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miércoles, 18 de agosto de 2010

Fiscal pide el procesamiento para el coronel (r) Calcagno

Guianze. Tipificó coautoría de dos delitos de desaparición forzada. Solicitud basada en los "Archivos del Terror".

La República. 18 8 10

El coronel Calcagno. Está recluido en la cárcel especial de Domingo Arena.

La fiscal Mirtha Guianze solicitó el procesamiento con prisión del coronel (r) Carlos Calcagno, por su responsabilidad en el secuestro de los militantes del PVP, Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, en mayo de 1977, durante un operativo conjunto de las fuerzas represivas uruguayas, argentinas y paraguayas, en el marco del "Plan Cóndor".

La representante del Ministerio Público solicitó el enjuiciamiento del militar, jefe de Contrainformaciones del Ejército uruguayo durante la Dictadura, por "dos delitos de coautoría de desaparición forzada", al amparo de los dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 18.026, explicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

El pedido de procesamiento formulado por la fiscal Guianze se sustenta en amplia información documental y testimonial obtenida durante el transcurso de la indagatoria, especialmente archivos de los servicios de Inteligencia paraguayos, dijeron las fuentes. En este sentido, la jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, fijó para el próximo martes 24 la audiencia ratificatoria (artículo 126 del CPP) para informar al militar de la requisitoria fiscal. La defensa tendrá la posibilidad en dicha instancia de constestar la imputación e incluso solicitar nuevas medidas probatorias, explicaron las fuentes.

Inzaurralde y Santana fueron detenidos el 28 de marzo de 1977 y derivados al Departamento de Investigaciones de la Policía donde fueron torturados. La detención está ampliamente documentada en el llamado "Archivo del Terror", encontrado por el activista en derechos humanos Martín Almada.

En este sentido, uno de los documentos es un parte enviado por el comisario paraguayo Alberto B. Cantero al jefe del III Departamento de Investigaciones que dirigía Pastor M. Coronel, explicita las "tareas" desarrolladas por un "equipo de trabajo" que interrogó a Inzaurralde y Santana los días 5, 6 y 7 de abril de 1977.

"Interrogados minuciosamente cada uno de los detenidos, no aportaron mayormente datos nuevos a los ya conocidos y que en su oportunidad esa jefatura ya elevara a la superioridad", expresa el parte.

El documento afirma que el "equipo de trabajo" estaba integrado por el coronel Benito Guanes, el teniente coronel Galo Escobar, el teniente primero Angel Spada, y el sargento Juan Carlos Camicha de Paraguay, los agentes José Montenegro y Alejandro Strada del SIDE argentino, y por el entonces jefe de Contrainformaciones del Ejército uruguayo, el mayor Carlos Calcagno.

Ambos militante del PVP fueron entregados al coronel (r) Calcagno, y el 16 de mayo fueron trasladados en un avión de la armada argentina hacia Buenos Aires, según otro documento oficial. Posteriormente habrían sido trasladados hacia Uruguay.

"Los documentos de los propios servicios de inteligencia paraguayos son una prueba irrefutable en la cual se sustancia el pedido de la Fiscalía, por cuanto narran en detalle todas las actividades en la lucha contra los grupos insurgentes. Allí está ampliamente documentada la presencia de Calcagno en Paraguay para participar en la entrega de Inzaurralde y Santana", señalaron las fuentes.

Calcagno se encuentra actualmente bajo arresto administrativo en la Unidad Penitenciaria Nº 8, "Cárcel Especial para Militares", ante un pedido de extradición librado por el juez paraguayo Gustavo Santander, en el marco de la indagatoria sustanciada en Paraguay por la desaparición de Federico Tatter, un militante opositor al régimen del general Alfredo Stroessner.

El proceso de extradición es tramitado en Uruguay por el juez Penal de 10º Turno, Rolando Vomero y ya cuenta con un pronunciamiento favorable de la fiscal María Cristina González. Sin embargo, el posible procesamiento de Calcagno en Uruguay implicaría la suspensión del proceso extraditorio. La desparición de Inzaurralde y Santana también es parte del proceso penal iniciado en Paraguay sobre la coordinación represiva del "Plan Cóndor".

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