La Asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

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jueves, 30 de enero de 2020

La Justicia solicitó el desafuero



Guido Manini Ríos violó la ley para encubrir
a José Nino Gavazzo

La omisión de Guido Manini Ríos de denunciar ante la justicia la confesión voluntaria que brindara José Nino Gavazzo ante el Tribunal de Honor, acerca de la desaparición de Roberto Gomensoro en 1973, hubiera permitido que continuara como inocente de dicho crimen. La causa judicial que lo involucraba había sido archivada. José Nino Gavazzo había sido exculpado en ella por falta de pruebas, ya que negó su participación en el hecho y se negó a  brindar testimonio en los estrados judiciales.


Manini Ríos ocultó información clave y encubrió  un crimen horrendo (Foto: Leonardo Carreño)


La difusión pública que sobre el funcionamiento del Tribunal de Honor realizó el periodista Leonardo Haberkorn posibilitó que el Fiscal Especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Dr. Ricardo Perciballe, solicitara y lograra la reapertura de la causa de Roberto Gomensoro Josman.

Roberto Gomensoro: el primer desaparecido por las FFAA

Roberto Gomensoro es un caso emblemático del terrorismo estatal. Fue detenido por las Fuerzas Armadas en marzo de 1973, antes de la disolución de las Cámaras, conducido al Batallón de Artillería N°1, asesinado, presumiblemente durante los crueles interrogatorios a que fue sometido y su cuerpo fue desaparecido. Sus restos fueron identificados luego de varias décadas.

Manini debió denunciar por escrito

Todos los funcionarios del Estado en el ejercicio de sus funciones tienen la obligación de denunciar ante la justicia  los hechos con apariencia delictiva acerca de los cuales toman conocimiento.

El general Guido Manini Ríos, como Comandante en Jefe del Ejército, debió informar por escrito a la justicia penal que José Nino Gavazzo había declarado, voluntariamente,  ante un tribunal de honor, haber hecho desaparecer el cuerpo de Roberto Gomensoro Josman arrojándolo a las aguas del Río Negro.

Asimismo debió haber informado, de manera formal, como corresponde en la función pública, que en el mismo tribunal el ahora coronel en situación de reforma Jorge “Pajarito” Silveira declaró que  Gavazzo fue el responsable del asesinato de otra persona que estaba detenida en el cuartel de Artillería N° 1 y que permanece desaparecida hasta el día de hoy.

La omisión flagrante y comprobada de Guido Manini Ríos de cumplir con su obligación de informar a la justicia acerca de un hecho con clara apariencia delictiva es un delito penado por las leyes vigentes. También fue un acto solapado de ocultamiento y encubrimiento de su parte de la responsabilidad de José Nino Gavazzo para garantizar su impunidad.

Tres generales lo denunciaron

Siguiendo el ritual delictivo de los terroristas estatales desde el retorno a la institucionalidad democrática, Guido Manini Ríos niega su responsabilidad en los hechos. Acusa al poder judicial de perseguirlo siguiendo directivas del poder político. Se presenta ante la opinión pública y los medios de comunicación victimizándose. Como todos los involucrados en los crímenes de Lesa Humanidad recurre a todas las artimañas legales habidas y por haber para enlentecer y evadir la justicia.

Al presentar testimonio ante la justicia, indagados por su participación en el tribunal de honor que juzgó la conducta de José Nino Gavazzo y de Jorge “Pajarito” Silveira, los generales Alfredo Erramún, Gustavo Fajardo y José González,  denunciaron a Manini Ríos. Declararon que ellos lo alertaron  en dos oportunidades acerca del tenor de las declaraciones a las cuales accedieron.

El comandante en jefe, así consta en el expediente administrativo, desechó lo asesorado por sus generales. Consciente de las implicancias jurídicas y políticas que la presentación de la denuncia podía tener, optó por no realizarla y encubrir a los involucrados: José Nino Gavazzo y Jorge “Pajarito” Silveira.

Cesado en el cargo por hacer política

Guido Manini Ríos violentó las disposiciones constitucionales que le impedían hacer política como militar. Fue cesado por el Poder Ejecutivo, en marzo del año pasado, por realizar comentarios políticos sobre la actuación del Poder Judicial al presentar su informe sobre la actuación de los tribunales de honor. Aunque omitió explicitar lo testimoniado por Nino Gavazzo y Jorge “Pajarito” Silveira, al presentar el informe, cuestionó la labor del Poder Judicial y defendió a todos los condenados por él durante el período del terrorismo de Estado. Semanas después, un Tribunal en Roma, los condenó, a todos, sin excepción,  a cadena perpetua.

Los delincuentes deben ser juzgados y condenados

Guido Manini Ríos ha despreciado públicamente a quienes reclaman justicia por las graves violaciones a los derechos humanos. Las víctimas de atropellos, abusos sexuales, torturas, secuestros, asesinatos y desapariciones, tienen derecho a reclamar que quienes cometieron dichos crímenes sean juzgados y condenados.

Los derechos no caducan. Aunque hayan  transcurrido más de 40 años. Los familiares de los detenidos desaparecidos tienen derecho a reclamar no solamente los restos de sus seres queridos sino también a conocer la verdad, solo alcanzable, como lo demuestra la experiencia internacional, a través de la justicia. Conocer la verdad implica saber a cabalidad el qué, el cuándo, el dónde, el quién, el porqué de lo ocurrido con cada uno de los detenidos desaparecidos.

La atrevida soberbia que confiere la impunidad

Hasta el momento en Uruguay, solamente un pequeño grupo de criminales estatales ha sido juzgado y condenado. La justicia uruguaya, el poder del Estado con las mayores potestades para investigar y esclarecer los hechos delictivos, no se ha caracterizado por su ejecutividad ni compromiso, salvo excepciones remarcables.

El terrorismo de Estado fue un proyecto de país. La complicidad de una parte del sistema político, de los grandes medios de comunicación, de los  grupos económicos poderosos asociados a la dictadura y la actuación amedrentadora de grupos paramilitares como el “Comando Barneix”, continúan siendo un fuerte escollo para que el Poder Judicial cumpla a cabalidad con sus obligaciones.

Manini Ríos ha cuestionado reiteradamente a las víctimas. Ha definido como errores  los crímenes más horrendos. Ha ocultado información y encubrió a Gavazzo y a Jorge “Pajarito” Silveira. En democracia, somos todos iguales ante la ley: debe haber justicia. Los delincuentes deben ser juzgados y condenados. El Senado debe votar su desafuero  como corresponde ya que sobran evidencias en su contra.
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Opinando N° 1 – Año 9 – Miércoles 29 de enero de 2020

lunes, 27 de enero de 2020

Declarará el asesino de Bleier

El general retirado Lezama declarará a principio de febrero en el marco de la causa que investiga el homicidio de Bleier

La Diaria - 26 de enero de 2020 - Escribe: Camila Zignago en Política nacional 

 Foto: Matilde Campodónico


Retrato de Eduardo Bleier, en manos de su hijo Gerardo (archivo, diciembre de 2015).
El fiscal Perciballe lo citó en calidad de indagado por su participación en el OCOA y el centro clandestino 300 Carlos.

En noviembre de 2019 se llevó a cabo una incautación en el domicilio del general retirado Juan Alberto Lezama, a pedido de Ricardo Perciballe, fiscal especializado en delitos de lesa humanidad. La acción tuvo lugar por los indicios presentados por Gerardo Bleier –hijo de uno de los detenidos desaparecidos en dictadura, Eduardo Bleier– de que en la vivienda había documentación relacionada con el rol que cumplió Lezama en el período dictatorial, en particular durante 1975 y 1976. La intención de la búsqueda surgió a partir de información brindada por un familiar del acusado.

Lezama fue denunciado por participar en interrogatorios durante el terrorismo de Estado, por tener conocimiento del proceso y el destino de cada uno de los detenidos desaparecidos en el marco de la Operación Morgan, así como por haber intervenido en la captura de Eduardo Bleier. Actualmente vive en Islas Canarias.

En diálogo con la diaria, Perciballe dijo que, una vez realizado el allanamiento, se hizo un estudio preliminar de la documentación y luego se la puso a disposición del equipo de Dirección de Proyectos Internos –que trabajan como apoyo de la Fiscalía– y la dependencia del Poder Judicial que se dedica a digitalizar los expedientes de la justicia militar: Archivos Judiciales Provenientes de la Justicia Militar. Esta dependencia también se encarga de los archivos encontrados en la casa del teniente coronel retirado José Nino Gavazzo. Hasta el momento, los documentos de Lezama no se han terminado de digitalizar. Cuando suceda, se hará un análisis que, según Perciballe, “no es sencillo”, para finalmente producir un informe.

Luego de la incautación se efectuó una audiencia, debido a que uno de los documentos hallados era un croquis que podría corresponder a entierros clandestinos. Perciballe sostuvo que aún no tienen una respuesta, pero que está siendo analizado por la antropóloga Alicia Lusiardo junto con el juzgado.

Un cúmulo de los archivos incautados se relaciona con el 300 Carlos, el mayor centro de tortura y detención del período dictatorial. Como consecuencia de la diversa documentación encontrada y por “saber que Lezama era un integrante del OCOA [Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas]”, señaló Perciballe, se solicitó una citación para que declare. Según el fiscal, el indagado sigue en Islas Canarias –también estaba allí cuando se hizo el allanamiento– y tiene problemas de salud, pero sus abogados estarían tramitando su venida a Uruguay. Perciballe confirmó que Lezama está citado a declarar para comienzos de febrero. Perciballe explicó que si no se presenta a esa instancia, se pediría una captura internacional o nacional, según el caso.

Las causas para la detención son varias: su actuación en el OCOA, su actividad en el 300 Carlos y el conocimiento que podría tener sobre las desapariciones de integrantes del Partido Comunista (PCU).

Las causas en detalle

La Operación Morgan configuró una intensa persecución, la detención y la tortura de integrantes del PCU y de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), fundamentalmente entre 1975 y 1976. Las acciones eran comandadas desde el OCOA, que tenía a su disposición uno de los equipos del Servicio de Información de Defensa, dependiente de la Junta de Comandantes en Jefe. Antes, desde 1973 hasta finales del 1975, la represión contra el PCU y la UJC se llevaba a cabo desde la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

El centro 300 Carlos, también conocido como Infierno Grande, funcionó de 1975 a 1977, y se estima que más de 500 personas estuvieron detenidas allí. El nombre podría relacionarse con el número de comunistas detenidos y Carlos Marx. En ese período, el complejo militar se fraccionaba en tres unidades: el Servicio Material de Armamento (SMA), el Batallón de Infantería Nº 13 y el Batallón de Comunicaciones Nº 5 (o Ingeniería Nº 5). Las tres dependían del Comando General del Ejército.

A Eduardo Bleier y Fernando Miranda los llevaron al SMA. Luego fueron trasladados al Batallón 13, donde posteriormente se encontrarían sus restos. A Lezama se lo vincula con ambos casos y con todo lo vinculado a la Operación Morgan. En este marco, según Presidencia, fueron nueve los detenidos desaparecidos del PCU y 16 los detenidos muertos durante la reclusión.

Según el semanario Brecha, Lezama, como jefe de la División de Informaciones del OCOA, se encargaba específicamente de interrogar, evaluar la información, analizar los testimonios y relacionarlos con los de los otros detenidos, para así elaborar listas de peligrosidad. También se lo asocia con el desarrollo de ese mismo papel en las represiones que, en 1977, tuvieron como destino final el centro La Tablada. Aun así, su participación en distintos ángulos de la dictadura, según Brecha, fue desde 1972 hasta 1978.

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lunes, 13 de enero de 2020

Memoria: resolución de la CIDH

Resolución para que los Estados de las Américas implementen políticas públicas

Resolución de la CIDH para el abordaje integral de la memoria

"Los lineamientos apuntan a construir políticas que parten del reconocimiento de un pasado de violencia y manifiestan un compromiso de no repetir tales hechos", señaló a Página/12 la Comisionada Antonia Urrejola Noguera, encargada del área de Memoria, Verdad y Justicia.

Por Constanza Bonsignore – Página 12  - 13 1 2020

La participación de las víctimas en el proceso es uno de los ejes del documento. 


Imagen: Guadalupe Lombardo 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó una resolución con recomendaciones para que los Estados de las Américas implementen políticas públicas de memoria a partir de un abordaje integral. 

"Los lineamientos apuntan a construir políticas que parten del reconocimiento de un pasado de violencia y manifiestan un compromiso de no repetir tales hechos", señaló a Página/12 la Comisionada Antonia Urrejola Noguera, encargada del área de Memoria, Verdad y Justicia. Los ejes temáticos son tres: educación, perfeccionamiento de todo lo relativo a los sitios de la memoria y un trabajo de cuidado del archivo histórico. El fin último el es "abordaje integral de la memoria".

El documento, que fue aprobado en el marco del 174 Período de Sesiones de la CIDH celebrado en Quito, Ecuador, el 9 de noviembre de 2019, contiene "recomendaciones que sirven de guía para el diseño, elaboración e implementación de políticas públicas de memoria, que considere los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos y las experiencias nacionales y locales, a partir de un abordaje integral, con un enfoque de derechos humanos, género e intercultural, y que involucre a las poblaciones en situación de vulnerabilidad y objeto de discriminación histórica afectadas por las graves violaciones a los derechos humanos".

"Los lineamientos apuntan a involucrar a los Estados en la construcción de políticas institucionales que parten del reconocimiento de un pasado de violencia y manifiestan un compromiso de no repetir tales hechos", señaló la Comisionada Antonia Urrejola Noguera, encargada del área de Memoria, Verdad y Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en diálogo con Página/12.

La resolución se estructura en tres ejes temáticos principales: principios relativos a iniciativas de memoria de carácter educativo, cultural o de otra naturaleza –que se refiere prioritariamente a cuestiones sobre el diseño e implementación de esas iniciativas; principios relativos a los sitios de memoria –que se refiere a los procesos de identificación, señalización, construcción o recuperación y gestión sustentable; y los principios relativos a los archivos- lo que implica criterios de creación o recuperación, accesibilidad, derecho a la información y restriccones al acceso de información.

Por otro lado, uno de los principios generales que propone la resolución es un "abordaje integral de la memoria". "Ese concepto de abordaje integral es planteado considerando una mirada que es trabajada, especialmente, por la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y que defiende la coordinación entre los distintos mecanismos de justicia transicional", indicó Urrejola Noguera. Es decir, la obligación de adoptar políticas públicas de memoria debe ser asegurada en conjunto con procesos de justicia y rendición de cuentas, incluida la búsqueda de la verdad, el establecimiento de reparaciones y la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos.

La participación de las víctimas comprende otro de los principios que adopta la CIDH. "Los Estados tienen la obligación de garantizar que las víctimas y comunidades locales puedan participar en todas las etapas de las políticas públicas de memoria y que puedan impulsar y gestionar iniciativas autónomas de memoria", resalta el documento.

El involucramiento de la sociedad civil se constituye como otro de los lineamientos generales que propone el organismo internacional. "Los Estados deben llevar adelante estrategias activas de difusión y sensibilización dirigidas a la sociedad civil a los efectos de estimular su involucramiento en la formulación de políticas públicas de memoria", señala la resolución.

El resto de los fundamentos generales a los que adscribe el documento apuntan a la idoneidad de las personas a cargo de las políticas de memoria; a la integración de equipos interdisciplinarios de investigación y asistenciales, juristas; a un enfoque intercultural y de género; a la integración regional y a la obligación de los Estados de asegurar el financiamiento de las políticas públicas de memoria.

"No cabe duda que elaborar lineamientos para la construcción de una política de memoria es una demanda histórica de las víctimas y la sociedad civil. Recordar los hechos relacionados a las graves violaciones es una forma de honrar a las víctimas pero también de fortalecer los valores democráticos y respetuosos a los derechos humanos en la sociedad", destacó Urrejola Noguera.

La encargada del área de Memoria, Verdad y Justicia subrayó que la intención del organismo es que el documento "pueda ser apropiado como una herramienta en las estrategias de lucha contra el negacionismo y revisionismo y, sobre todo, como una guía a los Estados en la formulación e implementación de políticas públicas de memoria en las Américas".

Los principios son resultado de un proceso de consultas públicas iniciado en 2017, la primera realizada en Montevideo, en el 21 de octubre, por la entonces Unidad Temática sobre Memoria, Verdad y Justicia; la segunda realizada con el apoyo de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) y la Red Latinoamericana de Justicia de Transición (RLAJT) en Sucre el 14 de febrero de 2019; así como el diálogo con personas expertas el 23 de octubre en São Paulo.

"Es un marco que se fundamenta en buenas prácticas ya observadas en países de la región, en obligaciones establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos, en las demandas de la sociedad civil y víctimas y en muchas otras fuentes", resaltó Urrejola Noguera.

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jueves, 9 de enero de 2020

Bienvenido a casa


Tiempos recios, de Mario Vargas Llosa

Bienvenido a casa

Búsqueda  Nº2054 - 09 AL 15 DE ENERO DE 2020

Por Rodolfo Ponce de León


La última novela de Mario Vargas Llosa (Arequipa, Perú, 1936) comienza con un episodio que no podía ser más actual: la elaboración de una fake news con una finalidad política espuria. 

El encuentro de dos judíos emigrados a Estados Unidos, el creador de la empresa United Fruit y el inventor de las public relations y experto en publicidad urdirán la trama para convencer a los directivos de la poderosa empresa multinacional norteamericana que con la ley de reforma agraria que se acaba de aprobar en Guatemala, su presidente Jacobo Árbenz pretende convertir al país en un protectorado soviético.

La feroz reacción anticomunista no demora: hay amenaza de invasión con los marines y la sombra macartista oscurece América Central. Estamos en 1954, apenas tres años después que Árbenz, hombre ajeno al comunismo, había asumido el gobierno en elecciones libres y empezaba a intentar la modernización de su país. Su ley de reforma agraria molestó comercialmente a United Fruit y eso fue suficiente para que la CIA lo empujara al abismo, reemplazándolo por un dictadorzuelo.


Se trata entonces de una novela política en la tradición hispanoamericana de novelas de dictadores  que se inicia con Tirano Banderas, de Ramón del Valle Inclán, y continúa con El señor Presidente de Miguel Angel Asturias,  El recurso del método de Alejo Carpentier, Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos, El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez, a las que debemos sumar del propio Vargas Llosa Conversación en la catedral y La fiesta del Chivo, donde destripa respectivamente los tiempos de Odría en Perú y de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana.

Tiempos recios (Alfaguara, 2019, 353 páginas) se divide en dos partes desiguales: la primera, “Antes”, extensa y fascinante, contiene todas las historias y los hechos reales o imaginarios ocurridos en la Guatemala de los años 50; la segunda, “Después”, es una suerte de epílogo mucho más breve, y nos sorprende con que uno de los personajes que parecía de ficción pertenece en cambio al mundo real y entabla una conversación actual con el novelista.

Con esa facultad hipnótica propia de los grandes narradores, Vargas va dibujando la figura del bueno de Árbenz, del desalmado coronel Castillo Armas que lo derroca, del viscoso coronel dominicano Johnny Abes García, del embajador americano John Peurifoy. En el centro de todos ellos está el personaje de Marta Borrero, que siendo adolescente es violada y embarazada por el médico Efrén García Ardiles, amigo íntimo de Arturo Borrero, padre de Marta. 

Los convencionalismos sociales de la época hicieron que se casara con el violador y que el padre se negara a volverla a ver. Luego, ella abandonará a su marido y a su pequeño hijo y se transformará en amante del dictador Castillo Armas, y más tarde llegará a ser compañera de Johnny Abes García, comentarista política radial en la República Dominicana de Trujillo, y admirada por este.

El autor denuncia con claridad el papel del imperialismo norteamericano, del capitalismo feroz y de la complicidad de la Iglesia Católica en la persona del arzobispo guatemalteco Mariano Rossell y Arellano en todo el complot que derribó a Árbenz y lo reemplazó por Castillo Armas. 

Y es muy probable que le asista razón a Vargas Llosa al especular que el derrocamiento de Árbenz al que contribuyeron los dictadores Somoza de Nicaragua y Trujillo de República Dominicana, fue una equivocación trágica y sangrienta con el paradójico final de empujar a buena parte de la juventud rebelde americana de 1954 a las filas de la ortodoxia comunista y a la búsqueda, bajo el paraguas de la Unión Soviética, de protección contra similares desmanes de la CIA en sus países. 

Pone como ejemplo a los líderes revolucionarios cubanos que ocuparon La Habana en 1959 y que no eran comunistas pero vieron en la Unión Soviética la garantía de que la CIA no les montaría una operación como la de Guatemala.

La novela es un prodigioso mecanismo que invita al lector a dejarse llevar por esos saltos en tiempo y espacio a que ya nos tiene acostumbrados el autor, aunque esta vez con menos virtuosismo que en sus tiempos jóvenes. 

De todas maneras es un disfrute seguir el intercalado en la acción de ese diálogo plácido entre el chófer cubano y el funcionario dominicano, diálogo que va creciendo en intensidad y suspenso hasta el día del cumplimiento del encargo. O ver cómo en el capítulo VII se solapan en una verdadera cascada de diálogos con saltos en el tiempo el entramado de la relación personal entre Castillo Armas y Trujillo preparando la sublevación y evaluando su triunfo. 

O emocionarse ante el relato del conmovedor encuentro entre el moribundo Arturo Borrero, el padre de Marta, y quien fuera su amigo y repudiado yerno Efrén García Ardiles. En todo momento el cruce de voces, el ensamblado del contrapunto narrativo y hasta el lucimiento de una profusa información que delata una investigación exhaustiva detrás, completan el cuerpo robusto de esta nueva entrega del peruano.

Me ocurre con Mario Vargas Llosa algo que no me sucede con ningún otro autor hispanoamericano. Es tanto lo que ha escrito desde que eclosionó al mundo hace 60 años, tan permanente su producción y tan persistente su calidad, que se ha transformado en una infaltable compañía en tantos gratos momentos de lectura. 

Casi diría que ya es como un amigo de la casa, un compañero de muchísimos años cuya presencia disfrutamos una y mil veces por su agudeza, su humor, la elegancia de su estilo, la seriedad de su información. Porque, como los buenos amigos, sabemos que alguna vez estará más inspirado que otra, pero nunca nos va a defraudar. Y siempre será bienvenido.

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Charleta Gundelzoph

Denuncian que el pedido de procesamiento de Jorge Gundelzoph continúa sin resolución judicial

La Diaria  - 8 de enero de 2020 | Política nacional | Foto: Andrés Cuenca

Las causas en actividad son 160 y, de estas, 20 son pedidos de procesamiento pendientes.

Ricardo Perciballe (archivo, diciembre de 2018).


“¿Vos sos masoquista? Decí, ¿te gusta que te destrocen, que te golpeen, que te maten? ¿Por qué no hablás? Y súbitamente, entre golpes y desaforados aullidos, caía y comenzaban las habituales ‘orgías’ de los señores”, narraba el ex senador José Germán Araujo el testimonio de Ofelia Fernández, militante de la Unidad de Jóvenes Comunistas (UJC), en el Parlamento del 2 de julio de 1985. Ese día presentaba un informe con los relatos de distintas víctimas de tortura, en manos, entre otros, de Jorge Gundelzoph, alias el Charleta.
Gundelzoph es uno de los 60 indagados con pedidos de procesamiento por delitos de lesa humanidad (según datos del Observatorio Luz Ibarburu, OLI). 

De estos 60, sólo siete ya han sido procesados o condenados por otras causas. El martes, una carta del actor Iván Solarich, publicada en Uypress, reavivó lo que viene aconteciendo desde hace años: la libre circulación de quienes han recibido denuncias por torturas, violaciones, desapariciones forzadas y un largo etcétera, durante el terrorismo de Estado.

En la carta dirigida al presidente electo Luis Lacalle Pou, se muestra a Gundelzoph en una playa de Punta del Este, y se pide expresamente “que sus hijos y el mío, nuestros hijos, no tengan que transitar la misma vereda que los responsables de tamañas monstruosidades”.

Ricardo Perciballe, el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, afirmó a la diaria que Gundelzoph “circula por el país porque está a la espera de la resolución judicial, lo único que se puede hacer con respecto a eso es cerrar las fronteras, pero en el país puede moverse tranquilamente, como tantos otros”. 

Perciballe sostuvo además que las causas que hoy están en actividad son 160 y, de estas, 20 son pedidos de procesamiento pendientes. Las 140 causas restantes están en presumario; en etapa de investigación pero “sin una solicitud fiscal ni por archivo ni por pedido de procesamiento”.

Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), la Unidad 8 -Domingo Arena-, destinada para aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad, alberga en la actualidad únicamente a 14 hombres.

Lo puntual

“Me acercan a una pileta o a una bañera. No veo nada; hay una gran oscuridad y mucha humedad. Percibo las voces de un grupo de personas entre los que se destacan inconfundibles “el Charleta” y Presa (...) Me quitan la ropa y me acuestan boca abajo sobre una chapa de metal. Me amarran a ella y la chapa comienza a bascular. Me introducen una y otra vez en el agua podrida”, leía Araújo el relato del doctor Alberto Grille.

En 2015, la fiscal Ana María Telechea pidió el procesamiento de Gundelzoph por el delito de tortura. En 2018, Perciballe ratificó el pedido pero, agregó el cierre de fronteras y lo imputó por el delito de abuso de autoridad en concurrencia con el delito de privación de libertad. Lo dicho, enmarcado en su actuación durante la dictadura en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

Gundelzoph fue denunciado por unas 50 personas, mayormente militantes de la UJC que fueron detenidos en lo que era la sede de Inteligencia Policial, ubicada en Maldonado y Paraguay. Pero “él como todos los militares ha presentado todas las excepciones habidas y por haber y, por eso, es que no se resuelve su situación”, dijo Perciballe.

Aclaró, además, las excepciones que suelen presentarse para enlentecer la marcha de los procesamientos: la excepción de prescripción, pero que al respecto “hay unanimidad en la jurisprudencia y no se prescribe ninguna causa”. 

La excepción de inconstitucionalidad de la ley 18.831, que plantea la “pretensión punitiva del Estado: restablecimiento para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado”, según se lee en la ley. Y, por último, la excepción que para Perciballe, es la que más suelen presentar en el último tiempo: la inconstitucionalidad de la ley 19.550, que creó la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad.

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martes, 7 de enero de 2020

Oscura trayectoria de un torturador

La oscura trayectoria de Martín Gutiérrez y

 la crónica de una entrevista frustrada 

Su participación en el semanario Azul y Blanco y el vínculo con el caso del vino envenenado, y testimonios de presos son algunos de los hallazgos sobre el psiquiatra

Por Leonardo Haberkorn – El Observador – 7 1 2020



El psiquiatra Martín Gutiérrez, acusado de nazi por el expresidente Julio María Sanguinetti y de torturador por presos políticos, le hizo saber a El Observador que quería dar su versión de su historia personal, luego de que se hablara de él en dos notas a propósito del nombramiento de Daniel Salinas como futuro ministro de Salud Pública.

Como yo lo había aludido, me correspondía entrevistarlo. Gutiérrez estaba urgido por dar su versión, pero intuí que no sería una entrevista fácil, que necesitaría unos días para documentarme, para poder enfrentar sus previsibles olvidos y negativas.

Lo convencí de posponer la entrevista por unos días. Comencé a documentarme yendo a la biblioteca del Palacio Legislativo y visitando al fiscal Ricardo Perciballe. Pero, una vez que se agotó ese plazo y la cita aún no se había concretado, el controvertido psiquiatra le dio la entrevista al diario El País.

La entrevista se frustró, pero su preparación permitió saber más sobre Gutiérrez.

Azul y blanco

Varios autores, entre ellos el expresidente Julio María Sanguinetti y el periodista y profesor Lincoln Maiztegui, refieren que Gutiérrez integró la redacción del semanario ultraderechista Azul y Blanco, que se publicó entre 1971 y 1973.

En la entrevista con El País, Gutiérrez negó haber escrito en Azul y Blanco. Ese punto es difícil de corroborar, porque la enorme mayoría de las notas del semanario se firmaban con seudónimos. Salvo el director, Diego Ferreiro, nadie daba la cara. La publicación azuzaba la violencia, el golpe de Estado y el asesinato político, con cobardía, desde notas anónimas.

“Marcarlos y a Tablada”, se tituló, por ejemplo, un editorial publicado el 29 de diciembre de 1971, que proponía “marcar” a los opositores y enviarlos al matadero (“Tablada”):

“Uno piensa si habrá estado bien, por temor a las consecuencias o simplemente por convicciones profundas, no matar a los canallas cuando probadamente notamos que lo eran. No, quizás no estuvimos bien (…) Ahora, si alguno de los delincuentes, de los canallas disfrazados de honestos, da un solo paso en falso, el que lo vea, el que lo sepa, estará obligado a marcarlo y mandarlo a tablada”.

Gutiérrez, en la entrevista con El País, sí admitió que integró el Instituto Oriental de Investigaciones Culturales y Promoción Social. “Bajo su amparo económico y político, estaba de alguna forma Azul y Blanco”, admitió.

Es decir que Gutiérrez fue uno de los promotores de esa publicación fascista, que dejó de publicarse cuando en 1973 fue clausurada por seis ediciones por el propio gobierno militar.

El diario El Faro, de la ciudad de Santa Lucía, ironizó al respecto en su edición del 28 de setiembre de 1973: “El Poder Ejecutivo en uso de las potestades que ejerce en otras cosas, clausuró por seis semanas al semanario Azul y Blanco. Los muchachos fascistas íntimamente agradecidos. Hay que ver lo que laburaban para que todos los kioscos de diarios y revistas trajeran el semanario de marras, que nadie adquiría. Ahora tienen un lindo pretexto para no salir. Los clausuró el Superior Gobierno”.

Azul y Blanco tenía un correlato político, un grupo de ultraderecha que militaba en forma violenta y a favor del golpe.

En una agenda histórica del Partido Nacional, el investigador Daniel Cerro Curcho, consigna que el 22 de junio de 1973 Wilson Ferreira convocó a una manifestación en defensa de la democracia en la plaza Matriz. “El acto se realizó con un fuerte despliegue policial y con permanentes ataques de elementos pertenecientes al semanario de ultraderecha Azul y Blanco que se escudaban en los vehículos policiales popularmente conocidos como ‘chanchitas’. Mientras se desarrollaba el acto fue apedreada la sede central del Movimiento Por la Patria”.

Ya en la dictadura, Azul y Blanco realizó un cónclave en el hotel Nirvana de Colonia Suiza para impulsar su proyecto fascista. El ministro de Economía Alejandro Vegh Villegas fue invitado a participar en función de ciertas simpatías con lo nazi, según una entrevista publicada por El Observador en 2016.

"Me invitaron a participar de una reunión de una agrupación llamada Azul y Blanco, que era nazi. Yo fui, fue en Colonia, pero después de ver lo que era no fui nunca más. Ahí estaba Acosta y Lara, había también algunos militares, más coroneles que generales. Yo tenía cierta simpatía pero cuando me propusieron participar de Azul y Blanco claramente lo rechacé. Debo haber decepcionado con mi conducta a mucha gente de esta tendencia, que simpatizaba con este tipo de pensamiento, el general Cristi, los hermanos Zubía, y algunos otros. Había militares que estaban más a la derecha que yo, que no es fácil (Vegh se ríe) ¡Yo era una especie de bolchevique para ellos!".

En un pasaje inédito de aquella conversación, Vegh también dijo: “Gutiérrez era el hombre de Azul y Blanco”.

Vino envenenado

En 1978 Martín Gutiérrez debió declarar ante un juez en el marco de la investigación del asesinato de Cecilia Fontana de Heber, madre del senador y futuro ministro Luis Alberto Heber, muerta al beber un vino envenenado que alguien dejó como regalo en su casa.

Otras botellas envenenadas llegaron a las casas de Carlos Julio Pereyra y Luis Alberto Lacalle, pero por fortuna nadie bebió de ellas.

Parte de las sospechas por el atentado recayeron en el grupo Azul y Blanco. Uno de sus integrantes había comprado Foxdrin, el mismo veneno que traía el vino, pero ni siquiera fue llamado a declarar al juzgado.

Martín Gutiérrez reapareció en 1982 encabezando una lista en las elecciones internas del Partido Nacional. Fue el primer candidato de la lista BAZ, del Movimiento Nacionalista de Montevideo. Claramente se ubicaba en el sector prodictadura del partido.


Acompañaron a Gutiérrez varias figuras conocidas. Su segundo fue Diego Ferreiro, el director de Azul y Blanco, el único que daba la cara. En quinto lugar figuró César Jover, quien hasta la edición de agosto de 2019 fue director del periódico ultraderechista Nación, vinculado a sectores militares. El séptimo fue Guillermo Domenech, senador electo y candidato vicepresidencial de Cabildo Abierto.

La lista obtuvo apenas 1.956 votos, el 0,78% de los votos blancos en Montevideo.

En las elecciones de 1984, Gutiérrez se candidateó a diputado por Montevideo, encabezando la Lista 1, dentro del Partido Nacional. Esa vez no lo acompañaron ni Jover ni Domenech, aunque sí Ferreiro, el director de Azul y Blanco.

Pocos días antes de la elección, la fórmula presidencial del Partido Nacional, integrada por Alberto Zumarán y Gonzalo Aguirre, advirtió mediante un comunicado que no respaldaba “ni personal ni políticamente” a la Lista 1, según dio cuenta el semanario Jaque el 2 de noviembre de 1984.

Una semana después, Jaque informó que Sanguinetti había calificado de nazi a Gutiérrez en un programa de televisión.



“Fascismo a la uruguaya”

En paralelo con su actividad política, Gutiérrez se desempeñó como psiquiatra militar.

En la entrevista con El País sostuvo que su trabajo se concentró en el Hospital Militar y que solo un par de veces al año iba al penal de Libertad a atender a presos que lo necesitaban. “Habré atendido unos 20 pacientes”, dijo. Agregó que nunca estuvo en el centro de detención clandestino conocido como “300 Carlos”, en el 13 de Infantería, y que nunca existió algo pasible de ser definido como “tortura psicológica”.

Esta última información se contradice con declaraciones que Gutiérrez hizo en diciembre de 1985 al abogado estadounidense Maxwell Greg Bloche, hoy un prestigioso profesor de la Universidad de Georgetown.

Bloche publicó en 1987 un trabajo titulado “Los médicos militares de Uruguay: engranajes del terrorismo de Estado”. Allí Gutiérrez declara: “La guerra continuaba dentro de la prisión. Día a día, norma a norma, todo fue parte de un gran diseño para hacerlos sufrir psicológicamente (a los detenidos)”. 

Es curioso el uso del término “la guerra”. Gutiérrez volvió a usarlo en la entrevista con El País.

“¿Cuánto tiempo fue psiquiatra en Libertad?”, le preguntó el periodista Sebastián Cabrera.

“Y, no sé, el tiempo que duró la guerra supongo. No sé si duró tres o cinco años, no sé”, respondió.

En la entrevista Gutiérrez negó haber estado en el 300 Carlos. El fiscal Perciballe dijo, sin embargo, que hay múltiples testimonios de lo contrario.

Uno de ellos es el de Luis Santo, militante comunista allí detenido y torturado. Desbordado por los apremios físicos y ante la inminencia de ser trasladado a un sitio desconocido, Santo intentó fugarse del 300 Carlos.

“Traté de irme, pero no estaba en las mejores condiciones físicas ni mentales. Me detuvieron y me tiraron al suelo. Dieron la orden de que me llevaran para adentro otra vez, pero antes que eso ocurriera vino un hombre que se puso al lado mío. “Me dijo: ‘quedate tranquilo. ¿A qué le tenés miedo? ¿A un Trelew?’”

El 22 de agosto de 1972, 16 militantes de grupos armados peronistas y de izquierda, que habían intentado fugarse del penal de Rawson, fueron ejecutados en una base militar de Trelew, provincia de Chubut.

Santo entendió la referencia y respondió que sí, que temía un Trelew. “Yo pienso que cuando me saquen de acá, me van a ejecutar”, le dijo a su interlocutor. El hombre le respondió que no debía temer: “Esto es fascismo, pero un fascismo a la uruguaya”.

Volvió a ver al mismo hombre otras dos veces en el Hospital Militar y allí otros detenidos le informaron que era Gutiérrez.

Mario Moreni, también detenido por integrar el Partido Comunista, vio y padeció al psiquiatra en el 300 Carlos.

Moreni relató que en 1976 fue torturado en esa base militar por Jorge “Pajarito” Silveira. En cierta oportunidad, la tortura se suspendió por su mal estado físico. Lo acostaron en un plinto y fue revisado por un médico, que con tono paternal intentó convencerlo de que respondiera las preguntas que le hacía Silveira, que no valía la pena hacerse matar. Acostado, pudo ver el rostro de ese médico mirando por debajo de las vendas que le cubrían los ojos.

Moreni le respondió al médico que no podía responder, porque desconocía lo que le estaban preguntando.

“El médico se enfureció con mi negativa y ordenó: `súbanlo que todavía aguanta’. Me llevaron a donde torturaban, me tiraron al piso, que estaba mojado y con sal, y él médico en persona empezó a torturarme, dándome electricidad con un magneto. Primero, tres minutos. Después, cinco. Fue tan salvaje que Silveira le dijo: ‘por favor, señor, déjeme a mí, que yo sé’”.

A Moreni le llamó la atención que Silveira llamara de “señor” a ese hombre. Tiempo después otros detenidos le dijeron que era Gutiérrez.

Tanto Santo como Moreni testificaron ante la justicia, en un caso iniciado con una denuncia del periodista Rodolfo Porley. Por ese caso, la fiscal Ana María Tellechea pidió procesar a Gutiérrez en 2016.

Perciballe dijo que el caso no ha avanzado. Primero, el psiquiatra no concurrió a las citaciones, luego sus abogados interpusieron dilatorias procesales.

En la entrevista con El País, Gutiérrez dijo respecto a los prisioneros: “Los atendía, no cariñosamente, pero me daba pena verlos presos”.

También afirmó: “En general tomábamos todas las precauciones porque el riesgo de suicidio existía. Gracias a Dios nunca se me murió ningún preso”.

En esto también hay evidencia documental en sentido contrario. El tupamaro Rodolfo Fernández Cúneo, detenido en 1972, intentó suicidarse varias veces en prisión. Existen documentos publicados por la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente que muestran que Gutiérrez atendió a Fernández Cúneo al menos cuatro veces entre marzo y julio de 1974, recetándole medicamentos y electroshocks. Los intentos de suicidio continuaron. Se mató en octubre.

Gutiérrez también fue denunciado en 2011, junto con otros oficiales y médicos militares, por el trato brutal recibido por Norma Cedrés, una militante comunista detenida en 1975 y que se suicidó en 1978 tras haber comenzado a padecer severos trastornos psiquiátricos luego de pasar por el 300 Carlos.

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