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sábado, 30 de junio de 2018

A los verdes


Defensa le hizo juicio civil a represores.

Por Mauricio Pérez – Brecha 29 6 18

El Ministerio de Defensa Nacional presentó dos demandas civiles contra Juan Carlos Larcebeau, uno de los militares condenados por actos represivos durante la dictadura. De esta forma, el Estado le reclama 352 mil dólares al militar para resarcirse de los juicios perdidos contra dos hijos de sus víctimas.


Juan Carlos Larcebeau en el juzgado penal de la calle Misiones, el 22 de octubre de 2009 
Foto: Marta Passeggi

En octubre de 2009, el capitán de navío (r) Juan Carlos Larcebeau fue condenado a 20 años de penitenciaría como autor de 29 delitos de homicidio muy especialmente agravado, en el marco de la investigación por los traslados clandestinos de presos políticos en 1978. El juez Luis Charles (hoy ministro de un tribunal de apelaciones) concluyó que Larcebeau, en su calidad de oficial de Inteligencia (S2) del Estado Mayor del Fusna, viajaba “asiduamente a Argentina, donde participó en operaciones militares tendientes a la desarticulación del denominado aparato subversivo”.

De esta forma, Larcebeau participó “de los grupos armados que realizaron detenciones ilegales en Argentina, interrogatorios con apremios psicofísicos, traslados y asesinatos”, y pese a que “estaba sometido a jerarquía (…) resulta notorio que poseía facultades de mando y que sus actividades de Inteligencia eran operativas”.

Su accionar “constituyó parte de una política sistemática de aniquilamiento de los denominados grupos subversivos”, caracterizada “especialmente (por) su clandestinidad, así como la total degradación de las personas detenidas que permanecían encapuchadas o vendadas y eran sometidas a distintas formas de tortura”, escribió el magistrado (La República, 23-X-09).

Por esos mismos hechos, también fue condenado el dictador Gregorio “Goyo” Álvarez, ex jefe del Ejército e integrante de la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. En su caso, se le imputaron 37 delitos de homicidio. El fallo fue confirmado por un tribunal de apelaciones, primero, y por la Suprema Corte de Justicia, después. Sin embargo, esa resolución trascendió su valor penal y se trasladó a la esfera civil.

Este fallo fue clave en los juicios de reparación presentados por dos hijos de víctimas de la represión dictatorial contra el Estado uruguayo. En este marco, el Ministerio de Defensa Nacional (Mdn) fue condenado a indemnizar a Nicolás Goycoechea –hijo de Gustavo Goycoechea y Graciela Basualdo– y a Pablo Sobrino –hijo de Guillermo Sobrino– por los delitos perpetrados por sus subordinados, en el ámbito del Plan Cóndor.

Ante esto, y tras pagar las indemnizaciones correspondientes, la secretaria de Estado presentó las denominadas “acciones de repetición” contra sus subordinados para cobrarse la indemnización pagada. Ambas demandas, realizadas al amparo del artículo 25 de la Constitución de la República, fueron presentadas en diciembre de 2017, tras fallar el intento de conciliación con los militares. El reclamo, que se procesa únicamente contra Larcebeau, asciende a 352.697 dólares.

LA REPARACIÓN.

Nicolás Goycoechea tenía dos años; Pablo Sobrino tenía cuatro. Sus padres fueron detenidos sobre fines de diciembre de 1977, como parte de operativos coordinados entre los servicios represivos de Argentina y Uruguay, en ambas márgenes del Río de la Plata. Varios uruguayos fueron secuestrados en Argentina y enviados a diversos centros clandestinos de detención, como el pozo de Banfield y el pozo de Quilmes. Muchos de los detenidos en esos operativos aún permanecen detenidos. Así quedó asentado en la condena dictada por la justicia contra Álvarez y Larcebeau.

Ese fallo fue utilizado como pieza clave en los juicios de reparación promovidos por Goy­coechea y Sobrino contra el Estado-Mdn, por su responsabilidad en la desaparición forzada de sus progenitores. Las demandas se fundaron en el derecho de las víctimas a una reparación integral, que se consagró en el artículo 4 de la ley 18.596.

Esta norma otorga la calidad de víctimas a “todas aquellas personas que hayan sufrido la violación a su derecho a la vida, a su integridad psicofísica y a su libertad dentro y fuera del territorio nacional” entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985, “por motivos políticos, ideológicos o gremiales”. Y se alegó que la condena de Álvarez y Larcebeau era una forma expresa de asunción de responsabilidad, por parte del Estado, de sus crímenes.

Los litigios fueron exitosos. La justicia condenó al Mdn a resarcir a ambos hijos por el daño moral ocasionado por los crímenes perpetrados por sus subordinados en dictadura. En 2013, se amparó el reclamo de Goycoechea; un año después, se indemnizó a Sobrino. En este segundo fallo –al que accedió Brecha–, el juez Guzmán López dejó asentada la responsabilidad del Estado uruguayo en las desapariciones.

“La propia Administración reconoció la participación de funcionarios uruguayos en territorio extranjero realizando actos de terrorismo de Estado cuando dictó la ley 18.596. Si la desaparición forzada se hubiere debido al accionar exclusivo de militares argentinos, no correspondería que el propio Estado uruguayo hablara de su responsabilidad institucional ni mucho menos que reparara a los familiares por actos supuestamente cometidos en exclusividad por agentes de estados extranjeros en territorio extranjero”.

En este sentido, “es razonable concluir que si los militares argentinos intervinieron en la detención y desaparición de militantes uruguayos en Argentina, fue a requerimiento de los militares uruguayos”, escribió el juez. Y agregó: “Si bien con el correr del tiempo el accionante tuvo conocimiento de que a su padre lo han torturado y dado muerte en forma totalmente arbitraria e ilegítima, aún hay respuestas sin brindar, no se tiene certeza en qué lugar ocurrió el fallecimiento y dónde están sus restos para de ese modo darle sepultura”.

De esta forma, la justicia ordenó indemnizar a Goycoechea en 200 mil dólares (100 mil dólares por cada uno de sus padres), más un reajuste por interés del 6 por ciento, lo que llevó a un pago de 242.697 dólares. En el caso de Sobrino se utilizó el mismo parámetro jurisprudencial para fijar la indemnización: 100 mil dólares. Con intereses, el monto final llegó a 110 mil dólares.

LA REPETICIÓN. 

Tras notificarse de las condenas en su contra, el Mdn cumplió con su obligación y pagó ambas indemnizaciones. Sin embargo, después de analizar la situación, el organismo que conduce las políticas de defensa procuró recuperar el dinero perdido y decidió promover una acción de repetición contra los militares involucrados en estos hechos. La decisión quedó asentada en dos resoluciones dictadas por el Poder Ejecutivo, en marzo de 2016 y en noviembre de ese mismo año, respectivamente.

Ante esto, el Mdn presentó las acciones de repetición contra sus subordinados “con el fin de obtener el recupero de la suma efectivamente abonada por el Estado uruguayo en cumplimiento de la sentencia condenatoria dictada” en ambos procesos judiciales. Las demandas fueron dirigidas contra Álvarez y Larcebeau, condenados por los crímenes del matrimonio Goycoechea-Basualdo y de Sobrino.

El Mdn intentó la conciliación con los militares –procedimiento obligatorio antes del inicio de cualquier juicio civil–, pero ambas fueron inútiles. Larcebeau decidió “por consejo del abogado defensor” no presentarse en estas instancias, ya que eso podía entenderse como una admisión de su responsabilidad en los hechos. Álvarez asistió a la primera y rechazó el reclamo “en todos sus términos”; a la segunda no pudo hacerlo, ya que falleció tres meses antes de la audiencia.

Finalmente, la demanda civil se concretó. El 22 de diciembre de 2017, sobre las 8.20 horas, el director del Área Jurídica del Mdn, Alfredo Maeso, hoy adscripto al ministro Jorge Menéndez, se presentó ante la Oficina de Recepción y Distribución de Asuntos (Orda) del Poder Judicial e ingresó ambas demandas. Las dos fueron dirigidas contra Larcebeau e implicaron la apertura de dos expedientes, uno ante la jueza civil de décimo turno, Lilián Morales, y el otro ante el juez civil de primer turno, Gustavo Iribarren.

Los dos procesos comenzaron a tramitarse sobre principios de año y Larcebeau fue citado a audiencia preliminar. En uno de ellos, la defensa del represor presentó un recurso de nulidad por indefensión, lo que derivó en la suspensión del proceso. En el otro, Larcebeau se presentó ante la sede el lunes 18 de junio, a las 13.45 horas, con custodia policial. La vista duró unos minutos, ya que el militar repitió su estrategia. En los próximos días ambos jueces resolverán sobre ambos expedientes. El ministro Menéndez declinó hacer comentarios sobre estos procesos judiciales, cuando Brecha lo consultó.

Saldando cuentas

El artículo 25 de la Constitución dice: “Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación”.

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viernes, 29 de junio de 2018

El nefasto decreto 106/2007



En la tarde del viernes 22 de junio una delegación de Crysol se entrevistó con el Dr José Luis Baumgartner, Director de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

La delegación estuvo compuesta por Víctor Garabal, Gastón Grisoni, Enrique Chalar, Carlos López y Ruben Benítez.

Fue una fructífera reunión de intercambio de puntos de vista. Crysol abogó en el sentido de acelerar los trámites para que los cónyuges de ex presos políticos fallecidos puedan acceder rápidamente a cobrar la Pensión de Sobrevivencia, evitando demoras innecesarias.

Se señaló que, para Crysol, la Comisión Especial debe sesionar con regularidad para discutir todos los casos, especialmente aquellos casos dudosos, para que los representantes de las organizaciones sociales (PIT – CNT y Crysol) puedan expresar sus puntos de vista e incidir en la toma de decisiones.

Los organismos estatales, hasta el momento, no han cumplido con la obligación de remitir toda la documentación necesaria para que las víctimas puedan ser amparadas. Las víctimas no pueden ser revictimizadas, no es acorde al espíritu de las normas de DDHH, que ellas deban aportar las pruebas que están en poder del Estado.

Las Comisión Especiales, tal como lo ha señalado la Institución Nacional de DDHH, deben actuar con un enfoque “pro víctimas” en tanto tienen la obligación de implementar leyes reparatorias por las graves violaciones perpretadas durante el terrorismo estatal.

Modificar el “nefasto” decreto 106/2007

La delegación de Crysol fue enfática en reclamar  la necesidad de modificar el Decreto 106/2007. Este decreto reglamentó la Ley 18 033 y lo hizo de una manera pérfida. Aplica dos criterios contrapuestos al mismo tiempo con la consecuencia de venir perjudicando a los cónyuges de los ex presos políticos cuando fallecen desde el momento de su aprobación.

Para acceder a la Pensión de Sobrevivencia de la Per, los cónyuges deben renunciar a sus propias jubilaciones y pensiones, un verdadero horror que figura en el texto del decreto. Esto afecta incluso a los hijos discapacitados de los fallecidos y viene ocurriendo desde hace 11 años, momento en que Crysol impugnó dicho decreto.

En los próximos días Crysol volverá a insistir para modificar esta situación. Los causa habientes de los ex presos políticos deben recibir el 100% de la Pensión Especial Reparatoria (PER) o la Pensión de Sobrevivencia sin tener que renunciar a sus propias jubilaciones o pensiones.

De acuerdo a lo recomendado por el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia al Presidente de la República, es necesario aprobar una nueva ley reparatoria. Así lo señaló la Institución Nacional de DDHH en diciembre de 2012.

Crysol ya presentó al respecto un proyecto de ley justo, razonable y viable. Hay que aprobarlo antes de que sea muy tarde.

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Condenado el militar que vandalizó las Placas


Seis meses de prisión, canjeados por “libertad vigilada”para el coronel (r) Carlos Díaz Vecino.

Caras y Caretas  - Jueves 28 0618

El coronel (r) Carlos Díaz Vecino (56 años) fue fue condenado a seis meses de prisión, sustituidas por libertad vigilada, y a reparar el daño provocado en las Placas de la Memoria por él vandalizadas en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas y en el cuartel de Haedo y República, ex sede del Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva (CGIOR).

Cnel (r) Carlos Díaz Vecino

Días Vecino fue detenido en la noche del miércoles por la Policía tras ser identificado como quién manchó con pintura verde las dos Placas de la Memoria. Pese a intentar resistir el arresto fue detenido y conducido al despacho de la fiscal Diana Salvo quién le imputó dos delitos de “daño agravado en reiteración real”.

Indica el auto de procesamiento que “se condene y se imponga pena de 6 meses de prisión, la que sustituirá pot libertad sujeto a medidas () Comprometiéndose asimismo, a reparar el daño, limpiando las plaquetas,y dejándolas en el estado en q se encontraban antes de la inutilización”.

La fiscal consignó que el militar retirado se presentó en la madrugada del 25 de junio en la sede del Calen (Centro de Altos Estudios Nacionales) del Ejército en Eduardo Víctor Haedo y República. Con un aerosol de pintura verde pintó la placa que se había colocado en el lugar. Luego hizo lo mismo en el Hospital Militar, donde se había colocado otra placa.
Fue identificado gracias a que en el primer lugar su acción fue captada por una cámara del Ministerio del Interior en Haedo y República.

Salvo solicitó una condena de seis meses de prisión. La pena será sustituida por la de “libertad vigilada” por el mismo período, producto de un acuerdo con la defensa del imputado que incluye su compromiso de limpiar las placas vandalizadas.

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jueves, 28 de junio de 2018

Militar retirado detenido por vandalizar Placas


Detienen a militar retirado por vandalizar placas de la memoria


Búsqueda - 28 6 18

La Policía de Montevideo detuvo ayer miércoles 27 a un militar retirado presuntamente vinculado con la vandalización de dos placas recordatorias de detenciones y torturas colocadas en el ex Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva (CGIOR) y el Hospital Militar, informaron a Búsqueda fuentes del Ministerio del Interior.

El militar será interrogado hoy jueves en la Fiscalía para responder sobre su vinculación con el atentado. Una placa colocada el jueves 21 en el ex Cuartel de los 33 de la calle Eduardo Víctor Haedo y República, y otra que había sido puesta tiempo antes en el frente del hospital de las Fuerzas Armadas fueron parcialmente tapadas con pintura verde.

Mientras el Frente Amplio, Familiares de Desaparecidos y otras organizaciones emitieron declaraciones de repudio, los organizadores del acto conmemorativo de la semana pasada y el Ministerio de Educación y Cultura se presentaron el martes ante la fiscal Diana Salvo para denunciar los ataques.

Luego de revisar las imágenes tomadas por cámaras de la zona y consultar al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, la Policía pudo identificar el auto desde el cual, en horas de la madrugada, descendió una persona con el rostro cubierto para realizar el ataque.

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A 45 años del Golpe de Estado

Inauguraron el primer sitio de la Memoria recuperado en Uruguay

La Red - 28 6 18

A 45 años del golpe cívico militar, fecha que no quisieran recordar algunos uruguayos, se inauguró el primer sitio de Memoria, Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, ayer durante el acto de apertura de una exposición inaugural de aquellos vestigios de memoria recuperados en Uruguay. El evento se realizó en la antigua sede del Servicio de Información y Defensa (SID), ubicada en la zona de Bulevar Artigas 1532, entre Palmar y Gastón Ramón.


Dra. Mariana Mota, Presidenta de la
Institución Nacional de DDHH (INDDHH).
Eduardo “Pincho” Casanova, encargado de esta exposición, manifestó que la muestra busca representar en el sitio donde estuvieron secuestrados clandestinamente 24 personas que habían traído desde Buenos Aires y que estuvieron en la Casa de Punta Gorda primero, luego en el SID, ese lugar tiene una gran significación porque allí la última vez que se vio a María Claudia García de Gelman y a Macarena, su hija recién nacida.



Dra. Mariana Mota

La muestra consiste en recuperar algunos testimonios y recordar en ese lugar al que se le hizo una reforma edilicia y ahora es la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero en el sótano, que tiene un estilo de principio del siglo pasado, allí era donde estaba la cárcel clandestina y desde ese espacio se hace la muestra que recorre por un lado a través de una línea del tiempo gráfica, una cronología, digamos, desde los años 60 hasta la recuperación de la democracia.
“Con el recorrido del lugar lo que se busca es dar información de lo que pasó, no tiene ningún contenido explícito de juicio de parte nuestra”, manifestó Casanova.

Trabajo de investigación

Se estuvo trabajando arduamente desde el 2009 con El Informe Orletti de Enrique Rodríguez Larretta Piera y a partir de ese material, relata Casanova, los convocaron para trabajar en este sitio, los contenidos están a cargo del Consejo directivo de la institución, no fue tarea fácil pero se lograron llegar a un consenso y se llegó a una línea media donde todos están de acuerdo.

Son aproximadamente unas 50 imágenes que conforman la foto galería, en la parte interior se muestran videos que podrá visitar el público los días miércoles de 15 a 18 horas y los viernes de 10 a 13 horas y también se podrán coordinar las visitas a estudiantes con el instituto previa reserva.

Casanova piensa que el aporte más importante es que en la entrada del sitio, que está a un costado de la entrada del instituto, es una estructura de cristal y es la sala donde estaban los detenidos, una propuesta con un mural de vidrio con los 30 artículos de la declaratoria de los derechos humanos grabados del año 48.

“Para nosotros, Pozo de Agua con Macarena Montañez, es un orgullo haber llegado acá con un equipo importante de personas, después de 10 años que nos convocaran porque habíamos hecho lo de Orletti es una responsabilidad enorme, pero también nos hace recordar que este tema no está laudado, no está en paz, está ahí siempre el dolor que ha vivido el pueblo uruguayo y está bueno poder haber aportado algo para que pueda sanar esa herida terrible, esa es la actitud del sitio de memoria, no tiene una actitud de revanchismo ni recordarlo solo porque sí, sino para que las nuevas generaciones puedan crecer con mayor salud cívica, en ese sentido es una satisfacción”, esbozó Casanova.

Espionaje en democracia

Por su parte, el diputado Gerardo Núñez, manifestó que es un día para recordar lo más triste que vivió el Uruguay, que fue el golpe de Estado, pero también los más heroico que vivió “nuestro pueblo en la historia reciente que fue la respuesta de nuestra gente a esa dictadura que fue la huelga general que tuvo a miles de trabajadores y a estudiantes a lo largo y ancho del país, respondieron como tenían que responder en ese momento en defensa de la libertad de nuestro país”.

Núñez sostiene que la dictadura no encontró un pueblo dormido sino a un pueblo que se paró firme frente a estas embestidas que luchó minuto a minuto desde el primer día que se instaló el golpe cívico militar hasta que se derrotó y se recuperó la democracia.

Sobre la espera de la llegada de la justicia de los familiares o ex presos políticos que suman 307 expedientes y sólo el 3% ha recibido una sentencia, Núñez cree que es parte de las trabas que existen de muchos niveles. “Cuando hablamos de la impunidad hablamos de todas las trabas que existen a nivel institucional, esto implica la justicia pero también implica distintos estamentos a nivel estatal que lamentablemente no han jugado en favor de la verdad, de construir la memoria, de encontrar un camino de dialogo positivo”.

El diputado sostuvo que hasta ahora han encontrado que muchas instituciones, a lo que se refirió a las “Fuerzas Armadas, que fueron las principales responsables de las atrocidades que se cometieron en cuanto a la violación de derechos humanos en dictadura, hemos encontrado una muralla en cuando a reconocer lo que sucedió y también en brindar datos de personas que hasta hoy permanecen desaparecidos y desaparecidas, estamos hablando de 200, es una cifra escalofriante, ojalá podamos avanzar en ese tema”.

Alegó que este día no es sólo para recordar, sino para que no ocurran nunca más estas cosas en el presente. “El valor de reconstruir nuestra historia no solo tiene un valor hacia atrás sino en el presente, hacia el futuro, para construir un país diferente, sin impunidad”.

En cuanto al tema del espionaje, Núñez informó que la Comisión investigadora revelará estos días un informe que presentará ante la Cámara de Diputados “y lo que está claro es que el espionaje existió casi con los mismos mecanismos, la misma metodología utilizada en dictadura y luego desarrollada en democracia, lo que es un hecho enormemente grave, hoy ya reconocido por todos los actores políticos, incluso hasta el propio presidente Sanguinetti terminó reconociendo la presencia de espionaje, lo cual para nosotros es importante porque lo primero es que se reconozca y el segundo que se condene”.

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miércoles, 27 de junio de 2018

Muestra fotográfica de Cámaratres en el MEC


Hoy a las 18.00 se exhibirá en el MEC la muestra

Fotógrafos de la apertura, de Cámaratres


Por Débora Quiring – La Diaria – 27 6 18




Al centro: Nené Santana - Grande Nené!!!

La Comisión Especial de Reparación es la encargada del nuevo montaje de la muestra Fotógrafos de la apertura, que se abrirá hoy a las 18.00 en la planta baja del Ministerio de Educación y Cultura (Reconquista 535), a propósito de los 45 años del último golpe de Estado. Se trata de una exposición que coprodujo el Centro de Fotografía (CdF) con el Parlamento en 2015, en el marco de los 30 años de democracia.

Los fotoperiodistas Cyro Giambruno y José Luis Sosa fueron los fundadores y las figuras centrales de Cámaratres, la primera agencia fotográfica uruguaya que documentó la última etapa de la apertura democrática (1983-1985). Este colectivo asumió la lucha contra la dictadura a partir de la ausente “fotografía de calle”, y sus integrantes se convirtieron en protagonistas de las históricas manifestaciones populares que marcaron aquel período. 

En su momento, el CdF recibió la donación del archivo de la agencia (más de 8.000 fotos y documentos de la transición a la democracia), y editó el libro Fotógrafos de la apertura (2015), que cuenta y reconstruye parte de la transición que se dio por finalizada –sin que hubiera finalizado realmente– el 1º de marzo de 1985, con la asunción de Julio María Sanguinetti como presidente de la República.

De este modo, podrá volver a visitarse una muestra que recoge buena parte del trabajo de Cámaratres y sus notables documentos de la época, como la llegada del vuelo de 154 niños hijos de exiliados, que arribaron al país en medio del año 1983, que se convirtió en un emblema (hoy volvían los niños, pronto retornarían los padres), e instaló el desexilio en la agenda nacional e internacional; la celebración, después de tanto, del 1º de mayo; la liberación de Liber Seregni; la intimidad de San Javier (y la tumba de Vladimir Roslik); Wilson Ferreira Aldunate; la concentración frente al teatro El Galpón con un primerísimo plano de Atahualpa del Cioppo; la llegada de Zitarrosa; la estremecedora instantánea de los dirigentes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, horas después de su liberación.

En aquel momento, Giambruno y Sosa –que falleció en 2017– contaron a la diaria que Cámaratres había nacido de forma fortuita, porque en esa época “la fotografía era una peña, un lugar seguro”. Ambos pertenecían a la categoría C y no tenían acceso al trabajo formal. Giambruno había salido del penal de Libertad a fines de 1976 –había estado tres años recluido–. Como le gustaba la fotografía, decidió volver a Montevideo y anotarse en el Foto Club. Después conoció a Sosa, que siempre había buscado en la fotografía una forma de vida, y fundaron Cámaratres.

Así, comenzaron a hacer fotos “de todo”, y a trabajar con sindicatos y organizaciones sociales, como la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Primero se vincularon con Conventuales, donde se reunían varias organizaciones. Y, a partir de la creación del Centro de Investigación y Promoción Franciscano y Ecológico, comenzaron a acompañarlo con el registro de varias de sus reuniones y actividades.

Aunque admitían que la fama de Cámaratres les llegó con la célebre fotografía de las Llamadas de 1984: “En las Llamadas del 84 la Policía había puesto una trampa, y había camiones esperando a la gente por Gonzalo Ramírez. En un momento se armó la batahola, ya que las Llamadas no eran como ahora, sino que la gente desfilaba detrás de las comparsas coreando consignas y ese tipo de cosas. Con los palos vinieron las fotos. La gente se metía en los apartamentos que los vecinos abrían, solidarios. Era increíble. De alguna manera, fue la primera foto que publicó un medio de prensa, porque en esa época no había fotos. Están las fotos simbólicas, o las que se hicieron el día del Obelisco, pero no las otras”.

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La dictadura y sus intereses económicos

A 45 años del golpe de Estado.


Por Daniel Olesker – Brecha 22 de junio de 2018




El golpe del 27 de junio de 1973 llegó luego de un proceso de medidas de seguridad que había comenzado el 13 de junio de 1968, en el que se reprimió y militarizó numerosos sindicatos y organizaciones estudiantiles, y se asesinó al primer estudiante de la larga lista de mártires: Líber Arce. 

No hay lugar a dudas de que los años de la dictadura y los previos, con la represión al movimiento popular, dieron como resultado una sistemática violación de los derechos humanos que dejó miles de personas presas, asesinadas, desaparecidas y otras que debieron partir rumbo al exilio. La memoria sobre la historia reciente debe concentrar un gran esfuerzo en estos hechos.


En esta columna quiero analizar otra visión, complementaria de estos terribles sucesos, referida a la pérdida de calidad de vida de los uruguayos, en particular de la clase trabajadora. Porque esto también es parte de la memoria colectiva del modelo neoliberal de acumulación capitalista que organizó la dictadura cívico-militar y que consolidó la democracia en los noventa.

La concentración de la riqueza. La continuidad de la acumulación de capital dependiente en Uruguay, luego del prolongado estancamiento de los sesenta, requería una rebaja sustantiva de los salarios reales. Para esto era necesario, dada la fortaleza de las organizaciones sindicales y el desarrollo político de las organizaciones populares, alterar las condiciones institucionales democráticas y generar una dictadura que, vía decreto, garantizara esa disminución salarial, y vía represión, la inactividad sindical y popular.1 

A partir del 28 de junio de 1968, el gobierno decidió dejar de convocar los consejos de salarios. En otras palabras, el golpe de Estado se enmarca en el estancamiento de la economía uruguaya en los años sesenta y la dura congelación de salarios de 1968, acompañada de un giro autoritario.

Buena parte del período 1968-1973 se gobernó bajo el régimen de medidas prontas de seguridad. En 1971 asume el gobierno colorado de Juan María Bordaberry y decide reducir los salarios reales con un ajuste a la baja que provocó la pérdida de salario real más grande de la historia del país. El siguiente gráfico es claro sobre la permanente rebaja salarial.

La fijación de salarios sin negociación colectiva y con una dura represión sobre los sindicatos quedó en manos de los decretos del Poder Ejecutivo. Por ende, no hay mediatización de resultados: lo que sucedió es el resultado directo de lo que quiso el gobierno. Nuestra tesis va tomando cuerpo en la medida que hubo una decisión política de la dictadura de reducir los salarios para aumentar los ingresos del capital, concentrando ingresos y deteriorando el nivel de vida de la gente.2




¿Qué fue de ese dinero? Los años de dictadura hasta 1981 no fueron de estancamiento sino de crecimiento económico. La riqueza creció, la masa salarial se derrumbó, aumentó el plusvalor y se produjeron enormes masas de ganancia para el capital. 

El gobierno puso en práctica, como vimos, medidas para bajar salarios y tomó medidas para aumentar las ganancias del capital (véase tabla). Además, en noviembre de 1979 hubo una reforma tributaria en la que se generalizó el impuesto al valor agregado, se derogó el impuesto a las actividades financieras y el impuesto único a la actividad bancaria, que gravaban la actividad financiera, a lo que se sumó, en 1974, la eliminación del impuesto a la renta de las personas físicas. El siguiente gráfico muestra el crecimiento de la riqueza y la caída de los salarios, y, por ende, el aumento de la ganancia del capital.


El trabajo de Jorge Notaro3 muestra las transferencias de los trabajadores en ese período. La metodología aplicada es la siguiente: por un lado, se asume que se mantiene constante la participación de los salarios en el ingreso nacional, como sucedía al inicio del período; por otro, se compara en cada año cuánto serían los salarios con esa participación y cuánto fueron realmente a partir de la reducción.

Y el resultado es una transferencia del trabajo al capital de más de 5.000 millones de dólares en 1983; ese era aproximadamente el valor del Pbi al fin de la dictadura y esa era la magnitud de la deuda externa del país. Es decir, trabajadoras y trabajadores perdimos, durante el golpe de Estado, ingresos equivalentes a la deuda externa uruguaya.

Apoyos de esta política económica. El proceso de intervencionismo reestructurador (así lo llama Notaro) de los primeros años de la dictadura contó con una base social compuesta por muchos sectores empresariales que recibieron ingresos relevantes del proceso de concentración de la riqueza, a través de los diversos mecanismos descriptos en la citada tabla. La notable caída del salario real permitió distribuir riqueza en los sectores del agro, la industria y el comercio, y constituir una alianza socioeconómica que sustentó la estrategia económica de la dictadura.

Diversas declaraciones de gremiales empresariales de la época dan cuenta de este apoyo. Es claro que este no fue un proceso homogéneo en todo el sector empresarial ni en todas sus gremiales ni en todo momento. Pero tuvo su punto álgido en 1973, en 1974 con la asunción de Vegh Villegas como ministro de Economía y en 1978 cuando se liberalizaron los precios agropecuarios. Después de 1980 (tablita mediante) hay un viraje hacia la hegemonía del capital financiero y ello reduce su base social. Al decir de Notaro “el modelo pasó de tener un carácter antipopular a un carácter antinacional”.4

Al mismo tiempo, esta estrategia contó con un apoyo muy importante del Fmi en 1974 para superar el déficit comercial y la reducción de reservas provocada por la caída de precios de las exportaciones y el aumento del precio del petróleo.

¿Qué pasó después? Estas acciones de la dictadura deben verse como un profundo proceso concentrador de la riqueza en contra de la clase trabajadora. Los tres primeros años de recuperación de la democracia el salario real creció, dado que el primer gobierno democrático restituyó los consejos de salarios; luego permaneció casi estancado en los noventa y en la crisis volvió a caer prácticamente al nivel de 1984. Es decir, la década del 90 consolidó la caída del salario real gestada por las clases dominantes durante la dictadura. El gráfico siguiente lo demuestra.

REFLEXIONES FINALES. 

La caída del salario real era un factor cardinal del nuevo modelo de acumulación liberalizador, concentrador y excluyente, y la dictadura, su condición de viabilidad, pues las condiciones de la lucha de clases y la resistencia obrera no lo hubieran permitido en circunstancias democráticas. En las condiciones sociales y políticas de Uruguay, una estrategia tal iba a enfrentar una resistencia organizada y potente del movimiento obrero y las organizaciones políticas de la izquierda.



La dictadura forjó un mix entre un programa económico liberal y aperturista de profunda distribución regresiva del ingreso en beneficio de las élites económicas y en perjuicio de los trabajadores, con un programa político autoritario y represivo sobre las organizaciones sindicales y las políticas de la izquierda uruguaya, de manera de consolidar un modelo de acumulación del capital y de generación de plusvalor. Por ello, cuando la dictadura reprimió duramente a la izquierda, lo hizo consciente de que era la manera de consolidar este modelo de acumulación. La represión política, la concentración de la riqueza y la desestructuración social son parte de un mismo proyecto.

A pesar de haber transcurrido 45 años, no podemos olvidar estos hechos. Los procesos políticos, económicos y sociales similares que viven actualmente Argentina y Brasil, cuyos gobiernos encaminan un proceso de retorno a las recetas neoliberales, concentradoras y excluyentes, nos alertan y nos obligan a recordar ese pasado para  que no se repita jamás.

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 * Por mayor análisis de la base económica de la dictadura véase El negocio del terrorismo de estado (varios autores), Editorial Sudamericana, 2013, en especial el capítulo 4, escrito por Jorge Notaro.