la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

Joaquín Requena 1533 esquina Brandzen. Telefax: 2408 44 65. Montevideo. Uruguay. Dirección electrónica: crysol2003@gmail.com


Horario de atención en nuestra sede social: de lunes a viernes de 14.30 a 19 horas. Cuota social: $ 140.-




viernes, 3 de agosto de 2018

miércoles, 1 de agosto de 2018

Reparación a las Víctimas del terrorismo estatal





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Onajpu homenajea




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Sábado 18: homenaje en La Tablada



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43 años después


Operación Morgan. Una placa de la memoria recuerda 

el asesinato en la tortura del militante comunista Álvaro Balbi.

La diaria - 1 8 18

Gerardo Núñez, Javier Tassino, Nicolás Pons y Eduardo Bonomi, en el desubrimiento de una placa de la memoria para recordar a Álvaro Balbi, ayer, en la ex Guardia de Granaderos.
 Foto Andrés Cuenca

Álvaro Balbi Sala estaba casado y era padre de cuatro hijos: Arianna, Pablo, Andrea y Alondra. Era empleado en una empresa de automotores, músico (estudió piano con Hugo Balzo y Numen Vilariño) y militante del Partido Comunista del Uruguay (PCU). 

El martes 29 de julio de 1975, un par de años después del golpe de Estado, fue detenido por policías en el marco de la llamada “Operación Morgan” contra el PCU, cuando participaba con otras personas en una reunión clandestina en la calle Canstatt. Los tuvieron unas horas en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, ubicada en la calle Maldonado, y después los trasladaron a la sede de la Guardia de Granaderos, en José Pedro Varela y Propios, donde hoy está la Guardia Republicana. Las torturas a las que fue sometido le causaron la muerte en la madrugada del jueves 31.

El mismo día, la Policía le dijo a la familia de Balbi que este había fallecido debido a un ataque de asma, desencadenado por el frío invernal. En el certificado de defunción, firmado por el médico forense militar José Alejandro Mautone, se afirmaba que la causa de la muerte había sido una “insuficiencia cardiopulmonar aguda”, pero la viuda, Lille Caruso, y otros familiares lograron que se le practicara una autopsia, cuyo informe señaló que el cuerpo presentaba “hundimiento de tórax, órganos genitales calcinados, rotura de hígado, fractura de pierna izquierda y fractura de cráneo”.

Ayer, 43 años después del asesinato de Balbi, se colocó a las 18.00 una placa recordatoria de ese crimen en la actual sede de la Republicana. Hablaron Nicolás Pons en representación del Ministerio de Educación y Cultura, el diputado Gerardo Núñez por el PCU, solicitante del reconocimiento, y un familiar de Balbi. Con este acto se continúa lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley 18.596, “Actuación ilegitima del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985 - Reconocimiento y reparación a las víctimas”.

Luego de la muerte del militante, su padre, el maestro Selmar Balbi, le envió una carta al dictador Juan María Bordaberry, que este nunca respondió. En ella le decía: “No procuro condolencias, [...] no necesito palabras de consuelo. A diario me las prodiga el pueblo entero. [...] Por su condición de Jefe de Estado, señor Presidente, usted sólo puede contestarme con hechos y el hecho en este caso horrendo –no único en el país, desgraciadamente– es un castigo ejemplar, terminante, concreto y público, garantido y documentado, como se reitera en forma frecuente en los medios de información. [...] Todas las circunstancias muestran que mi hijo fue muerto en dependencias de las Fuerzas Conjuntas. A ustedes les toca determinarlo. Pero quiero decir lo siguiente: en el Uruguay la pena de muerte no existe. Ni la más alta dignidad judicial, frente al mayor criminal y al más grave delito, puede condenar a muerte al peor de los reos. Nadie tuvo entonces derecho a matarme a mi hijo. Sólo la impunidad más absoluta pudo amparar el crimen, así fuera, como a veces se sugiere, porque se les fue la mano”.

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Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad


Piden prisión para 8 militares por 

delitos cometidos entre 1975 y 1977


El país – 1 8 18



En todos los casos es por delitos de violación de domicilio, abuso de autoridad contra los detenidos y privación de libertad.

La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad pidió el procesamiento con prisión de ocho militares por delitos cometidos entre 1975 y 1977.

Según consta en un documento publicado por la Fiscalía, el fiscal Ricardo Perciballe solicitó el procesamiento con prisión de ocho personas, en todos los casos por delitos de violación de domicilio, abuso de autoridad contra los detenidos y privación de libertad.

En tanto, en un caso se señala también el atentado violento al pudor y la violación como figuras a imputar.

La investigación inició con una denuncia que en octubre de 2011 presentaron miembros de la Asociación de Expresos Políticos de Uruguay (Crysol), que apuntó a "padecimientos" que activistas de izquierda sufrieron entre 1975 y 1977 en dos centros de detención, el Batallón de Infantería Nº13 y en el clandestino "Infierno Grande", también conocido como "300 carlos".

Al Batallón de Infantería iban, principalmente, jóvenes vinculados al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, mientras que al otro eran derivados militantes sociales y políticos, vinculados sobre todo al Partido Por la Victoria del Pueblo (PVP).

Según consta en el escrito de Perciballe, los operativos en el período de la dictadura comenzaban con la obtención de "un dato" por parte de las autoridades, que apuntaba a "cierta persona" con una organización social o política de las "perseguidas".

"La detención se realizaba en los domicilios de las personas y en la noche, por lo que se irrumpía en forma violenta", agrega el documento.

Asimismo, sostiene que, cuando la persona requerida no se encontraba en el lugar, se tendía una trampa y se tomaba de rehenes a los demás habitantes hasta que el involucrado aparecía.

"Una vez producida la detención, se procedía al 'encapuchamiento', es decir, a colocarle una capucha o una venda en los ojos", a la persona requerida, para que no pudiera darse cuenta hacia dónde se dirigía.

Las sesiones de tortura para obtener confesiones en los dos centros de detención vinculados a esta causa consistían en "plantones", es decir, obligar a los detenidos a estar parados por varias horas en una misma posición, así como golpizas, picanas eléctricas en todo el cuerpo y especialmente en los genitales, así como submarinos con agua y excrementos y diversos abusos sexuales, entre otros procedimientos.

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martes, 31 de julio de 2018

Fiscal Perciballe pidió nuevos procesamientos


Fiscal Perciballe pidió procesamiento de ocho ex militares por

torturas en el “300 Carlos”

La Diaria - 31 7 18

Sólo tres de los oficiales acusados están condenados por otros delitos.



Ayer de noche el informativo de TNU dio a conocer –y luego fue confirmado por la diaria– que Ricardo Perciballe, quien está a cargo de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, pidió el procesamiento de ocho oficiales retirados por delitos de tortura a cerca de una treintena de detenidos por la dictadura que fueron recluidos en el centro clandestino conocido como “300 Carlos”, que funcionó entre 1975 y 1977 y estaba ubicado dentro del cuartel del entonces Batallón de Infantería Blindado Nº 13 (Avenida de las Instrucciones y Camino Casavalle).


Los oficiales retirados son Mario Aguerrondo, Rudyard Scioscia, Mario Franchelle, Mario Manuel Cola, Homero González, José Nino Gavazzo, Jorge Pajarito Silveira y Ernesto Ramas. Los tres últimos ya habían sido condenados por diversos delitos de terrorismo de Estado. En el caso del coronel retirado Ramas, que cumple prisión domiciliaria en Piriápolis, en setiembre de 2017 la jueza penal de 2º Turno Marcela Vargas realizó una audiencia en la casa del ex militar por la causa del "300 Carlos", pero el acusado se amparó en el derecho a no declarar. Antes se había excusado de ir a la sede judicial por razones de salud, pero el colectivo Vecinos por la Memoria de Piriápolis denunció que Ramas había sido visto paseando por la rambla del balneario, violando la prisión domiciliaria.

Perciballe confirmó a la diaria que si bien los hechos denunciados son torturas, la tipificación es privación de libertad y abuso de autoridad, ya que eran las figuras delictivas que existían en ese momento. Además, como suele suceder cuando se pide un procesamiento, el fiscal pidió cierre de fronteras para los ex militares que están libres.

Raúl Olivera, coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu, señaló a la diaria que seguramente esta decisión de Perciballe está enmarcada en una causa del “300 Carlos” que esta red de organizaciones presentó y en la que había 45 pedidos de procesamiento pendientes.

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lunes, 30 de julio de 2018

Memoria. Editatón en la INDDHH


Subieron 20 artículos y 200 fotos a Wikipedia sobre pasado reciente

Por Mariana Cianelli – La Diaria – 30 7 18

Memoria. 

La primera editatón sobre el tema apuntó a “visibilizar lo que se encuentra invisibilizado”


Foto: Iván Franco
Con las laptops sobre las mesas y los libros sobre el pasado reciente abiertos de par en par, unas 50 personas participaron el sábado en la editatón Wiki Derechos Humanos en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). La movida surgió con un objetivo específico: hacer accesible información sobre la memoria colectiva, el pasado reciente y las violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura. Así lo explicó a la diaria Carina Patrón, integrante de Wikimedia Uruguay, una de las organizaciones que, junto con la INDDHH, Crysol, Serpaj y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, impulsaron la maratón de edición colectiva y abierta al público.

La iniciativa no es nueva. Desde 2015, el colectivo Wikimedia Uruguay impulsa diversas actividades abiertas para que las personas editen y suban nuevos contenidos a Wikipedia. “Hemos realizado editatones sobre la influencia de españoles en Uruguay, las mujeres en la ciencia, la arquitectura y el arte”, explicó Patrón. Le llaman “editatón” a la edición conjunta de artículos en Wikipedia, en la que se busca generar nuevos contenidos y mejorar los que ya se encuentran publicados.

Para Patrón, la actividad trata de visibilizar lo que se encuentra invisibilizado. En ese sentido, explicó que el colectivo observó una carencia en los artículos vinculados con el pasado reciente. Si se comparan las entradas sobre las distintas etapas de la historia uruguaya, los artículos relacionados con la dictadura son notoriamente escasos. Lo mismo sucede si se contrasta con los países vecinos: Argentina tiene 1.574 artículos, Chile 415 y Uruguay 24. 

De los casi 80 centros de detención clandestinos y no clandestinos, no existía ninguna información subida en Wikipedia. Las organizaciones sociales y de derechos humanos tampoco tenían su lugar en la enciclopedia más consultada del mundo. “Eso muestra la carencia impresionante de contenidos”, relató Rodrigo Barbano, integrante de Wikimedia. Según explicó, la finalidad de la actividad es acercar a la gente a Wikipedia –así como a otros proyecto de cultura libre– y trabajar sobre la idea de que no sólo se puede ser un “mero espectador”, sino también “colaborar y construir conocimiento con otros”.

Los integrantes del colectivo armaron una lista de posibles artículos para crear en Wikipedia. Judith Varela fue a la editatón con su hijo Jonathan Gregorio y su sobrino Nahuel Buzzo. Ella eligió subir información sobre Mariana Zaffaroni: “Habían dos o tres mujeres; yo elegí a Mariana por su historia. Era muy joven cuando la abuela la encontró y fue sumamente emocionante cómo se dio todo. La encontraron, era una adolescente y no quería saber nada con su historia. Hoy es una mujer adulta, madre, que asumió su nombre y apellido. Y cuando la vi entre las posibilidades, pensé: ‘¡No puede ser que no tenga artículo’”. 

Jonathan y Nahuel quisieron subir información sobre Carlos Dutra, un militar antigolpista que pasó 11 años preso: “En el momento que se juntaron los oficiales, un mayor preguntó si alguno de ellos no estaba de acuerdo con el golpe y él fue el único que dijo que no, así que entregó su arma y marchó a prisión. Yo no conocía su historia, pero hubo una frase que me llamó la atención. Dutra dijo: ‘En un momento yo tuve que elegir entre dos opciones: estaba con el pueblo o contra el pueblo. Yo estaba con el pueblo’”, relató Jonathan. 

Su madre agregó que su generación se crió en el “silencio”, y la de su hijo y su sobrino –de 28 y 19 años, respectivamente–, también. “Yo me voy re feliz porque se van con algo de lo que no tenían ni idea. Es una semilla para que sigan metidos en el tema”, comentó.

Manuela Abrahan, integrante de la INDDHH, explicó que la información sobre estos temas muchas veces se mueve en los círculos de personas interesadas o vinculadas con los hechos por haber sido víctimas o familiares de víctimas. “Cuesta mucho romper ese cerco”, consideró. Además evaluó que es bastante “sintomático” que no haya información sobre centros de detención, ya que el principal método represivo de la dictadura fue la prisión prolongada.

“El capítulo uruguayo de la Wikipedia es una expresión más de nuestra sociedad. La cantidad de años que estuvimos sin investigar y sin avanzar en las causas judiciales hizo que el trabajo de las organizaciones sociales quedara encerrado en algunos ámbitos y no lograra circular”, agregó.

Según Patrón, la bibliografía de las instituciones y organizaciones de derechos humanos es numerosa, pero es difícil que se difunda si no está en la web. “Entonces el hecho de que ahora estemos colocando toda la lista de desaparecidos en Wikipedia ya es importante”, consideró.

Barbano evaluó la jornada como muy “positiva”. Al cierre de la maratón se habían creado unos 20 artículos y digitalizado cinco libros. Asimismo, se subieron datos sobre los desaparecidos y 200 fotos aportadas por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. También se incorporaron datos de los centros de detención y se hizo un mapa para ubicar geográficamente los sitios.

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Buscando a Ferro


Justicia uruguaya investiga intrigante 

contradicción en la fuga del represor desde España.


Por Enrique Blixen – Brecha – 27 7 18

Una denuncia sostiene que el militar prófugo reingresó a Uruguay el día que supuestamente era detenido en Madrid. Mientras se investiga el dato, se revelan otros detalles de su segunda fuga: quedó en libertad mientras se sustanciaba su extradición, porque un fiscal español consideró que sus delitos habían prescripto.

Ferro por Ombú
Puesto que la cooperación judicial entre países se apoya en gran medida en la confianza mutua (de lo contrario sería imposible concretar cualquier pedido de extradición), la fuga del coronel (r) Eduardo Ferro (si es que existió), ubicado por Interpol en Madrid a fines de agosto de 2017, se convierte en un gran escándalo internacional que debería tener graves consecuencias, a menos que todos miren para el costado: el Estado español violó flagrantemente el tratado de extradición firmado con Uruguay en 1996 y aún no ha dado una explicación oficial de por qué no ha concretado todavía la entrega del responsable de múltiples delitos de lesa humanidad (entre ellos el asesinato de María Claudia García de Gelman y las desapariciones de Fernando Miranda y Óscar Tassino).

La explicación es simple: aunque la extradición fue concedida por el Consejo de Ministros del gobierno español, con la firma del entonces presidente Mariano Rajoy, la entrega del requerido, que supuestamente debía permanecer en prisión administrativa, no pudo concretarse porque Ferro estaba en libertad y se tomó las de Villadiego, gracias a una “mano solidaria” que le extendieron unos magistrados españoles.

La primera sospecha que se instaló cuando se supo, en mayo pasado, que Ferro se había vuelto a fugar apuntaba a la cancillería y a la embajada uruguaya en Madrid, en el supuesto de que el incumplimiento de algún trámite burocrático había facilitado la liberación del requerido. Pero el abogado de Ielsur, Martín Fernández, que representa a la familia Tassino en el proceso judicial, fue contundente al afirmar que “se cumplieron con todos los plazos y los requerimientos, y no hubo nada parecido al caso Tróccoli”. 

Fernández explicó a Brecha que concurrió reiteradas veces a la cancillería para conocer los detalles del extraño episodio y que la cancillería aguarda explicaciones del gobierno español, las cuales aún no han llegado, pese a que han transcurrido dos meses desde que se comunicó desde Madrid que Ferro había obtenido la libertad.

LA LIBERACIÓN.

Extraoficialmente se conocen ahora detalles que explican la “suerte” de Ferro. El ex coronel de Ingenieros, cuya carrera estuvo determinada por su actuación como oficial de inteligencia –fue jefe del Departamento III de la Dirección General de Información de Defensa (Dgid) y responsable del espionaje militar al referéndum contra la ley de caducidad–, había fugado de Uruguay cuando la justicia penal lo conminó a presentarse ante el magistrado para un interrogatorio. El 7 de setiembre de 2017 supuestamente fue detenido en un hotel de Madrid y la Interpol fue informada debido a que existía un pedido de captura internacional. 

Inmediatamente el juzgado tramitó el pedido de extradición, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Mientras se aguardaba la decisión de la justicia española, que aparentemente estaba estudiando la pertinencia de la extradición en función de las pruebas y argumentos aportados por el magistrado uruguayo, un fiscal pidió la excarcelación de Ferro con el argumento de que los delitos que se le imputaban habían prescripto (lo que no es cierto, porque tales delitos de lesa humanidad son imprescriptibles). El juez aceptó el criterio del fiscal y ordenó su excarcelación.

Según el abogado Fernández, todo el episodio fue “entre gallos y mediasnoches”. La liberación de Ferro ocurrió, según fuentes españolas, el 23 de noviembre de 2017, pero recién fue comunicada a las autoridades uruguayas el 24 de mayo de 2018. Tan subrepticia habría sido la excarcelación que en el escrito por el que se concede la extradición el Consejo de Ministros español consigna que Ferro estaba preso.

Para el abogado de Ielsur la medida impulsada por el fiscal y aceptada por el juez no tiene precedentes y es de una extrema gravedad, más en función de la calidad de los delitos que se le imputan al extraditable. Le parece inadmisible que Uruguay no fuera enterado de esa decisión hasta seis meses después. “Es un episodio muy oscuro –dijo a Brecha– que revela los poderosos contactos y relaciones de Ferro”. Fernández descarta que se trate de un error por el cúmulo de elementos que revelan la intención de ocultamiento; considera que cualquiera sea el tenor de la explicación que el Estado español le debe a Uruguay, la justicia española no puede permanecer muda. El Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo tampoco ha dado a conocer una posición pública al respecto.

La orden de captura del ex coronel de inteligencia ha sido reiterada, pero el rastro se ha perdido totalmente. Esté donde esté, para seguir en libertad Ferro debe manejarse con documentación falsa y contar con abundantes recursos. En principio no podría cobrar su jubilación militar.

PARADOJAS. 

Pero hay aún más, y a ello se debe el uso de ciertos condicionales en esta crónica. Según confirmó a Brecha, el fiscal penal especializado en crímenes de lesa humanidad Ricardo Perciballe recibió recientemente una denuncia de un testigo que afirma haber viajado con Ferro en un avión de Iberia, desde Madrid a Montevideo, y de haberlo observado detenidamente mientras Ferro hacía la cola para presentar sus documentos en las ventanillas de Migración. El testigo no tiene dudas sobre la identidad porque acostumbraba verlo pasear con sus perros por las calles de Punta del Este cuando en la década del 90 fue jefe de seguridad en un hotel del balneario.

La denuncia incorpora un elemento paradójico: el avión de Iberia despegó de Madrid el 6 de setiembre y aterrizó en Montevideo, sin escalas, en la mañana del 7 de setiembre de 2017. La presencia de Ferro en Carrasco coincide con la fecha en que, según las comunicaciones oficiales españolas a la embajada uruguaya, era detenido e ingresaba en un instituto de reclusión para cumplir la prisión administrativa mientras se sustanciaba el pedido de extradición.

La denuncia promovió una investigación a cargo de la unidad policial de Delitos Complejos. Se trata de establecer si Ferro efectivamente reingresó al país en setiembre. El chequeo es en principio simple si el requerido utilizó su pasaporte real, como dicen que usó al ingresar a España. Pero si Ferro viajó con documentación falsa, el estudio de las listas de pasajeros y el análisis de las cámaras de televisión en el aeropuerto será más complejo. La denuncia también obliga a confirmar la partida del prófugo en 2017. El fiscal Perciballe indicó a Brecha que todavía no tiene ningún elemento sólido como para considerar que Ferro regresó a Uruguay en setiembre de 2017, pero apuntó que el testigo fue muy firme y consistente en su relato.

En principio, una contradicción como la que presenta la denuncia debería explicarse por una simple confusión. Pero por las características de la trama española y la ayuda que recibió Ferro de la hermandad de terroristas de Estado españoles (que exhiben antecedentes de complicidad con criminales perseguidos de las dictaduras latinoamericanas) es sano plantearse todas las dudas, poner bajo cuestión todos los detalles, empezando por preguntar si realmente estuvo preso en Madrid. 

La historieta no sería descabellada teniendo en cuenta la imaginación que Ferro aplicó en las operaciones de inteligencia cuando era el “Guillermo” que actuaba en Buenos Aires para el Sid en dictadura o se esforzaba por infiltrar a los partidos políticos de izquierda desde la Dgid, ya en democracia.

En todo caso, inevitablemente surgirán indicios de sus travesuras por el mundo. Una clandestinidad como la de Ferro no se sostiene sin apoyos considerables y generosos de todo tipo, y siempre quedan huellas.

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sábado, 28 de julio de 2018

Construir memoria en territorios digitales


“Editatón” abierta sobre derechos humanos.


Por Tania Ferreira – Brecha 27 7 18


Wikipedia, la enciclopedia colaborativa y editable más consultada del mundo, será intervenida este sábado por los integrantes de Wikimedia Uruguay. Se han propuesto digitalizar algunas cosas y ordenar otras para hacer pública y accesible información que emparche un poco el vacío atroz de contenidos sobre memoria reciente en la web.

Este sábado el colectivo Wikimedia Uruguay subirá a Wikipedia artículos sobre detenidos desaparecidos, militantes de derechos humanos y centros de reclusión, entre otros temas del pasado reciente /
Foto: Fernando Pena

Si nos comparamos con los vecinos, la diferencia es grosera. El conteo global de artículos en Wikipedia relacionados con los derechos humanos da un total de 1.574 resultados para Argentina, 415 para Chile y 24 para Uruguay. Argentina tiene 243 entradas que hablan sobre detenidos desaparecidos, Chile tiene 33 y nosotros apenas cinco. Y sobre los centros de detención es aun peor: Argentina tiene 78 resultados, Chile 32 y Uruguay cero.

Así las cosas, y como parte de una movida regional que viene de países como México y Chile, pero sobre todo de Argentina, mañana, sábado 28 de julio, se realizará en Montevideo una Editatón Wiki Derechos Humanos. Es decir, una jornada de edición colectiva y abierta al público con el fin de crear (o mejorar) artículos sobre la memoria colectiva y las violaciones de derechos humanos en la enciclopedia en línea más popular del mundo. Bajo la consigna “Construyendo memoria en territorios digitales”, la actividad es coorganizada por Wikimedia Uruguay y Wikimedia Argentina, junto a la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Crysol y el Serpaj.

El colectivo Wikimedia Uruguay reúne a unas veinte personas (bibliotecólogos, informáticos, comunicadores, archivólogos de todas las edades), y entre sus principios generales se encuentra el facilitar el acceso a la cultura libre y el conocimiento. “Lo que buscamos en este tipo de jornadas abiertas es que las personas traten de empoderarse con las tecnologías de la comunicación: que vean que somos usuarios pero con roles activos, que no sólo recibimos información”, explicó a Brecha Paula Domínguez Font, estudiante de bibliotecología e integrante del colectivo.

“En otras ‘editatones’ vimos que en la página de Wikipedia hay un montón de hechos históricos del 1969 al 74 que no tenían artículos. Luisa Cuesta no estaba. Y nos preguntamos: ¡¿cómo puede estar pasando esto?! Falta información sobre el pasado reciente en Uruguay”, explicó Paula, argumentando sobre el origen del evento. De inmediato las organizaciones de derechos humanos aceptaron la propuesta y se sumaran a colaborar.

AGREGUE AQUÍ SU CONTENIDO. “Para elegir los contenidos, lo más importante son las fuentes”, explicó Carina Patrón, bibliotecóloga y también integrante de Wikimedia Uruguay, y agregó: “Todos los datos que se afirman en un artículo tienen que tener una fuente, porque Wikipedia no es una fuente primaria de información, sino secundaria: siempre se basa en otras investigaciones y publicaciones que se ponen como referencias al final de cada artículo”.

“Con respecto a estos temas de derechos humanos, tan delicados y sensibles, vamos cumplir más que nunca con ese principio de no afirmar cosas que no tengan una fuente fiable que las avale”, se ataja Carina, hablando de estos contenidos que siempre generan polémica.

La principal garantía sobre el manejo de la información es que estén participando las propias organizaciones de derechos humanos: “Lo primero que hicimos fue hablar con las organizaciones para ver qué era lo que ellas querían que se hiciera público, y en principio relevamos la información disponible sobre personas detenidas desaparecidas, militantes y activistas por los derechos humanos, luego seguimos con una lista de hechos históricos muy importantes que muestran la gravedad de lo que pasó y que no están registrados en Wikipedia”, explicó por su parte Paula (véase recuadro).

La idea es reunir y volver accesible para todos los públicos –entre ellos escolares, liceales, docentes– información que se encuentra actualmente en Internet pero no está sistematizada, o a la que se accede mediante búsquedas demasiado especializadas: “Hay informes súper técnicos, por ejemplo las fichas personales de las víctimas de la dictadura de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, que están muy bien y muy completas, pero capaz que un alumno de primaria no va a ir a esa fuente a buscarla”, explica Paula. Algo similar sucede con las investigaciones publicadas por la Udelar sobre los presos políticos o los lugares de detención. En cambio, coinciden las entrevistadas, Wikipedia aparece siempre dentro de los primeros resultados de Google.

En el marco de esta “editatón” también se digitalizarán documentos y se pondrán a disposición materiales ya publicados, entre ellos los informes sobre derechos humanos de Amnistía, o del Serpaj, que desde su fundación ha hecho un importante trabajo de archivo y recolección de testimonios (por ejemplo, Uruguay nunca más, de 1989, fue uno de los primeros trabajos publicados en democracia sobre lo ocurrido durante el terrorismo de Estado). El equipo de Wikimedia también va a “liberar” publicaciones sobre desaparecidos editadas por Madres y Familiares, como el libro A todos ellos (2004).

Otro de los desafíos para este sábado es trabajar a partir del proyecto de las investigadoras Manuela Abraham y Mariana Risso sobre los centros de detención: “Lo que hicimos fue una lista parcial de unos 72 centros, entre clandestinos y conocidos, y a partir de su ubicación geográfica los chicos de Wikimedia van a hacer un mapa de esos lugares”, explicó Abraham, quien además ha trabajado codo a codo con este colectivo en la selección de contenidos para la maratón.

“Cuando uno entra a Wikipedia es notoria la falta de información sobre lo que tiene que ver con la prisión prolongada y la tortura, que fue lo que caracterizó al terrorismo de Estado en Uruguay”, agregó la politóloga e integrante de la Inddhh, una de las instituciones encargadas de monitorear los lugares de encierro en la actualidad. Lo más grave es que “hay cierta falta de conciencia de que ese mecanismo represivo sigue estando, que hay cierta continuidad, y por eso es importante que esa información circule”, opinó.

Otro de los consejos de la Inddhh a los “wikipedistas” (como se llaman a sí mismos los integrantes de Wikimedia) es tomar la información disponible sobre los procesos judiciales, pero con algunos recaudos: uno de los criterios que ha tomado la institución en el caso de los represores es utilizar solamente la información que esté en causas judiciales, es decir, no nombrar ni poner fotos de nadie que no esté procesado. “Esto por una cuestión justamente de cuidar el proyecto en sí; uno también se deslegitima si no tiene forma de referenciar una fuente”, explica la politóloga. En ese sentido, una de las referencias obligadas en información judicial es el Observatorio Luz Ibarburu, que tiene un gran repositorio documental disponible en Internet, pero al que “sólo llega el que sabe que esa información está allí”.

ENLACES Y RESULTADOS. 

La cantidad de artículos argentinos en Wikipedia que hablan sobre derechos humanos no es casual. “Todo tiene que ver con una clara política de memoria” en ese país, sostiene Abraham: “Creo que en Argentina hubo una voluntad política importante y clara en cuanto a los juicios vinculados a la memoria; acá fueron muchos menos y no se podían presenciar. Además allá recuperaron los lugares de detención y generaron todo un proyecto educativo, como La Escuela va a los Juicios, en el que los niños van a Tribunales o las instancias son trasmitidas por la tevé”. Acá los esfuerzos son pocos y aislados, opina.

“Con los Kirchner, Argentina tuvo durante muchos años una política en la que el Estado tomó el tema, lo llevó a las escuelas y lo difundió”, coincidió por su lado Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares. Zaffaroni recordó que en ese país existen programas como Jóvenes y Memoria, independientes de las organizaciones de madres o abuelas, llevados adelante por iniciativa de los propios docentes. “Acá eso no ha llegado. Está en los planes de estudio, pero no hay una política en ese sentido”, opinó. Además, “el tema de los nietos recuperados importa, ellos han conformado una organización numerosa y mucho más joven, que está aportando de otra manera”.

Por eso Zaffaroni ha colaborado muy de cerca con la iniciativa de los wikipedistas uruguayos de recuperar la memoria, y la festeja: “Batallar por eso vale la pena. Nosotros con perseverancia, y los más jóvenes y fuertes lo seguirán con otro ímpetu y otras herramientas”.

La “editatón” será mañana de 11 a 18 horas, y el lugar tampoco es casual: la sede de la Inddhh, espacio donde funcionó el Servicio de Información de Defensa (Sid) durante la dictadura, hoy declarado primer sitio de memoria del país. Están todos invitados.

Los grandes ausentes

Los participantes de esta Editatón Wiki Derechos Humanos han armado una ambiciosa lista de artículos a crear o modificar dentro de Wikipedia. En lo que refiere a “Centro clandestino de detención” (Uruguay no cuenta con ningún resultado en esa categoría), se crearán las entradas Casa de Punta Gorda (Infierno Chico), Batallón 13, 300 Carlos (Infierno grande o La Fábrica), ex Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva (ex Cgior), ex Sid, La Tablada; y como “Centros de reclusión” se agregarán los penales de Punta Carretas y el de Punta de Rieles.

En la entrada “Militantes por los derechos humanos” aparecerán ahora los nombres de Luisa Cuesta, Mariana Zaffaroni, Sara Méndez y Luz Ibarburu.

En la entrada “Detenidos desaparecidos” figurarán nombres como los de Alberto Corchs, Andrés Bellizzi, Armando Arnone, Ary Cabrera, Célica Gómez, Elena Lerena, Graciela de Gouveia, Juan Pablo Errandonea, Luis Eduardo González González, Nelsa Gadea, Natalio Dergán y Ubagésner Chaves. 

También se proponen crear más de 27 nuevas entradas con “Hechos significativos” desde junio de 1969 (como “Clausura de diarios”), hasta la “Ruptura de la tablita”, el 25 de noviembre de 1982. En el medio: “Comunicados 4 y 7” (febrero de 1973), “Comienza la huelga general de 1973 de Uruguay” (27 de junio de 1973), “Intervención de la Udelar” (27 de octubre de 1973) y el “Asesinato de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw” (mayo de 1976).

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jueves, 26 de julio de 2018

Por la victoria del pueblo


Reseña de "Kollontai, apuntes de resistencia", 

dirigida por Nicolás Méndez Casariego.

Por Guilherme de Alencar Pinto - La diaria 24 7 18


Kollontai apuntes de resistencia
La intrigante sonoridad del título puede hacer pensar en una de las películas indigenistas del boliviano Jorge Sanjinés, pero en realidad es una alusión un poco elíptica a la Operación Alejandra, que a su vez fue bautizada en tributo a la revolucionaria bolchevique Alieksandra Kollontay (1872-1952). Esta operación involucró a un grupo político militante obrero uruguayo, cuya plana mayor se refugió en Buenos Aires cuando arreció la represión durante el gobierno de Juan María Bordaberry, y desde allí coordinaron, junto a los que permanecieron en suelo nacional, planes y acciones para intentar derrocar la dictadura uruguaya.

Esencialmente, se trata de la historia de la fundación, en 1975, en la clandestinidad y, sobre todo, en Buenos Aires, del PVP (Partido por la Victoria del Pueblo), y de las operaciones de resistencia que llevó a cabo durante la dictadura. El director de Kollontai, apuntes de resistencia, Nicolás Méndez Casariego, es argentino, hijo de uruguayos, y filmó la película con la perspectiva de informar ese importante costado de la historia, no desde el punto de vista de conocedores de la historia reciente de este país, sino para un público general. 

La trama tiene sus complejidades, pero está expuesta en forma amplia y accesible. Parte de la descripción del Uruguay próspero y democrático, tal como podría lucir a inicios de los años 60; describe la profundización de las contradicciones sociales en el correr de la década, la represión y conflictividad en los gobiernos de Jorge Pacheco Areco y Bordaberry, el golpe de Estado uruguayo en 1973, la expansión de la epidemia dictatorial en la región con el golpe de Estado de Chile en 1973 y el de Argentina en 1976, la terrible represión coordinada que fue posible a partir de entonces, y luego las grandes manifestaciones de apertura que siguieron al plebiscito de 1980.

Se trazan los orígenes del PVP en la FAU (Federación Anarquista Uruguaya), en el movimiento sindical, la formación de la ROE (Resistencia Obrero Estudiantil) y su brazo armado OPR-33 (Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales). Se explican sucintamente las diferencias entre esta (de tendencia específicamente obrera, concentrada en apoyar las acciones determinadas por los sindicatos) y el movimiento tupamaro (que se describe como foquista). Luego se cuenta la formación, en el exilio, del PVP y de las ideas para derrocar la dictadura, incluyendo el plan, bastante delirante y sin dudas curioso, de inventar una ficticia marca de cosméticos Vilox (estilizada como ViloX para poner el énfasis en la X –“por la”– y la V –“victoria”–) y así incorporar ese elemento característico del capitalismo y de la modernidad (la propaganda comercial en medios masivos) para darlo vuelta en la forma de mensajes cifrados o subliminales, y además para propiciar instancias para filtrar materiales de propaganda política más explícita. El énfasis de la película está en ese período, y culmina con la brutal represión que siguió al golpe argentino, que liquidó a casi toda la plana directiva del PVP, sin llegar a destruir el movimiento, que nunca cesó su actividad resistente.

Quizá los hechos contados, uno a uno, no sean una novedad absoluta, salvo alguna minucia. Pero el relato como un todo es novedoso, y puede ayudar a redimensionar el papel histórico del PVP (es impresionante constatar cómo tantos de los nombres más notorios entre las víctimas directas de la dictadura –muertos, desaparecidos, presos, familiares de niños desaparecidos– integran o integraron ese movimiento). Sobre todo, la película contrasta con la tendencia del relato histórico y de cierta modalidad amnésica o enajenada de recordar la dictadura como un tiempo en que la resistencia se anuló.

Para los estándares de un documental latinoamericano, la película parece haber contado con buenos recursos. Son muchísimos los militantes entrevistados, junto a la lúcida voz del historiador Álvaro Rico. Hay una cantidad enorme de material de archivo. Se escuchan algunas canciones de la época. Hay reconstituciones ficcionalizadas. Las imágenes están posproducidas para lucir con la mayor nitidez posible, más allá de sus orígenes diversos (súper 8 desgastados, videos caseros, junto a registros realizados en forma profesional). Los varios documentos gráficos estáticos (páginas de periódicos, panfletos, fotos, hojas tipeadas) están elaborados con animaciones que destacan las palabras o frases que los realizadores consideraron más relevantes o llamativas, y que muchas veces bailan delante de nuestros ojos. Para contornear la concentración absoluta en el hilo narrativo, el montaje no pierde el menor pretexto como para relajar por algunos segundos en elementos ilustrativos (alguna propaganda pintoresca, fachada, mapa, y una significativa atracción por los procesos fabriles-industriales).

Me frustran un poco las declaraciones reducidas a una o dos frases efectivas, que no alcanzan a dar cuenta de qué dijo el declarante. En este caso, a diferencia de otros documentales que optan también por ese estilo truncado, la cantidad de declarantes es tan grande que, de alguna manera, montando de uno a otro se construye un sentido claro. Suena música durante un porcentaje enorme del metraje (predomina una especie de tango piazzolleano con armonías oscuras, ominosas, a veces con ritmo de candombe), y también aquí hubiera sido bueno un poquito más de aire.

El resultado es, de todos modos, entretenido, ágil, claro, y cumple un papel importante en la construcción de un relato histórico que busca compensar las distorsiones propiciadas por Julio María Sanguinetti y muchos tupamaros. Constituye, además, un importante y motivador homenaje a la actividad resistente durante la dictadura, y a una visión de la izquierda política con un decidido foco puesto en la clase trabajadora.

Kollontai, apuntes de resistencia. Nicolás Méndez Casariego.

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Martes 31: colocan placa por Alvaro Balbi



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Organizaciones repudiaron vandalización de placas


Denuncian que estos episodios expresan

 “ofensiva de los sectores más reaccionarios”

La diaria - 26 7 18



Foto - Andrés Cuenca
La lluvia no impidió que un numeroso grupo de personas se concentrara ayer frente al Hospital Militar para repudiar los últimos actos de vandalización de las placas de la memoria. Al caer la noche, la gente se amontonó bajo los paraguas para escuchar a la oradora del acto, la actriz Gabriela Iribarren, quien se encargó de darle voz a la proclama escrita por organizaciones sociales y de derechos humanos. “Estos y otros sucesos son acciones de un sector civil y militar que se resiste a vivir en democracia, y que se expresa de distintas formas: en los discursos y dichos de muchos actores políticos y en atentados como estos”, comenzó la oradora.

“La impunidad no es algo abstracto: es una realidad construida intencionalmente a partir de intereses concretos”, continuó, y agregó que estos hechos “expresan una ofensiva de los sectores más reaccionarios”. “Frente a las acciones de fascismo no permaneceremos indiferentes ni seremos omisos”, manifestó, y llamó “a defender la memoria como una trinchera, a redoblar fuerzas y esfuerzos desde las organizaciones” y a “enfrentar las amenazas” con más lucha, verdad, memoria y justicia.

La movilización surgió en rechazo a los últimos actos de vandalización con pintura verde de las placas de memoria ubicadas en el ex Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva y frente al Hospital Militar. El autor de estos hechos, el coronel retirado Carlos Díaz Vecino, fue condenado por la Justicia a cumplir con una pena de seis meses de libertad vigilada y obligado a reparar y limpiar ambas placas. Pero estos no fueron los últimos episodios. En la tarde del lunes, una vecina encontró la placa de la memoria del Hospital Militar tirada en el piso. Ese mismo día, según informó la diaria, el Ministerio de Defensa Nacional presentó una denuncia policial ante la Seccional 9ª y volvió a colocar la placa en su lugar.

Juan Ludzcanoff, integrante de la Mesa Permanente contra la Impunidad, recalcó a la diaria que estos hechos “son atentados” llevados adelante por una “persona que expresa una actividad fascista que viene in crescendo”. Si bien destacó como positivas las acciones tomadas por las autoridades de los ministerios de Educación y Cultura y de Defensa, que repudiaron los incidentes y denunciaron ante la Policía los casos, explicó que todos estos ataques suceden porque hay un “marco de impunidad que permite que existan las amenazas y los atentados”.

Para Raúl Olivera, coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu, la impunidad muchas veces se puede ver en la postura que toma el Estado frente a hechos de este tipo. “Yo saludo que haya habido una acción eficaz por parte de las autoridades luego de los atentados contra las placas de la memoria y que se haya identificado al responsable, pero también hay una larga lista de hechos anteriores que siguen impunes. El Estado tiene que cumplir con sus obligaciones y dar respuestas adecuadas ante estos hechos”, sentenció.

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Presentan Veintidós vidas


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Presentan Hermanos en Conversa




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jueves, 19 de julio de 2018

Editatón WIKI Derechos Humanos




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65 aniversario del Moncada




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Defender la memoria como una trinchera





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Toledo camino a la Memoria


El sábado 21 de julio a partir de las 13:00 horas el Colectivo de Memoria de Toledo señalizará el camino que lleva al Sitio de Memoria donde están las fosas donde aparecieron los restos de Julio Castro y Ricardo Blanco Valiente.



Son cerca de dos km donde se colocarán los carteles realizados artesanalmente por el Colectivo, nombrando al camino como CAMINO A LA MEMORIA.

Convocamos a los colectivos de la Red Pro Sitios de Memoria a acompañar esta acción llevada adelante por el Colectivo de Memoria de Toledo, que integra la Red.

El encuentro se realizará en la Plaza de Toledo a las 13 hs, para partir desde allí.
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miércoles, 18 de julio de 2018

Informe Crysol al EPU 2019 de Uruguay


En Febrero de 2019, Uruguay será sometido al Examen Periódico Universal (EPU) por parte del Consejo de DDHH de las Naciones Unidas.

A continuación transcribimos el informe que para dicha instancia elaboró y presentó formalmente nuestra organización.


INFORME DE CRYSOL


ASOCIACIÓN DE

EX PRESAS Y EX PRESOS POLÍTICOS DE URUGUAY  





CRYSOL es la asociación civil de ex presas y ex presos políticos de Uruguay. Como tal, promueve la defensa de los derechos de sus asociados en particular y de todas las víctimas del terrorismo de Estado en general en el marco de lo dispuesto por la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas.

Fundada el 20 de junio del año 2000,  cuenta con personería jurídica. Su labor procura avanzar en la educación, promoción y defensa de los Derechos Humanos en Uruguay, así como a la afirmación de la Democracia, la participación ciudadana y la solidaridad con quienes son vulnerados en sus derechos.

Sus esfuerzos más destacados están orientados a alcanzar una eficiente y adecuada actuación del Sistema de Justicia, en relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos por los agentes de la pasada dictadura cívico militar; a desentrañar la verdad de los hechos (en particular del paradero de quienes hoy son mantenidos en condición de desaparición forzada); a promover y preservar la Memoria colectiva de lo ocurrido durante el terrorismo de Estado (también de las diversas expresiones de resistencia de la población civil a la dictadura); a alcanzar una adecuada reparación integral para las víctimas y sus familiares y a promover la adopción por parte del Estado Uruguayo, de las máximas garantías de no repetición del terrorismo de Estado.


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Antecedentes

1.  La dictadura cívico militar, el terrorismo de Estado, fue un proyecto global e integral  de país. Se comenzó a gestar en el  momento  en que  el Presidente Jorge Pacheco Areco impuso las Medidas Prontas de Seguridad el 13 de junio de 1968. Pretendió, y lo hizo, reestructurar la sociedad uruguaya en función de los intereses y las necesidades de las elites económicas.

2.  Redistribuyó la riqueza nacional de manera negativa y perjudicial para la población. Fue un proyecto de país en el marco de una estrategia continental diseñada e impulsada desde Estados Unidos, que abarcó muy especialmente al Cono Sur. Fue una tragedia nacional.

3.  En materia de violaciones a los DDHH tuvo un costo altísimo. La aplicación de tal proyecto de país implicó  alrededor de 200 detenidos desaparecidos, 200 asesinados, más de 7000 condenados por Tribunales Militares, miles de personas privadas de su libertad. Miles de ciudadanos obligados a exiliarse. (1)

4.  La privación masiva de la libertad a los opositores, asociada a la tortura y a la reclusión prolongada en condiciones crueles e inhumanas, fue la metodología deliberadamente seleccionada por el régimen. Uruguay, en ese período, fue el país con la mayor cantidad de presos políticos en proporción a su población. (2)

La actuación del Sistema de Justicia en Democracia

5.  En el sistema democrático republicano de Uruguay el poder judicial tiene el monopolio exclusivo de ejercer la justicia. Es el único órgano estatal con potestades plenas para investigar y sancionar las actividades delictivas de aquel período.

6.  Sin embargo no ha encarado nunca la indispensable investigación criminalística para esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos, muy especialmente lo referido a los detenidos desaparecidos.
7.  La investigación, el esclarecimiento y la sanción de los responsables intelectuales y materiales de las graves violaciones a los derechos humanos es el único camino que puede impedir que las mismas vuelvan a repetirse.

8.  En Uruguay solamente alrededor de 30 personas han sido condenadas, con todas las garantías del debido proceso por estos delitos.  En la actualidad solamente 10 permanecen detenidas.

9.  En el año 1986, el gobierno del Dr Julio María Sanguinetti aprobó la Ley 18.548, llamada Ley de Caducidad de la Pretensión punitiva del Estado, que actuó como una verdadera ley de amnistía para todos los crímenes de Lesa Humanidad cometidos durante el período del terrorismo de Estado. La ley 18.548  maniató al Poder Judicial,  vulnerando el sistema republicano de gobierno, y lo supeditó a las decisiones del Poder Ejecutivo.

10.  En octubre del año 2009, a través de la Resolución 365/2009, la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley y su no aplicabilidad para el caso Nibia Sabalzagaray, estudiante asesinada por torturas en 1974 en un cuartel militar. (La declaración de inconstitucionalidad de una ley en Uruguay, sólo es válida para el caso concreto y no determina la invalidez de la ley para el resto de los casos). Este juicio condujo al procesamiento del Gral en actividad Julio Dalmao.

11.  En febrero de 2011, la Corte Interamericana de DDHH, en el caso Gelman vs Uruguay declaró la inaplicabilidad de la Ley de Caducidad por violentar la normativa internacional suscrita por el país y condenó a Uruguay. En octubre de ese año, el Parlamento aprobó la Ley 18.831 la que, en su artículo 1º, restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado, anulando, en los hechos, la Ley de Caducidad. Eliminó todos los obstáculos legales para la actuación del Poder Judicial.

12. En febrero de 2013, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) mediante la Resolución 20/2013, declaró inconstitucionales los Artículos 2 y 3 de la Ley 18 831 que consideraban imprescriptibles e inamnistiables las graves violaciones a los DDHH del período dictatorial. El Presidente de dicho cuerpo declaró públicamente que quienes quisieran juzgar las graves violaciones a los DDHH se encontrarían con “una muralla” que se opondría. El rechazo a nivel del país y de la opinión pública internacional, unido a cambios en la integración del cuerpo, generó una flexibilización de su postura y el avance de algunas investigaciones.

13.  La designación en el año 2016 de la Dra. María Elena Martínez Rosso para integrar la Suprema Corte de Justicia, al sumarse a los Dres Jorge Chediak y Eduardo Turell, ha generado una nueva mayoría en dicho órgano que desconoce las normas internacionales de DDHH desde el Tribunal de Nuremberg, desacata la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el caso Gelman vs Uruguay. Es un claro riesgo de que consagre la impunidad sobre todas las causas de graves violaciones a los DDHH cometidas durante el terrorismo de Estado. Cabe aclarar que los otros dos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, el Dr Felipe Hounie y la Dra. Bernadette Minvielle han expresado su voto discorde con el dictamen de la mayoría.

14.  La sentencia 680/2017 de la Suprema Corte de Justicia, aprobada en setiembre del año pasado, es un claro ejemplo de la postura hegemónica. Todos los casos posteriores que han llegado a dicho órgano se han basado en dicha sentencia para clausurar las investigaciones judiciales e imponer la impunidad.

Reparación a las Víctimas

15.  Especialmente desde el año 2005 el Estado uruguayo comenzó a abordar de manera efectiva el resarcimiento a las víctimas del terrorismo estatal. Fundamentalmente lo hizo a través de la Ley 18.033 y la Ley 18.596. Ambas leyes fueron un gran avance en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado. Sin embargo presentan insuficiencias y carencias que han motivado sendas recomendaciones por parte de la Institución Nacional de DDHH (INDDHH) en diciembre de 2012 (3) y también del Relator Especial de las Naciones Unidas Pablo de Greiff en el año 2014. (4)

16.  Básicamente los cuestionamientos son dos: el resarcimiento no abarca a todas las víctimas del terrorismo  estatal, en lo referido a las personas privadas de su libertad y sometidas a tribunales militares. Además, para acceder a dicho resarcimiento, denominado Pensión Especial Reparatoria (PER), artículo 11 de la Ley 18 033,  las víctimas deben renunciar a todo tipo de beneficios sociales, jubilaciones y pensiones, desnaturalizando el sentido y la naturaleza del beneficio del resarcimiento.

17. Los  niños y adolescentes de la época que eran familiares directos de las y de los ex presos políticos (hijos y hermanos) que sufrieron el acoso y la violencia no han sido resarcidos hasta el momento, salvo parcialmente en materia de salud.

18. La Ley 18 033 fue reglamentada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 106/2007 de una manera sumamente restrictiva lo cual perjudica negativamente a los cónyuges y causahabientes de los ex presos políticos cuando fallecen. También a ellos se los obliga a renunciar a sus propias jubilaciones y pensiones. Lo mismo ocurre con aquellos hijos discapacitados.

19. La Ley 18 596 fue reglamentada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 297/2010 que restringe el acceso a los servicios de salud, impidiendo la libre elección del prestador  en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) como lo señala el Artículo 10 de la norma legal.

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(1) Uruguay Nunca Más. Serpaj. 1989

(2) Uruguay Nunca Más. Serpaj. 1989

(3)  REPARACIONES - Fundamento del derecho a la reparación en materia de graves violaciones a los derechos humanos. Responsabilidad estatal en base a los principios y normas del derecho internacional de los derechos humanos. Necesidad de adecuación de la normativa nacional.

Recomendación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo - Montevideo, 6 de diciembre de 2012.

(4) Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, relativo a su misión al Uruguay (30 de septiembre al 4 de octubre de 2013).  
 
Anexos

1)     Sentencia 20/2013 de la Suprema Corte de Justicia (SCJ)

2)     Sentencia 680/2017 de la Suprema Corte de Justicia (SCJ)

3)   Informe sobre Reparaciones de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) de  6 de diciembre de 2012.

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12 de julio de 2018