La Asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

Datos

Joaquín Requena 1533 esquina Brandzen. Telefax: 2408 44 65. Montevideo. Uruguay. Dirección electrónica: crysol2003@gmail.com

Horario de atención en nuestra sede social: de lunes a viernes de 14.30 a 19 horas. Cuota social: $ 240.-

martes, 29 de septiembre de 2020

Razones jurídicas sobran

 Falta compromiso con la Justicia


Aunque cueste creerlo, los senadores del Partido Nacional  presuntos expertos en cuestiones jurídicas, Carmen Asiaín, Graciela Bianchi y Carlos Camy no encontraron méritos para pronunciarse a favor del desafuero de Guido Manini Ríos. Manejan una biblioteca propia y de ocasión para defender al general  retirado y senador.

El artículo 177 del Código Penal establece que es obligación de todos los funcionarios públicos denunciar ante la Justicia aquellos hechos u actos de apariencia delictiva acerca de los cuales toman conocimiento. En el caso de Nino Gavazzo, Guido Manini Ríos no lo hizo. No ocultó el testimonio pero no cumplió con su obligación de denunciar: ahí está el delito, el mérito jurídico.

Habiendo descartado que no hay  intencionalidad espuria por parte del Fiscal Morosoli o una persecución indebida, como es evidente, se debería haber aconsejado votar el desafuero.

Manini Ríos no denunció por escrito

Sorprende que tan inminentes juristas ignoren algo tan básico y tan sencillo. Las denuncias en cualquier ámbito de la Administración Pública se realizan por escrito. En  el expediente, en ningún momento surge que Manini Ríos haya informado a nadie de lo ocurrido acerca de las confesiones de Gavazzo. Aunque Manini Ríos debiera solicitar autorización al Ministro para hacer   la denuncia ante la Justicia, debió informar por escrito a su  superior jerárquico para formalizar la situación por lo menos. Tampoco lo hizo. No consta.

Sigan, sigan

José Nino Gavazzo fue sometido a un Tribunal de Honor por haber sido condenado por la justicia por delitos gravísimos, con sentencia firme, violentando su juramento de honor de respetar la Constitución y las leyes de la República. Se le instruyó un Tribunal de Honor para recibir el castigo que dentro de las normas propias de los militares le correspondían, además del castigo penal por dicho acto.

Al prestar declaración, confesó haber arrojado el cuerpo de Roberto Gomensoro, asesinado en marzo de 1973 en el cuartel de Artillería 1 mientras era interrogado, en las aguas del Río Negro, en el Campo N° 3, siguiendo instrucciones de sus superiores jerárquicos. Dada la fecha, antes de la disolución de las Cámaras, obviamente, es un crimen no amparado por la Ley de Caducidad.

Los integrantes del tribunal, generales ellos, se horrorizaron e informaron al comandante en Jefe. Manini Ríos, en términos futboleros, aplicó la ley de ventaja a favor de Gavazzo, sin titubear les ordenó: sigan, sigan. Está en el expediente.

Seis generales lo acusan

Habiendo sido sancionado por un motivo distinto al que se lo sometió a juicio, José Nino Gavazzo impugnó la sanción del Tribunal de Honor ante un Tribunal de Alzada. Al tomar conocimiento de su testimonio, los generales decidieron consultar al comandante en Jefe quién reiteró la orden de continuar el proceso. Por segunda vez, Guido Manini Ríos incumplió su obligación de informar por escrito al Poder Judicial.

Los seis generales involucrados en los tribunales han brindado testimonio ante el sistema judicial, han deslindado sus respectivas responsabilidades y en un hecho no habitual entre militares, inculparon a Guido Manini Ríos.

Mérito jurídico contumaz

En febrero de 2019, el general Guido Manini Ríos, que ya había tomado la decisión de dedicarse a la actividad política, entregó a su superior, el fallecido ministro Dr. Jorge Menéndez, el expediente de los Tribunales de Honor de José Nino Gavazzo, Jorge “Pajarito” Silveira y Luis Maurente para que la sanción que se les tipificaba a los dos primeros fuera homologada por el Poder Ejecutivo.

Nuevamente, Guido Manini Ríos, omitió informar acerca de los hechos de apariencia delictiva. No lo hizo ante su superior jerárquico ni ante el Poder Judicial, a pesar de dedicar un amplio y extenso prólogo a destratar al mismo. Manini Ríos sabía que incursionaba en política, actividad que le estaba vedada y a sabiendas, además, de que mentía. Tenía información suficiente en su poder para saber que  los procesados y condenados eran culpables.

Defensores de las leyes

La gran mayoría de los legisladores del Partido Nacional, en diciembre de 1986, incitados y manipulados por el Dr. Julio María Sanguinetti, impulsaron y votaron la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado para los principales terroristas estatales. Ahora, en base al consejo jurídico de los especialistas y también acicateados por el mismo Dr. Julio María Sanguinetti, se disponen a concederle la impunidad a Guido Manini Ríos, apologista declarado y confeso del terrorismo de Estado, defensor de los “octogenarios” delincuentes.

Existen antecedentes: Wilson Ezquerra y Daniel Bianchi

Los dos mencionados perdieron sus fueros parlamentarios durante la legislación anterior para enfrentar a la justicia. Al igual que el general retirado Guido Manini Ríos también habían sido electos democráticamente por la ciudadanía. Su comparecencia ante la Justicia por hechos delictivos no supuso ningún daño a la institucionalidad democrática.

La afirmación democrática demanda que el Poder Legislativo respete al Poder Judicial y conceda los desafueros cuando son legítimamente solicitados por un poder  esencial de nuestro sistema republicano de gobierno. Sancionar a quienes violentan las leyes es un principio básico de justicia y de convivencia pacífica.

Las razones jurídicas para conceder el desafuero de Guido Manini Ríos abundan. El Partido Nacional debería asumir una firme actitud de condena a los terroristas de Estado y dejar de ser un obstáculo a la justicia, protegiendo a delincuentes conspicuos.

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Opinando N° 15 – Año 9 – Martes 29  de Setiembre  de 2020



viernes, 25 de septiembre de 2020

Tribunales de Honor

Pedido formal al ministerio de Defensa tras la ratificación de la sentencia

Ex presos políticos uruguayos exigen un Tribunal de Honor para los condenados por el caso Gelman

María Claudia García Iruretagoyena fue secuestrada junto a su compañero Marcelo Gelman el 24 de agosto de 1976. Tenía 19 años y estaba embarazada de Macarena, quien recuperó su identidad en el 2000.
 
Por Guido Miguel Vassallo - Página 12 - 25 09 2020
 
Imagen de archivo de María Claudia García Iruretagoyena junto a su esposo Marcelo Gelman.  

La Asociación de ex presos políticos de Uruguay (Crysol) le exigió a través de una carta al ministro de Defensa, Javier García, que instruya un Tribunal de Honor para sancionar administrativamente a quienes recibieron sentencia por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena. Se trata de los militares retirados José Nino Gavazzo, José Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo José Medina. En 2017, la jueza Marcela Vargas los había condenado a 30 años de cárcel como coautores penalmente responsables del delito de homicidio intencional muy especialmente agravado. La Corte Suprema de Justicia uruguaya confirmó el fallo días atrás. Consultada por el pedido de Crysol, Macarena Gelman, hija de María Claudia García, aseguró no estar al tanto. Reconoció que para ella lo más importante es que la sentencia haya quedado firme, aunque se mostró indignada porque no se avanza en la investigación del caso desde el 2000, el mismo año en que la nieta del poeta Juan Gelman recuperó su identidad. Los restos de su madre, en tanto, siguen sin aparecer.

"Al igual que hemos hecho con anteriores gobiernos, una vez que la Suprema Corte ratificó la condena a varios integrantes de las Fuerzas Armadas por haber estado involucrados en la desaparición de la ciudadana argentina María Gelman, le solicitamos al ministro de Defensa que adopte los procedimientos reglamentarios para castigar administrativamente a estas personas que ya fueron condenadas por la justicia uruguaya", expresó el presidente de Crysol, Gastón Grisoni, en diálogo con Página/12. En el documento enviado al ministerio de Defensa, el colectivo solicita a la cartera de Defensa que "se tomen los recaudos pertinentes para que los Tribunales de Honor que se instruyan no sean desvirtuados en cuanto a su carácter".
 
Carta de Crysol dirigida al ministerio de Defensa
 

La Resolución 60/147 de Naciones Unidas, aprobada en diciembre de 2005 por la Asamblea General, es el instrumento internacional de referencia en cuanto a las obligaciones del Estado en casos de violaciones de derechos humanos. Dicho documento establece que los responsables deben ser castigados a nivel penal y también a nivel administrativo. "Una vez que el poder judicial se ha pronunciado con sentencia firme y categórica, corresponde que los militares condenados penalmente sean castigados y separados de las Fuerzas Armadas. Creemos que es un mensaje simbólico muy importante para la sociedad", manifestó en ese sentido el presidente de la asociación de ex presos políticos uruguayos.

El caso Gelman

María Claudia García Iruretagoyena fue secuestrada en Buenos Aires en 1976. Había sido detenida y trasladada al centro clandestino de detención Automotores Orletti junto a Marcelo, su pareja e hijo del escritor Juan Gelman. Al momento del secuestro, María Claudia tenía 19 años y estaba embarazada de Macarena, quien nació en Montevideo y vivió durante más de dos décadas pensando que era hija de un matrimonio uruguayo. Marcelo fue asesinado el 14 de septiembre de 1976 y su cuerpo hallado dentro de un tanque de doscientos litros en el canal de San Fernando, al norte del Gran Buenos Aires. Con el embarazo a cuestas, María Claudia fue trasladada a Uruguay como parte del Plan Cóndor.

La mantuvieron aislada en la sede del Servicio de Información de Defensa (SID) montevideano. El entonces soldado Julio César Barboza relató así su presencia en el centro de detención en su declaración testimonial: "Pude comprobar que luego del mes de octubre dio a luz una criatura y que fueron trasladados ambos, una noche, por el teniente coronel Rodríguez Buratti y el capitán Arab, con destino que desconozco. El único comentario que le escuché a Arab fue: -A veces hay que hacer cosas embromadas".

La nuera de Juan Gelman desapareció luego de dar a luz en cautiverio. Siendo apenas una beba, Macarena fue entregada a un policía y a su esposa. Aunque dio una lucha incesante para conocer el destino de María Claudia y acudió a la justicia para dar con su paradero, a Juan Gelman siempre se le interpuso como obstáculo la Ley de Caducidad, que operó como escudo para los miembros de las Fuerzas Armadas que formaron parte del terrorismo de Estado. En el 2000, y luego de una intensa búsqueda, el escritor argentino pudo localizar a su nieta Macarena.

En marzo de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado uruguayo por la desaparición forzada de María Claudia y la apropiación y sustitución de identidad de Macarena. "El Estado uruguayo reconoce la responsabilidad institucional por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman en 1976", dijo un año después el entonces presidente José "Pepe" Mujica en un histórico discurso desde la Asamblea General del Parlamento.

En 2017, la jueza Marcela María Vargas condenó a 30 años de prisión a Gavazzo, Arab, Vázquez, Silveira y Medina. El tres de septiembre de este año, la Corte Suprema ratificó el fallo reconociendo que los cinco condenados operaron en los centros de detención donde permaneció detenida María Claudia.

"La justicia reunió las pruebas necesarias para condenar,y lo hizo luego de 18 años, lo cual es tardío pero pertinente", aseguró Macarena Gelman. Algo molesta con una justicia uruguaya para la que "investigar es sinónimo de excavar, porque entiende que la única forma de saber es que los responsables hablen", Macarena prefiere quedarse con que el caso haya sido juzgado por la justicia ordinaria "independientemente de mi indignación porque no se haya investigado más el caso ni tenga un dato más de los que tengo desde el año 2000"

El debate sobre los Tribunales de Honor

La formación de Tribunales de Honor a los militares condenados por el terrorismo de Estado fue un reclamo expreso de Crysol al expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, cuando éste asumió su segundo mandato en marzo de 2015. Se empezaron a llevar a cabo en casos donde existe una sentencia firme. "Los Tribunales de Honor que se han llevado a cabo por causas de condenas del poder judicial han sido totalmente desnaturalizados en algunos casos, y en otros no han sancionado como correspondía, tal el caso del coronel Luis Maurente, recientemente fallecido", sostuvo Gastón Grisoni, presidente de Crysol.

"Hubo un Tribunal de Honor en un procesamiento de 2006 a Gilberto Vázquez, y éste hombre dijo que había torturado y ejecutado gente, confesó conductas que en general ellos no admiten en los juzgados. En otro Tribunal de Honor donde se juzgó a José Nino Gavazzo, él admitió haber fondeado el cuerpo de un desaparecido en el Río Negro. Esos son los que han dado mayor jugo en términos de aparición de nuevos elementos. Entiendo que que en esa linea Crysol realiza este pedido", planteó Raúl Olivera, coordinador del Observatorio Luz Ibarburu (OLI).

Olivera, sin embargo, es cauto respecto a los beneficios que puede ofrecer dicho instrumento. "Lo que se juzga en general es si se afecta o no el honor de las Fuerzas Armadas. Entonces cuando a alguno de ellos se les va la boca, los jueces que mayormente son generales, tratan de desviarlo para que no sigan hablando", argumentó el coordinador del OLI. Cuando aparece una conducta presumiblemente delictiva se debe informar al superior y éste tiene que rendir cuentas ante la justicia, algo que nunca sucede en Uruguay. "Hay una opacidad importante con relación a lo que ocurre en estos tribunales", concluyó el dirigente del OLI.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/294502-ex-presos-politicos-uruguayos-exigen-un-tribunal-de-honor-pa

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lunes, 21 de septiembre de 2020

Parar la mano

 

Parar la mano

 



Gilberto Vázquez declaró públicamente que torturó salvajemente y asesinó durante el terrorismo de Estado, además de confirmar su participación en el segundo vuelo. Gilberto Vázquez, que disfruta, increíblemente, de prisión domiciliaria, con servicio de delivery incluido, también fue un violador serial. Está denunciado. Igual que el mayor ® Manuel Cordero, el mayor ® Antranig Ohannessian, el capitán ® Enrique “Ulises” Uyterhoeven y otros tantos próceres del Centro Militar.

 

Revictimizan a las denunciantes

La semana pasada, continuaron yendo a testimoniar, nuevamente, algunas de las ex presas políticas que denunciaron abusos sexuales. Desde el año 2011, con la fuerza de lo colectivo, veintiocho ex presas políticas que sufrieron torturas inenarrables, violencia y abusos sexuales de todo tipo, en 20 centros clandestinos de detención, vienen desarrollando una batalla verdaderamente estresante para que haya justicia, los responsables sean juzgados y condenados. Todas, las que sobreviven, ya presentaron sus denuncias por escrito, además de ratificarlas, en su debido momento.

Los abogados defensores de los imputados, sin pudor, insisten, se empeñan, en demandar que sean nuevamente interrogadas, requieren, una y otra vez, detalles escabrosos, datos morbosos de los padecido, formulan preguntas insidiosas, de manera hostil. Presionan. Hostigan. Acosan, de manera encubierta.

La militar costumbre de torturar

Durante las operaciones represivas que se masivizaron a partir del 15 de abril de 1972, las detenidas fueron consideradas “botín de guerra” por los represores y la propia tropa. La tortura, asociada a las detenciones masivas, a la reclusión prolongada en condiciones aberrantes, con una apariencia de legalidad de juzgamientos por parte de tribunales militares, al amparo de la Declaración del Estado de Guerra Interno votada por el Partido de Rivera y la mayoría del Partido Nacional, fue la metodología deliberadamente seleccionada por las Fuerzas Armadas para destruir a la oposición y gobernar.

Uruguay fue el país del mundo con la mayor cantidad de prisioneros políticos en relación a la población, llamando incluso la atención del Embajador de los EEUU en Uruguay, Ernest Siracusa en 1976. Según él, como Uruguay era un país tan pequeño, “casi nadie estaba libre” de conexiones emocionales con los detenidos.

Amnistía Internacional (AI), la organización no gubernamental internacional fundada en 1961, llegó al cálculo de que uno de cada 450 uruguayos era un preso político y que uno de cada 50 uruguayos había sido interrogado.


Un peligro para la democracia

El general retirado Guido Manini ha defendido públicamente el accionar de los terroristas de Estado con encendidos discursos que han conmovido al país y, hasta suspirar de amor, nostálgicamente, a El País. Anteriormente, como comandante en jefe del Ejército encubrió a José Nino Gavazzo, luego de su confesión en un Tribunal de Honor, omitiendo informar, intencionalmente, al Poder Judicial como era su obligación.

Sin ningún honor, fue destituido, en veinte minutos, por el Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez por cuestionar al Poder Judicial, poniendo en duda la actuación del mismo, a sabiendas, como ha quedado demostrado, de que estaba faltando a la verdad y que defendía a asesinos.

 

Una institucionalidad democrática

Las víctimas de las graves violaciones han desempeñado un papel fundamental y decisivo en la lucha por Verdad y Justicia, por afirmar la institucionalidad democrática que el pueblo uruguayo conquistó. Desafiando el estigma de la “teoría de los ojos en la nuca” y “la teoría de los combatientes” asumieron, como víctimas del terrorismo de Estado, su responsabilidad histórica de promover las denuncias penales sabiendo los enormes desafíos y presiones que habrían de sufrir, a veces, incluso, sin el respaldo de las organizaciones políticas.

En democracia, de acuerdo a la Constitución vigente, corresponde al Poder Judicial la responsabilidad exclusiva de investigar, esclarecer y castigar las graves violaciones a los DDHH. Hacer las denuncias ante el Poder Judicial fue la plena demostración de la firme convicción de quiénes asumieron ese compromiso, de continuar la lucha después de la lucha.

 

Un olvido imposible

La tortura supone una enorme agresión a quien la sufre. Toda persona que ha experimentado un suceso traumático sabe, entiende, comprende, lo difícil que es superarlo. Vuelve, una y otra vez. De improviso, sin querer, en cualquier momento, en cualquier circunstancia.

Miles de ex presos políticos que padecieron durante días, semanas, meses y hasta años, las más oprobiosas torturas, no pueden olvidar. Sus mentes no lo permiten.

La justicia, ver condenados a los torturadores, no cierra la herida, pero es un consuelo, es un alivio, una esperanza de que no vuelva a ocurrir. Es un camino de militancia estratégica para afirmar el Estado de Derecho, la plena vigencia de las normas de DDHH y una institucionalidad, la INDDHH entre otras, que sea una herramienta plena al servicio de los más desprotegidos y de los sectores populares.

Los ex presos políticos supieron demostrar, mayoritariamente, su dignidad, sufriendo, como ha quedado documentado, las más bárbaras torturas. Torturas tan horrendas que hasta quitan el sueño a quienes sanguinariamente las ejecutaron, como lo testimonió Gilberto Vázquez ante sus secuaces, en el Tribunal de Honor que lo juzgó por huir desde el Hospital Militar y ser detenido burdamente disfrazado.

Las ex presas políticas fueron ejemplo para futuras generaciones. Sépanlo: tampoco las doblegarán en los juzgados!

Se hará la denuncia pertinente ante la Suprema Corte de Justicia. Paren la mano!

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Opinando N° 14 – Año 9 – Lunes 21 de setiembre de 2020

 

sábado, 19 de septiembre de 2020

Violencia sexual en dictadura

 ¿Hasta cuándo?


Desde hace casi 10 años, en forma colectiva, veintiocho ex presas políticas que sufrieron torturas inenarrables, violencia y abusos sexuales de todo tipo, en 20 centros clandestinos de detención, vienen librando una batalla agobiante para que haya justicia y los responsables sean juzgados y condenados.

Presas políticas uruguayas de plantón (Serpaj – Uruguay Nunca Más - 1989)


Durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco (1968 -1971) las torturas fueron frecuentes y habituales tal como quedó establecido en base a una comisión parlamentaria que  las expuso públicamente y las condenó. A partir del 15 de abril de 1972, en el marco y al amparo de la Declaración del Estado de Guerra Interno impulsada por Juan María Bordaberry, se desató una feroz campaña represiva en todo el país que tuvo como protagonistas principales a las tres ramas de las Fuerzas Armadas aunque incluyó, obviamente, a la Dirección Nacional de Inteligencia e Información (DNII) dirigida por el inspector Víctor Castiglioni.

Los abusos sexuales asociados a la tortura

Sin descartar ninguna variante represiva, hubo casi 200 detenidos desaparecidos, 200 asesinados, incluyendo supuestos enfrentamientos, intentos de fuga, ejecuciones extrajudiciales, “suicidios”, muertes durante los interrogatorios o en condiciones de reclusión, la detención masiva de ciudadanos, asociada sistemáticamente a la tortura y a la prisión prolongada en campos de concentración, fue la metodología deliberadamente seleccionada por el terrorismo de Estado para someter a la población y ejecutar su proyecto de reestructura de la sociedad.

En el caso de las mujeres, aunque no solamente con ellas, la tortura incluyó los abusos sexuales de todo tipo y las violaciones. La existencia masiva  de las torturas a los prisioneros  fue conocida ampliamente a nivel internacional por la labor que desplegaron en su momento Zelmar Michelini y Wilson Ferreira Aldunate desde el comienzo mismo de la dictadura y se mantuvo.

Al retornar a la democracia, las víctimas de los atropellos comenzaron a formular las denuncias en los juzgados. Fue  en el año 2011, luego que la Corte IDH se pronunción en el caso Gelman vs Uruguay, que estas veintiocho ex prisioneras políticas, con el apoyo institucional, presentaron la denuncia en forma colectiva a nivel judicial para resaltar la condición específica de atropello y violencia que sufrieron quienes fueron consideradas “botín de guerra” por los represores.

La causa judicial empantanada

A pesar de la enorme cantidad de años transcurridos, la causa judicial ha avanzado muy poco. Las denuncias vinculadas al terrorismo estatal se tramitan bajo el antiguo código del proceso penal, de por sí lento, con una excesiva intervención de los jueces, poca de la Fiscalía Especializada y muy poca incidencia de las víctimas, a diferencia de lo que ocurre en el Nuevo Código del Proceso Penal.

Además, al igual que en el resto de los procesos de este tipo, los involucrados y sus abogados defensores hacen uso y abuso de las maniobras dilatorias ante la pasividad, muchas veces, ya demostrada, en estos años, de algunos integrantes de la Suprema Corte de Justicia que las toleran.

El silencio de los medios masivos

A pesar de la gravedad de los delitos denunciados, del número elevado de militares involucrados, de la notoriedad pública de muchos de ellos, algunos ya procesados y con condena firme, la causa de los abusos sexuales no prospera y tampoco ha tenido la repercusión pública que amerita.

¿Qué habrá que hacer para que los espacios informativos serios, de los medios  de comunicación masivos, especialmente los televisivos, a las horas picos del rating, las convoquen para que den su testimonio de manera pública?

¿Qué habrá que hacer para que se conozca que decenas de torturadores, asesinos y desaparecedores como Gilberto Vázquez, Avelino Ramas,  Manuel Cordero y José Nino Gavazzo, entre otros, fueron, además, en Uruguay y Argentina, violadores seriales, especialmente de mujeres?

El Poder Judicial tiene que actuar

Los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos tienen que ser castigados penal y administrativamente como funcionarios del Estado. El castigo de los delitos es necesario para asegurar la convivencia social y, fundamentalmente, para evitar que dichas conductas se repitan en el futuro. En nuestro país, corresponde exclusivamente al Poder Judicial investigar exhaustivamente todos los hechos de apariencia delictiva, esclarecerlos, identificar a los responsables y establecer las sanciones, penales y administrativas que correspondan.

Miles de mujeres, con su lucha y tenacidad, forjaron esta democracia. Sin embargo no hay espacio para que sus denuncias judiciales avancen y tampoco tienen la notoriedad periodística que merecen.

Las sucesivas declaraciones del general retirado Guido Manini Ríos, en el Senado de la República y en los medios masivos de comunicación,  agravian al Poder Judicial, amenazan y condicionan públicamente a los jueces, a los operadores y  envalentonan a los abogados defensores y a los involucrados.

¿Hasta cuándo van a seguir siendo presionadas, hostigadas y revictimizadas por los abogados defensores de los perpetradores cuando van a testimoniar?

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Opinando N° 13 – Año 9 – Lunes 14 de Setiembre  de 2020



domingo, 13 de septiembre de 2020

Ciudadanas ilustres

 Carmen Beramendi, Lilián Celiberti y Celia Eccher

fueron declaradas Ciudadanas Ilustres de Montevideo

Escribe Denisse Legrand en Movimientos

La Diaria – 12 09 2020

Carmen Beramendi, Celia Eccher, Lilián Celiberti, este jueves, en la plaza Las Pioneras.  Foto: Ernesto Ryan

Fueron reconocidas por la Intendencia por su trabajo por la igualdad y la justicia.

En la plaza Las Pioneras, espacio feminista recuperado por la Intendencia de Montevideo (IM), se llevó adelante la ceremonia para reconocer a Carmen Beramendi, Lilián Celiberti y Celia Eccher como Ciudadanas Ilustres de Montevideo.

Fueron reconocidas por el gobierno departamental por su aporte para la construcción de una ciudad más justa e igualitaria. Participaron en el evento Solana Quesada, directora de la Asesoría para la Igualdad de Género, y Christian di Candia, intendente de Montevideo. El cierre musical estuvo a cargo de Mónica Navarro.

“Recordar a estas mujeres y reconocer lo que han hecho es clave para seguir construyendo la igualdad”, dijo Tania Tabarez, presentadora del evento. Quesada, por su parte, saludó a Silvana Pissano, una de las impulsoras de la plaza en la que se hizo el reconocimiento. También saludó a “las pioneras” que militan por los derechos de las mujeres.

Fue la cuarta ceremonia de declaración de Ciudadanas Ilustres y es la última de esta gestión. “Esta ceremonia es para reconocer, poner en valor, visibilizar y reconocer el aporte de las mujeres en la ciudad”, explicó Quesada.

“Son tres mujeres muy potentes, comprometidas, que han dado muchas batallas y han transformado la vida de muchas mujeres. Las tres han construido el feminismo en los barrios y el feminismo latinoamericano. Montevideo hoy es un poco más feminista con estas tres Ciudadanas Ilustres”, cerró la directora de la Asesoría para la Igualdad de Género.

Las nuevas Ciudadanas Ilustres tienen una vasta trayectoria en la militancia feminista desde distintos ámbitos.

Carmen Beramendi es licenciada en Psicomotricidad, docente e investigadora en género y políticas públicas. “Desde los ámbitos legislativo, ejecutivo y desde la sociedad civil aporta al avance de la inclusión, del principio de igualdad y la perspectiva de género en las políticas públicas del país”, expresaron desde la IM. Su militancia política se ha centrado en la promoción de los derechos de las mujeres. Actualmente es senadora suplente y dirige la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Uruguay.

Militó en el movimiento estudiantil, sindical y de mujeres. En la dictadura estuvo siete años presa; fue presa política desde 1972 a 1979. Entre 1990 y 1995 integró la Cámara de Representantes. Formó parte de la elaboración de diversos proyectos de ley sobre derechos de las mujeres, violencia doméstica, acoso sexual en el trabajo, salud sexual y reproductiva, entre otros. También fue suplente en la Cámara de Senadores. Participó en la discusión y aprobación de varias leyes: de interrupción voluntaria del embarazo, matrimonio igualitario, cuotificación de los afrodescendientes, femicidio y violencia basada en género.

Fue directora del Instituto Nacional de las Mujeres de 2005 a 2010. En ese marco, participó en la elaboración del Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos. En la sociedad civil, por la organización Mujer Ahora fue cocoordinadora de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica.

Otra de las homenajeadas fue Lilián Celiberti. Es maestra, con una amplia trayectoria en la sociedad civil. Participó en misiones pedagógicas y gremios estudiantiles e intervino en la creación de la Resistencia Obrero Estudiantil y de la Federación Anarquista Uruguaya.

También estuvo presa durante la dictadura, entre 1978 y 1983. Fue secuestrada por militares uruguayos en Brasil. Pasó cinco años en la cárcel de Punta de Rieles, hoy Unidad 6.

En 1984 participó en la creación de Cotidiano Mujer, que inicialmente fue una revista mensual feminista y luego devino organización social. Promovió la creación de la Comisión de Mujeres del PIT-CNT y apoyó a los sindicatos de trabajadoras domésticas. Es cofundadora de la Articulación Feminista Mercosur y del colectivo ecofeminista DAFNIAS. También formó parte del Comité internacional del Foro Social Mundial. Entre 1990 y 1995 fue coordinadora zonal en el Centro Comunal 7 de la IM.

Actualmente es parte de la Coalición por una Comunicación Democrática, la Comisión Asesora de los Servicios de Comunicación Audiovisual, el Consejo de Igualdad de Montevideo y la Asamblea de Colectivos Feministas para la gestión del Espacio Feminista de la plaza en la que hoy fue reconocida, Las Pioneras. También coordina el proyecto de análisis del impacto del futuro tren de UPM en la vida de las mujeres en los barrios de Montevideo.

Celia Eccher es asistente social y educadora popular. Es una referente de la promoción y el desarrollo de programas nacionales e internacionales vinculados a la educación popular de personas adultas desde la perspectiva de género, la autonomía económica y los proyectos de emprendimientos productivos liderados por mujeres.

Fue coordinadora de cooperativas artesanales de mujeres de Manos del Uruguay. Fundó y coordinó la Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe. Fue presidenta del Consejo Directivo del Instituto del Tercer Mundo. Desde 2016 integra el Consejo Directivo de Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era del Sur Global (DAWN), donde formó parte de la Coordinación Regional para América Latina.

Reconocimientos desde el afecto

Para cada una de las Ciudadanas Ilustres se filmó un video de personas que las conocen. Marcos Carámbula, figura del Frente Amplio, Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso, Didice Godinho, trabajadora social brasileña y la primera coordinadora de la Comisión Nacional de la Mujer Trabajadora de la Central Única de Trabajadores, y Emilia Bonilla y Simón Bonilla, sus nietos, protagonizaron el video de Carmen Beramendi.

“Madre, embarazada, presa, crio a su hija en prisión”, contó Carambula. “Siempre con la tenacidad en la militancia y el compromiso”, agregó. Tuana habló de “un trabajo incansable en los distintos lugares en los que ha transitado”. Su nieta, Emilia Bonilla, dijo que quienes la conocen saben que es una ardua militante por los derechos de las mujeres. “Su vida ha sido para dedicarse a luchar por la justicia”. “Tengo presente que, como mujer, tener a una abuela feminista es un privilegio, tener ese legado es muy valioso”, expresó. Godinho recordó su primer 8M con Beramendi como directora de Inmujeres, en el que hizo que todas y todos los ministros contaran sus planes en políticas de género para el período. Su nieto Simón planteó el orgullo por todo lo que su abuela ha hecho y “ha plantado”.

En el video para Lilián participaron Gerónimo de la Sierra, docente de la Universidad de la República, Ivonne Trías, escritora y ex presa política, Elena Fonseca, compañera de Cotidiano Mujer, y Rafael Sanseviero, ex director de proyectos de FES Uruguay.

De la Sierra destacó “la profundidad de su trabajo enfrentando a la dictadura y las visiones estrechas desde una visión radical”. Fonseca contó que Celiberti había salido hacía muy poco de la cárcel cuando, con un grupo heterogéneo de mujeres, quiso “redifinir lo que había sido definido sin nosotras”. A su turno, Sanseviero graficó a Celiberti como “parte de un paisaje humano con el que uno sabe que se va a encontrar en la ciudad, a la que contribuyó para que sea más igualitaria y más feminista”. Y destacó “su capacidad para construir esperanza y acciones desde los lugares más vulnerados”. “Hoy persistir es la forma de resistir. Y persistir es su práctica y su forma de plantarse frente a la vida”, expresó, visiblemente emocionado.

Trías, que conoce a la homenajeada desde hace más de 50 años, eligió imágenes para contarla: “1970: Lilián con una gran panza y una cartera colgando que indicaba qué teníamos que hacer, si podíamos pasar por ese lugar o si teníamos que parar; 1973: Lilian sentada en una celda con un libro en la falda, enojadísima porque no lograba entender el concepto de dinero como mercancía. Ya teníamos esa obsesión y disciplina por el estudio para hacer mejor las cosas; la tercera imagen es cuando volvió a caer en la cárcel. Éramos muy amigas y era imposible comunicarse.

En determinado momento nos cruzamos y nos abrazamos con alma y vida. Fue una escena cinematográfica, porque las soldados nos tironeaban. Fue el mejor abrazo desobediente que recuerdo en mi vida; la última imagen es más reciente, en un foro en Brasil en el que, en la mitad de su discurso, mencionó a su madre y se emocionó hasta las lágrimas. Esa emoción hablando de su madre nos emocionó a todas. Fue un homenaje a su mamá y un homenaje feminista para todas nuestras madres, tan distintas a nosotras”.

En el video de Celia Eccher, conocida como Celita, participaron varias militantes feministas: Ileana Pereyra, compañera de camino que conoció en la cooperativa de Manos del Uruguay, Alejandra Escampini, representante de DAWN, Irene Rodríguez, investigadora en cuestiones feministas, la activista Sonia Carrera, y sus dos pequeñas nietas, Olivia y Ana Clara.

Pereyra contó que el mayor aprendizaje que le ha dejado su compañera fue “conectarnos con mujeres de distintos países que luchábamos por lo mismo: nuestros derechos”. Y dijo que el “primer indicador de que Celita tenía una perspectiva feminista fue cuestionar por qué se hablaba en masculino sobre las artesanas, cuando había un artesano y setecientas artesanas”. Scampini la definió como una “articuladora de lo local a lo global, y viceversa”. “Entendió desde muy temprana edad que era parte de una red global. Su contribución sería muy acotada reducirla a Montevideo, porque su mayor parte del tiempo la dedicó a aportarle al mundo”, expresó. Rodríguez dijo que su aporte fue “traer mujeres de todo el mundo a Montevideo, que se encontraron con una ciudad para discutir con armonía”. Por eso, “Montevideo se merece a Celita. Celita representa valores cívicos y autóctonos de esta ciudad”. Carrera habló sobre el cuarto de siglo compartido “de luchas, sudor, risas y vino”.

Olivia, su nieta, la felicitó por ser “su súper abuelita”. Y Ana Clara le dio las gracias “por ser esa gran mujer que lucha por nuestros derechos”. “Somos abuela y nieta feminista, y seguiré tus pasos”, cerró Ana Clara.

Al cierre de los videos, intervino el intendente de Montevideo. “Estoy muy orgulloso de que estemos pagando una deuda que tenemos desde hace muchísimo tiempo, y que seamos parte, todas y todos juntos, de una ciudad que reconoce la lucha de tantas mujeres”, expresó Di Candia.

Contó que la plaza Las Pioneras fue de los últimos espacios “que pudimos inaugurar en marzo, antes de este nuevo momento que estamos viviendo”. “Las mujeres hoy están liderando una de las mayores transformaciones culturales y políticas del último tiempo”, dijo. Y agregó: “Esto se hace desde la labor y la lucha de las mujeres”.

“Me siento muy chiquito dándoles esta distinción, pero quiero que sepan que Montevideo las reconoce, las distingue y las celebra. Por muchas más ciudadanas ilustres como ustedes”, concluyó.

La palabra de las nuevas Ciudadanas Ilustres

Tras las palabras del intendente fue el turno de las reconocidas. “Gracias a la ciudad de Montevideo. Gracias a las mujeres de Montevideo que luchan por construir sociedades con más justicia, más equidad, más igualdad”, comenzó diciendo Beramendi. Definió al feminismo como “el hijo no deseado de la Ilustración”. “Es un movimiento de los más importantes de la humanidad, que se forjó siempre desde la paz. El movimiento feminista es el movimiento más pacífico de la historia”, comentó.

Explicó que es “hija de una generación de mujeres con deseos silenciados, y este momento que vivimos hoy es una expresión de deseo de muchas mujeres”. Hizo un comentario asociado a la coyuntura: “En momentos en los que está tan en juego la Justicia, y que se vuelve a interpelar a la Justicia de una forma que me hubiera gustado no escuchar, la lucha de las mujeres que pasaron por la peor época de la historia y la de mujeres que hoy resisten es muy importante. A esas mujeres que salen a luchar todos los días, que salen de la violencia, que construyen igualdad en los lugares más micro, va este reconocimiento”. Llamó a “disputar el poder en todos los ámbitos”.

Celiberti agradeció a la IM por haber elaborado esta política afirmativa de reconocimiento de las mujeres. “Siempre es un reconocimiento individual que tiene que ver con lo colectivo. Ninguna de nosotras hizo nada sola. Ninguna resistió y está acá sola. Es una construcción colectiva”, expresó.

“En este Montevideo hay aún muchos espacios privatizados. El desafío es generar espacios públicos de uso cívico, para uso de organizaciones, para personas que se juntan a hacer cosas. Hoy tenemos el primer espacio feminista de uso público en Montevideo, que es donde estamos”, comentó.

Para Celiberti, “se trata de aprender entre nosotras en estos tiempos de incertidumbre”. Y agregó: “Esto no pasaría si el 8M no tuviera miles que ponen el cuerpo para denunciar la violencia patriarcal que todas conocemos. Esto es en nombre de esas jóvenes, de esas interpelantes, de nuestras nietas, que son las que hoy toman la palabra con otros recorridos, con otros lenguajes, con otras sensibilidades”. Señaló que “lo importante es el diálogo”. “Soy una mujer del siglo XX que aprende todos los días de las del siglo XXI”.

“Hacemos, aun cuando molesta a los cercanos. Se trata de eso, de poner nuevos desafíos y construir nuevas perspectivas de acción política con acción y entrega”, finalizó, para dar turno a Eccher.

“Lo recibo por la lucha que hemos tenido por años”, dijo Eccher. Para reflejar que se trata de una lucha colectiva le pidió al público que pensara en una mujer a la que quisiera homenajear. Invitó a las y los presentes a gritar ese nombre y a mover los brazos y así definió al movimiento: “Un abrazo, un movimiento articulador”.

Centró su discurso en el rol del movimiento: “El movimiento hoy está fuerte. Estamos en un mundo feroz y tramposo. En ese mundo tenemos que seguir creciendo y tenemos que sumar derechos y no perder ninguno. Tenemos una fuerza en el movimiento, y por eso es importantísimo querernos, cuidarnos, nutrirnos. El movimiento nos hace sentir un nido en este mundo feroz”. “En este mundo feroz tenemos que hacer análisis y resistencia, pero también tenemos que cuidarnos”, concluyó.

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