los policías Luis y Carlos De Cándido. El primero recibió dieciocho años de prisión y su hermano, tres de ejecución condicional. Durante la dictadura cumplieron, respectivamente, funciones de carceleros y apropiadores de casas de personas secuestradas.
Los cuatro represores fueron juzgados y condenados por la muerte y desaparición de veintidós personas en el centro clandestino de detención “Jefatura de Policía”, durante la década del ’70, cuando Menéndez se desempeñaba como jefe del Tercer Cuerpo de Ejército.
Menéndez fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser autor mediato penalmente responsable de la comisión de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada, torturas seguida de muerte, homicidio agravado por alevosía con el fin de lograr impunidad y por el concurso premeditado de dos o más partícipes, todos delitos de lesa humanidad, dice el fallo.
El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército –que abarcaba las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, San Luis, San Juan, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Mendoza y Tucumán– ya tiene otras tres condenas perpetuas en su haber: dos en Córdoba y otra en Tucumán.
El represor Roberto Heriberto Albornoz recibió la condena a “prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser co-autor material penalmente responsable de la comisión del delito de asociación ilícita en calidad de organizador, por ser autor material penalmente responsable de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada, torturas seguida de muerte y homicidio agravado por alevosía, con el fin de lograr impunidad y por el concurso premeditado de dos o más partícipes”.
Luis De Cándido fue condenado a “dieciocho años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser co-autor material penalmente responsable de la comisión del delito de asociación ilícita agravada, violación del domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, torturas seguida de muerte y usurpación de domicilio”.
Carlos De Cándido recibió la condena de “tres años de prisión de ejecución condicional, al cumplimiento de las reglas de conducta por ser autor material penalmente responsable de la comisión del delito de usurpación”.
En esta causa también estaba acusado originalmente Antonio Domingo Bussi, pero fue luego excluido por razones de salud. Otros dos represores involucrados en el expediente, Albino Zimmerman y Alberto Cattáneo, murieron mientras se desarrollaba el debate.
La lectura de la sentencia se vivió con mucha tensión en las inmediaciones del tribunal. Se montó un fuerte operativo de seguridad con doble vallado para el ingreso a la sala, ubicada a tres cuadras de la Casa Histórica. Gendarmería Nacional se encargó de la custodia externa y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), de la custodia interna del recinto.
Si bien se descontaba que los genocidas iban a ser condenados, se pretendía que todos fueran a cárcel común. A diferencia del juicio en el que se condenó a Menéndez y a Antonio Domingo Bussi en agosto de 2008, en este proceso los familiares de las víctimas del centro clandestino no ocultaron sus emociones durante toda la jornada. Pasaron desde la alegría por conocer la condena a Albornoz hasta la sorpresa por los tres años de prisión para uno de los De Cándido y el llanto al recordar a los familiares que no están, y fueron nombrados en cada imputación.
Los últimos en dejar la sala fueron los condenados, quienes esperaron a que los militantes de los organismos de derechos humanos se fueran del lugar para subir al móvil de la Policía Federal que los esperaba en la puerta. Durante la siesta tucumana, Menéndez, Albornoz y De Cándido se fueron sin nadie en las calles que los abuchearan, pero cargando sus condenas.
La lista de los desaparecidos.
Uno de los momentos de mayor conmoción que se vivieron durante el proceso judicial en Tucumán fue cuando el mes pasado el testigo Juan Carlos Clemente aportó de manera sorpresiva dos biblioratos con documentación confidencial de los represores que manejaron el centro clandestino de detención “Jefatura de Policía”.
La documentación histórica que entregó Clemente no sólo develó la lista con las 293 víctimas que estuvieron secuestradas en la ex jefatura, sino también quiénes fueron los oficiales, suboficiales y agentes que integraron la “patota” del Servicio de Información Confidencial (SIC), liderada por el represor Roberto “El Tuerto” Albornoz, ahora condenado en el juicio oral y público que se sigue por violaciones a los derechos humanos cometidos en ese centro clandestino de detención. Los documentos secretos fueron publicados por Página/12.
Clemente contó que mantuvo esa documentación en secreto durante 33 años porque no confiaba en nadie y vivía permanentemente amenazado. En su relato, narró que fue secuestrado el 23 de julio de 1976 y meses después lo obligaron a ingresar a una oficina administrativa del SIC, donde lo hacían archivar papeles. A fines de 1977, cuando fue desmantelado ese organismo clandestino de la dictadura, y ya convertido en policía, dijo que logró rescatar esos dos biblioratos, en momentos en que la mayoría de los papeles se arrojaba a una fogata.
En los dos libros también figuran fotocopias de 28 fotografías de personas, que en muchos casos tienen la indicación “NG” (nombres de guerra), una lista denominada “Operativos aprobados pendientes de ejecución” que contiene los nombres de 28 personas, otra titulada “Nómina de DS que actualmente se encuentran en la clandestinidad cuya captura se hace necesaria”, que incluye los nombres de 36 personas. La lista de las 293 personas que estuvieron en cautiverio en la ex Jefatura generó conmoción en los familiares. Al lado de 195 nombres figura la sigla DF, es decir, “disposición final”, es decir, que habían sido asesinados.
Voces sobre la sentencia.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, estuvo en la audiencia y afirmó que ante “el discurso arrogante y amenazante de Menéndez sobre el terrorismo de Estado”, el fallo “es la mejor demostración de la veracidad de las acusaciones”. “Son asesinos sádicos y seriales. Fue un juicio donde los procesados han tenido todas las garantías procesales que les correspondían. Y sin lugar a dudas, que la cárcel común siempre es un anhelo en todos estos juicios. Es un paso más hacia adelante y seguiremos impulsando los restantes juicios en todas las provincias para que ningún asesino quede impune”, agregó.
La ex diputada Vilma Ripoll aseguró que “lo que se vivió es histórico y si bien en algunos casos, con los tres años no conforman, creo que lo esencial es que se ha dado una señal al conjunto y a la dinámica de los juicios y demostrando que la verdad y la justicia pueden permitir dar pasos contra la impunidad”.
Daniel Posse, secretario de Derechos Humanos de Tucumán, afirmó que la sentencia tiene características ejemplificadoras: “Es muy bueno que la Justicia llegue, es muy bueno que se condene a estos nefastos personajes, pero también es bueno recordar lo que han hecho. Perseguimos que se haga justicia y se lo logra con el cumplimiento efectivo de la cárcel porque es increíble que por delitos menores las personas vayan al penal de Villa Urquiza y que por hechos de tal gravedad puedan ser eximidos de cárcel común”.
Alfredo Terraf, fiscal general del juicio, aseguró que “nada ni nadie les podrá devolver a los familiares a sus seres queridos y el dolor y la angustia que han vivido por la ausencia. Pero es un fallo histórico y estoy muy satisfecho que vayan a la cárcel estos violadores y asesinos y torturadores. Albornoz nunca fue un perejil. Los perejiles éramos nosotros y lo seguimos siendo. Ellos eran los dueños de la vida, de nosotros, de la casa de los bienes, de la felicidad, ellos entraban de noche, arrancaban de las casas a las personas. Estamos en condiciones de decir hoy, que tarea cumplida con respecto a ellos”.
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Día del Liberad@
Club Bohemios. 14 de marzo 2010
Ministro de Educación y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich
Visita a nuestra sede social
Conferencia de Prensa en Crysol
Anunciando celebración del Día del Liberad@
Salsipuedes
Abril de 2010
Vocal
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Vicepresidente
Baldemar Taroco
Tesorero
Carlos "Tito" Lopéz
Secretario
Enrique Chalar
Presidente
Gastón Grisoni