la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

Joaquín Requena 1533 esquina Brandzen. Telefax: 2408 44 65. Montevideo. Uruguay. Dirección electrónica: crysol2003@gmail.com


Horario de atención en nuestra sede social: de lunes a viernes de 14.30 a 19 horas. Cuota social: $ 140.-




jueves, 20 de junio de 2019

El crysol de todas y de todos

Orgullosos  de haber sido y de seguir siendo


Esta semana nuestra organización celebra su 19 aniversario. Como lo venimos haciendo desde hace muchos años, el sábado 22, al mediodía, en la sede social de Aute, en la calle Agraciada 2463, habrá un busecazo crysolero. El lugar y, la fecha, fue decidido a comienzos de año, cuando nadie hablaba de actos de cierre de campaña.
Surgimos en el invierno del año 2000, mientras gobernaba el Dr. Jorge Batlle, en plena época de cultura de la impunidad, con los principales responsables de las graves violaciones a los DDHH ocupando cargos jerárquicos en las fuerzas armadas. Eran notorios los estragos causados por el terrorismo de Estado en miles de ex presos políticos y las secuelas de una ausencia total de políticas de reinserción por parte del Estado y del sistema políticos hegemónico: impunidad para los asesinos y torturadores e ignorancia y silencio para las víctimas.
Empezamos como un espacio de encuentro y de reencuentro, para organizar la solidaridad con los que estaban en peores condiciones, para generar puestos laborales, encontrar soluciones y paliativos, para reclamar justicia, verdad, políticas de Memoria y el cumplimiento de las normas internacionales de DDHH en materia de resarcimiento (En aquella época “Los principios de Joinet”).
Cuando nacimos, en la sobremesa de un asado en el Parque de la Nación Charrúa (exparque genocida Gral. Rivera), nadie hablaba de que en este país había habido miles de presos políticos. La prisión política era una simple peripecia personal de algunos referentes políticos de la izquierda. Se ocultaba que en las “décadas nefastas” la prisión política había sido una auténtica epopeya colectiva de uruguayos. La sufrieron los que enfrentaron el proyecto de reorganización social que desde el 13 de junio de 1968 comenzó a implementar la derecha uruguaya con el respaldo de las mismas cámaras que hoy cuestionan, en foros internacionales, las conquistas logradas por los trabajadores.
El paso del tiempo ha sido inexorable, hemos envejecido, pero nos ha permitido forjar una organización joven, con integrantes mayoritariamente septuagenarios, que superamos el millar de asociados. Somos la organización de todas y de todos los ex presos políticos, de los miles de luchadores sociales, culturales y políticos que enfrentamos el terrorismo de Estado para contribuir a alumbrar la democracia que disfruta la sociedad uruguaya.
Agrupados como colectivo, mantenemos los sueños y las mismas convicciones de siempre,  el compromiso con la militancia diaria, gris y oscura de todos los días: yendo a reuniones, participando en actos y concentraciones, pagando la cuota social, apoyando en lo que esté a nuestro alcance. Sabemos que sin militancia, sin esfuerzo, sin participación en reuniones buscando consensos colectivos, caminos de acción que nos involucren a todos, con mucha tolerancia y paciencia, sin compromiso personal, no se construye presente ni futuro.
Somos la Asociación de todas y de todos los ex presos políticos, sin importar su compromiso militante partidario, su experiencia carcelaria o su tiempo de reclusión. Integramos  Onajpu, mantenemos relaciones fraternas con el movimiento sindical, con su central única, con las principales organizaciones sociales y de DDHH. Somos una organización formal y democrática, con referentes institucionales elegidos de manera regular y públicamente por la masa de asociados.
Los gobiernos que se han sucedido desde marzo de 2005 han sido decisivos por su sensibilidad para los logros que hemos obtenido como colectivo. Negarlo o cuestionarlo es síntoma de una patología política para percibir la realidad. Pero fue la presencia orgánica y militante de Crysol con el apoyo de miles que lo hizo posible. Todas y todos los ex presos políticos lo saben. Incluso aquellos que  tienen diferencias, en algunos casos muy grandes, y las exponen públicamente, con los puntos de vista que asumimos como colectivo organizado. Las puertas de la institución siempre han estado y siguen estando abiertas a todas y a todos los ex presos políticos.
Somos una organización plural y democrática, que asumimos el compromiso de representar a todas y a todos, preservando siempre la unidad y esta herramienta maravillosa que hemos venido forjando en esta ya larga trayectoria.
La del sábado no es una simple comida compartida. Es un reencuentro como todos los años para ratificar nuestro compromiso con la unidad, con la organización, con la pluralidad, la democracia y la vigencia de la institución crysolera,  a pesar de vivir en tiempos de incertidumbre política que pueden poner en riesgo todo lo logrado y alcanzado. Siempre junto a nuestros Detenidos Desaparecidos.
A los desafíos tradicionales que todos conocen hemos sumado uno nuevo y hemos comenzado a encararlo con los referentes institucionales al frente de la iniciativa. Queremos erigir un Memorial en homenaje a todas las ex presas políticas del país, de todo el país, en un lugar emblemático y significativo de la capital. Habrá un concurso abierto a todo público. En base a la experiencia acumulada, ya hemos comenzado los contactos con las principales autoridades involucradas para que sea una realidad a corto plazo.
El sábado estaremos en la buseca celebrando estos 19 años de lucha y levantando las banderas de Crysol por Verdad, Justicia, Memoria y Reparación. Como siempre y más allá de las diferencias habrá un gran abrazo crysolero. Entre todas y todos.
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Opinando N° 9 – Año 8 – Martes 18  de junio de 2019


domingo, 9 de junio de 2019

Comando Barneix

Comando Barneix: el gobierno convocó a los amenazados a

 reunión el martes 11

A más de dos años de los hechos, la CIDH había pedido al Ministerio del Interior que informe de supuestos “avances” en la investigación, que los afectados niegan

Fabián Werner / Sudestada / @fwernerv - 7 6 19 

Cuatro de los amenazados por el "Comando Barneix" ante la CIDH: abogado Pablo Chargoñia (izquierda), y detrás Mirtha Guianze, Francesca Lessa y Jair Kirshke, junto a Florencia Retamosa y Raúl Olivera del Observatorio Luz Ibarburu. Foto: CIDH.

Los defensores de Derechos Humanos y abogados amenazados de muerte el 9 de febrero de 2017 por el “Comando Barneix” negaron que hayan existido “avances” en la investigación que realiza el Estado uruguayo. Esta versión fue transmitida por representantes del Ministerio del Interior a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó Montevideo entre el 27 y el 29 de mayo.

La presidenta de la Comisión, la panameña Esmeralda Arosemena, y la relatora para Uruguay, la chilena Antonia Urrejola, se entrevistaron durante tres días con representantes del Estado, la sociedad civil y la academia, y al finalizar hicieron público un comunicado con el resultado de la visita.

En el pronunciamiento del 31 de mayo se señala textualmente: “la Comisión toma nota y agradece la información brindada por el Estado en los avances de las investigaciones en la identificación y sanción de los responsables de las amenazas del grupo autodenominado ‘Comando Barneix’ en contra de autoridades, operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos que actuaron en el proceso de causas judiciales relativas a violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura en Uruguay. 

La CIDH urge al Estado continuar invirtiendo todos los esfuerzos para determinar y sancionar a los responsables”.

El tenor del comunicado de la CIDH tomó por sorpresa a los amenazados, que se comunicaron entre sí en los últimos días para comentar la llamativa versión sobre aparentes “avances en la identificación y sanción de los responsables de las amenazas” que nunca les fueron comunicados por el Ministerio del Interior ni por la Justicia.

Quienes recibieron las amenazas fueron la ex vicecanciller Belela Herrera, la ex fiscal Mirtha Guianze, la investigadora italiana Francesca Lessa, el activista brasileño Jair Kirshke, el juez francés Louis Joinet, el fiscal de Corte Jorge Díaz y los abogados Hebe Martínez Burlé, Juan Errandonea, Óscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez y Pablo Chargoñia.

Dos de las personas amenazadas, la investigadora italiana Francesca Lessa y la exfiscal Mirtha Guianze hablaron con Sudestada en representación de todas las víctimas y dijeron que nunca les fue comunicado ningún tipo de avance en la investigación en los más de dos años transcurridos desde la llegada de los mensajes. Incluso, detallaron que hubo pedidos para que se tomaran algunas diligencias investigativas pero eso tampoco se llevó adelante.

Guianze afirmó que la última noticia que tuvieron fue a raíz de la carta abierta de enero de 2018, que motivó un pedido de informes de la Suprema Corte de Justicia a la jueza Julia Staricco, tras lo cual ella convocó a una audiencia el 13 de marzo de ese año. “Esa audiencia fue inconducente. Concurrimos los denunciantes, la policía, la fiscal Mónica Ferrero y representantes de la Facultad de Ingeniería. Lo que propusimos no se llevó a cabo por el Juzgado”, lamentó.

Por su parte, Lessa dijo desde Londres que antes de esa audiencia los abogados les informaron que el expediente “estuvo paralizado en fiscalía durante ocho meses”, hasta noviembre de 2018. En ese momento “la resolución que dictó la fiscalía fue absolutamente inútil”, dijo Lessa, ya que citaba a declarar al entonces decano de la Facultad de Humanidades Álvaro Rico y a la exdirectora de la Secretaría de DDHH para el Pasado Reciente, Isabel Wschebor.

Incluso, Guianze recordó algunos episodios que le causaron “molestia”, como cuando la Policía la llamó para hacerle consultas sobre el “Archivo Castiglioni”, cuando habían sido los denunciantes quienes habían pedido a la Justicia que se buscara información en esos documentos. “Algunos de nosotros sabemos que figuramos allí como sometidos a seguimientos y a espionaje, pero eso tampoco se hizo y el ‘Archivo Castiglioni’ sigue encajonado”, dijo.

Tanto Guianze como el fiscal Jorge Díaz preguntaron en la audiencia de noviembre de 2018 sobre las razones por las cuales la Policía no había investigado en el cúmulo de documentación encontrado en la casa del excomisario Elmar Castiglioni tras su muerte en octubre de 2015.

“No supieron contestarnos”, recordó Guianze. “Dijeron que ellos se limitaron a lo que les habían ordenado, que era indagar el ‘Comando Barneix’, y que para ellos el ‘Archivo Castiglioni’ no entraba en el asunto. A partir de ahí, quedó claro que sí entraba, pero las diligencias que se hicieron fue citar a Rico y a Wschebor, que habían producido informes preliminares que no ahondaban en el contenido del archivo”.

“El pedido de las víctimas era que el Juzgado pidiera acceso a esos documentos rescatados de la casa de Castiglioni, porque todos tenemos interés en saber lo que contienen, pero eso aparentemente no está”, lamentó Guianze.

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sábado, 8 de junio de 2019

Turbulencias en la Fuerza Aérea: el difícil intento de desmarcarse del Ejército

Al juzgar a los suyos la aviación militar aplicó el criterio de que  si existe una sentencia judicial ya no hay nada que discutir

Por Leonardo Haberkorn - El Observador - 8 6 19

La Fuerza Aérea inició este jueves un nuevo Tribunal de Honor a uno de sus oficiales, acusado de crímenes en la dictadura. Se trata del coronel retirado Enrique Ribero, condenado por la muerte del militante comunista Ubagesner Chaves.


A diferencia de la actitud mantenida por el Ejército, la Fuerza Aérea ha intentado alinearse con el Poder Judicial y no defender, explícita o implícitamente, a quienes tienen condenas por actos violatorios de los derechos humanos.

Mientras en el Ejército un Tribunal de Honor le llevó la contra al Poder Judicial desconociendo sus sentencias y no consideró un deshonor que José Gavazzo hiciera desaparecer el cuerpo de un detenido muerto bajo sus órdenes y que gaseara a otro, la Fuerza Aérea acaba de concluir otro Tribunal de Honor al coronel José Uruguay Araújo, alineándose cien por ciento con la justicia.
Ese Tribunal de Honor determinó que Araújo -en un fallo que fue homologado en estos días por el presidente Tabaré Vázquez– incurrió en una descalificación “por falta gravísima” en los hechos que derivaron en la muerte Chaves en la base de Boiso Lanza en 1976.

El fallo recuerda que Araújo, lo mismo que Ribero, está condenado por la justicia por el homicidio de Chaves, un obrero metalúrgico y dirigente sindical que tenía 37 años al ser detenido y era padre de una niña de tres años.

A pesar de que tanto Araújo como Ribero nunca han admitido su culpabilidad, en la Fuerza Aérea primó el criterio de que existiendo una sentencia judicial, ratificada además en segunda y tercera instancia, ya no hay nada que discutir, dijeron fuentes del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea.

Sin embargo, los intentos de la Fuerza Aérea por dar vuelta la página quizás no resulten tan rápidos y sencillos.

Insisten en su inocencia

El Tribunal de Honor de Ribero, que comenzó el jueves, se procesa en un clima muy especial.

Por un lado, ocurre en forma simultánea con el pedido de procesamiento del propio Ribero y de otros oficiales de la Fuerza Aérea acusados de torturar entre 1972 y 1976

Pero al mismo tiempo, el abogado del militar, Carlos Bustamente, se apresta a reclamar ante la Suprema Corte de Justicia la revisión de la condena de su defendido por la muerte de Chaves.

La revisión es un recurso extremo que se presenta cuando ya existe una condena firme. Para que tenga andamiento, el condenado tiene que aportar nuevas pruebas que de un modo categórico demuestren su inocencia.
Eso es lo que pretende Ribero, quien lleva más de ocho años preso por ese caso.

Tanto Araújo –que también cumplió funciones en el Servicio de Información de Defensa– como Ribero  aseguran estar pagando la culpa de otros en lo que respecta a la muerte de Chaves.

Ribero fue condenado por ese crimen en base al testimonio Gerardo Barrios, otro de los prisioneros de Boiso Lanza.

“En determinado momento –dijo Barrios en el juzgado– se cansan de torturarnos y me acuerdo que Ribero le decía a uno de los oficiales ‘vamos al casino a tomarnos una’. Dejan un soldado de custodia, se hace silencio y en determinado momento quedo parado contra la pared, Chaves tirado en la parrilla porque no podía estar de pie y empiezo a notar que la respiración de Chaves es mala; yo me doy cuenta y grito a la guardia que está mal, llaman al oficial y vienen un par de ellos comprueba que está mal porque llaman un médico (...) A todo esto yo sigo parado ahí. Veo que entra el médico y puedo ver que el médico ausculta a Chaves y le dice a Ribero que está ahí: ‘sí, es el bobo’”.

Según la sentencia del caso, “existe prueba suficiente que acredita sus participaciones en calidad de autor a Ribero y de coautor a Araújo, del homicidio de Ubagesner Chaves Sosa. El primero por haber contribuido eficientemente en la aplicación de torturas que determinaron el fallecimiento del detenido y el segundo en tanto dirigió y facilitó la realización de tales apremios físicos”.

“La Justicia ordinaria nos condenó por un crimen que no cometimos y los verdaderos responsables del mismo continúan integrando el escalafón de personal superior de la Fuerza Aérea”

José Uruguay Araújo, en el escrito presentado al entonces comandante Zanelli

La sentencia establece también que “no son los encausados los únicos responsables. Los testigos refirieron a numerosos oficiales que participaban en hechos similares a los que llevaron a la muerte a Chaves e incluso Barrios hace referencia a la presencia de varios oficiales cuando eran torturados alternativamente él y Chaves, pero no existen elementos probatorios suficientes para lograr individualizar otros responsables”.

Sin embargo, Araújo en 2017 y Ribero en 2018 se presentaron ante el entonces comandante de la Fuerza Aérea, el general del aire Alberto Zanelli, con sendos escritos y documentos con los que pretendían probar su inocencia.

“La Justicia ordinaria nos condenó por un crimen que no cometimos y los verdaderos responsables del mismo continúan integrando el escalafón de personal superior de la Fuerza Aérea”, dice el escrito presentado por Araújo, al que tuvo acceso El Observador.

“El deshonroso hecho –agrega– fue cometido por un coronel, un teniente coronel y un mayor de la Fuerza Aérea, quienes direccionaron sus declaraciones con el claro objetivo de inculpar a un superior en el juicio”.

Más adelante los identifica con nombre y apellido y con los grados que tenían al momento de la muerte de Chaves: teniente coronel Víctor Balbi, capitán Hugo Spinatelli y teniente Alejandro López Vila.

“La actuación de estos tres oficiales, Balbi, Spinatelli y López, al haber descargado sus culpas sobre sus superiores, crearon un pésimo antecedente para la Fuerza Aérea, el cual debería corregirse (...) Los mencionados antepusieron su interés personal a la lealtad a la institución y el honor de la misma”, agrega el documento.

Los tres militares señalados por Araújo –Balbi, Spinatelli y López Vila– habían declarado en su momento en el juicio por la muerte de Chaves, pero negaron toda vinculación con el caso y la justicia no encontró elementos para procesarlos.

Según consta en el expediente judicial, Balbi dijo que nunca vio a ningún detenido en Boiso Lanza, algo que fue reconocido incluso por varios de sus colegas. En cuanto a Chaves dijo no saber nada: “Pasaban cosas de las cuales yo no tenía conocimiento”. Para casi todas las preguntas usó el “no recuerdo”.

Spinatelli, que actuaba como juez sumariante en la unidad, admitió la existencia de detenidos, pero dijo que estaban a cargo del mayor Abelardo Ríos, ya fallecido al momento del juicio y convenientemente implicado por casi todos los oficiales que pasaron por el juzgado. Negó que se torturara en Boiso Lanza. Y dijo que se enteró del caso de Chaves porque se colocó su nombre y su foto en una cartelera, indicando que se había escapado de la base (tras matarlo, pretendieron difundir la versión de una falsa fuga).

Alejandro López admitió que varias veces vio como llegaban prisioneros encapuchados a la base. Definió al difunto Ríos como un oficial “muy imperativo, era una persona muy vehemente y muy agresiva”. Dijo no saber nada de Chaves y que nunca torturó a pesar de los testimonios en su contra: “Vengo cargando con esa mochila desde hace tiempo, yo nunca torturé a nadie, nunca estuve vinculado a ese tipo de procedimientos, ello por mi manera de ser, por mi perfil, por mis creencias”.

Zanelli informó a la justicia

Ante el escrito que le presentó el coronel Araújo –y otro que le elevó meses después el coronel Ribero– el entonces comandante Zanelli, en lo que también marca una diferencia con la actitud de los últimos comandantes del Ejército, decidió dar parte a la Justicia.

Zanelli presentó ambas denuncias para que se estudiara su contenido y su posible validez, a pesar de que en ellas se implicaba a oficiales retirados de su arma.

“Que se sepa que realmente hubo militares que hicieron denuncias y llegaron hasta donde había que llegar”, dijo Zanelli a El Observador.

El excomandante afirmó que hay quienes pretenden negar las acciones de quienes intentan aportar en la búsqueda de la verdad.

Foto: Diego Battste
En cuanto a la actitud de Araújo y Ribero y los documentos que presentaron, Zanelli dijo que le consta que ambos “con fines lógicos, están constantemente tratando de mejorar su posición”.

“Pero dentro de eso –agregó– si logran aportar elementos que permitan mitigar heridas pendientes y que no terminan de cerrarse, a mí me parece bien lo que hacen”.

De todos modos, la denuncia que presentó Zanelli en base a los aportes de Araújo fue archivada por la justicia, sin que se realizaran nuevas investigaciones.

“Que se sepa que realmente hubo militares que hicieron denuncias y llegaron hasta donde había que llegar”

Excomandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Alberto Zanelli

En cambio, la segunda denuncia de Zanelli –basada en la presentación de Ribero– aún no ha sido archivada y está en manos de la fiscalía. Pero más allá de esa denuncia aun no laudada, la defensa de Ribero está determinada a interponer el recurso de revisión de su condena ante la Suprema Corte de Justicia.

Lo mismo que relatará para intentar demostrar su inocencia en ese recurso, lo dirá en el tribunal de honor que comenzó esta semana.

Si existiera una acusación respecto a un delito grave, el tribunal de honor debería comunicárselo al actual comandante de la Fuerza Aérea, general del aire Hugo Marenco, quien debería decidir si envía las actuaciones a la justicia.
Guido Manini Ríos, prefirió no denunciar el caso a la justicia.

El coronel Ribero había sido procesado en 2011 en la causa que investigaba la muerte del tupamaro Horacio Ramos en el penal de Libertad, donde prestó funciones grabando en forma clandestina las conversaciones de los presos. Se lo procesó por obstaculizar a la justicia. Sin embargo, en 2012 un tribunal de apelaciones revocó ese procesamiento. 

Zanelli dolido por trato a Menéndez

El excomandante de la Fuerza Aérea entre 2015 y comienzos de 2019, general Alberto Zanelli, lamentó que el presidente Tabaré Vázquez forzara la renuncia del ministro de Defensa Jorge Menéndez, cuando le restaban pocos días de vida, por el “caso Gavazzo”.

Zanelli, que presentó dos denuncias ante la justicia intentando aclarar casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en la Fuerza Aérea (ver nota principal), dijo que en varias oportunidades dialogó sobre estos temas con Menéndez y le constaba su compromiso total con estas causas.

“Estoy extremadamente dolido. No salgo de mi asombro con lo que se le hizo”, dijo el excomandante.

Torturas en Boiso Lanza

El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, pidió días atrás el procesamiento de siete oficiales retirados de la Fuerza Aérea por las torturas a las que fueron sometidos numerosos detenidos en la base de Boiso Lanza entre 1972 y 1976.

Perciballe pidió el envío a prisión de Walter Pintos, Roberto Amorín, Gustavo Urban, Roberto Cáceres, Ramón Rodríguez López, Juan Antonio Rodríguez Goñi y Enrique Ribero (ver nota principal).


El pedido de procesamiento de Pintos es por abuso de autoridad, privación de libertad y atentado violento al pudor. A Amorín se lo acusa de abuso de autoridad y privación de libertad. Y a Urban, Cáceres, Rodriguez López, Rodríguez Goñi y Ribero, por abuso de autoridad.

Abuso de autoridad es el delito que deriva de someter a torturas a los detenidos. Pintos –además– ha sido señalado en denuncias de prensa como el piloto del “segundo vuelo”, un transporte de militantes del PVP detenidos en Argentina en 1976, trasladados a Uruguay y hoy desaparecidos.

La Fuerza Aérea admitió que realizó el “segundo vuelo” en la noche del 5 de octubre de 1976. En la libreta de vuelos de Pintos figura que piloteó un viaje desde Buenos Aires ese día, pero está anotado como un vuelo diurno, por lo cual no fue procesado por esa causa.

Perciballe también pidió la captura, dentro o fuera de fronteras, de dos oficiales retirados que hoy no estarían en Uruguay: Alfredo Fresia y José Eduardo Delgado.

Los testimonios de las víctimas de las torturas reunidos por Perciballe son contundentes. Uno solo ejemplo entre más de una decena es el de Loreley Sosa, integrante del MLN detenida en 1972, quien relató que en Boiso Lanza fue sometida a golpizas, submarino, aplicaciones de picana en oídos, boca y vagina, desnudez forzosa, manoseos y simulacros de violación.

Existen testimonios que involucran en la tortura a todos los oficiales sobre los cuales el fiscal ha pedido la prisión.

Sin embargo, la causa puede verse obstruida por los recursos interpuestos por las defensas de los acusados.

Una audiencia ya programada para la semana entrante fue suspendida debido a que los abogados de los acusados presentaron recursos en los que señalan que los delitos están prescriptos y que es inconstitucional que se haya creado una fiscalía para delitos de lesa humanidad, cargo que ocupa Perciballe, impulsor de la causa.

Respecto a este último cuestionamiento, la Suprema Corte de Justicia se pronunció días atrás a favor de la constitucionalidad de la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. Ante un recurso presentado por la defensa de tres oficiales retirados del Ejército acusados por Perciballe de ser los responsables de la privación de libertad y torturas de la maestra Lilián Celiberti y su esposo Universindo Rodríguez, la Corte desestimó el recurso por entender que la creación de esta fiscalía especializada no violenta la Constitución.
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Oculto a la vista de todos

Por Betania Núñez - Brecha 7 6 19

A Bardecio se le negó la libertad anticipada luego de constatar que no se arrepiente de sus crímenes. Sin embargo, se encuentra con prisión domiciliaria y cuenta con autorización para salir a caminar tres veces por semana. Condenado como coautor del homicidio de Héctor Castagnetto, durante una pericia psicológica reciente declaró: “Para mí Castagnetto no era nada ni nadie… acuérdese que estábamos en un sistema militar”. Y sobre el asesinato, reprodujo: “Lo llevaban en un bote manejado por el capitán de navío Jorge Nader”,“lo ataron con una cadena, le pegaron tres tiros y lo tiraron al agua”. Sus vecinos y la Coordinación 25 de Julio harán una vigilia este sábado para reclamar que se le revoque el beneficio de la prisión domiciliaria.

Expediente de Nelson Bardecio / Foto: Betania Núñez
Fue invisible durante años, o eso intentó. Se mudó una noche invernal de 2015 y se recluyó en su casa, perfil bajo, sin llamar la atención. De a poco fue ganando espacios: empezó a salir a tirar la basura, caminó hasta la esquina, saludó a los vecinos como uno más. Pero en el fondo siempre estuvo la sospecha, que con el tiempo fue cobrando fuerza.

Desde la perspectiva de los vecinos, en aquel noveno piso del edificio de Martín C Martínez vivía una mujer viuda. Por eso, cuando el hombre se instaló de un día para el otro y fue presentado como el marido de la dueña de casa, a nadie le pareció una situación del todo normal.

En retrospectiva, los vecinos recuerdan que antes de la llegada de su esposo la señora había preguntado si se trataba de un barrio politizado, y reparan en que ahora tienen otros elementos para interpretar aquella historia increíble –según dijo, se había trasladado de Argentina a Uruguay luego de que le pusieran una bomba en su casa–, para ver que tenía un trasfondo diferente al de la inseguridad.

Desde 2015 la especulación fue creciendo: tenían que significar algo esos autos estacionados cada tanto con chapa del Ministerio del Interior y las visitas de los uniformados de verde militar. Fue una combinación de azar y de sospecha la que, recién este año, disipó el misterio. Después de identificar el apellido, pusieron una historia sobre la otra: la salida del país en 1972 hacia Canadá, su pasaje por México y su larga estadía en Estados Unidos, su migración a Argentina y su extradición en julio de 2008 a Uruguay.1 De este ex policía y fotógrafo –que trabajó para la Cia y reveló imágenes de todos aquellos pasajeros que salían del Aeropuerto de Carrasco con destino a Cuba para entregarlas a la Embajada de Estados Unidos– no hay tantas fotos como se tendería a pensar, pero los vecinos ahora tienen más: la de julio de 2008 cuando, esposado, fue conducido a la justicia, y la secuencia de un día corriente de mayo de 2019, pleno mediodía, cuando salió a caminar con su señora. Y ahora sí no hay más dudas de que se trata de Nelson Bardecio.2

DE JAMES BOND A CHOFER DE CANTRELL

El 20 de octubre de 2017, en el apartamento de Martín C Martínez, una psicóloga enviada por el Poder Judicial le realizó una pericia. Bardecio había solicitado la libertad anticipada y el insumo ayudaría en la definición. Si bien al principio el ex policía mantuvo “una actitud persecutoria, desconfiada, amenazante” e insistió en su inocencia –según dio cuenta la psicóloga en el informe que elevó al juzgado–, luego se explayó: fue un allegado a Jorge Pacheco Areco, presidente de la República de la época, el que le permitió entrar de una semana para la otra como policía del Ministerio del Interior. Era “el momento de los tupamaros”, contextualizó Bardecio: “Tuve la feliz idea de pensar en algo mejor para combatir al movimiento e hice un escrito de dos páginas para seguir mejorando el servicio de inteligencia. Yo quería escalar, subir a oficial”.

Además, Bardecio declaró:“Fui el chofer de (William) Cantrell, que era de la Cia”,y explicó: “Era lo mismo que Dan Mitrione”, el agente del Fbi que entrenó en la tortura a la Policía uruguaya y fue asesinado por el Mln en 1970, hecho al que Estados Unidos, según la investigadora Clara Aldrighi, respondió con el fomento a la creación de los escuadrones de la muerte: “Ellos eran la misma cosa (Cantrell y Mitrione), pero nunca estaban juntos”, aclaró Bardecio a la psicóloga. Según se detalla en el informe, el ex policía agregó que “era evidente la buena relación entre Estados Unidos y Uruguay en cuanto a compartir información”, pero enseguida reculó: “¿Esto no llegará al Senado?”.

De estos nombres, y del accionar de los grupos parapoliciales y paramilitares que en los setenta torturaron, asesinaron y desaparecieron personas, y que él mismo integró, Bardecio ya había hablado. La primera vez fue en 1972, luego de ser capturado por tupamaros y sometido a la Cárcel del Pueblo, cuando firmó un testimonio escrito que se conoció como las Actas Bardecio. Pero a fines de 2017, mientras hablaba con la psicóloga enviada por el Poder Judicial, Bardecio insistió. 

Luego de alusiones a su infancia y a su “sueño de ser James Bond”, propuso que está preso “porque soy el único idiota que queda vivo” y, tal como lo resumió la psicóloga, reconoció “que trabajando en el servicio de inteligencia oía gritos de las personas que estaban interrogando”, sobre lo que respondió “en forma desafectivizada que les estaban sacando información y les daban una ‘biaba’. Frente a esta situación no se evidencia ningún malestar ni cuestionamiento”, concluyó la psicóloga, únicamente que, en palabras de Bardecio,“al principio me ponía nervioso, después me acostumbré”.

Aunque ya no sorprenderá que el informe de la psicóloga recomendó no otorgar la libertad anticipada (posición que se mantuvo en todos los ámbitos judiciales hasta llegar a la negativa final de la Suprema Corte de Justicia, casualmente fechada el 20 de mayo pasado, día de la Marcha del Silencio), Bardecio llevó su relato todavía un poco más allá. 

Cuando habló del crimen por el que fue condenado –coautoría en el homicidio muy especialmente agravado de Héctor Castagnetto, de 19 años, en agosto de 1971, y de sus gestiones para asesinar y arrojar el cuerpo al Río de la Plata–, primero no se acordó del nombre de su víctima, y luego sostuvo:“Para mí Castagnetto no era nada ni nadie… acuérdese que estábamos en un sistema militar”. “El grupo que actuaba estaba al mando de (el ex director de Inteligencia y Enlace Alejandro) Otero. Lo encuentran a Castagnetto y el jefe le dice que lo lleven a Carrasco, no recuerdo bien… yo entro y veo a un individuo hecho un ovillo en un rincón (es decir, a Castagnetto luego de la tortura) y a dos o tres individuos. Nos dijeron que nos quedáramos ahí hasta que nos relevaran”, por lo que “nos quedamos conversando, mirando la ventana (…). La casa era preciosa y tenía una vista preciosa (…). Fue (Elmar) Castiglioni el que ordenó lo que teníamos que hacer”. Bardecio cerró diciendo, en sintonía con las afirmaciones que ha hecho en otras oportunidades, que “a Castagnetto lo llevaban en un bote manejado por el capitán de navío Jorge Nader”,“lo ataron con una cadena, le pegaron tres tiros y lo tiraron al agua”.

Tal vez está de más decir que la psicóloga llegó a la conclusión de que en Bardecio hay “falta de consideración hacia los otros” y “cualquier capacidad de culpa o remordimiento por su conducta”,“no existe arrepentimiento, pesar o elaboración de los hechos que permitan visualizar una mínima autocrítica o reflexión”. Pero además, cuando la perita le preguntó “cuál es su vivencia de los hechos después de los años transcurridos”, Bardecio respondió: “Luché contra el gobierno actual, nunca me perdonaron”, “no comparto la idea izquierdista de este país”, “yo siento odio por este país”.

LOS DOCTORES DE BARDECIO

Desde que estuvo privado de libertad en Domingo Arena, su expediente es cada vez más voluminoso. Entre los vericuetos legales y los recovecos judiciales se perdieron de vista los importantes beneficios a los que Bardecio pretendía acceder y los que –no todos, pero sí algunos– efectivamente obtuvo.

Bardecio está condenado a 15 años y seis meses de prisión. La primera vez que su defensa solicitó la domiciliaria, y pese a la dramática situación de salud que describían los especialistas que lo atendían, por ejemplo, en el Hospital Militar, el médico del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial entendió que se trataba de una persona “autoválida y sin signos de descompensación de sus enfermedades, las que se encuentran en control y tratamiento médico”, que “no reúne las condiciones médicas para recomendar la prisión domiciliaria”. 

Además, el médico indicó que, luego de realizar varias visitas a la cárcel de Domingo Arena, podía afirmar que Bardecio se encontraba en “instalaciones dignas para la vida, tanto en el alojamiento como en las áreas de esparcimiento”, además de contar “con enfermero de guardia y visita médica regular”.

Un año después, trasladado al Hospital Militar, a Bardecio se le colocó un marcapasos “por padecer trastorno de ritmo cardíaco”. Su defensa repitió el pedido, pero esta vez lo elevó directamente a la Suprema Corte de Justicia (Scj). Si bien en ese ámbito se declinó competencia en favor de la jueza que seguía el caso, Graciela Eustachio, finalmente le concedió la prisión domiciliaria el 9 de junio de 2015.

Eduardo Aranco Gil, que encabeza la defensa de Bardecio desde 2011, es un destacado abogado y militar, familiar de Pedro Aranco, quien ocupó el cargo de comandante en jefe del Ejército durante 1984. El abogado defensor de Bardecio es coronel retirado y fue nombrado miembro militar de la Scj, primero por José Mujica en 2009 y luego por Tabaré Vázquez en 2015; continúa en ese puesto hasta la actualidad.3

Si el acceso de Bardecio a tal defensa puede generar suspicacias –por lo pronto, llamó la atención de los abogados a los que consultó Brecha–, menos explicación pudo encontrar este semanario acerca de la atención que le brindan los médicos militares. Cuando abandonó el país era funcionario del Ministerio del Interior: Bardecio es ex policía, no militar. Pero durante su prisión en Domingo Arena y a su salida, incluso hasta el día de hoy, se atiende en el hospital de las Fuerzas Armadas, una institución reservada a los militares, sus esposas e hijos menores de 18 años.

En una audiencia del 23 de noviembre de 2018, cuando compareció frente a la jueza Sahiana Sena para solicitar su libertad anticipada, Bardecio aseguró: “Continúo en tratamiento, tengo 26 pastillas diarias para tomar, las cuales las provee por ahora el Hospital Militar así como todo el servicio médico, un día me pusieron un holter, al otro día cuando me desperté había diez médicos y encontraron dificultades en que mi corazón se paraba por minutos y decidieron ponerme un marcapasos, y con eso ando bastante mejor”.

Brecha trasladó la consulta al director nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, general Alejandro Salaberry, pero no obtuvo respuesta. También consultó al Ministerio del Interior y al Instituto Nacional de Rehabilitación (Inr); la consulta fue derivada y presentada por escrito, pero al cierre de esta edición tampoco se había facilitado la información.

A todo esto, Bardecio no sólo obtuvo la prisión domiciliaria, también le fueron concedidas salidas especiales. En su expediente judicial las únicas alusiones a tal beneficio que este semanario pudo encontrar son del propio Bardecio y del informe de la pericia psicológica. Pese a que en la audiencia del 23 de noviembre Bardecio había dicho minutos antes que su rutina “es bastante monótona, soy enormemente respetuoso de la situación en la que estoy, no puedo salir, no salgo”, luego sostuvo: “Me dieron permiso para salir una hora y media a la semana, pero no puedo, salgo y vuelvo agarrado de las paredes”.

Mientras tanto, la psicóloga que le realizó la pericia el 20 de octubre de 2017 remitió a un informe médico forense, en el que se reafirmaba “la ausencia de patología crónica descompensada” y la posibilidad de que Bardecio realizara ejercicio dentro de su domicilio, lo que había llevado al fiscal de la causa a sostener que “a juicio del suscrito no corresponde acceder a la solicitud de salidas especiales requeridas por la defensa”. En esa época el expediente se encontraba en la sede del juez de ejecución Gonzalo Silva, quien, consultado por Brecha, hizo un rastreo de los decretos, pero no supo informar a ciencia cierta quién o cómo se tomó dicha resolución.

Por su parte, la directora de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (Osla), Cecilia Vega, dijo a Brecha que Bardecio tiene una autorización judicial para “hacer caminatas tres veces por semana” que data de octubre de 2017, aunque se negó a proporcionar dicho documento. 

Sin tobillera ni horarios y días establecidos para hacer uso de las salidas especiales, la idea que trasmitió la directora de Osla es que se vuelve imposible garantizar que Bardecio no abuse de ese beneficio: “El juez no nos dijo qué días podía salir, lo único que dice es que está autorizado a salir. Es muy difícil confirmar que efectivamente sale tres veces por semana durante una hora”. 

La directora tampoco supo indicar la periodicidad de los controles –sostuvo que la frecuencia es variable–, y, ante el pedido de fecha y hora de las visitas realizadas durante los últimos tres meses, respondió que esa información es “reservada”, un término similar a los empleados por las autoridades del Inr:“No estamos autorizados a divulgar detalles de fechas y horarios de los controles realizados”.

Ante esta situación, vecinos de Bardecio y la Coordinación 25 de Julio –integrada por diferentes organizaciones que militan en defensa de los derechos humanos– convocaron a una vigilia que se realizará mañana sábado a partir de las 11 horas en Martín C Martínez y Garibaldi, frente al apartamento del piso 9. En diálogo con Brecha, voceros de la organización explicaron que “el Estado no actúa, el Poder Judicial no informa a las víctimas ni a la sociedad de estos privilegios, mientras ellos siguen ahí. Nosotros lo que podemos hacer es exigir el fin de la prisión domiciliaria y evitar que los vecinos tengan que seguir callando por miedo”.

1.   Los periodistas Samuel Blixen, Fabián Kovacic y Walter Pernas dieron con su paradero en julio de 2008: véase “El eslabón encontrado”, Brecha, 24-VII-08 (la nota es de lectura libre en la web del semanario).

2.   En este semanario históricamente se escribió “Bardesio”, como aparecía en los textos en los que se basaban las informaciones; sin embargo, documentos oficiales actuales muestran que el apellido se escribe con “c”, aunque la confusión persiste y, además de ser recogida en artículos periodísticos, puede verse en los expedientes judiciales.

3.   Además de sus cinco ministros, la Suprema Corte de Justicia cuenta con dos miembros militares que actúan cuando se debe analizar un caso que llega a la justicia civil desde la militar.

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jueves, 6 de junio de 2019

Ahhhhhh, el Poder Judicial!!



El Poder judicial: el gran impedimento para la justicia

La semana pasada visitó nuestro país un equipo de trabajo de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) integrada por su Presidenta Esmeralda Arosemena y la Comisionada Antonia Urrejola. Abordaron todas las temáticas relacionadas con las normas de DDHH en Uruguay. En lo referido al pasado reciente su pronunciamiento es trascendente. La CIDH observó con suma preocupación que, pese a los esfuerzos realizados por el Estado, subsistan interpretaciones judiciales en procesos penales que niegan la imprescriptibilidad de las graves violaciones de derechos humanos en el periodo de la dictadura cívico-militar. La impunidad se alimenta de la inoperancia del órgano que debe combatirla.


Comisionadas Esmeralda Arosemena y Antonia Urrejola. Foto: Sudestada

La ley 18 831 restableció la pretensión punitiva

Desde su asunción en el año 2005 el partido de gobierno, entre otras destacables acciones en lo referido al pasado reciente, eliminó todas las restricciones legales que impedían las investigaciones de las graves violaciones a los Derechos Humanos.

En diciembre de 1986, el Parlamento aprobó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, durante el gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti, uno de los principales cultores de la impunidad para los criminales del terrorismo estatal. La Ley 15 848 limitó la soberanía del Poder Judicial que debía consultar al Ejecutivo antes de investigar cualquier denuncia. Fue una amnistía para los militares y policías. 

Estuvo vigente durante dos décadas. Recién en octubre del año 2009, mediante la Resolución 365 la Suprema Corte de Justicia, a instancias de la fiscal Dra. Mirtha Guianze, declaró su inconstitucionalidad para el caso Nibia Sabalsagaray asesinada por torturas en el año 1975.

En octubre del año 2011 el Parlamento, mediante la Ley 18 831, restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado, liberando al Poder Judicial del sometimiento al Poder Ejecutivo. Desde ese momento no existen obstáculos legales para que los operadores judiciales puedan investigar, esclarecer, tomar testimonios, cumplir con sus obligaciones.

El Poder Judicial tiene las herramientas

En nuestro país el Poder Judicial tiene el monopolio de la investigación de las actividades delictivas, de acuerdo a las disposiciones constitucionales. Es el órgano estatal con las mayores atribuciones, algunas en exclusividad, para desarrollar la investigación criminalística que pueda conducir al esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables. Debido a que las causas referidas a la dictadura cívico militar se llevan a cabo mediante el viejo Código, corresponde a los jueces penales las principales responsabilidades al respecto.

Dentro del Poder Judicial ha habido notorias y ejemplares excepciones de compromiso con la Verdad y la Justicia durante todos estos años. Lo cierto, también, es que por primera vez, a 34 años del retorno a la vida democrática, luego de que concediera una entrevista a un medio de prensa haciendo ostentación de documentación sobre los Detenidos Desaparecidos, se allanó el domicilio de uno de los represores emblemáticos del terrorismo estatal. Y el allanamiento se concretó a solicitud del Fiscal Dr. Ricardo Perciballe quién no tiene la iniciativa investigativas en las causas de ese período.

Si no se avanza en la investigación y en el esclarecimiento de estas actividades se debe a que el Poder Judicial no cumple con sus obligaciones y cuenta con un órgano de gobierno, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que, desde la elección de la Dra. María Elena Martínez Rosso, ha recrudecido sus posiciones pro victimarios en perjuicio de las víctimas y de los intereses del conjunto de la sociedad.

SCJ: niega que sean Crímenes de Lesa Humanidad

El máximo órgano del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento no reconoce el carácter de crímes de Lesa Humanidad para las graves violaciones de los DDHH ocurridas en el período 1968 a 1985. Desconoce la normativa internacional, los tratados y compromisos asumidos por Uruguay y también lo establecido por la Corte Interamericana de DDHH en el caso Gelman vs Uruguay.

Al mismo tiempo, con el argumento de brindar las máximas garantías legales, ha tolerado el uso abusivo e ilegal de todos los recursos habidos y por haber para enlentecer los procesos por parte de los defensores de los criminales. Incluso han permitido, hasta el momento, que una de sus integrantes sea cuestionada y recusada por ellos, por expresar públicamente las opiniones vertidas en un expediente judicial.

Mantener la movilización por Verdad, Justicia y Memoria

La sanción penal y administrativa de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el terrorismo de Estado es la clave para impedir que ellos vuelvan a ocurrir. Los logros alcanzados hasta el momento han sido resultado de la movilización desplegada, básica y esencialmente, por el movimiento sindical, las organizaciones de DDHH y los partidos políticos afines.

Habrá que seguir desplegándola sin descanso, convocando una y otra vez al conjunto de la ciudadanía y a la opinión pública, señalando claramente las responsabilidades de los órganos involucrados, sin invisibilizarlos u obscurecerlos ante la sociedad. Las graves violaciones a los DDHH, resultado de un solo demonio desatado, no fueron ni desvíos ni excesos: fueron crímenes de Lesa Humanidad y como tales deben ser investigados y sancionados por el Poder Judicial.
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Opinando N° 8 – Año 8 – Jueves 6  de junio de 2019

La memoria del Cóndor

El largo y sinuoso camino: con Emanuela Tomassetti,

 directora de "La memoria del Cóndor"


La Diaria - 6 de junio de 2019 | Escribe: Soledad Platero en Cine, TV, streaming | Foto: Federico Gutiérrez 


La memoria del Cóndor se exhibe esta tarde, a las 19.00, en el anfiteatro del PIT-CNT, Juan D Jackson 1283, con la presencia de su directora, Emanuela Tomassetti. La actividad es organizada por el Observatorio Luz Ibarburu y la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT-CNT. 

El documental repasa la coordinación del terrorismo de Estado en América Latina, apoyada por Estados Unidos, y el juicio en Roma por aquellos crímenes.

Entre 2015 y 2017 se celebró en Roma el Proceso Judicial Cóndor, un largo recorrido que buscaba establecer, por un lado, la existencia de una cooperación sistemática e institucionalizada entre las fuerzas represivas de varios países del Cono Sur de América Latina –Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay– con la anuencia de los servicios secretos de inteligencia de Estados Unidos, y, por otro, las responsabilidades de varios imputados en la desaparición, tortura y muerte de 23 ciudadanos de origen italiano. 

El fiscal Giancarlo Capaldo investigó durante más de diez años la situación de estos militantes desaparecidos y llevó el caso ante la Tercera Corte de Assis, en Roma. De los uruguayos imputados, el único que estuvo presente en el aula búnker de la prisión de Rebibbia, en Roma, fue Jorge Néstor Tróccoli, ex militar, prófugo de la Justicia uruguaya, que defendió ante la jueza Evelina Canale la legitimidad de las acciones que llevó a cabo y dijo estar sorprendido de que no se le agradeciera el esfuerzo hecho por su país.

El final de esa primera parte ya lo conocemos: Tróccoli resultó absuelto de las acusaciones de homicidio porque no se logró probar su responsabilidad en las muertes de los detenidos a su cargo. Sí se probó su participación en el secuestro y aun en la tortura, pero esta última conducta no constituye delito en el ordenamiento jurídico italiano, y la primera, el secuestro, aun habiendo sido probada, ya prescribió.

En marzo de este año, la Fiscalía presentó la apelación y solicitó que se considere que Tróccoli fue el jefe de inteligencia del cuerpo de Fusileros Navales (Fusna) de la Armada uruguaya, a donde se llevaba a los prisioneros, “y que de él dependía si vivían o eran asesinados”. La sentencia se conocerá el 8 de julio. 

Durante el largo proceso judicial celebrado en Roma, la directora Emanuela Tomassetti asistió a las audiencias, entrevistó a los familiares de las víctimas, recorrió archivos, revisó materiales de prensa y logró componer una sinfonía de voces que, juntas, dicen su verdad sobre una conspiración represiva que tronchó, al decir del abogado paraguayo Martín Almada, a una generación completa de la izquierda en América Latina.

El resultado es el documental La memoria del Cóndor, que se podrá ver esta tarde en el anfiteatro del PIT-CNT.

¿Cómo llegaste a esta historia? ¿Por qué te interesó el Plan Cóndor?

Por intermedio de Jorge Ithurburu, un argentino que preside la asociación 24 de Marzo y que está comprometido con los juicios que se hacen en Italia sobre la cuestión de los derechos humanos. Él nos preguntó si queríamos hacer un documental sobre el juicio, que empezaba un mes después. Mi novio tiene una productora, y empezamos a grabar. Yo seguí todo el proceso. Cuando empezó el juicio, el primer caso fue el de Juan Montiglio, que integraba la guardia personal de Allende y murió con él el 11 de setiembre (estoy sintetizando, claro). Ese fue un caso que me interesó muchísimo, porque yo soy historiadora, y porque los exiliados chilenos en Italia eran muchos, y el 11 de setiembre es una fecha muy importante para la historia italiana: es la fecha del Compromiso Histórico, firmado entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana, que justamente se firmó el 11 de setiembre de 1973, fecha del golpe de Estado en Chile. Eso hizo que me sintiera próxima a todo lo que se trataba en este juicio. 

¿Con qué te encontraste al empezar a seguir la historia?

Después encontramos historias que yo conocía, aunque no tan profundamente: la historia de los nietos robados, del golpe en Argentina; todas cosas que fui conociendo mejor a medida que entrevistaba a alguno de estos testigos, familiares de las víctimas, en Roma. Y cuando terminó el juicio trabajé mucho para conectar todo esto: claro que la primera conexión es el Plan Cóndor, pero junto a eso tenemos que contar la historia de dos chilenos [Juan Montiglio, integrante de la guardia personal de Allende y asesinado luego de la toma de La Moneda, y Juan Maino, fotógrafo secuestrado en mayo de 1976 y desaparecido desde entonces], que empieza antes del Plan Cóndor entendido como ese acuerdo que, oficialmente, arranca en octubre de 1975. Fue un trabajo para conectar la gran historia –que nosotros tenemos que contar para los italianos que ven el documental–, que es como un recorrido en el fondo del documental. Y después la historia del juicio, porque sin el juicio no existiría el documental. Y lo que para mí era lo más importante: contar la historia de las víctimas. Restituir, dar de nuevo un cuerpo, una cara a las víctimas. Contar la historia de esas personas, que para mí era lo más importante y más emocionante en toda esta aventura que empezó en 2015, imaginate, y terminó a principios de 2018.

¿Todas las entrevistas a los familiares de las víctimas fueron en Roma?

Todas fueron en Italia. La mayoría en Roma, y la de Aurora Meloni fue en Milán, porque ella vive ahí. Pero también trabajé muchísimo con los familiares y con los archivos de Argentina, Chile y Uruguay. En Chile no fue tan necesario porque había un lugar en Roma en el que están disponibles muchísimas cosas sobre el golpe de Estado del 11 de setiembre y demás. Pero he tenido contacto con los familiares para ver archivos, fotos. En Uruguay me ayudó muchísimo Virginia Martínez con sus contactos, sus archivos, porque yo había visto el documental Por esos ojos [Virginia Martínez y Gonzalo Arijón, 1997] y me había parecido la cosa más emocionante sobre el tema. La llamé y me ayudó a buscar materiales sin los cuales no podía editar, completar. O Macarena [Gelman], también, o cosas de Victoria Moyano. A Martín Almada llegué por intermedio de Gabriela Pereira, que es una uruguaya que vive aquí y que lo conoce, porque no es tan fácil acercarse a personas al otro lado del mundo sin tener un vínculo de amistad. Y yo no podía llegar hasta aquí porque el presupuesto de mi película era muy bajo. No sé si me olvido de alguien. En Argentina busqué archivos oficiales, pero lo que hizo la diferencia fueron los archivos privados, particulares. 

¿Argentina no tiene sistematizado un archivo?

No tanto. Hay materiales en distintos sitios. Hay un argentino, Daniel Di Chiara, que tiene muchas cosas increíbles. Por ejemplo, el encuentro entre [Jorge] Videla y [Alfredo] Stroessner, con una voz en off que habla de la lucha contra la subversión. Para mí fue tremendo: hablaban de una cosa tan violenta como si hablaran de un acuerdo como el del Mercosur, imaginate. También había mucho material en el Archivo Audiovisual del Movimiento Obrero, en Italia, que tenía imágenes increíbles. Fue como si yo pudiera ver en estos archivos lo que me habían contado las personas a las que entrevisté. Podía ver su memoria en esas imágenes. 

¿Cómo decidiste cómo lo ibas a contar? 

Yo no elegí: creo que las entrevistas mismas determinaron lo que tenía que contar y cómo. El formato no estuvo previamente: hicimos las entrevistas con mi camarógrafo, Paolo Palermo, y vimos que cada cosa encontraba su lugar perfecto. Te cuento una anécdota: fui a buscar imágenes en la RAI, que es la televisión pública italiana, y allí se puede ver algunos archivos, pero no todo. La película no se puede ver: puedes ver el contenido en formato DVD. Entonces busqué imágenes sobre el Tribunal Russell, en el que estuvo Zelmar Michelini en 1974. Cuando terminé la búsqueda envié todo a la Fundación Michelini en Montevideo, pero me hice una copia. Y al revisar vi en esos archivos a Aurora Meloni [esposa de Daniel Banfi, uruguayo secuestrado en Buenos Aires en un operativo comandado por el comisario uruguayo Hugo Campos Hermida, y asesinado un mes después], que tenía como 26 años y ya llegaba a Milán. En el archivo de la RAI estaba escrito: “Dos uruguayos hablan en el Tribunal Russell en Milán. Nunca más”. Cuando la vi saqué una foto al video y se la mandé, y ella me dijo: “No, no soy yo”. Era tan joven que no se podía reconocer. Había ido como testigo a otro Tribunal Russell, no al mismo al que había ido Michelini. Era un encuentro en Milán, y ella llegaba algunos meses después de que habían matado a Zelmar Michelini en Buenos Aires. Ella era testigo de ese crimen y también del asesinato de su marido. Nadie sabía de esos materiales, ella tampoco. Los encontré 40 años después al hacer el trabajo de búsqueda de archivos después de su entrevista. Fue una de las cosas más fuertes que me pasaron, y así el formato se fue haciendo, siempre sabiendo que algunas entrevistas no podían faltar. El juicio hablaba más del Plan Cóndor que de esta historia, pero la historia era representativa de todo. 

¿Decidiste expresamente no tomar testimonio de los operadores judiciales, de los abogados y fiscales? 

Al principio pensé, con el productor, Luca Griscenti, cómo conectar todas esas cosas. Pero la atmósfera judicial no era la adecuada, así como tampoco la versión de un historiador. En este documental están las personas, la historia y la memoria. No quería poner otras voices over. Tuve que hacerlo –Valentina Carnelutti es la actriz que lo hace, y es súper buena– para explicar el proceso, pero poner a una persona que explicara qué pasó no me gustaba. Cada entrevistado te cuenta la gran historia, no hace falta otra persona que explique. Ellos ya te conectan con el momento. Por ejemplo, Juan Montiglio, Juan Soto y Rina Belvederessi estuvieron el 11 de setiembre de 1973 en Santiago, lo vivieron. ¿Qué puede contar un historiador?

¿Hiciste el documental pensando en Italia o pensando en el Cono Sur de América?

Pensando en Italia. Por eso estoy muy feliz por haber venido a Buenos Aires, Santiago y Montevideo, porque pensé que aquí no interesaba porque ya conocían la historia. Pero bueno, la mitad del documental es en español; sólo algunos hablan en italiano. Pero yo lo pensé para Italia, y parece que la respuesta es buena. No quiero adelantarme por cuestiones de cábala, pero parece que va a ir en televisión en un programa sobre historia. Y ganó dos premios en un festival, la proyectamos dentro de poco en Milán, en Cagliari. Ha habido interés.

La memoria del Cóndor. De Emanuela Tomassetti. Italia, 2018 

La memoria del Cóndor  

Tres líneas se despliegan, se cruzan, se entrelazan: la historia de un juicio histórico celebrado en Roma contra los responsables por el secuestro, la desaparición y la muerte de varios militantes de izquierda de origen italiano; la de las familias y los amigos y compañeros de esos militantes asesinados o desaparecidos; la de la coordinación supranacional que permitió que las fuerzas represivas de los países del Cono Sur de América Latina actuaran sin preocuparse de fronteras nacionales para llevar a cabo su proyecto de exterminio de la “subversión marxista”.

El documental La memoria del Cóndor da la palabra a las familias de los chilenos Juan Montiglio, guardaespaldas de Salvador Allende, y Juan Maino, fotógrafo integrante del MAPU; del uruguayo Daniel Banfi, asesinado en Buenos Aires; del argentino Horacio Campiglia, secuestrado en Río de Janeiro y desaparecido; y también a Mariana Zaffaroni, Victoria Moyano y Macarena Gelman, hijas robadas que sólo el esfuerzo sistemático y sostenido de las Abuelas logró recuperar. Y por cierto, a Martín Almada, educador y abogado paraguayo, sindicalista, víctima directa del Plan Cóndor que siguió sus rastros hasta encontrar, en 1992, en Lambaré, las pruebas de su existencia: 700.000 folios con archivos entre los que había documentación detallada del Plan Cóndor, incluyendo el acta fundacional de la que se valió el juez español Baltasar Garzón para probar su existencia.

Como tal, y oficialmente, el Plan Cóndor nació en octubre de 1975, cuando el militar chileno Manuel Contreras cursó la invitación a sus pares del resto del Cono Sur para una reunión que se celebró a fines de noviembre de 1975 y en la que se estableció el marco de acción que aceitaba el mecanismo represivo que ya desde hacía años funcionaba desconociendo las fronteras nacionales y, ciertamente, el marco jurídico y constitucional de cualquiera de los países involucrados. 

La historia mostraría que los servicios secretos de Estados Unidos no sólo no ignoraban esta cooperación sino que la respaldaban y facilitaban. En palabras del paraguayo Martín Almada, “Kissinger [entonces director de la CIA] tiró una bomba atómica sobre el Cono Sur de América Latina”.

El proceso judicial que siguió la causa del Plan Cóndor en Roma tuvo 36 imputados, ocho condenados a cadena perpetua, seis fallecidos durante el juicio y un acusado que fue declarado inocente. Para 18 imputados el delito ha prescrito. El Estado uruguayo tiene ahora un nuevo representante: el abogado Andrea Speranzoni, que sustituye a Fabio Galiani. La sentencia en primera instancia ha sido impugnada. El proceso de apelación terminará este año, y el fallo se conocerá el 8 de julio.

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