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martes, 18 de septiembre de 2018

domingo, 16 de septiembre de 2018

El espionaje de Inteligencia en democracia



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La corporación

Como ocurrió otras veces en la historia, ciertas coyunturas impulsan a militares al rango de “poder paralelo”. El comandante del Ejército, Manini Ríos, ha extremado sus críticas a políticas de gobierno hasta un punto muy cercano al doble poder. El arresto a rigor de 30 días decretado por el gobierno fortalece su ascendiente en el Ejército, por lo que no es esperable que pase a retiro.

Por Samuel Blixen – Brecha 14 9 18

Foto: Foco, Gastón Britos
Aquellas lluvias trajeron estos lodos. No es la primera vez que un jerarca militar trata de mentiroso a un jerarca civil del gobierno, ni la primera que se dicen mentiras. Hoy, a la luz de la situación creada por las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, parece evidente que, de haberse resuelto de otra manera los episodios anteriores, las consecuencias de los actuales desplantes hubieran sido diferentes. 

Se discute, entonces, si el presidente Tabaré Vázquez actuó con debilidad, evitando la destitución, o si los 30 días de arresto a rigor con que fue sancionado el teniente general constituye una movida inteligente del primer mandatario. Sea como sea, el gobierno se enfrenta a una coyuntura en la que un jefe militar trata de forzar la muñeca de un presidente en medio de operativos de inteligencia y rumores de todo tipo y con una oposición que, una vez más, se olvida de lo que cuesta hacerle guiñadas al uniforme.

DIMES Y DIRETES.

Era inevitable que Manini Ríos volviera a hablar sobre la reforma de la Caja Militar. Como sabe cualquier dirigente sindical, la defensa del salario es la herramienta más idónea, y en el caso del comandante, una oportunidad inmejorable si, como opina el historiador Gerardo Caetano, actúa como un verdadero caudillo (véase entrevista en estas páginas). Por ahora, al parecer, se trata de “acumular fuerzas”, de abroquelar a la “familia militar”. Averiguar para qué es tarea de analistas.

Por lo pronto, las declaraciones de Manini al programa Todo Pasa, de Océano FM, reiteraron las críticas sobre la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones militares aprobada en el Senado en primera instancia y que, en la segunda en Diputados, depende de la voluntad de un solo diputado del Frente Amplio para consagrarse en ley. Sintéticamente, Manini afirma que las medidas propuestas para reducir el déficit de la Caja (cuya cifra, 550 millones de dólares anuales, también cuestiona) afectarán gravemente a los clases y soldados, el personal de tropa que, dice, en algunos casos ni siquiera podrán llegar al mínimo jubilatorio. 

Las diferencias de enfoque en materia de cuentas aritméticas ya había generado un encontronazo cuando un general retirado, en presencia del comandante, había calificado de mentiroso al subsecretario de Economía; el episodio se mantuvo oculto hasta que el mismo general contó la anécdota a un periodista y el gobierno no tomó, al menos abiertamente, ninguna medida. Ahora el propio comandante insinúa que quien miente es el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, lo que da a entender que no se trata de un debate sobre diferencia de criterios por cálculos financieros, sino que se pretende forzar una agresión.

Al día siguiente, el comandante tomó un avión rumbo a México, donde permanecerá hasta el lunes 17. El lunes 3, Manini recibió una llamada telefónica del ministro de Defensa, Jorge Menéndez, quien le informaba que había sido sancionado con 30 días de arresto a rigor por sus declaraciones a Océano FM. El arresto comenzará a regir desde el momento en que el militar se notifique, esto es, en la mañana del martes 18. 

La medida fue adoptada por el presidente Tabaré Vázquez, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas en acuerdo con el ministro Menéndez, pero el tema fue discutido ese lunes en el Consejo de Ministros (véase nota aparte). Ya en ese momento se dispararon los rumores: se dijo, y así lo anotó puntualmente el diario El País, que los ministros Ernesto Murro y Danilo Astori habrían reclamado la destitución de Manini, una medida que, según esos trascendidos, no prosperó por “la oposición del Mpp”. Al respecto, el diputado emepepista Alejandro Sánchez dijo a Brecha que “(la destitución) no estuvo sobre la mesa y no es un tema a considerar (en su sector). Podrá ser uno de los tantos bolazos que andan en la vuelta. Y, además, no creo que consulten al Mpp, en todo caso será una situación que discutan en el Consejo de Ministros”.

Pero sí es cierto que la opción de la destitución fue efectivamente considerada, y descartada. Para algunos, como el ex presidente Julio María Sanguinetti, el arresto a rigor es una sanción de tal calibre que “humilla”; para otros, fue la alternativa de la medida más drástica. Sin embargo, habrá que recordar que en 2006 el presidente Vázquez, en acuerdo con la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, aplicó al teniente general Carlos Díaz una sanción similar, a raíz de una invitación de Sanguinetti y Jorge Batlle, que no consideraron la eventualidad de una humillación al reunirse con el comandante del Ejército sin autorización del comandante supremo.

Ese episodio tuvo un desenlace que arroja luz sobre la actual coyuntura: el teniente general Díaz prefirió pasar a retiro, en una actitud que no está contemplada o impuesta en los reglamentos, pero que se apoyaba en la tradición, como antes hacían también los ministros que perdían el respaldo parlamentario en una interpelación. En este caso, la actitud del teniente general Manini recién se saldará formalmente cuando regrese al país, pero todo hace pensar que cumplirá los 30 días de arresto con tal de permanecer en el cargo. 

Visto el antecedente más cercano, las circunstancias no son las mismas. Díaz violó expresamente la norma al entrevistarse con personalidades políticas sin el consentimiento de su superior; Manini lanzó el insulto de mentiroso calculando en extremo sus palabras: “No le puedo atribuir de ninguna manera al ministro mala fe y no puedo ni siquiera creer y no creo que mienta a sabiendas”, dijo. Es el estilo de decir a medias: “proceso” por dictadura, “apremios” por torturas, “pérdida de los puntos de referencia” por asesinatos y desapariciones.

Aunque hasta ahora se desconocen los fundamentos de la resolución presidencial (primero deben ser comunicados al interesado), tal parece que la sanción no se apoya exclusivamente en una falta a la prohibición de los militares de dar opiniones políticas; son, como explicó el presidente Vázquez, un cúmulo de reiteraciones que en su momento merecieron observaciones, que no merecieron medidas más graves en atención a la lealtad institucional que ha manifestado Manini hasta ahora. Esa aclaración del presidente fue considerada, ésta sí, como una debilidad, una inoportuna práctica del recurso “una de cal y otra de arena”.

CARTAS Y COQUETEOS.

Hubo dos consecuencias inmediatas de la decisión de arrestar a rigor a Manini. Una fue la reacción de la oposición política, blanca y colorada, que no ahorraron cuestionamientos al gobierno. En una especie de paroxismo, el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, invitó a la ciudadanía a concurrir, en la madrugada del martes, al Aeropuerto de Carrasco para recibir a Manini “como lo hicimos con Wilson”. 

Puesto que sería demasiado atribuirle a Botana una ironía tan fina como para creer que está sugiriendo que habría que encarcelar a Manini como encarcelaron a Ferreira Aldunate a su regreso al país en 1984, hay que concluir que su apoyo al militar sancionado es tal que hunde sus raíces en la historia. Otros dirigentes blancos cuestionaron duramente al gobierno y coincidieron con Manini en que Murro “miente”. El grado de respaldo a Manini de esos dirigentes de oposición excede la explicación del simple impulso electoralero de golpear al gobierno.

Pero no toda la oposición tuvo esa reacción. El diputado Rubio, de Unidad Popular, que no piensa votar la reforma de la Caja, no obstante, respaldó a Vázquez en su decisión de sancionar al comandante del Ejército. Los Jóvenes Blancos, una agrupación nacionalista que tiene como referente al diputado Pablo Iturralde, tuvieron un gesto de independencia de sus referentes políticos. Y el senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, opinó que “hay que apoyar al gobierno en esta situación. Es muy importante una señal de mando; hay que marcar con firmeza y claridad cuando un militar cruza la línea”.

Pero si blancos y colorados juegan al coqueteo, otros juegan otras cartas. A 24 horas de la decisión presidencial, comenzaron a circular grabaciones de conversaciones telefónicas de supuestos militares retirados anunciando movimientos castrenses, como acuartelamientos y órdenes de desplazarse hacia Montevideo. En el ámbito político se coincide en que dichos audios son falsos, es decir, no corresponden a conversaciones telefónicas auténticas de supuestos oficiales de reserva que convocan a desplazarse desde el Interior para dar una muestra de apoyo al comandante en jefe cuando el avión aterrice en Carrasco.

Si no son ciertas esas conversaciones, entonces el hecho es mucho más grave, porque revela operativos de inteligencia para generar esa reacción y esa movilización. A caballo de la crítica opositora, las usinas de rumores han hablado de acuartelamientos y de pronunciamientos de la oficialidad en respaldo al comandante en jefe, como si la sanción fuera un agravio a toda la institución militar.

Sería descabellado suponer, como dice algún audio, que el respaldo puede llegar al golpe de Estado. Pero el abanico es amplio y, como demostró el trámite de la ley de caducidad en 1986, hay distintas cajas fuertes antes de llegar a la ruptura del orden institucional.

Por lo pronto, el propio comandante Manini habría recomendado desarticular cualquier muestra de apoyo público a su persona, cuando retorne al país. Y esa también puede ser otra movida calculada, como lo son sus reiteradas apariciones públicas, incluidas aquellas que notoriamente incorporaban la mentira, como lo fue la falsa información sobre presuntos enterramientos de detenidos desaparecidos.

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“Manini debió haber sido retirado de su cargo”

Para el politólogo e historiador, el comandante en jefe del Ejército cobró un protagonismo político que lo convierte, con el respaldo inconveniente de importante figuras de la oposición, en un “caudillo militar”, el primero desde el ministro de Defensa de Julio María Sanguinetti, Hugo Medina. En asuntos como este “no puede haber dos opiniones”.

Gerardo Caetano
—¿Qué valoración hace de las declaraciones del general Guido Manini Ríos y la sanción del Ejecutivo?

—Desde hace mucho tiempo viene trasgrediendo el artículo 77 de la Constitución con comentarios políticos que sobrepasan las fronteras –o se pone en un límite peligroso– de lo que ha sido la pauta de normalidad de estos últimos años. Ha hablado del tema traumático de la dictadura y no ha colaborado ni con sus dichos ni con sus hechos, incluso en algunas ocasiones lo ha hecho con cierto desdén hacia las víctimas. 

A veces, casi que naturalmente, emite comunicaciones muy controversiales en las redes. Hace unas semanas twiteó, durante una visita, la imagen de un muro del cuartel de Rivera que claramente fue pintado durante la dictadura y que claramente puede tener una interpretación golpista (véase captura de pantalla). Para quien vivió la dictadura eso es una afrenta. Ha hecho comentarios de corte político sobre distintos temas, el de la reforma de la caja militar no es el primero. Por eso creo que él ya hace tiempo que debiera haber sido apercibido, y que de no haber modificado su acción, como no la ha modificado, debió haber sido retirado de su cargo. Es más, creo que esto era mucho más pertinente y correcto en este caso, que no fue sino la gota que desbordó el vaso.

El arresto a rigor por 30 días realmente no me parece la sanción más adecuada para esta situación ni para su cargo, con el agravante de que se demoró demasiado tiempo. La destitución era mucho más pertinente, como se manejó en el gabinete, incluso lo sugirió Julio María Sanguinetti, advirtiendo que esta sanción huele a humillación. 

Hay otro ejemplo de cierto desborde, en un país tan sensible al tema de la laicidad: a mí me parece absolutamente correcto que él exprese públicamente su fe, pero no cuando lo hace oficialmente, con su uniforme y en un acto de rebeldía en la catedral. Además afirmando algo que es incorrecto históricamente, que la Iglesia y el Ejército son las fuerzas fundadoras de la nación, lo cual supone creer que la “admirable alarma”, el pueblo artiguista en armas, es el origen del Ejército uruguayo, cuando el pueblo en armas de 1811 no tiene nada que ver con el ejército por primera vez profesional y corporativo de Lorenzo Latorre y de Máximo Santos. Ese es el origen del Ejército.

—De acuerdo a lo publicado ayer por Búsqueda, Manini dio la orden a “retirados y demás” de no iniciar acciones para respaldarlo frente a la sanción de Tabaré Vázquez. ¿Qué lectura hace?

—Hay una política militar de este tercer gobierno que resulta difícil de entender. Primero la designación de Eleuterio Fernández Huidobro, un hombre que en su momento, y yo no quiero hablar de los muertos, no tenía la adhesión del Frente Amplio. Salíamos de una elección en la que su grupo político prácticamente había dejado de existir. ¿Quién lo reclamaba como ministro de Defensa? Los militares. Eso llevó a una cuestión muy extraña, inadecuada: un sector del Ejército con un caudillo militar, tal vez por primera vez después del teniente general Hugo Medina (ministro de Defensa entre 1987 y 2000). Un caudillo militar que habla en nombre de la tropa, que toma un protagonismo inequívocamente político, que no es el que corresponde de acuerdo a la Constitución para un comandante en jefe del Ejército.

—¿Y cómo lo interpreta?

—Estamos en presencia de un caudillo militar, y en democracia no puede haber caudillos militares, no pueden reconocerse ni legitimarse, la lógica de la subordinación constitucional y la prohibición de toda acción política, salvo el voto, son muy claras. Esta situación realmente hay que tomársela en serio. Los caudillos militares emergen en las dictaduras, en las predictaduras o en los períodos inmediatamente posteriores. Hay quienes han dicho “Manini Ríos les habló a sus fuerzas”. No, de ninguna manera. Él no tiene fuerzas, le habló al Ejército nacional y el Ejército es de la República, no tiene caudillo que lo represente. El comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, y no puede haber intermediarios.

—La oposición, justamente, ha mostrado su respaldo a este “caudillo”.

—La verdad es que esta articulación ampliamente mayoritaria de la oposición es algo que hay que lamentar, más allá de cualquier bandería, desde un punto de vista estrictamente institucional. Yo no la puedo entender, me genera profundo desencanto frente a un tema como este, en un continente muy complicado, donde en algunos países vuelve a haber ruido de sables, donde algunos han querido preparar un recibimiento en términos de apoteosis, cuando incluso algunos políticos, realmente con errores garrafales, comparan el retorno de Manini con el retorno de Wilson Ferreira (se refiere al intendente nacionalista Sergio Botana). No puede ser más descaminado. Por lo menos hasta que digo esto, con las excepciones honrosas de Pablo Mieres (senador del Partido Independiente), de Los Jóvenes Blancos (así se llama la agrupación del diputado Pablo Iturralde) y de Unidad Popular, no hay matiz en la oposición. No puede haber dos opiniones respecto a la subordinación del Ejército y de sus mandos con respecto al presidente. Esto me hace sentir que entramos en una lógica de confrontación ciega de dualidad irreconciliable, en la cual la oposición va a estar siempre en contra de lo que diga o haga el gobierno. Me parece una situación muy grave.

—Hubo también contradicciones dentro del Ejecutivo. El ministro de Defensa argumentó que la sanción no estuvo amparada en el artículo constitucional al tratarse solamente de “faltas disciplinarias”, algo que luego fue desmentido por Vázquez.

—El presidente lo desmiente porque sí hay trasgresión, y no es la primera. Esto muestra una profunda debilidad. El Ejército es una fuerza subordinada. El monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado se funda en un principio republicano según la cual el Ejército y las fuerzas militares, así como la Policía, detentan ese monopolio pero bajo subordinación absoluta al poder civil. 

No pueden incurrir en ningún pronunciamiento, en ningún comentario de corte político, salvo el voto, de acuerdo a la Constitución. Por experiencia ya sabemos lo que ocurre cuando se aflojan estos principios institucionales que no tienen ni pueden tener color político. Me resulta realmente descorazonador que frente a un tema de tanta sensibilidad, que supo unirnos a todos los uruguayos hace algunas décadas, hoy estemos partidos. Tiene que haber ciertos consensos institucionales que rompan la lógica oposición-gobierno.

Los dichos del comandante en jefe del Ejército
y la decisión del gobierno

Debe mejorar su comportamiento

La decisión de sancionar a Guido Manini Ríos fue tomada el lunes en el Consejo de Ministros, después de un intercambio en el que fueron duros los cuestionamientos a Manini, indicaron fuentes del Ejecutivo a Brecha. Varios secretarios de Estado pidieron su remoción, entre ellos el titular de Economía, Danilo Astori, como lo reafirmó el jerarca en una entrevista realizada el miércoles en TV Ciudad. 

Sin embargo, el nombrado directamente por el jerarca del Ejército (Murro) no fue de los que solicitó su separación del cargo, como manejan algunas versiones circulantes, en el entendido de que debía abstenerse de fijar una posición por estar directamente involucrado. Finalmente, el presidente Tabaré Vázquez se inclinó por la opción de la sanción de los 30 días y lo hizo tras consulta telefónica con la vicepresidenta Lucía Topolansky, de viaje por China, según la información que se hizo llegar a este semanario.

Manini tenía dos observaciones escritas y una verbal, por reiteradas incursiones en asuntos políticos en sus distintas intervenciones. Una de las que generó mayor malestar en el Ejecutivo fue su discurso del 18 de mayo de 2017, al grado que para este año, Vázquez se comunicó con el comandante para decirle que no quería volver a escuchar una retahíla de demandas y cuestionamientos a la gestión gubernamental. Entre los integrantes del Ejecutivo existe preocupación por reencauzar la relación de necesaria subordinación al poder civil de las Fuerzas Armadas, y también por la reacción de la mayoría de la oposición.

Según comentaron a Brecha integrantes del gobierno, entienden que hubo falta de lealtad institucional, ante actitudes del jefe del Ejército que desconocen la Constitución. Algo que, sostienen, sólo puede explicarse por la proximidad del período electoral. También, porque visualizan una ofensiva de la derecha en todos los terrenos; en esa lógica incluyen el retiro de las cámaras empresariales del campo de la negociación colectiva y los continuos vaticinios de que el país se desbarrancará en una crisis económica.

Sin embargo, no faltan críticas desde dentro del oficialismo a la política militar desarrollada durante el período en que Eleuterio Fernández Huidobro fue ministro de Defensa. En esa dirección se sostiene que se les “dio alas” a las Fuerzas Armadas, con una interlocución en la que las partes se reconocían como “combatientes” de otrora, que podían tener intereses similares y derechos no reconocidos.

La sensación en el partido de gobierno es que se debió recorrer el camino de la destitución. Que no dar señales claras sobre la subordinación al poder civil sólo “victimiza” a Manini ante sus generales, más allá de que el propio comandante en jefe llamó a acatar la decisión del Ejecutivo y a no realizar ninguna manifestación de descontento. Por eso la sanción de 30 días de arresto a rigor no contenta a muchos frenteamplistas, pues entienden que puede tomarse como un gesto de debilidad, que no haría más que complicar la cancha.

V H A

Se analizan modificaciones a la reforma de la Caja Militar

Por la cincuentena

La decisión del diputado Darío Pérez (y de su grupo, la Liga Federal) de no aportar el voto 50 para la ratificación en la Cámara de Representantes de la reforma de la Caja Militar votada en primera instancia en el Senado generó una tormenta de reproches en el Frente Amplio, enfrentado a la posibilidad de perder la frágil mayoría parlamentaria en un asunto que el gobierno y, en particular, el ministro de Economía, Danilo Astori, consideran vital. 

Las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, tuvieron la virtud de desplazar el centro de atención (aunque no el peso específico del problema) y, por tanto, restó protagonismo a una posible solución que abroquelaría esa mayoría cambiante y elusiva que en Diputados genera sofocones al oficialismo.

Esa solución podría acercarse a las pretensiones del diputado Pérez si, como trascendió, su preocupación son los posibles perjuicios que el texto de la media ley generaría al personal de tropa. Según informó el diputado comunista Gerardo Núñez a Brecha, una eventual modificación será discutida probablemente la semana próxima en una reunión de la comisión bicameral de los legisladores frenteamplistas que habían logrado un acuerdo sobre la reforma de la Caja. Se espera que la Liga Federal especifique en detalle cuáles son las modificaciones que contemplarían sus posturas.

Se conocen, no obstante, algunos lineamientos generales: las discrepancias se concentran en dos artículos del texto aprobado en el Senado, los artículos 8 y 40. Algunos incisos del octavo se refieren a la edad y años de servicio para que el personal de tropa pueda acceder a la jubilación. 

Se requiere un mínimo de 48 años de edad y 22 de servicio; una transacción sería modificar la cifra respecto al servicio cumplido. El artículo 40 se refiere a las bonificaciones que permiten computar dos por uno ciertos años de servicio, y una forma de contemplar los planteos de la Liga Federal es incorporar otros rubros a las bonificaciones, como por ejemplo Sanidad Militar. También se considera posible incrementar el monto de las pensiones que recibirían las viudas por deceso de sus maridos en actos de servicio.

Pero cualquier solución, en opinión de Núñez, debe respetar los objetivos generales de la reforma, que pretende disminuir un déficit anual cercano a los 500 millones de dólares. “No vamos a aceptar soluciones que impliquen cambios de fondo en el proyecto”, dijo Núñez. Puesto que las posibles modificaciones apuntan a mejorar la situación del personal de tropa, de prosperar la solución, de hecho, se estaría diluyendo uno de los argumentos de más peso en la postura cuestionadora del comandante en jefe del Ejército, que detonó la crisis política.

S B

Las Fuerzas Armadas: un poder mediado por la
 reacción del sistema político

Con el historiador Carlos Demasi


—¿Qué tan importantes siguen siendo las Fuerzas Armadas como poder fáctico a más de 30 años del fin de la dictadura?

—Es difícil definirlo con precisión. No está claro cuánto retienen de poder fáctico y autónomo y cuánto resulta instituido performativamente cuando se habla de ese poder. Habitualmente ese poder se invoca desde fuera de las Fuerzas Armadas, y no por declaraciones o gestos de los mismos militares. Por ejemplo, en este momento se lo instituye simbólicamente cuando se habla de que “los generales apoyan en bloque a Manini”, ya que supone una voluntad común de los generales, lo que equivale a reinstituir simbólicamente la Junta de Oficiales Generales de los tiempos de la dictadura.

Si atendemos solamente a los hechos, es claro que las Fuerzas Armadas han podido preservar un espacio de autonomía que, por ejemplo, les ha garantizado la impunidad para los crímenes de lesa humanidad, pero ese espacio parece acotado a quienes actuaron en circunstancias específicas, definidas en la ley de caducidad. En la acción posterior, el margen de acción está marcado “de facto” por la reacción del poder político: las Fuerzas Armadas aparecen fortalecidas si el presidente no reacciona con fuerza, como ocurrió con el caso de las citaciones de Medina en 1986, o con el secuestro de Berríos o las denuncias de espionaje durante la presidencia de Lacalle; en cambio las reacciones rápidas y vigorosas, como ocurrió con la destitución del general Díaz, contribuyen a redefinir la relación en favor del poder político.

En resumen: en estos 33 años las Fuerzas Armadas retienen una cuota de poder –reducida pero relevante– que no ha sido la misma a lo largo del tiempo y que se renegocia en cada oportunidad: este arresto de Manini puede verse como otro momento en ese diálogo conflictivo.

—¿Considera que el gobierno está decidido a afectar el tamaño de las Fuerzas Armadas y el gasto público que implican, en un país de las características de Uruguay?

—Las funciones de las Fuerzas Armadas uruguayas han sido definidas de manera diferente a lo largo del tiempo, y eso ha incidido en su tamaño. Sería interesante verificar la relación actual en la cantidad de soldados y de oficiales, ya que desde los años cuarenta se organizó previendo una agresión exterior. Esa hipótesis suponía que una parte de la población civil sería movilizada e incorporada al ejército, por lo que ya se creaba la dotación de oficiales que sería necesaria en esa situación extrema. Es decir, el número de oficiales estaba previsto para una cantidad mayor de efectivos, excepto en la División de Ejército I –con sede en Montevideo–, que era la única que tenía los efectivos completos. Esta era todavía la situación en los años sesenta, y no tengo información de que haya habido una modificación estructural en la época de la dictadura o luego de ella.

—¿Qué rol estaría cumpliendo Darío Pérez? ¿El lobby militar es tan fuerte que siempre encuentra una llave que se cierra, aun en el FA?

—De eso tengo poca información, más allá de algunos datos que son públicos. El diputado Pérez ha tenido actitudes fuertemente perfilistas en varios temas, y no solamente en este. Ahora sus argumentos me resultan desconcertantes, porque si bien reconoce la necesidad de la reforma, invoca situaciones que son comunes a muchos trabajadores –no llegar a configurar la causal, ganar menos como jubilado que como activo…– y las refiere a los que ganan menos, pero las usa como argumento para rechazar todo el proyecto, sin formular alternativas para corregir las pasividades de los que ganan más, que son el verdadero problema. Invocar los derechos de los débiles muchas veces ha sido una estrategia para amparar a los privilegiados.

—¿Fue tibio el Ejecutivo ante las reiteradas críticas de Manini Ríos? Lo sancionó pero lo podía haber destituido. Vázquez relevó al general Carlos Díaz por haber participado en un asado con Julio María Sanguinetti y Yamandú Fau en 2006…

—No creo que haya sido tibio, incluso la sanción ha sido criticada por demasiado severa, pero tal vez se ha demorado. Tampoco me parece que la reunión de Díaz con los políticos haya sido menos relevante que esto, más bien creo que fue mucho más grave porque implicaba realizar una operación política que involucraba conjuntamente a civiles y militares. En ese momento Vázquez marcó una frontera muy fuerte que no iba a permitir que nadie traspasara. En el caso actual, y frente a declaraciones “desobedientes” del comandante, el poder político ha ido graduando progresivamente las sanciones: el arresto llegó cuando el comandante acusó elípticamente a un ministro de mentir.

—¿Cómo interpreta el alineamiento de la oposición con las Fuerzas Armadas, y su negativa a las reformas?

—La actitud de la oposición puede tener fundamentos cuando se opone a las reformas en las Fuerzas Armadas, pero no me parece que sean buenos sus argumentos. No se entiende la razón de reclamar una reforma total de todas las fuerzas antes de votar la reforma de la Caja Militar, cuando no se ha reclamado nada similar ante la modificación del régimen de retiro de otras categorías profesionales. ¿Acaso parece necesaria una ley que redefina y regule la función de “bancario” o la de “profesional universitario” antes de modificar sus respectivas cajas? Más extraños parecen los argumentos que explican las reformas como una forma de “venganza” o “asfixia” del gobierno hacia las Fuerzas Armadas, como si el FA hubiera sido el único enemigo de la dictadura.

Todavía más criticable es la reacción frente a la sanción a Manini. Rescato la declaración de Los Jóvenes Blancos y la que, luego de algunas vacilaciones, emitió (Pablo) Mieres. Pero el resto de los líderes de la oposición ha guardado silencio o, queriendo criticar al gobierno, ha hecho causa común con el comandante. Esto parece mostrar un síntoma de “brasileñización” de una oposición política que parece privilegiar otros valores por encima del mantenimiento del sistema democrático. 

Algunos casos resultan casi escandalosos. Sanguinetti pretende argumentar que cuando el gobierno constitucional aplica una sanción prevista en el reglamento lo hace para “humillar” a las Fuerzas Armadas. Recuérdese que en su primer gobierno hubo dos casos de generales que pasaron a retiro por hacer afirmaciones “inconvenientes”. El caso del Partido Nacional es también muy chocante. Algunos de sus principales dirigentes, o referentes, como el presidente de la Comisión de Defensa del Senado (Javier García), pretenden equiparar la opinión de un ministro de Estado y la de un comandante en funciones, sin atender al debido respeto del texto constitucional que por su juramento todos se han comprometido a custodiar.

El caso de (Sergio) Botana, cuando compara la situación de Ferreira Aldunate en 1984 con la de Manini, es muy desconcertante. En definitiva, cabe preguntarse si el confundido es Botana o si es verdad lo que dijo recientemente Juan Raúl Ferreira y ya no queda nada de wilsonismo en ese partido.

Ferro sin jubilación

La última noticia que tuvo un organismo oficial uruguayo del prófugo Eduardo Ferro fue en el Servicio de Pensiones y Jubilaciones Militares. Ferro, quien mediante una artimaña legal y con apoyo de los amigos “nostálgicos” franquistas fue puesto en libertad en Madrid cuando se tramitaba su extradición a Uruguay, pretendió cobrar su jubilación, que ronda los 120 mil pesos.

Para ello era necesario que el coronel retirado, acusado de múltiples crímenes de lesa humanidad, que está fuera del país desde agosto de 2017 y con paradero desconocido desde diciembre de ese año, diera pruebas de que sigue vivo. La “fe de vida” que envió a Uruguay en fechas que las fuentes no pudieron precisar estaba testificada por un escribano, pero fue rechazada.

Según los criterios vigentes, el pasivo interesado debe presentarse en un consulado uruguayo para demostrar que las personas por él autorizadas pueden efectuar el cobro de la jubilación. Ferro no se presentó al consulado en España donde supuestamente fue fechado el documento inválido con el que pretendió cobrar.

Esté donde esté, deberá hacerlo para cobrar la jubilación y será entonces que se activará la solicitud de captura de Interpol.

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viernes, 7 de septiembre de 2018

Por ellos canto

Se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Reconocimiento Daniel Viglietti a los Derechos Humanos.

La Diaria - 7 9 18

Ayer, en la sede de la asociación de ex presos políticos Crysol, se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Reconocimiento Daniel Viglietti a los Derechos Humanos, recibido por la doctora Ana María Tellechea y el general retirado e ingeniero Luis Lazo. Se trata de una distinción que se entrega anualmente a personas que se han destacado en la defensa de los derechos humanos.

Baldemar Taroco y Ana María Tellechea ayer, en la sede de Crysol.
Foto: Federico Gutiérrez
Como representante del Ministerio Público, y hasta que decidió renunciar como fiscal en diciembre del año pasado, Tellechea tuvo un rol fundamental en la investigación de diversos casos de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura y en el pedido de procesamiento de sus responsables. Este año recibió en Brasil la medalla Chico Mendes a la Resistencia. Por su parte, Lazo actualmente se desempeña como director nacional de Vialidad y trabajó para la construcción del Memorial del Penal de Libertad.
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Semana de la democracia


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Una nueva estrategia

Se trata de una nueva estrategia para poner “escollos” a las investigaciones,
según el fiscal Ricardo Perciballe

Militares cuestionan en la Justicia legalidad de fiscalía 

que investiga delitos  de lesa humanidad

Por Victoria Fernández – Búsqueda 6 9 18

En sus primeros seis meses de existencia, la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad no estuvo quieta. Después de algunas semanas dedicadas a estudiar y poner en orden los más de 200 expedientes desperdigados en sedes de todo el país, el fiscal Ricardo Perciballe se puso en marcha. Pidió, hasta el momento, el procesamiento de unos 25 militares, policías y civiles por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. También dispuso el archivo de algunas causas y retomó las excavaciones en dos predios en busca de restos de desaparecidos.

A pesar de todo ese movimiento, las causas no han tenido demasiado avance en los juzgados, ya que ningún juez dispuso nuevos procesamientos. Pero sí ha generado reacciones en la defensa de los militares.

De acuerdo con la información recabada por Búsqueda, en al menos cinco causas las defensas interpusieron recursos que piden la nulidad de los juicios bajo el argumento de que la fiscalía especializada no tiene competencia para intervenir en ellos.

Estos recursos son una novedad en la estrategia de las defensas, que hasta ahora habían planteado la prescripción de los delitos y la inconstitucionalidad de la Ley 18.831, que calificó los crímenes de la dictadura como de lesa humanidad.

Según explicó a Búsqueda el director de Jurídica del Centro Militar, cuyos abogados representan a varios de los investigados por esos crímenes, la defensa entiende que la sede especializada no tiene competencia para investigar esas causas. “Planteamos la incompetencia de la fiscalía, porque se creó para investigar delitos de lesa humanidad, cuando todos estos hechos fueron declarados delitos comunes por la Suprema Corte de Justicia”, dijo el teniente coronel Jorge Gómez.

En ese sentido, entienden que se viola el principio de legalidad, que establece que nadie puede ser juzgado por un delito que no existía al momento de cometer el hecho. Los crímenes de “lesa humanidad” no estaban tipificados en el Código Penal durante los años de la dictadura (1973-1985), sino que fueron incorporados posteriormente, tras ratificar el Estatuto de Roma en 2002, afirmó.
Para los abogados de las víctimas, en cambio, ese argumento es “muy endeble” y no tiene una “mínima legitimidad”.

Según explicó a Búsqueda el director de Jurídica del Centro Militar, cuyos abogados representan a varios de los investigados por esos crímenes, la defensa entiende que la sede especializada no tiene competencia para investigar esas causas.

“Podría valer si se tratara de juzgados especializados en el tema, pero siendo una fiscalía, que es parte en el proceso y que representa los intereses de la sociedad, el argumento cae por su propio peso”, dijo a Búsqueda Pablo Chargoñia, coordinador del equipo legal del Observatorio Luz Ibarburu, que patrocina varias de las denuncias.

Se trata de otro “intento de alargar los procesos y retrasar la resolución de los pedidos de procesamiento”, afirmó. Es que aunque los jueces rechacen los planteos, las defensas presentan apelaciones, por lo que los expedientes pasan meses y hasta años detenidos hasta que se resuelven los recursos.

El abogado cree que esta “novedad” en la estrategia defensiva se extenderá a otras causas. Por el momento, los recursos contra la fiscalía se presentaron en algunos expedientes que se investigan en el interior del país y en al menos dos casos de Montevideo, según supo Búsqueda.

“Uno espera que los juzgados no caigan en la trampa dilatoria obvia y que se responda a los pedidos de enjuiciamientos porque la demora es una violación de los derechos humanos de las víctimas. Quien debe neutralizar esta estrategia abusiva, esta chicana, son los propios juzgados y los tribunales”, afirmó.

“Escollo”.

Perciballe también considera que se trata de una estrategia para demorar la resolución de las causas y que los cuestionamientos contra la intervención de la fiscalía no tienen “asidero real”.

En los escritos que presentó en respuesta a los recursos, Perciballe afirmó que le resulta “llamativo” el planteo de la defensa y que “no lo comparte en absoluto”.

“Podría valer si se tratara de juzgados especializados en el tema, pero siendo una fiscalía, que es parte en el proceso y que representa los intereses de la sociedad, el argumento cae por su propio peso”, dijo a Búsqueda Pablo Chargoñia.

“A poco que se analice su línea argumental, se verá que, a tan caro principio en materia penal (el principio de legalidad), lo considera una especie de goma de mascar que se extiende en forma infinita, y logra envolver y alcanzar todos los temas vinculados a las graves violaciones a los derechos humanos acaecidas en el pasado reciente”, planteó el fiscal.

“Mal puede entenderse que una ley que atribuya competencia a una fiscalía pueda vulnerar dicho principio”, agregó.

Además, sostuvo que la Ley Nº 19.550, que creó la sede, “en ningún momento utiliza el término ‘lesa humanidad’ para establecer su actuación”.

Afirmó a su vez que no comprende por qué el hecho de que la mayoría de la Corte entienda que los delitos ocurridos durante la dictadura no son de lesa humanidad tendría relevancia “con la transformación de una fiscalía”.

Perciballe cuestionó, por otra parte, la “inconsistencia” de que la defensa pida que la causa retorne a las fiscalías originales, cuando a raíz de la reforma del Código del Proceso Penal, esas sedes ya no existen.

El fiscal concluyó que el recurso interpuesto por la defensa “resulta un nuevo escollo a que las causas sobre violaciones a los derechos humanos avancen hacia su dilucidación”.

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"Ineficacia" en la investigación criminal

Hay “ineficacia” en la investigación criminal, desprotección de las

 víctimas y “amarillismo” en los medios, dice experta de ONU


Por Sergio Israel – Búsqueda 6 9 18



Birgit Gerstenberg estudió Filosofía en Jena, donde hizo su tesis Carlos Marx. Luego de un posgrado dedicado al pensamiento del siglo XIX en América Latina y un pasaje por Nicaragua para ayudar a reformular la disciplina a nivel universitario, ya unificada Alemania, comenzó una carrera en Naciones Unidas como oficial de derechos humanos, un trabajo arduo pero “maravilloso” que la llevó a El Salvador, Guatemala, Sudán, Uganda, Colombia y Jamaica, entre otros.

Esta semana, Gerstenberg visitó por primera vez Uruguay como representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Derechos Humanos, que tiene sede en Santiago de Chile.

En entrevista con Búsqueda explicó que la principal prioridad de este viaje es respaldar la urgente reparación de las víctimas de la dictadura, una postura que quedará patente al asistir a un acto en la sede de la asociación de expresos políticos Crysol.

Aunque advirtió que los derechos humanos también incluyen el estado de los mares, las ciudades y en general los derechos económicos, sociales y culturales, y no solo la tortura, fijó entre las prioridades para Uruguay la seguridad pública, la discriminación de las mujeres, las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y las cárceles, que han mejorado, aunque aún “un 33% de los presos” están en condiciones “inhumanas”.

Con respecto a la criminalidad dijo que si bien el país está lejos de Guatemala y El Salvador, se ha producido una fragmentación social que hace más difícil la convivencia y resaltó que el Estado es responsable de una investigación criminal eficaz para que violar la ley conlleve un riesgo real.

—¿Cómo está la situación de los derechos humanos en Uruguay?

—En cada país tratamos de mirar todos los temas, aunque obviamente tenemos que priorizar, porque no somos una oficina con capacidad ilimitada. Hemos formulado un plan de trabajo que incluye: Estado de derecho e impunidad, seguridad pública y violencia, discriminación de todo tipo y pobreza, porque son importantes los derechos económicos, sociales y culturales.

Dentro del concepto discriminación caben muchas cosas: el tema de los indígenas, la discapacidad, los migrantes. El de la mujer no es un asunto pequeño, porque se trata de discriminación del 50% de la población. También está la situación de los afrodescendientes, los colectivos LGTB y los adolescentes en conflicto con la ley.

Esta es mi primera visita. Tuvimos una reunión con unos 20 representantes de la sociedad civil en la que entraron más temas de los que pensábamos. Escuchamos a representantes del pueblo charrúa; a pesar de los tratados, de acuerdo a la Constitución no hay indígenas y tampoco existe una visión política del tema. Es un tema para poner en la agenda, igual que la migración.

También atendemos la judicialización de los derechos económicos, culturales y sociales. El derecho a la salud, la educación y a una vivienda digna tienen que ser tratados como cualquier otro derecho humano y pueden ser exigibles, aunque Uruguay ha ratificado todos los tratados y ha demostrado excelente voluntad política.

Un eje de esta visita es el tema de verdad, justicia y reparación. La asociación de expresos políticos Crysol nos visitó en julio para plantear que hay una ventana de oportunidad hasta octubre para producir una reforma en la ley de reparación. No solamente es una demanda legítima de las víctimas sino una obligación del Estado responder. Hablamos de este tema con la Institución Nacional de Derechos Humanos y con el ministro de Relaciones Exteriores y hay un compromiso fuerte del gobierno de mejorar.

—Todo gobierno va a decir que quiere mejorar...

—Y han hecho cosas. Las reformas en las cárceles después del informe del relator especial Manfred Novak han dado frutos. Por ejemplo, ahora hay centros carcelarios que se pueden mostrar. Sin embargo, aún 33% de los centros carcelarios están en condiciones muy infrahumanas, 33% con problemas y 33% en buenas prácticas. Nos preocupa la previsión de la tortura, que la situación en las cárceles mejore, la seguridad pública y la violencia, que obviamente es una preocupación actual, no solamente en Uruguay.

—Según el director nacional de la Policía, Uruguay va camino a convertirse en una sociedad con niveles de criminalidad como Guatemala y El Salvador.

—Uruguay todavía está muy lejos, por suerte, de esas situaciones. De todas formas, cada empeoramiento preocupa y requiere del Estado una respuesta eficaz y de acuerdo a los derechos humanos. Es un esfuerzo institucional que hay que hacer y ahí vemos conectados los temas de impunidad de crímenes y delitos y la ineficacia en la investigación criminal, de ausencia de protección de las víctimas y de amarillismo en los medios.

Hay que mejorar la respuesta institucional. El crimen que ocurre en todo el Cono Sur tiene múltiples dimensiones. Por un lado vemos el crimen organizado como el tráfico de drogas, que siempre es corrupción del Estado. El contexto influye pero además el tejido social ha cambiado; la fragmentación de la sociedad en la que se territorializa la pobreza es más difícil de interrumpir, y a pesar de los logros que ha tenido el país en construir una sociedad de altos ingresos, no ha logrado eliminar la división de la sociedad en ricos y pobres y la red social se ha reducido. Hay más aislamiento, más dificultad para construir vínculos de solidaridad con los que quedan atrás.

Eso y la administración de justicia han dejado huellas en la seguridad pública. No lo he podido estudiar aún en forma detallada, pero lo que escuchamos de forma repetida es la ineficacia para contrarrestar el crimen. Otro factor es la educación y que ha disminuido la fortaleza de las familias.  Lo importante no es el aumento de las penas sino la respuesta al crimen. Si más del 80% de los homicidios quedan sin sentencia, entonces yo puedo asesinar y tengo una alta probabilidad de que nada me va a ocurrir por más que haya pena de muerte. La probabilidad de que te pesque el sistema es bastante baja.

Luego está la violencia contra la mujer. Si yo le pego a mi mujer y ella tiene que ir al hospital y eso no representa más que un año o menos de prisión para un juez, eso es un peligro, porque al salir tendrá ganas de vengarse. La legislación es avanzada, pero el problema son los patrones culturales de la sociedad.

—¿Entonces una buena parte del problema son los jueces?

—Un juez al fin y al cabo es un miembro de la sociedad uruguaya y está creciendo con los mismos patrones culturales. El machismo es un problema. Eso se refleja en la participación de la mujer en el Parlamento o en las zonas rurales donde no consiguen contratos de trabajo. Los procesos de justicia y verdad en muchos casos están relacionados con los de reparación. Mejor justicia deja más claro a la sociedad la necesidad de la reparación. 

Hay muchos reclamos en el sentido de que no existe una reparación integral. Son temas que internacionalmente están claros pero que Uruguay no cumple cabalmente. De todas formas, la atmósfera en el gobierno es que se puede hablar del tema de los derechos humanos. No hay país en el mundo que no tenga una cantidad de problemas de derechos humanos. El asunto es cómo reacciona el Estado para confrontarlos. Si omite darles atención o consulta, rinde cuentas y toma medidas.

En todos los países hay temas no resueltos.  ¿Quién esperaba que en Alemania el tema de la xenofobia tomara unas dimensiones tales que puedan cambiar el gobierno?

No creo que Uruguay esté muy mal. Y lo que valoramos es el esfuerzo y la capacidad de rendir cuentas. Los derechos humanos no son solo los civiles y políticos, también los económicos, sociales y culturales. Cada ámbito es importante, como el cambio climático. Hay muchos temas novedosos, el desarrollo de las ciudades, la protección de los mares. A menudo la resistencia se debe a una mirada reducida.

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