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lunes, 24 de agosto de 2020

Seis generales

 

Seis generales lo acusan

 

Manini Ríos sabe lo que hace: no quiere el desafuero

Mientras el sábado La Diaria ponía al descubierto el pasado inquisidor durante la dictadura del escribano Gustavo Domenech, de recorrida por el interior del país, el general retirado Guido Manini Ríos arremetió de nuevo contra el Poder Judicial con el cual tiene cuentas pendientes. Es parte de su prédica habitual, cada vez más nostálgica. También es parte de su estrategia para presionar de manera indirecta a sus socios de coalición en el Senado para que no voten su desafuero.

Jurídicamente está condenado

Manini Ríos nunca informó al Poder Judicial ni a sus superiores acerca de la confesión de José Nino Gavazzo. Sin arrepentimiento de ningún tipo, Gavazzo confesó haber tirado el cuerpo de Roberto Gomensoro al Río Negro en 1973 luego de asesinarlo en el cuartel de la Paloma. Tampoco informó acerca de lo declarado por Jorge “Pajarito” Silveira con respecto a la muerte y desaparición de Eduardo Pérez. Jurídicamente no hay ninguna duda. El Artículo 177 del Código Penal es indiscutible.

Manini Ríos se limitó a entregar un expediente de 700 páginas sobre el fallo del tribunal de honor. En el expediente estaban las actas del tribunal de honor con las transcripciones de las confesiones. Jurídicamente no tiene defensa alguna.

Desde hace varias semanas el Dr. Julio María Sanguinetti, el mismo que en 1986 promovió la Ley de Amnistía para los terroristas estatales, ha encabezado públicamente su defensa junto al coro de editorialistas todo terreno de El País. El expresidente Mujica, también, ha señalado su negativa a votarlo, aduciendo razones políticas controversiales y equivocadas.

Un tribunal de honor y otro de alzada

Tal como lo señaló Andrés Alsina en La Diaria (11.7.20), los seis generales en actividad que integraron los tribunales que juzgaron la conducta de José Nino Gavazzo aseguraron que Manini Ríos evitó, al menos en tres ocasiones, hacer la denuncia “inmediatamente” de conocido el delito, tal como obliga el artículo 77 del reglamento militar y es, además, obligación de todo empleado público.

El 10 de abril de 2018, Gavazzo contó al menos parte del horror que cometió. Los tres generales que integraban el tribunal se lo informaron inmediatamente a       su superior, el teniente general. Manini Ríos les ordenó suspender las actuaciones, “indicando que posteriormente daría las directivas correspondientes, haciéndose cargo de la situación”, declararon los generales.

A fines de abril, Manini convocó al general que presidía el tribunal de honor “a su despacho y le dio la orden de continuar con sus tareas, fundándose en la urgencia de culminar las actuaciones, y en que a su juicio, lo declarado por G. [Gavazzo] era una „chicana‟ para dilatar la decisión”.

El tribunal volvió a reunirse el 15 de junio de 2018 y sus tres integrantes resolvieron algo. “Le pedimos una nueva audiencia al comandante en jefe y lo que decíamos es que esto era un caso para pasar a la Justicia... con esto hay que hacer algo, y había acuerdo en ello. Esto es un hecho que hay que pasarlo a la Justicia, no hay vuelta”, dijeron los generales, según cita el dictamen fiscal. Manini “ordenó nuevamente al tribunal detener sus actuaciones y aguardar órdenes, finalizando así la reunión”.

 

El general Gustavo Fajardo, que aparece como F. en el documento, declaró: “Paramos ahí, la verdad que bastante consternados por todo lo que este hombre había declarado...”. Sigue el dictamen fiscal: “Esta reunión tampoco fue documentada. Así transcurrieron varios días (entre siete y diez), hasta que M.R. [Manini Ríos] dio la orden de continuar nuevamente con las tareas del tribunal, con los mismos argumentos que la vez anterior”.

 

Tras el fallo del tribunal, el Poder Ejecutivo dispuso la formación de un tribunal de honor de alzada, y su presidente, el general Claudio Romano, contactó a Fajardo “y le consultó si efectivamente el comandante en jefe del Ejército estaba al tanto del contenido de las declaraciones de G. [Gavazzo] y S. [Siveira]. F. [Fajardo] respondió afirmativamente, informándole además que habían cumplido con lo dispuesto en el artículo 77 del reglamento”, que dispone que se informe en forma inmediata al superior, Manini.

Como comandante Manini Ríos atacó al Poder Judicial

El 13 de febrero de 2019, Manini firmó el oficio 06/L/19, elevando ambos fallos al MDN, para su homologación por el Ejecutivo. Como era un trámite de orden, Manini agregó una nota suya de ocho carillas, que el fiscal citó.

Este es un tramo: “A juicio del suscrito, la posición de los miembros del Tribunal refleja la opinión generalizada entre los integrantes del Ejército Nacional de que en los temas referentes al juzgamiento a militares por violaciones a los Derechos Humanos ocurridas hace más de cuatro décadas, la Justicia uruguaya en muchas oportunidades se apartó de los más elementales principios del Derecho, no dando garantías a los acusados. En definitiva, aplicó una suerte de Derecho para el enemigo”. Y sigue despotricando contra la Justicia, a la que seis generales bajo su mando querían dar cuenta de los hechos revelados.

El jueves 14 de febrero de 2019, Manini, “munido del expediente y de su escrito, concurrió al despacho del Ministro de Defensa Nacional”, donde estuvo sólo diez minutos. Aparentemente, perdió así una cuarta oportunidad de informarle al ministro Jorge Menéndez del relevante contenido del expediente.

Alcanza con una fotocopia

Guido Manini Ríos nunca presentó formalmente por escrito una denuncia ante el Poder Judicial acerca de la confesión que realizara José Nino Gavazzo. En el expediente no consta. Si presentara una copia de la misma, la causa judicial y el pedido de desafuero serían cosa del pasado. No lo hizo. Omitió denunciar y ello es penalmente castigable. Se le debe otorgar el desafuero para que sea juzgado y condenado al igual que ocurrió con el diputado del Partido Nacional Wilson Ezquerra en el año 2017 y con el senador del Partido Colorado Daniel Bianchi en abril del pasado año.

La afirmación del Estado de Derecho que tanto desagrada al general retirado demanda que quienes violan la ley sean juzgados con todas las garantías del debido proceso. La Cámara de Senadores debe conceder el desafuero que Guido Manini Ríos ya no pide ante los medios de comunicación, ni quiere.

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Opinando N° 11 – Año 9 – Lunes 24 de agosto  de 2020

 

viernes, 21 de agosto de 2020

La historia dice que estaba ahí

 

El capitán Loitey y el asesinato de Roslik

La historia dice que estaba ahí

Virginia Martínez
21 agosto, 2020


Vladimir Roslik en Moscú. Gentileza Mary Zabalkin

 

El candidato a la Intendencia de Soriano por Cabildo Abierto, capitán (r) Alberto Loitey, cree que 36 años son suficientes para que la insidiosa lima del olvido (la metáfora es de Cortázar) vuelva verdad la mentira.

Luego de que se conoció su postulación surgieron voces que lo señalan como uno de los oficiales que estaba en el Batallón de Infantería número 9 de Fray Bentos la madrugada que asesinaron al médico Vladimir Roslik, el 16 de abril de 1984, pocas horas después de que lo sacaran encapuchado de su casa en la colonia San Javier, en el departamento de Río Negro.

En la entrevista que publicó la edición impresa de El Eco el 1 de agosto pasado y que el 15 reprodujo la versión digital del semanario, el capitán (r) dice por lo menos tres mentiras graves. 

1. Niega que el Estado uruguayo haya torturado: «No, no… mentira, tortura no, ese es el discurso que le quisieron exponer acá. Esa es la parte que digo que tenemos que sentarnos todos a conversar, acá nadie está defendiendo la tortura, pero lo que no podemos es tergiversar la historia».

A Roslik lo secuestraron dos veces. La primera el 30 de abril de 1980, cuando el Batallón de Infantería número 9 invadió San Javier. En el operativo detuvieron a 25 personas. Las torturaron en la comisaría de la colonia primero y en el cuartel después, a donde llegaron atados y encapuchados, apilados en un camión. A 11 los procesó la justicia militar y cumplieron penas de uno a cuatro años de cárcel. Los hicieron pasar por comunistas y agentes soviéticos, pero lo cierto es que sólo se les podía reprochar la ascendencia rusa. La maestra Susana Zanoniani, detenida con Roslik, tiene presente el tormento del médico: «Tampoco me puedo olvidar de los gritos de Roslik. Lo torturaron horriblemente». Hugo González, funcionario del Banco República, secuestrado con él, recuerda: «Estaba de plantón, piernas y brazos separados. [El teniente Ivo Dardo] Morales le apagaba cigarrillos en la espalda y después le obligaba a sostenerse una gasita cubriendo las quemaduras. Lo oía delirar».

Entre los torturados y procesados están Víctor Makarov, Ricardo Bozinsky, poco más que liceales en ese entonces, Aníbal Lapunov, Miguel Roslik, hermano del médico, y sus dos hijos, Víctor y Vladimir, que no habían cumplido 20 años. Todos padecieron plantón, golpes, simulacros de fusilamiento y al fin del calvario terminaron en el Penal de Libertad.

El Ejército saqueó y clausuró el Centro Cultural Máximo Gorki, donde se cultivaban –hoy también– las tradiciones (danza, idioma, gastronomía y literatura) de los fundadores de la colonia. San Javier se volvió un pueblo sitiado. Fue tan grave el daño a la identidad colectiva y a la convivencia social que al fin de la dictadura, pero aún en dictadura, 200 sanjavierinos presentaron una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia por discriminación étnica. Se sentían perseguidos por su origen y amenazados como comunidad.

2. «El hombre murió por un paro cardíaco, como muere cualquiera de nosotros.»

La noche del 15 de abril de 1984 el Batallón de Loitey llegó de nuevo a la casa de Roslik y de su mujer Mary Zabalkin. Cerca de ellos, Valery, el hijo de cinco meses, dormía en la cuna. «¿Por qué siempre se la agarran con nosotros?», preguntó desolada Mary, mientras trataba, sin éxito, de abrigar al marido, ya esposado, con un saco de lana. Sólo pudo colarle un par de medias en el bolsillo del pantalón. «Otra vez no, a lo mismo otra vez no», fue lo último que le escuchó decir mientras lo metían en un auto. Siguieron a la casa de otros vecinos de la colonia a quienes también se los llevaron. Ni bien llegaron al cuartel empezó la tortura. «No tengo nada que ver con las acusaciones que me hacen», decía Roslik. «Es la segunda vez que caigo en las manos de ustedes, me pueden matar si quieren.» Juan Chimailov oyó cómo lo torturaban. Lo escuchó gritar hasta que la voz se apagó. Inmediatamente ordenaron detener el tormento y convocaron al médico de la unidad militar Eduardo Sáiz Pedrini. Trataron de reanimarlo, pero era tarde. Cuando amaneció llamaron a Mary para que fuera a retirar el cuerpo al hospital de Fray Bentos.

3. «Hubo médicos que actuaron y una Justicia que actuó. Como yo no estuve en el tema, no le puedo dar detalles porque no los conozco. Pero la historia dice que estaba ahí.»

Cierto es que actuaron médicos y la Justicia (militar), las dos para encubrir el asesinato. Sáiz Pedrini, que había estado en los interrogatorios de 1980 controlando la resistencia de los detenidos, firmó la autopsia que estableció el paro cardíaco como causa de la muerte.

Con la fuerza que nace del dolor, Mary recurrió a un colega del marido, Jorge Burjel, también médico militar, un hombre digno que honró la profesión. Él le aconsejó pedir otra autopsia y estuvo presente en el examen en representación de la familia. Constataron hematomas en todo el cuerpo, golpes en el bazo y rotura del hígado, entre otras señales de violencia. El 17 de abril enterraron a Roslik bajo un diluvio. Vecinos de la colonia cargaron el féretro, en silencio, hasta el cementerio. Sólo se alzó, ahogada pero clara, la voz de Mary: «No podemos seguir viviendo así. No debemos seguir callando todo lo que nos está pasando. Por eso yo juro sobre el cuerpo de mi marido muerto que no descansaré hasta hacer justicia». El 21 el juez militar coronel Carmelo Betancourt ordenó un tercer examen. Hubo que exhumar el cuerpo. El gobierno aún no había informado del resultado de la segunda pericia cuando la tercera confirmó que la muerte había sido violenta y multicausal.

Mientras tanto la Dinarp seguía emitiendo comunicados que quedarán para la peor historia de la infamia: hablaron de células subversivas, de introducción de armamento, de fabricación de explosivos, de adoctrinamiento y prácticas de tiro. Finalmente relevaron del cargo al jefe del Batallón, teniente coronel Mario Olivera, y al subjefe mayor Sergio Caubarrère. Los dos fueron procesados por la justicia militar. Aquel por homicidio ultraintencional y este por omisión. El procesamiento no tuvo consecuencias para Olivera ni para Caubarrère, pues ambos continuaron en actividad y pasaron a retiro en la década siguiente con el grado de coronel.

El gobierno intentó mantener en reserva el relevo y demoró cuanto pudo la información de los procesamientos. El nuevo jefe del cuartel atribuyó el cambio a «relevos rutinarios en los cuadros militares». Recién a fines de mayo el presidente del Supremo Tribunal Militar coronel Federico Silva Ledesma convocó a una conferencia de prensa en la que se negó a dar el nombre de los dos militares, exhibió sólo algunos renglones de la segunda autopsia (exigió expresamente a los periodistas que no miraran el laudo completo) y argumentó que la reserva obedecía a la obligación de no afectar la independencia de los jueces militares.

El tesón de Mary Zabalkin, la acción del semanario Jaque (Manuel Flores Silva, Manuel Flores Mora, Juan Miguel Petit y Alejandro Bluth) y de la Federación Médica del Interior impidieron que fraguara la mentira, convirtiéndose en incontestable verdad oficial.

Aunque Loitey lo niegue, la historia dice que a Roslik lo torturaron, lo encarcelaron y hasta quisieron retirarle el título de médico (sugerencia del jefe de Policía de Río Negro coronel Walter Tito). Lo asesinaron, lo enterraron y desenterraron para ocultar el crimen, que todavía sigue impune. Ahora el mayor (r) candidato a la Intendencia también pretende machacarle la memoria.

Todas las citas de este artículo pertenecen al libro  Los rusos de San Javier. Perseguidos por el zar Perseguidos por la dictadura uruguaya. De Vasili Lubkov a Vladimir Roslik, Virginia Martínez, Banda Oriental, 2013.

 Fuente: https://brecha.com.uy/la-historia-dice-que-estaba-ahi/

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