La Asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

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miércoles, 25 de septiembre de 2019

Manini Ríos al desnudo


Cero credibilidad
Cuando el periodista Leonardo Haberkorn divulgó públicamente las actas del Tribunal de Honor que juzgó la conducta del teniente coronel en situación de reforma José Nino Gavazzo y de Jorge “Pajarito” Silveira hirió de muerte la potencial candidatura presidencial del general Guido Manini Ríos. Cuestionó públicamente su credibilidad. Mostró un lobo con  piel de cordero: sabía la verdad de los crímenes cometidos y aboga por la impunidad, solapadamente.


Mintió a sabiendas de que lo estaba haciendo
Será la justicia la que determinará la sanción que le corresponda por no haber dado cumplimiento a las disposiciones legales de informar como comandante en jefe acerca de las declaraciones de los imputados durante el transcurso del Tribunal de Honor como correspondía. Ha quedado demostrado. En el expediente no consta que haya informado a sus superiores como estaba obligado. Ahora responsabiliza por la omisión de sus obligaciones al fallecido ministro Dr. Jorge Menéndez que no puede negar sus dichos.
Se hizo eco del argumento de los criminales
Al presentar su informe al Poder Ejecutivo con los resultados de los Tribunales de Honor, el general retirado Guido Manini Ríos, preparando el lanzamiento de su futura candidatura presidencial, emitió durísimas apreciaciones contra el Poder Judicial. Por violentar las disposiciones legales que impiden que los militares en actividad emitan declaraciones políticas, fue destituido como Comandante en Jefe.
Cuestionó la actuación judicial  en los casos referidos a los criminales del terrorismo de Estado. Expresó que eran actos de venganza sin sustento en evidencias o en pruebas. Repitió los mismos conceptos que en reiteradas ocasiones los condenados y los jerarcas del Centro Militar han enunciado. Lo hacen con el propósito de victimizarse ante sus familiares, la oficialidad en actividad y la opinión pública.
La difusión pública de las actas de los Tribunales de Honor dejó en evidencia que el General Guido Manini Ríos estaba faltando burdamente a la verdad. En el tribunal, tanto José Nino Gavazzo como Jorge “Pajarito” Silveira reconocieron que las torturas, los asesinatos y las desapariciones fueron parte de la metodología represiva sistemática del terrorismo estatal.
José Nino Gavazzo reconoció haber intentado desaparecer el cuerpo de Roberto Gomensoro Josman, en marzo de 1973, durante el gobierno del dictador Juan María Bordaberrry. Luego de asesinarlo,  arrojó su cadáver en el lago de la Represa del Rincón del Bonete. Roberto Gomensoro Josman fue el primer detenido desaparecido por las Fuerzas Armadas desde que el 15 de abril de 1972 se desencadenara la brutal represión alentada por la Declaración del Estado de Guerra interno. Su secuestro, asesinato y desaparición ocurrió varios meses antes de la disolución de las Cámaras.
Guido Manini Ríos atacó al Poder Judicial a sabiendas de que estaba faltando a la verdad.
La Ley de Caducidad y el Poder Judicial
Ningún informe periodístico o nota sobre el pasado reciente que  ignore la vigencia de la Ley de Caducidad durante 20 años es serio. Ningún  estudio de lo sucedido durante el terrorismo de Estado que no mencione la Ley 15 848 o haga referencia a la Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, es válido o relevante. Es muy difícil encontrar una ley tan inconstitucional como ella.
Aprobada durante el primer gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti, defendida a ultranza hasta el día de hoy por el Partido Colorado, una parte importante del Partido Nacional y los principales medios de prensa matutinos, la mencionada norma sometió al Poder Judicial a la voluntad del Poder Ejecutivo de turno para investigar las desapariciones y los crímenes de Lesa Humanidad. Fue el gran obstáculo legal para avanzar en la investigación y el esclarecimiento de las graves violaciones a los DDHH, muy especialmente, en lo referido a los Detenidos Desaparecidos.
Manini Ríos estaba al tanto
Aunque acusó públicamente al Presidente de ser un canalla cuando destituyó a los generales que integraron los Tribunales de Honor, gracias a la divulgación de las actas, ha quedado en evidencia que el general retirado Guido Manini Ríos actuó de una manera perversa y politiquera. Sabía que José Nino Gavazzo y Jorge “Pajarito” Silveira habían sido procesados y condenados, perfectamente, por el Poder Judicial con todas las garantías del debido proceso. Ellos mismos reconocieron haberlos cometido ante los generales que los juzgaban.
La democracia mediante la cual el general Guido Manini Ríos aspira a ser presidente es una conquista del pueblo uruguayo que derrotó al terrorismo de Estado y al proyecto político de las Fuerzas Armadas, diciendo NO, en el plebiscito de 1980. Una democracia sólida demanda un poder judicial investigando los crímenes del pasado.
El esclarecimiento de lo ocurrido con los Detenidos Desaparecidos, encontrar sus restos es una herida abierta de la sociedad uruguaya. Desde octubre del año 2011 no existen obstáculos legales para que los jueces investiguen. Ahora también la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) podrá hacerlo.
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Opinando N° 18 – Año 8 – Miércoles   25 de setiembre de 2019

lunes, 23 de septiembre de 2019

Visita del Consejero de Asuntos Exteriores, Institucionales y Transparencia de Catalunya,


Reunión con Alfred Bosch, Consejero de Asuntos Exteriores, 
Institucionales y Transparencia de Catalunya, en Crysol, 
el jueves 19 de setiembre de 2019.

viernes, 6 de septiembre de 2019

Vivo y de vivo


Pedro Mato, militar investigado por varios crímenes antes y durante la dictadura, habría ingresado a Uruguay para hacer la denominada “revista de existencia”, un trámite que certifica que está vivo, imprescindible para seguir cobrando su jubilación. Según información oficial del Ministerio de Defensa, el trámite se hizo en una oficina pública con fuerte custodia: el Regimiento de Caballería número 1 de Rivera. La fiscal de ese departamento, Bárbara Zapater, investiga cómo fue posible.

Por Mauricio Pérez – Brecha – 6 9 19


Pedro Mato Narbondo, alias el Burro, está prófugo de la justicia uruguaya. En 2013, debía declarar en un juzgado en el marco de la indagatoria penal por el homicidio de Luis Batalla, muerto por torturas en las entrañas del Batallón de Infantería número 10, en 1972, pero nunca se presentó. Frente a eso, la jueza Blanca Rieiro libró una orden de captura internacional en su contra. Mato también está prófugo de la justicia italiana, porque fue uno de los 13 militares uruguayos condenados a cadena perpetua por los crímenes del Plan Cóndor.


Mato ingresó a las Fuerzas Armadas en marzo de 1958 y sobre principios de la década del 70 asistió a la Escuela de las Américas (School of Americas), en Panamá, institución creada por Estados Unidos, en la que cientos de militares sudamericanos se formaron en la doctrina de la seguridad nacional. Operó en el Servicio de Información de Defensa (Sid) y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa). En 1975, actuó en el 300 Carlos, un centro clandestino de detención que funcionaba en el fondo del Batallón número 13.

Después de su retiro, se radicó en Rivera. Pero, cuando las causas penales por crímenes de la dictadura empezaron a avanzar en los estrados judiciales, cruzó la frontera y se instaló en una finca de Santana do Livramento. Con la misma estrategia del coronel (r) Manuel Cordero, se naturalizó brasileño con el fin de evitar –o al menos dificultar– una eventual extradición a Uruguay (véase “Represor naturalizado”, Brecha, 10I14).

Por esos años, comenzaron a circular en las redes sociales fotos de Mato en paradisíacas playas brasileñas, como las que acompañan esta cobertura. Allí, aparecía junto con su pareja, Juliana de Sarro, la enfermera que desacreditó las acusaciones que pesaban en su contra, por su supuesta participación en el homicidio de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Tales placeres fueron posibles gracias a que sigue cobrando la jubilación por sus años de servicio. Para seguir gozando de esos haberes, el militar debe certificar que está con vida todos los años.

Según datos aportados por el Ministerio de Defensa Nacional (Mdn), en respuesta a un pedido de Brecha de acceso a la información, Mato hizo su última “revista de existencia” (un trámite similar a la fe de vida correspondiente al ámbito civil) el 24 de mayo de 2019, en la “Unidad Militar en el Departamento de Rivera”. Esto pese a que sobre él pesa un pedido de captura internacional. Este dato, que también fue aportado por el Mdn a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, implicó el inicio de una investigación penal para saber cómo una persona con dos pedidos de extradición (uno de Uruguay y otro de Italia) pudo hacer este trámite en territorio uruguayo.

CAPTURAS. 

Desde su creación, en febrero de 2018, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad solicitó la extradición o captura internacional de diez personas por crímenes de la dictadura, según la respuesta de la Fiscalía General de la Nación (Fgn) a un pedido de Brecha de acceder a la información.

En efecto, el fiscal Ricardo Perciballe solicitó la extradición de tres militares: Manuel Cordero, Wellington Sarli y Eduardo Ferro. Los dos primeros fueron requeridos en la causa que investiga la detención ilegal y los abusos sexuales de presas políticas –Cordero también lo fue por el secuestro de los hermanos Anatole y Victoria Julien–; Ferro, en tanto, es investigado por la desaparición forzada del militante comunista Óscar Tassino.

Cordero está en Argentina y su extradición es compleja, ya que fue condenado en ese país por crímenes del Plan Cóndor. Sarli reside en Chile, donde fue condenado por el secuestro del bioquímico chileno Eugenio Berríos en 1992. De acuerdo con el informe de la Fiscalía, Sarli “se presentó por medio de su defensa y se encuentran en trámite las excepciones planteadas”. Ferro está prófugo, tras haber estado algunos meses detenido en España.

Por otro lado, Perciballe solicitó la captura internacional de seis militares con paradero desconocido, al menos para la justicia. Esta lista incluye a Mato y a los oficiales Dardo Barrios (por las torturas perpetradas en el batallón de Laguna del Sauce), José Garmendia (por torturas y privación ilegítima en el 300 Carlos), Alfredo Fresia y José Delgado Socorro (por torturas en Boiso Lanza), y Hermes Tarigo (por la muerte por torturas de Gerardo Alter).

Para avanzar en la investigación del paradero de estos militares, Perciballe pidió información al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (Srpffaa, la denominada caja militar). Se preguntó si siguen cobrando sus haberes jubilatorios, cómo lo hacen y dónde hicieron la última “revista de existencia”. El objetivo es determinar qué domicilio aportaron a esa institución, saber dónde están.

El décimo requerido es Ariel Ricci, ex integrante de la Ujc que colaboró abiertamente con los servicios de inteligencia policial durante la dictadura. El pedido de captura de Ricci se hizo en la causa que investiga las torturas contra detenidos políticos en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (Dnii). En ese expediente la Fiscalía pidió el procesamiento con prisión de Jorge “Charleta” Guldenzoph, otro ex integrante del Pcu.

TORTURA. 

Luis Batalla tenía 32 años. Era albañil y militaba en el Partido Demócrata Cristiano (Pdc). Fue detenido el 20 de mayo de 1972 en Treinta y Tres. La detención se produjo en un contexto de escalada del accionar represivo contra grupos armados que actuaban en Uruguay, tras la declaración, todavía en democracia, del estado de guerra interna. El operativo fue realizado por funcionarios militares apostados en ese departamento, incluidos varios integrantes del Sid que habían llegado desde Montevideo.

Batalla fue trasladado al Batallón de Infantería número 10, donde fue sometido a intensos interrogatorios intercalados con sesiones de tortura. El objetivo era desentrañar su posible vínculo con el Mlnt. Los castigos físicos (entre ellos, plantones y golpizas) se prolongaron durante cuatro días, hasta que falleció. Según el testimonio de algunos militares, Mato era uno de los responsables de interrogar a los detenidos y participó activamente de la tortura de Batalla.

La investigación de su muerte fue reabierta en 2013. En mayo de este año, el fiscal Perciballe solicitó el procesamiento con prisión de dos militares, Héctor Rombys –jefe del S2– y Arquímedes Maciel, por un delito de homicidio muy especialmente agravado. Además, reiteró un pedido que estaba pendiente desde hacía algunos años: la captura internacional de Mato.

Por este motivo, Perciballe solicitó enviar un oficio a la Interpol para obtener información actualizada sobre el paradero del militar. Además, pidió información a la caja militar para saber si Mato percibe sus haberes jubilatorios y que, en caso afirmativo, se especifique “cómo hace efectivos los mismos y en especial qué domicilio ha aportado a dicha institución”.

La respuesta oficial causó “preocupación” en la Fiscalía. El Srpffaa informó –al igual que en la respuesta a Brecha– que Mato cobra sus haberes a través del Banco República (Brou). Para eso, cumplió con el protocolo fijado por la institución. El militar revistó en mayo de 2019, “a través de la unidad militar en el departamento de Rivera”, es decir, en el Regimiento de Caballería número 1.

En este marco, Perciballe elevó una nota a la Fiscalía para que se investigue cómo alguien requerido por la justicia de dos países hizo un trámite en una unidad militar sin generar ninguna alerta. El planteo procura determinar si el militar hizo el trámite en forma personal (lo que implicaría que ingresó a Uruguay) o por medio de un tercero, y si los efectivos de la unidad estuvieron omisos en su función.

De acuerdo con lo que pudo saber Brecha, tras recibir la información sobre la posible ocurrencia del delito (la notitia criminis), la fiscal de Rivera Bárbara Zapater dispuso el inicio de la investigación administrativa. La magistrada analizará la información remitida desde Montevideo y definirá las medidas necesarias para saber qué pasó. La denuncia que llegó desde la capital apunta a un eventual delito de desacato, es decir, la “desobediencia abierta al mandato legítimo de un funcionario público”. Se trata, dijeron fuentes de la Fiscalía, de una tipificación provisoria.

TROTAMUNDOS. 

Según la respuesta del Mdn a un pedido de Brecha de acceso a la información pública, los militares –cuya captura internacional fue requerida por la Fiscalía– enfrentan situaciones diversas en relación con el cobro de su jubilación. Por ejemplo, el mayor Dardo Barrios dejó de cobrarla en febrero de 2019. Este militar, investigado por torturar a presos políticos en el Batallón de Ingenieros número 4 de Laguna del Sauce (Maldonado), cobraba por intermedio del Brou, pero en marzo de 2019 el pago fue suspendido, “por no revistar”. Su última “revista de existencia” data del 10 de agosto de 2017, en el Círculo Militar.

En una situación distinta están el teniente coronel Alfredo Fresia y el coronel José Delgado, imputados por torturar a presos políticos en la base aérea de Boiso Lanza; ambos aún perciben su jubilación. Fresia cobra a través del Brou; su última revista fue el 27 de julio de 2019 en el consulado uruguayo en Bogotá (Colombia). El documento firmado por la cónsul Silvana Balaguer –al que accedió Brecha– establece que el militar “se presentó” en esa oficina “para hacer constar su existencia”. Allí Fresia dio como lugar residencia la calle 83#42D95, en el barrio Nuevo Horizonte, en la ciudad de Barranquilla.

Por su parte, Delgado hizo este trámite en el consulado uruguayo en Miami (Estados Unidos). El documento firmado por el oficial de la Cancillería, Felipe Velázquez, el 13 de junio de 2019, señala que el militar reside en la calle 600 NE 2nd Street Apt 315, en Dania Beach, Florida 33004. También cobra su jubilación a través del Brou.

En estos dos casos, sin embargo, no existiría una situación irregular relacionada con el cobro de haberes. Si bien el fiscal Perciballe pidió la captura internacional de ambos militares en marzo de 2019, esta aún no fue dispuesta por la justicia. De acuerdo con fuentes judiciales, el expediente quedó paralizado tras los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por las defensas de los militares, cuyo procesamiento fue solicitado por la Fiscalía. Perciballe también solicitó información sobre Tarigo y Garmendia.

EL FUGADO

Eduardo Ferro fue uno de los hombres más relevantes en el organigrama militar de la dictadura, con una fuerte ascendencia entre sus pares. Integrante del Ocoa, es señalado como uno de los cabecillas del 300 Carlos –donde compartió tareas con Mato–, con una activa participación en la casona de Punta Gorda, otro centro clandestino de detención y tortura.

Tras el retorno de la democracia, entre 1988 y 1991, fue jefe del Departamento III de la Dirección General de Información de Defensa (Dgid) y tuvo una activa participación en el espionaje militar de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales que quedó al descubierto con la aparición del archivo que estaba en poder del fallecido coronel Elmar Castiglioni (veáse “El diario de ‘Guillermo’”, Brecha, 24II17).

Ferro fue señalado como partícipe activo del Plan Cóndor, con operativos en Argentina y Brasil, por ejemplo, el secuestro y el traslado ilegal a Uruguay del matrimonio de Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez. También del secuestro y la desaparición de Óscar Tassino. Fue esta indagatoria judicial la que complicó su situación procesal. Y la que derivó en su fuga.

En marzo de 2017, la jueza Dolores Sánchez libró una orden de captura internacional en su contra luego de que no se presentara a declarar en tres oportunidades. Sobre fines de noviembre de 2016, efectivos policiales llegaron a su domicilio en Los Pinares para entregarle la citación judicial, pero no pudieron. Su esposa les dijo que había viajado a Europa para participar en un evento internacional de karate y volvería a fin de año. Según un informe de Migraciones, Ferro salió de Uruguay el 15 de octubre de 2016 y nunca regresó (Caras y Caretas, 16III17).

Fue ubicado en agosto de 2017 en España y la justicia uruguaya pidió su extradición. El militar permaneció algunos meses detenido, hasta que, sorpresivamente, un fiscal español solicitó su libertad, al considerar que los delitos que se le imputaban habían prescrito. Esto pese a que, por el tratado de extradición vigente entre Uruguay y España, debía aguardar el proceso en prisión administrativa. Cuando el Consejo de Ministros de España aceptó enviarlo a Uruguay, Ferro estaba en libertad y se desconocía su paradero (Brecha, 27VII18). Aún está prófugo. Una de las hipótesis es que se encuentra en Estados Unidos, aunque también se denunció que volvió a Uruguay.

En virtud del informe del Srpffaa, Ferro cobró su jubilación durante todo el período en que estuvo prófugo y mientras duró el proceso de extradición en España (de octubre de 2016 a julio de 2018). Lo hizo a través de una cuenta en el Scotiabank. Sin embargo, desde agosto de 2018 se le retiene el pago de haberes, ya que hizo la revista de existencia en forma incorrecta.

Los documentos muestran que el 10 de mayo de 2018 –tras ser liberado a pedido del fiscal español– se presentó en el Registro Civil de Peñiscola, un municipio de la Comunidad Valenciana (España). Allí se estableció que Ferro residía –o al menos eso dijo– en C/Juan Carles I, 21 Pta 4, Albuixech (Valencia). De acuerdo con fuentes del Mdn, la retención de haberes fue una orden del ex ministro de Defensa Jorge Menéndez. A partir de marzo de 2019, Ferro dejó de cobrar la jubilación, ya que no certificó estar con vida.

Estamos vivos

El Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas tiene a su cargo el pago de jubilaciones y pensiones del personal militar. Para poder cobrar, estos deben hacer una “revista de existencia”. Es decir, demostrar que están vivos. Esto podrá realizarse tanto en Uruguay como en el exterior.

El instructivo para efectuar el trámite, aprobado en setiembre de 2018, establece que la revista debe hacerse en forma personal en la sede del Srpffaa o en la seccional policial o unidad militar más cercana al domicilio del militar. En estos casos, el militar debe enviar (vía mail, fax o correo postal) al Srpffaa un formulario con el sello de esa institución “y la firma de quien verifique la existencia del usuario”.

La única excepción son las personas enfermas, quienes podrán enviar un certificado médico a través de un apoderado o un familiar. En el caso de los beneficiarios privados de libertad –como los condenados por crímenes de la dictadura–, la revista se hace en el propio centro de reclusión por personal de la caja militar.

Los militares que residen en el exterior, en tanto, deben hacer el trámite en la oficina consular que corresponda. Este trámite también debe hacerse en forma personal. Quienes no pueden apersonarse en el consulado pueden hacer el trámite ante la autoridad policial más cercana a su domicilio o procurar que alguna institución, como la Cruz Roja, atestigüe que están con vida.

La reacción del Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, relató a Brecha que, tras enterarse de que Pedro Mato hizo su “revista de existencia” en una unidad militar, se libró una orden al comando para recordar que este tipo de situación se tiene que notificar a la autoridad policial. Bayardi dijo que por el momento no se han tomado medidas disciplinarias contra los funcionarios del cuartel militar de Rivera donde se produjo la irregularidad.

—¿Se adoptó alguna medida referida a los militares que certificaron la situación de Pedro Mato?

—No, no. Se les informó que, existiendo una orden judicial de búsqueda y detención, se debe dar cuenta en forma inmediata de la aparición de esa persona.

—¿En la unidad militar estaban al tanto de la orden de captura de Mato?

—Espero que no. Cuando me vino la información, la leí igual que la leyeron ustedes. Tal cual vino la pasamos. Ahí tomamos nota, y sacamos la orden de que hay un pedido de detención de Mato Narbondo y de que de cualquier presencia que haya en el territorio hay que dar cuenta a las autoridades policiales.

—¿Mato hizo el trámite en forma personal en el batallón de Rivera o por intermedio de un tercero?

—Se parte de la base de que (en la unidad) certificaron su presencia, por lo que debería haber estado presente. No se da la orden de existencia por interpósitas personas. No es que mi mujer va y dice que yo existo. Partimos de la base de que podían no estar al tanto de la orden de detención de la justicia uruguaya, por lo que transmitimos a través del comando a las unidades –en este caso, la unidad de frontera– que de la presencia eventual de la persona hay que dar cuenta para su detención.

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martes, 3 de septiembre de 2019

Seguir investigando



Otorgar facultades a la INDDHH para investigar

El hallazgo de un nuevo cuerpo humano en el Batallón N° 13 ha conmovido nuevamente a la sociedad uruguaya. Es un tema siempre vigente. Ya el pasado 20 de Mayo con una lluvia torrencial, más de cien mil uruguayos manifestaron por 18 de Julio reclamando Verdad y Justicia. Sin embargo, la profunda conmoción que generó, en plena campaña electoral, este nuevo descubrimiento por parte del Grupo de Investigación de Antropología Forense (GIAF) de la Udelar fue de tal magnitud que obligó a todos los candidatos presidenciables a pronunciarse de una manera categórica y hasta sorprendente. Siendo sinceros, en algunos casos, por lo incongruente, hasta  hirió la sensibilidad de una parte de la ciudadanía.


Antropóloga Alicia Lusiardo del Grupo de Investigación de Antropología Forense

Una labor titánica

El trabajo llevado adelante por los equipos de antropología durante todos estos años ha sido extraordinario, muy especialmente en lo que tiene que ver en el entorno del Centro de Detención y Tortura conocido como “300 Carlos”. Ha sido necesario dar vuelta todo el terreno, con mucho cuidado, con mucha paciencia, meticulosamente, para lograr los resultados obtenidos. Anteriormente ya se habían hallado los restos del escribano y docente Fernando Miranda, secuestrado a fines del año 1975 en el marco de la Operación Morgan, nombre con el cual las Fuerzas Armadas denominaron el operativo represivo destinado a descabezar al Partido Comunista (PCU).

Este nuevo descubrimiento se llevó a cabo en un territorio de muy difícil acceso, cercano al centro de torturas,  en una zona inundable con mucha facilidad por la cercanía del arroyo en estas épocas del año pero accesible en períodos de mucho calor y escasas lluvias como era el clima cuando se desplegó la Operación Morgan, en pleno verano del año 1976. Desde noviembre de 1975  a febrero de 1976, más de 600 militantes y dirigentes del PCU fueron secuestrados y torturados en el “300 Carlos” o “Infierno Grande” como se lo denominó. 

Se trató de un enterramiento primario. Este hecho pone en cuestión la existencia de la Operación Zanahoria. Cada día parecería  más evidente que la misma fue un invento para desalentar las investigaciones y la búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos.

La inoperante actuación judicial

Es público y notorio que en febrero del año 1976 el general ® Esteban Cristi, uno de los más prominentes golpistas de derecha, un auténtico caudillo militar del “proceso”, emitió una orden por medio de la cual felicitó a un número importante de militares por su activa y destacada participación en dicha operación represiva. Entre los mencionados figura el coronel ® Avelino Ramas, ya condenado por otros crímenes y gozando de una saludable prisión domiciliaria desde hace muchos años, sin haber estado nunca en algún centro penitenciario. Un auténtico prisionero VIP de la Suprema Corte de Justicia.

El general Esteban Cristi fue Jefe de la Región Militar N° 1 desde el año 1971 hasta su retiro en 1977. Encabezó junto al general ® Gregorio “Goyo” Alvarez la represión contra el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) durante el año 1972, fue un destacado golpista y el creador del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) al cual dirigió a través del general ® Juan Vicente Queirolo.

También figura felicitado por su accionar el  coronel ® Jorge “Pajarito” Silveira, condenado y procesado. Recientemente tomó notoriedad pública al conocerse, a través de la denuncia del periodista y escritor Leonardo Haberkorn,  las acusaciones que realizó contra José “Nino” Gavazzo en el Tribunal de Honor en su contra.

Vale la pena mencionar que en dicho tribunal,  José Nino Gavazzo reconoció que asesinó y pretendió desaparecer a Roberto Gomensoro Josman arrojando su cuerpo en el lago de la represa del Rincón del Bonete, en las inmediaciones del Campo III del Ejército en Paso de los Toros. Dicha conducta no mereció ni para el ex comandante en Jefe del ejército general ® Guido Manini Ríos ni para seis generales que integraron  dichos tribunales el calificativo de falta grave al honor del Ejército.

La Ley de Caducidad promovida por el gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti, recientemente designado Secretario General del Partido Colorado por el presidenciable Ernesto Talvi, impidió la actuación de la justicia en el cumplimiento de sus obligaciones básicas, durante más de 20 años. Fue un obstáculo casi insalvable. En octubre del 2011, durante el gobierno de José Mujica, a través de la Ley 18 831, se restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado. Desde ese momento, no existen obstáculos legales de ningún tipo para que los operadores del sistema investiguen y actúen.

Una causa irrenunciable

Más allá de las dificultades, de la negativa de los responsables de los hechos a colaborar, del apoyo económico, político y mediático de quienes defendieron y defienden hasta el día de hoy la inconstitucional Ley de Caducidad, el Estado, sus órganos no pueden renunciar a la labor de investigar y sancionar a los responsables de los delitos, de buscar  los restos de todos los detenidos desaparecidos.

No se trata solamente de solidaridad con los familiares y amigos de las víctimas. Los Estados no pueden renunciar nunca al repudio de los actos criminales, no pueden dejar de condenar una y otra vez el terrorismo Estatal, de generar las condiciones que impidan la repetición de los hechos.

El proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo y a estudio del Parlamento que otorga nuevas potestades a la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) para que pueda investigar estos casos es una medida en tal dirección. Todo el respaldo de nuestro colectivo a dicha iniciativa.
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Opinando N° 17 – Año 8 – Martes 3 de setiembre de 2019

Julio Abreu sobreviviente del vuelo cero

Reconocimiento a expresidenta Silvia "turca" Yapor

Día del Liberad@ 2014

Fusilados de Soca 2013

Celebración del Día del Liberad@ 2013

2º Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia

Festejo de los 11 años de Crysol

Homenaje a L@s Fusilad@s de Soca - 2010

Asado de fin de año 2 (clip largo) de Crysol 2010

Asado Fin de Año 1 (clip corto)

Mesa para la Paz en Pan de Azúcar el 10 de Diciembre

María Ester Gatti

30 años del NO a la Dictadura

Basta de Impunidad. Concentración en la Plaza Libertad el 24 11 10

Crysol en la concentración del Pit - Cnt el martes 16 de noviembre de 2010 en el Palacio Legislativo

Concentración en el Ministerio de Economía y Finanzas el 9 8 10

Marcha de Crysol el 21 de agosto de 2008


Día del Liberad@ 2010


Sigue siendo injusta


Festejo del 10º aniversario de Crysol