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viernes, 19 de junio de 2020

¡Chau, Fernández!


¡Chau, Fernández!

Torturas: Nunca Más
 
Director Nacional de Policía Diego Fernández

Por orden del actual director nacional de Policía, Diego Fernández, en los últimos días la sala de actos de la Dirección Nacional de Inteligencia perdió el nombre que había adquirido en 2016, el del fallecido Julio Guarteche, y se retomó el del Inspector ® Víctor Castiglioni.

Víctor Castiglioni estuvo al frente de esta dependencia desde 1971 hasta enero de 1982, cuando pasó a desempeñarse en la secretaría del Ministerio del Interior. En 2016, decenas de sobrevivientes exdetenidos en el edificio de la esquina de las calles Maldonado y Paraguay se movilizaron para reclamar que la sala de actos dejara de llevar su nombre y se retiraran de ella los cuadros y placas que le rendían tributo.

Por eso cuando en los últimos días se conoció que el salón volvería a llamarse "Inspector Víctor Castiglioni", la decisión fue criticada por personas que durante la dictadura estuvieron detenidas y fueron torturadas en ese edificio.

El exdiputado frenteamplista Daoíz Uriarte, ex preso político integrante de Crysol, se reconoció como una de las víctimas y anunció que recurriría a "todas las vías legales" para impedir el cambio. El senador Charles Carrera elevó un pedido de informes al Ministerio del Interior para conocer cómo se llevó adelante la resolución. Las críticas incluso llegaron desde el propio partido de gobierno. El senador nacionalista Jorge Gandini contó lo que durante la dictadura vivió en carne propia y destacó el papel desempeñado por Carlos Julio Pereira, recientemente fallecido, para recuperar su libertad.

Víctor Castiglioni: un torturador paradigmático

Así como la prisión política por largos períodos de tiempo fue la metodología seleccionada, prioritariamente, por la dictadura para aplastar todo tipo de resistencia, ella estuvo siempre asociada a la tortura, masiva, sistemática, generalizada, vinculada indisolublemente a los abusos sexuales, sin exceptuar a los menores de edad.

Como Director de la Dirección Nacional de Inteligencia e Información (DNII), el Inspector Víctor Castiglioni fue el líder absoluto de la institucionalización formal, masiva y sistemática, de una manera salvaje, de las torturas, las violaciones y los malos tratos a todas y a todos los detenidos en dichas dependencias. También se lo supo involucrado en las actividades del Escuadrón de la muerte, activo participante en la coordinación represiva en el Río de la Plata y participante activo, también, en episodios represivos que culminaron con ejecuciones extrajudiciales de detenidos.

Un ejemplo a rechazar

Pensar que Víctor Castiglioni pueda ser un modelo a perseguir por una dependencia policial supone una escala de valores errónea, inhabilitante para el ejercicio de un cargo de esa envergadura y una escala de valores incompatibles con el sistema democrático republicano de gobierno de nuestro país desde el 1° de marzo de 1985.

Lo realmente sorprendente es que la propuesta no haya surgido de la mente del Escribano Domenech o del Senador Lozano, contumaces seguidores del encubridor de Nino Gavazzo y próximamente procesado general Guido Manini Ríos sino de un jerarca policial designado por el Dr. Jorge Larrañaga.

La tortura: un crimen de Lesa Humanidad

La tortura, cualquiera sea su forma, su grado, su intensidad, su crueldad, es un acto aberrante que degrada a quiénes la ordenan, la autorizan, la permiten, la silencian y, obviamente, a quiénes la ejecutan. En la actualidad, solamente los integrantes de Cabildo Abierto y de los centros militares, la front face de los terroristas estatales, puede justificarla y defenderla públicamente.

El desconocimiento y el menosprecio de los Derechos Humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. El Inspector Víctor Castiglioni encarna lo peor de la Policía: la tortura y la brutalidad policial al límite.

El Inspector Diego Fernández ha dado muestras fehacientes de absoluta incompetencia de juicio al pretender fortalecer la dependencia. La tortura es una práctica inaceptable e intolerable en una sociedad libre y democrática. La decisión del Ministro Dr. Jorge Larrañaga de desautorizar al Director Fernández es un gesto valioso, el compromiso con las normas de DDHH de su director es muy dudoso y hasta cuestionable.

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Opinando N° 9 – Año 9 – Viernes 19  de junio de 2020

jueves, 18 de junio de 2020

Fiscal critica que autoridades presenten a militares como "víctimas"


Fiscal critica que autoridades presenten a militares como “víctimas” y den mensaje de que los soldados tienen un “cheque en blanco” (*)

“Las víctimas” de la dictadura “son los que sufrieron la tortura, la desaparición forzada, los abusos sexuales. Esas son las víctimas, sin importar lo que hicieron”, dice el fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe

Entrevista de Victoria Fernández y Sergio Israel

Búsqueda - Nº2076 - 18 AL 24 DE JUNIO DE 2020


Ricardo Perciballe. Foto: Nicolás Der Agopián
Aveces no se puede dormir, porque queda “enganchado” con un tema. Y entonces se levanta, aunque sea la 1:30 de la mañana, y se pone a escribir. Otras veces se despierta, anota una idea, y sigue durmiendo. El fiscal Ricardo Perciballe asumió en febrero de 2018 la compleja tarea de encaminar las más de 200 causas sobre los crímenes cometidos en la dictadura y, al menos todavía, no parece haber perdido la energía.

El procesamiento sin prisión de dos militares por abuso de autoridad contra detenidos en 1972, dispuesto por un juez de Florida la semana pasada, le provocó “tal indignación” que empezó a escribir la apelación en la madrugada y no se detuvo hasta que la terminó a media tarde.

No fue el único sinsabor que tuvo en los últimos días. El jueves 11 el ministro de Defensa, Javier García, planteó su preocupación y la del presidente Luis Lacalle Pou por el procesamiento del soldado retirado Leonardo Vidal —de 72 años— por el homicidio del tupamaro Nelson Berreta en 1972. “¿Qué puede razonar un soldado si sabe que cumpliendo una orden que le da el Estado, que le dan sus jerarquías, el día de mañana termina siendo juzgado y preso?”, criticó García.

“Yo también digo lo mismo”, replica Perciballe. “¿Qué mensaje les estamos dando? ¿Le estamos dando un cheque en blanco?”.

“Las órdenes tienen límites”, insiste. “¿No valoramos el libre albedrío de las personas? ¿Un militar es un autómata?”. El fiscal dice que el tema debería preocupar a toda la sociedad, porque con el mismo razonamiento un policía podría matar a alguien que se resista a un arresto. “Bienvenido sea si esto sirve para dar una discusión, porque no estamos hablando solo del pasado, estamos hablando del presente y del futuro”, afirma.

Perciballe asegura que la molestia del gobierno no tendrá “ningún” impacto en su trabajo y que la Fiscalía seguirá aplicando las normas internacionales sobre derechos humanos. Para eso están, dice. “Para que los estados no actúen de acuerdo a sus conveniencias políticas”.

Además, cuestiona que las autoridades pongan el foco de su “preocupación” en los militares procesados, en lugar de las víctimas. “No se puede poner el eje en que las víctimas son los militares porque actúa la Justicia”, sostiene.

“Las víctimas son los que sufrieron la tortura, la desaparición forzada, los abusos sexuales. Esas son las víctimas, sin importar lo que hicieron. Porque hayan hecho lo que hayan hecho, no se los puede matar, no se los puede abusar, no se los puede torturar ni hacer desaparecer”. Además, agrega, “la gran mayoría de las personas que sufrieron esos delitos aberrantes no habían cometido ningún delito. Lo único que hicieron fue resistir a la dictadura”.

—¿Qué balance hace del trabajo de la Fiscalía especializada en Delitos de Lesa Humanidad en sus dos primeros años de funcionamiento?

—Positivo en el sentido de que pudimos acceder a todas las causas, controlarlas, encaminarlas y resolver las que ya estaban en condiciones de resolver. Tanto sea con pedidos de procesamiento, captura o extradición como en otras lisa y llanamente el archivo. Es algo que no se conoce tanto, pero hay más solicitudes de archivo que de procesamiento. De un entorno de 200 causas que teníamos al inicio quedan unas 160, que se tramitan por el código viejo. Por el código nuevo (el Código del Proceso Penal aprobado en noviembre de 2017), tenemos tres causas; en una ya acusamos y en breve vamos a ir a juicio oral, y dos están en etapa de investigación, pero muy probablemente se disponga el archivo.

—¿Cuáles son los principales obstáculos que encontró para avanzar con los expedientes?

—Cuando uno está analizando delitos que se cometieron hace 40 años siempre hay complicaciones. Fundamentalmente, porque muchas víctimas han fallecido y porque la documentación que existe —como los archivos del SID (Servicio de Información de Defensa) y OCOA (Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas)— no se ha encontrado. Pero pese a eso se ha podido avanzar porque se han descubierto otros archivos, y eso permitió confrontar los testimonios con la documentación.

Con respecto a los obstáculos, uno claro son las políticas dilatorias de las defensas. También lo son ciertas prácticas o decisiones judiciales que no permiten que se avance en los términos que la Fiscalía pretende.

—¿Cómo cuáles?

—Si cada vez que se interpone una excepción de inconstitucionalidad se suspende toda la investigación, es notoriamente un retroceso. Desde la Fiscalía hemos propiciado que, si una persona presenta una excepción de inconstitucionalidad, el expediente no se detenga respecto a todos los otros imputados. Además, las defensas presentan esas acciones en forma escalonada, entonces algunos expedientes tienen hoy ocho o nueve años de presumario.

Otro tema que podría solucionarse perfectamente tiene que ver con las prácticas. Si se plantea una excepción de inconstitucionalidad o de prescripción, ¿por qué no extraemos copia de eso y se eleva ese testimonio de 10 hojas y se resuelve con base en eso? Porque lo que se discute es algo jurídico, no fáctico. Cada vez que se forma un testimonio si el expediente tiene 10 piezas hay que fotocopiar las 10 piezas. Eso significa un costo muy importante para el Estado y una pérdida de tiempo.

—Hay más de 60 pedidos de procesamiento por delitos de lesa humanidad a la espera de que se expidan jueces, según informó la diaria. ¿Por qué los magistrados demoran tanto en pronunciarse?

—En algunos casos porque se interpuso en seguida la excepción de inconstitucionalidad de la ley de creación de la Fiscalía especializada. En otros porque no estaba resuelto el tema de la prescripción y se comenzó a plantear. Y en otros directamente por dilatorias interpuestas por la defensa, que impiden que se tome resolución. El caso paradigmático es el de una denuncia por torturas en Flores, en el que ya van a hacer tres años desde que se pidió el procesamiento de un oficial de inteligencia y un médico, pero todavía no se pudo hacer la audiencia ratificatoria, que es de precepto para procesar. Las defensas no permitieron ni que se hiciera esa audiencia.

—¿Y esa dilación el juez no tiene cómo evitarla?

—Me reservo esa respuesta… Pero creo que es el caso más paradigmático. He solicitado la observación de los defensores, por el abuso de la vía procesal, y no se me ha respondido.

—¿Qué opina de los cuestionamientos del ministro de Defensa sobre el procesamiento del soldado Vidal por el homicidio de Berreta en 1972?

—Él piensa y actúa políticamente. Y yo pienso y actúo jurídicamente. Cada cual en su función.

—¿Le parece que sus declaraciones, en las que comunicó también la preocupación del presidente Luis Lacalle Pou, pueden tener un impacto en desestimular las investigaciones o los procesamientos?

—Hacia la Fiscalía ninguno. La Fiscalía va a actuar de acuerdo a lo que le corresponde. Quizás el mensaje sea para otras personas.

—¿Puede tener alguna incidencia en la actuación de los jueces?

–Eso se verá. El tema es dónde ponemos el eje de la preocupación. Si la preocupación es que se procese a una persona porque cometió un homicidio, o si la preocupación es porque pasaron 48 años sin que la Justicia actúe. Y si ponemos el eje en el militar procesado o en la víctima. Porque acá lo que tenemos que tener presente es que murió una persona muy joven, y no debió haber muerto. La preocupación de la Fiscalía es que a 48 años de que se cometió un homicidio recién actuó la Justicia. Y siempre las víctimas son las víctimas. No los militares. Las víctimas son los que sufrieron la tortura, la desaparición forzada, los abusos sexuales. Esas son las víctimas, sin importar lo que hicieron. Porque hayan hecho lo que hayan hecho, no se los puede matar, no se los puede abusar sexualmente, no se los puede torturar ni hacer desaparecer. Y además de todo esto, la gran mayoría de las personas que sufrieron estos delitos aberrantes no habían cometido ningún delito. Lo único que hicieron fue resistir a la dictadura. Otros sí se alzaron contra las instituciones, pero aun ellos tienen derecho a que se respete su dignidad, su vida, su integridad física, y eso no se respetó. Y en este caso también, porque a un detenido que está esposado y que corre no se lo puede matar.

—Aun cuando se reciba una orden de disparar...

—Las órdenes tienen límites. ¿No valoramos el libre albedrío de las personas? ¿Un militar es un autómata?

—Hay quienes plantean que sí, que un soldado que recibe una orden debe obedecer.

—En un Estado de derecho eso es absolutamente insostenible. Lo dice toda la doctrina nacional, toda la doctrina internacional, lo resolvió el tribunal de Núremberg en el 45, lo tomó las Naciones Unidas, está recogido en la Convención para la Prevención del Genocidio, en la Convención contra la Tortura... ¿Desconocemos toda esa normativa?

—Para usted el tema no admite discusión.

–A usted le dan la orden de matar a una persona corriendo ¿y lo mata?

—¿Qué debió hacer ante la orden?

—Primero, lo corre. Segundo, dispara al aire. Tercero, dispara a zonas no vitales. Tenía todas las opciones. Y eso hay que valorarlo, porque cuando le damos un arma a un efectivo militar o policial le damos el arma para que la utilice conforme a los reglamentos. No le estamos dando un cheque en blanco.

—También están quienes dicen que la responsabilidad es del oficial y no del soldado.

—Por supuesto, pero la responsabilidad es de los dos. En este caso no está probado cuál fue la orden que dio el oficial porque está muerto. El oficial pudo haber dicho dispare, pero disparar no es necesariamente a darle muerte. Están todas las opciones previas. Y si dio la orden de matar, ¿yo como soldado la tengo que cumplir? ¿Cuándo claramente está vedado dar muerte a una persona?

—¿Si el oficial hubiera estado vivo era responsabilizado también?

—Por supuesto.

—Pero eso no salvaba al soldado.

—No. Porque hay un autor mediato y uno inmediato. Uno que da la orden ilegítima y otro que la cumple. Los dos serían responsables. Pensemos por el absurdo. ¿Por qué nos detenemos en esta orden y no analizamos todo el contexto? Si criticamos esta decisión, tendrían que estar todos absueltos los que hoy están presos. Porque todos recibieron órdenes. Serían responsables solo (Juan María) Bordaberry, el general (Gregorio) Álvarez, y el resto no.

—Bueno, pero en este caso se plantea que es un soldado, no un oficial.

—Eso se valorará en el momento de imposición de la pena. Pero no estamos en esa etapa aún. Estamos iniciando un proceso contra una persona porque se entiende que hay elementos de convicción suficiente para establecer su responsabilidad. Después va a venir la acusación, donde la Fiscalía pide la pena, que tendrá que valorar el contexto y a la persona. Y después el juez resolverá si lo condena y si admite la pena solicitada o se la baja. Y si tuviéramos al oficial, el oficial claramente iba a tener una pena mayor que el subordinado.

—El ministro de Defensa insistió en que en 1972 había un “estado de guerra interno”.

—Sí, había un estado de excepción. Pero eso habilitaba a suspender determinadas garantías de las personas, por ejemplo, los allanamientos, las detenciones, el no tener que derivar al juez a un detenido en un plazo de 24 horas. En ningún momento se estableció que se podía quitar la vida a nadie. También se nombra a la ley de seguridad del Estado. Esa ley pudo perfectamente haber establecido esta eximente, y planteó otra, que es la del cumplimiento de la ley. No había norma ninguna que habilitara esa conducta.

Además, si estábamos en un conflicto, en un sistema de excepción, regía la convención de Ginebra. Y no se puede dar muerte a un detenido. Entonces, por todos lados lo que tiene que primar es el derecho. Y el derecho es a la vida. El eje no puede estar centrado en “qué horrible, después de 48 años actúa la Justicia”. No, qué horrible fue el hecho. Se mató a un joven por el solo hecho de que quería obtener su libertad.

—García cuestionó el mensaje que reciben los soldados que hoy están patrullando la frontera.

—Yo también digo lo mismo. ¿Qué mensaje les estamos dando? ¿Le estamos dando un cheque en blanco?

—No cree que puedan alegar la obediencia debida a la jerarquía militar.

—En ningún lugar del mundo se plantea eso. Otros países como España y Alemania han derogado la obediencia debida. Saquemos lo militar. Los funcionarios públicos actuamos conforme a la ley. Y damos permanentemente órdenes, porque la administración pública se basa en la subordinación y las jerarquías. Pero las órdenes se supone que tienen que ser conforme a derecho. Porque uno actúa de acuerdo al principio de legalidad. Entonces, si la orden no está en conformidad con el derecho, el subordinado no está obligado a cumplirla. Se presenta un conflicto de deberes. ¿Con qué cumplo?, ¿con la orden o con la ley? Y uno tiene que cumplir con la ley.

—Pero en el contexto de un conflicto interno se recibe una orden en medio de un operativo militar, hay poco tiempo para pensar y se actúa en el fragor del momento...

—Perfecto, pero eso lo discutimos en el quantum punitivo. Ahí puedo analizar que la pena sea menor por las circunstancias del caso.

—No como eximente de responsabilidad.

—No. Porque la muerte existió, y no debió haber pasado. Yo entiendo el fragor del momento, pero estamos hablando de 15 militares contra una persona detenida y que presumimos además que venía de haber sido apremiada físicamente. ¿Qué daño podía hacer? ¿El riesgo mayor cuál era? Que se escapara. Frente a una fuga y una muerte, ¿se puede ponderar más la muerte? Si un ciudadano cualquiera resiste una orden de detención, ¿un policía lo puede matar? Hay que pensar con cabeza de Estado de derecho.

—Hoy Estados Unidos está sumido en una crisis por ese tema, por lo desproporcionada que es la respuesta policial ante delitos o infracciones que cometen personas negras.

—Claro, porque se trata de la ponderación de derechos, y qué es lo que prima. Bienvenido sea si esto sirve para dar una discusión, porque no estamos hablando solo del pasado, estamos hablando del presente y del futuro.

—Las declaraciones de García tienen puntos de coincidencia con las expresadas por Guido Manini Ríos y otros integrantes de Cabildo Abierto, que cuestionaron la actuación judicial en las causas sobre la dictadura. ¿Piensa que, luego de un gobierno con una postura más favorable a las investigaciones, hoy hay un clima más hostil hacia el trabajo de la Justicia en este ámbito?

—En todos los momentos tuvimos complicaciones. Esta puede ser una más. Acá siempre hay que volver sobre lo mismo. Quiénes son víctimas y quiénes son victimarios. No se puede poner el eje en que las víctimas son los militares porque actúa la Justicia. Los militares que se prueba que cometieron delito de ninguna forma lo son. Y eso tiene que quedar bien claro. Y si se actuó 40 años después es porque pasó algo. Fueron muchos los escollos que hubo que saltearse.

—¿Tiene expectativas de que se encuentren más desaparecidos?

—La información existe, eso está claro. Se pudo haber hecho más y nunca se dio la información. Tengo la expectativa que tiene cualquier ciudadano (hoy las excavaciones las lleva la Institución Nacional de Derechos Humanos). Pero es difícil. Es como buscar una aguja en un pajar. Pero eso no quiere decir que no se haga. Es importante seguir la búsqueda porque hay un grupo muy importante de personas que todavía tienen la esperanza de encontrar a sus seres queridos, y el Estado no les puede negar ese derecho.

—Esta semana el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, dijo que es necesaria una amnistía, para dar “vuelta la página”. ¿Qué opina de que se reediten esos planteos?

—Desde el poder político se pueden plantear todas las hipótesis que se entiendan pertinentes. Nosotros somos operadores jurídicos y vamos a actuar de acuerdo a la normativa internacional. ¿Por qué está la normativa internacional? Precisamente para esto. Para que los estados no actúen de acuerdo a sus conveniencias políticas. Para darle protección a los ciudadanos, a las personas. Porque los crímenes de lesa humanidad ofenden a toda la humanidad. Y los estados están sometidos a las coacciones internas, a las decisiones políticas internas tendientes a la impunidad. Por eso es que los estados deben quedar aparte, porque actúan a base de sus intereses. Por eso desde la Fiscalía aplicamos la normativa internacional, a la que Uruguay suscribió y a la que está comprometido.

—Ha habido resistencia de los magistrados también.

—Por supuesto que hay una resistencia. Esa es la posición de la Fiscalía, no es la posición de la Suprema Corte de Justicia.

—¿Se siente un poco solo en esta batalla?

—No, para nada. Estaría solo si prescribieran todas las causas. Pero hay tribunales y jueces que están de acuerdo con esto. Además, la creación de la Fiscalía especializada salió por unanimidad en el Senado y por 65 votos en 82 en diputados. Tiene un respaldo. Si se creó, es por algo. Y yo, hasta que no me digan ‘deje el cargo’, voy a seguir trabajando.

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