la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

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viernes, 31 de agosto de 2018

Las palabras guardadas




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Teatro: Nosotras en Brum



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Sábado 1°: Todos al Memorial





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Viernes 31: Presentan "Crónicas de los años duros"




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Los mismos sospechosos de siempre



En la noche del sábado pasado vandalizaron el Memorial a los Detenidos Desaparecidos, en el Parque Vaz Ferreira  en el Cerro de  Montevideo. En el lugar arrojaron dos latas de pintura que ensuciaron las paredes de cristal que contienen los nombres. El memorial homenajea a los más de doscientos uruguayos detenidos desaparecidos en el Marco del Plan Cóndor.


Cada vez que la justicia comienza a actuar con respecto a las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el período del terrorismo estatal, a cumplir con las obligaciones  exclusivas que la Constitución le otorga, se llevan a cabo acciones desestabilizadoras de distinta naturaleza. Para obstaculizar y frenarla.  Ocurrió en diciembre de 1986 cuando se generaron las condiciones que pretextaron  la presentación de la Ley de Caducidad y motivó a que Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos impulsara el Referéndum para derogarla.

Se siguió llevando a cabo en diferentes instancias a lo largo de estos treinta y tres años de retorno a la institucionalidad democrática. Ocurre nuevamente ahora, en el mismo momento en que base a la actuación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad se han comenzado a reactivar las causas en diferentes juzgados y presuntos criminales han sido convocados a declarar.

La Justicia es el camino de la Verdad

La justicia tiene un papel de primer orden. El castigo de los delitos es fundamental para evitar que vuelvan a repetirse. La sanción penal es un acto de justicia, orientado a asegurar la paz social, a evitar la justicia por mano propia. Esencialmente,  el castigo  es fundamental para evitar que vuelvan a reiterarse las conductas inadecuadas. Es el único camino. El decisivo.

Hasta la entrada en vigencia el año pasado del Nuevo Código del Proceso Penal, en Uruguay, el  poder judicial tenía el monopolio exclusivo de la investigación de las actividades con apariencia delictiva. Poseía todas las potestades imprescindibles para que las investigaciones pudieran prosperar y ser exitosas: hacer comparecer, con el auxilio de la fuerza pública, incluso, a todos los testigos y a los presuntos involucrados.

Asimismo, podía interrogarlos, tomarles declaración, hasta privarlos de su libertad si las circunstancias lo ameritaban. También podía disponer allanamientos en domicilios, inspeccionar lugares, solicitar acceso a archivos y a documentación oficial.

La investigación criminalística es fundamental

La investigación  judicial y criminalística de los delitos es una pieza esencial y clave para llegar a la verdad, para esclarecer lo sucedido: el qué, el cuándo, el dónde, el cómo, el porqué. Los investigadores, recurriendo a todos los medios posibles, deben esclarecer los hechos, identificar a los responsables, a los autores materiales y también a los instigadores o autores intelectuales.

La actual investigación parlamentaria sobre espionaje desarrollado por las Fuerzas Armadas en democracia ha dejado en evidencia que es posible avanzar cuando quienes la realizan son tesoneros y están comprometidos con la labor. Pero tienen un límite. Solo concurren a declarar quienes lo desean, en las condiciones en que lo desean. Al no concurrir quedan en evidencia y expuestos ante la opinión pública y la ciudadanía. Para proseguir las investigaciones hasta el hueso, a fondo, hay que dar intervención al Poder Judicial: puede convocar y hacer concurrir a todos los involucrados aunque no lo deseen, con el auxilio de la fuerza pública.

Sin temor: el poder judicial puede y DEBE seguir actuando

El destino de todos y de cada uno de los Detenidos Desaparecidos es y seguirá siendo una herida abierta y vergonzosa de la democracia uruguaya. La desaparición forzada es un delito atroz y permanente, que se sigue cometiendo hasta que la misma se dilucide fehacientemente.

Saber la verdad sobre estos crímenes de lesa humanidad, sobre todas las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el terrorismo estatal, no es una tarea para un grupo escogido y selecto de investigadores y/o personalidades. Es una responsabilidad estatal, de los tres poderes,  que debe ser asumida muy especialmente por la principal herramienta del Estado de acuerdo a las disposiciones constitucionales: el Poder Judicial.

La justicia no es un obstáculo para llegar a la verdad como afirmó hace unos años el Gral ® del Aire José Bonilla. Fue la falta de actuación de la justicia, debido a la vigencia durante más de dos décadas de la Ley de Caducidad, lo que impidió avanzar decisivamente en todos los temas del pasado reciente. Desde octubre del año 2011, ley 18 831 mediante, no existen más obstáculos legales. El Artículo 1° de dicha ley restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado para los crímenes del terrorismo estatal.

La dictadura fue una gran tragedia nacional. Fue un proyecto integral de país al servicio de los grupos empresariales privilegiados, de la ciudad y del campo. Sus efectos duran hasta el día de hoy. Los costos previsionales de las hiper desarrolladas FFAA de aquel período exigen un desembolso de más de 500 millones de dólares a Rentas Generales anuales hasta el día de hoy. El pasado reciente sigue siendo de palpitante actualidad.

En momentos en que el Parlamento debate una tenue y tímida reforma de la Caja Militar y la justicia da pasos pequeños, estos mensajes son preocupantes. La ciudadanía debe ser convocada a rechazarlos, con todo el peso de la masiva movilización ciudadana.

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Opinando N° 8 – Año 7–  Martes 28 de agosto de 2018

viernes, 3 de agosto de 2018

miércoles, 1 de agosto de 2018

Reparación a las Víctimas del terrorismo estatal





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Onajpu homenajea




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Sábado 18: homenaje en La Tablada



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43 años después


Operación Morgan. Una placa de la memoria recuerda 

el asesinato en la tortura del militante comunista Álvaro Balbi.

La diaria - 1 8 18

Gerardo Núñez, Javier Tassino, Nicolás Pons y Eduardo Bonomi, en el desubrimiento de una placa de la memoria para recordar a Álvaro Balbi, ayer, en la ex Guardia de Granaderos.
 Foto Andrés Cuenca

Álvaro Balbi Sala estaba casado y era padre de cuatro hijos: Arianna, Pablo, Andrea y Alondra. Era empleado en una empresa de automotores, músico (estudió piano con Hugo Balzo y Numen Vilariño) y militante del Partido Comunista del Uruguay (PCU). 

El martes 29 de julio de 1975, un par de años después del golpe de Estado, fue detenido por policías en el marco de la llamada “Operación Morgan” contra el PCU, cuando participaba con otras personas en una reunión clandestina en la calle Canstatt. Los tuvieron unas horas en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, ubicada en la calle Maldonado, y después los trasladaron a la sede de la Guardia de Granaderos, en José Pedro Varela y Propios, donde hoy está la Guardia Republicana. Las torturas a las que fue sometido le causaron la muerte en la madrugada del jueves 31.

El mismo día, la Policía le dijo a la familia de Balbi que este había fallecido debido a un ataque de asma, desencadenado por el frío invernal. En el certificado de defunción, firmado por el médico forense militar José Alejandro Mautone, se afirmaba que la causa de la muerte había sido una “insuficiencia cardiopulmonar aguda”, pero la viuda, Lille Caruso, y otros familiares lograron que se le practicara una autopsia, cuyo informe señaló que el cuerpo presentaba “hundimiento de tórax, órganos genitales calcinados, rotura de hígado, fractura de pierna izquierda y fractura de cráneo”.

Ayer, 43 años después del asesinato de Balbi, se colocó a las 18.00 una placa recordatoria de ese crimen en la actual sede de la Republicana. Hablaron Nicolás Pons en representación del Ministerio de Educación y Cultura, el diputado Gerardo Núñez por el PCU, solicitante del reconocimiento, y un familiar de Balbi. Con este acto se continúa lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley 18.596, “Actuación ilegitima del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985 - Reconocimiento y reparación a las víctimas”.

Luego de la muerte del militante, su padre, el maestro Selmar Balbi, le envió una carta al dictador Juan María Bordaberry, que este nunca respondió. En ella le decía: “No procuro condolencias, [...] no necesito palabras de consuelo. A diario me las prodiga el pueblo entero. [...] Por su condición de Jefe de Estado, señor Presidente, usted sólo puede contestarme con hechos y el hecho en este caso horrendo –no único en el país, desgraciadamente– es un castigo ejemplar, terminante, concreto y público, garantido y documentado, como se reitera en forma frecuente en los medios de información. [...] Todas las circunstancias muestran que mi hijo fue muerto en dependencias de las Fuerzas Conjuntas. A ustedes les toca determinarlo. Pero quiero decir lo siguiente: en el Uruguay la pena de muerte no existe. Ni la más alta dignidad judicial, frente al mayor criminal y al más grave delito, puede condenar a muerte al peor de los reos. Nadie tuvo entonces derecho a matarme a mi hijo. Sólo la impunidad más absoluta pudo amparar el crimen, así fuera, como a veces se sugiere, porque se les fue la mano”.

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Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad


Piden prisión para 8 militares por 

delitos cometidos entre 1975 y 1977


El país – 1 8 18



En todos los casos es por delitos de violación de domicilio, abuso de autoridad contra los detenidos y privación de libertad.

La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad pidió el procesamiento con prisión de ocho militares por delitos cometidos entre 1975 y 1977.

Según consta en un documento publicado por la Fiscalía, el fiscal Ricardo Perciballe solicitó el procesamiento con prisión de ocho personas, en todos los casos por delitos de violación de domicilio, abuso de autoridad contra los detenidos y privación de libertad.

En tanto, en un caso se señala también el atentado violento al pudor y la violación como figuras a imputar.

La investigación inició con una denuncia que en octubre de 2011 presentaron miembros de la Asociación de Expresos Políticos de Uruguay (Crysol), que apuntó a "padecimientos" que activistas de izquierda sufrieron entre 1975 y 1977 en dos centros de detención, el Batallón de Infantería Nº13 y en el clandestino "Infierno Grande", también conocido como "300 carlos".

Al Batallón de Infantería iban, principalmente, jóvenes vinculados al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, mientras que al otro eran derivados militantes sociales y políticos, vinculados sobre todo al Partido Por la Victoria del Pueblo (PVP).

Según consta en el escrito de Perciballe, los operativos en el período de la dictadura comenzaban con la obtención de "un dato" por parte de las autoridades, que apuntaba a "cierta persona" con una organización social o política de las "perseguidas".

"La detención se realizaba en los domicilios de las personas y en la noche, por lo que se irrumpía en forma violenta", agrega el documento.

Asimismo, sostiene que, cuando la persona requerida no se encontraba en el lugar, se tendía una trampa y se tomaba de rehenes a los demás habitantes hasta que el involucrado aparecía.

"Una vez producida la detención, se procedía al 'encapuchamiento', es decir, a colocarle una capucha o una venda en los ojos", a la persona requerida, para que no pudiera darse cuenta hacia dónde se dirigía.

Las sesiones de tortura para obtener confesiones en los dos centros de detención vinculados a esta causa consistían en "plantones", es decir, obligar a los detenidos a estar parados por varias horas en una misma posición, así como golpizas, picanas eléctricas en todo el cuerpo y especialmente en los genitales, así como submarinos con agua y excrementos y diversos abusos sexuales, entre otros procedimientos.

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