la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

Joaquín Requena 1533 esquina Brandzen. Telefax: 2408 44 65. Montevideo. Uruguay. Dirección electrónica: crysol2003@gmail.com


Horario de atención en nuestra sede social: de lunes a viernes de 14.30 a 19 horas. Cuota social: $ 140.-




martes, 27 de agosto de 2019

Desaparición forzada: un crimen de Lesa Humanidad

Los Sitios de Memoria son, y deben ser, aquellos espacios, lugares, edificios e instalaciones que en su momento fueron centros de reclusión, de torturas, de humillación, de asesinatos, de miles de uruguayos. Lugares de enterramientos clandestinos. También aquellos espacios físicos que fueron en su momento lugares emblemáticos de resistencia popular.

El próximo viernes 30 de agosto se celebra el Día internacional del Detenido Desaparecido. En la mañana, a las 10.30 horas se inaugura un Sitio de Memoria en Camino a la Memoria y Ruta 85, en Toledo, Departamento de Canelones.  En ese lugar, se encontraron, hace algunos años, los restos mortales del maestro Julio Castro y, posteriormente, de Ricardo Blanco Valiente.


En el predio del Batallón de Infantería Paracaidistas N° 14
 se encontraron enterrados los restos del maestro Julio Castro y de Ricardo Blanco Valiente.

Dos casos paradigmáticos

Julio Castro fue un educador de prestigio y reconocimiento internacional. Un periodista uruguayo, militante sindical y político. Un intelectual prestigioso. Fue secuestrado por la dictadura cívico-militar el 1 de agosto de 1977 debido a las acciones de resistencia que llevaba a cabo. Siendo una persona ya mayor en el momento de ser detenido, durante muchos años se pensó que había muerto mientras era torturado en el Centro de torturas conocido como “La Casona”. Al hallarse sus restos, se descubrió que fue ejecutado al pie de la tumba con un disparo a quemarropa en la cabeza.

Permaneció como detenido desaparecido durante 34 años, hasta el 21 de octubre de 2011, cuando su cuerpo fue encontrado en un enterramiento clandestino realizado por el personal militar uruguayo en este predio militar en Toledo. Su desaparición y búsqueda fueron emblemáticas, ya que fue la primera desaparición forzada enmarcada en la represión de las dictaduras en América Latina investigada en particular por las organizaciones de defensa de Derechos Humanos.

Ricardo Blanco Valiente, detenido el 15 de enero de 1978 cuando tenía 39 años de edad, oriundo de Mercedes, fue militante sindical de Aute y militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR). Fue interrogado  también en La Casona por personal del Servicio de Información de Defensa (SID) y se lo vio por última vez, en muy malas condiciones físicas, debido a las torturas sufridas, en el centro clandestino de detención y torturas La Tablada que dependía del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).

Sus restos mortales, en un enterramiento primario, fueron encontrados el 15  de marzo de 2012 por el Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF) de la Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias.

La desaparición forzada: una metodología cruel

La desaparición forzada de ciudadanos por parte de funcionarios del Estado es una práctica  represiva cruel e inhumana que merece la mayor de las condenas en todos los planos. Una metodología auténticamente condenable y repugnante.
Durante el período conocido como Terrorismo de Estado, casi doscientos uruguayos fueron secuestrados y desaparecidos en el marco del Plan Cóndor dentro y fuera de las fronteras nacionales por parte de los servicios represivos. 

Los primeros (Héctor  Castagneto  Da Rosa y Abel Ayala) por parte del Escuadrón de la Muerte cuando gobernaba Jorge Pacheco Areco. Roberto Gomensoro Josman fue desaparecido  en marzo de 1973 por parte de las Fuerzas Armadas como lo declaró recientemente José Nino Gavazzo,  durante el gobierno de Juan María Bordaberry. El resto, luego de la disolución de las Cámaras en junio de 1973. Muchos de ellos en el marco del Plan Cóndor y al amparo de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Hasta el momento sólo se ha podido esclarecer un pequeño número de casos y se han identificado solamente los  restos de cinco detenidos desaparecidos. Jurídicamente, la Suprema Corte de Justicia, incluso, no las considera hasta el momento como Crímenes de Lesa Humanidad y ha autorizado las prisiones domiciliarias para los escasos condenados.

Nuevas facultades a la INDDHH

Hace 15 días, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley atribuyendo nuevas facultades a la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) para que pueda continuar las investigaciones al respecto.
Dotar a la INDDHH de facultades reales para llevar a cabo investigaciones a fondo, con metodología criminalística, interrogando a los potenciales involucrados, allanando domicilios, solicitando compulsivamente información y archivos, son herramientas imprescindibles.

Al crear la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo han emitido un mensaje claro y contundente sobre su compromiso  con la Verdad de lo ocurrido y con la Justicia como herramienta fundamental para construir una sociedad sólida y democrática.

INDDHH: facultades para seguir investigando

La investigación, el esclarecimiento y la sanción de las graves violaciones a los DDHH es un camino esencial  a recorrer para que ellas no vuelvan a ocurrir. Es un camino imprescindible  para afirmar las normas de derechos humanos, el Estado de Derecho y la propia  institucionalidad democrática.

La creación de la INDDHH  ha sido un auténtico logro de la sociedad uruguaya de los últimos años. Ha contribuido a mejorar la conducta estatal, una convivencia más digna y más  humana. Ha jugado un papel importante en lo referido a la conciencia social de los DDHH.

Desde su constitución, si bien ha sido duramente atacada y cuestionada en forma constante por los sectores más conservadores y los medios de comunicación como El País, ha logrado un importante reconocimiento a nivel de toda la sociedad, en especial entre los sectores más vulnerables y desprotegidos de ella.

Otorgar a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo estas nuevas atribuciones para que pueda   investigar hechos de enorme trascendencia histórica y vital para la afirmación democrática,  tal como lo plantea el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, es una iniciativa valiosa y muy trascendente.

Al convocar a estas actividades en este día tan especial, exhortamos a todas y todos los parlamentarios a aprobar, a la mayor brevedad, el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo sin desvirtuarlo. Llamamos a todas y a todos los ex presos políticos a seguir movilizados para construir un auténtico Nunca Más.

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Opinando N° 16 – Año 8 – Martes 27 de agosto de 2019

jueves, 22 de agosto de 2019

Declaracion por atentado a placas de memoria CNHSM


Uruguay, 21 de agosto de 2019.

DECLARACIÓN 

El pasado año se aprobó la Ley de Sitios de Memoria de Uruguay y se constituyó la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria en cumplimiento de dicha ley.

Los Sitios de Memoria, por su valor testimonial, constituyen instrumentos a disposición de los Estados para cumplir sus obligaciones en materia de Justicia, Verdad, Memoria y Reparación. Una Política Pública de Sitios de Memoria tiene por cometido el reconocimiento y preservación integral de los Sitios de Memoria, por lo que el Estado tiene el deber de garantizar su preservación, su funcionamiento, gestión y sustentabilidad.

Son numerosos, y no son casos aislados, los atentados que se han realizado contra diversas marcas que señalan Sitios de Memoria en diferentes lugares del país. Mencionamos algunos de ellos: los Memoriales de Detenidos Desaparecidos en el Cerro de Montevideo, del Penal de Libertad, de Bella Unión. Las placas por Julio Castro en Salinas, por Wilson Ferreira Aldunate en el puerto de Montevideo, por el Contralmirante Oscar Lebel. Los lugares que funcionaron como Centros Clandestinos de Detención: Batallón 13 – Servicio Material y Armamento (“300 Carlos”), Fusileros Navales (FUSNA), ex Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva (CGIOR); Hospital Militar.

La Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, integrada por las organizaciones sociales y organismos del Estado que la integran, repudia el nuevo atentado contra las placas de memoria colocadas en el Servicio de Material y Armamento ( “300 Carlos”) y en el Batallón 13, lindero al sitio antes mencionado y reafirma su fin de promover la democracia y vigencia de los derechos humanos mediante la recuperación, construcción y difusión de las memorias colectivas, a través de los Sitios y Espacios de Memoria. Llama a las autoridades competentes a cumplir sus obligaciones investigando cada uno de esos episodios, identificando y responsabilizando a sus autores y tomando las medidas necesarias para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. Reclama que los organismos del Estado se comprometan en la preservación de estas marcas de memoria y exhorta a la sociedad toda a participar en la construcción de la Memoria Colectiva, Plural y Democrática.


COMISIÓN NACIONAL HONORARIA DE SITIOS DE MEMORIA

martes, 20 de agosto de 2019

Una causa sagrada y permanente



El pasado lunes 12 de Agosto, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley destinado a asignar nuevas atribuciones legales a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). La iniciativa le otorga facultades  para investigar lo ocurrido en cuanto a la desaparición forzada de ciudadanos durante el período del Terrorismo de Estado.


La Corte de Roma condenó a cadena perpetua a criminales que gozan de prisión domiciliaria en Uruguay

La desaparición forzada de ciudadanos por parte de funcionarios del Estado es una práctica  represiva cruel e inhumana que merece la mayor de las condenas en todos los planos. Una práctica auténticamente condenable y repugnante.

Durante el período conocido como Terrorismo de Estado, casi doscientos uruguayos fueron secuestrados y desaparecidos en el marco del Plan Cóndor dentro y fuera de las fronteras nacionales por parte de los servicios represivos. Dos de ellos (Héctor  Castagneto Da Rosa y Abel Ayala) por parte del Escuadrón de la Muerte cuando gobernaba Jorge Pacheco Areco, Roberto Gomensoro Josman en marzo de 1973 durante el gobierno de Juan María Bordaberry y el resto luego de la disolución de las Cámaras en junio de 1973.

Hasta el momento sólo se ha podido esclarecer un pequeño número de casos. El Poder Judicial, el órgano estatal con las mayores facultades constitucionales al respecto,  por diferentes causas, vigencia de la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado (1989 a 2011), entre otras, aunque no la única, no estuvo en condiciones de actuar con la eficacia y la eficiencia que la gravedad de lo ocurrido ameritaba. La Suprema Corte de Justicia, incluso, no las considera hasta el momento como Crímenes de Lesa Humanidad y ha autorizado las prisiones domiciliarias para los escasos condenados.

La investigación criminalística es decisiva

Dotar a la INDDHH de facultades reales para llevar a cabo investigaciones a fondo, con metodología criminalística, interrogando a los potenciales involucrados, allanando domicilios, solicitando compulsivamente información y archivos, son herramientas imprescindibles.

Al crear la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo han emitido un mensaje claro y contundente sobre su compromiso  con la Verdad de lo ocurrido y con la Justicia como herramienta fundamental para construir una sociedad sólida y democrática.

Dotar de recursos

Para cumplir los nuevos cometidos asignados a la INDDHH,  deberá ser dotada de los recursos básicos e imprescindibles para ello. Desde la perspectiva de nuestro colectivo no tenemos una visión optimista. Hasta el momento, la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, una gran herramienta en la batalla histórica por la construcción histórica del pasado,  para contrarrestar las tesis negacionistas, no cuenta con recursos para funcionar. 

La Oficina de Atención a las Víctimas del terrorismo de Estado (OAVTE), dependiente de ASSE y del MSP, a pesar de las reiteradas gestiones llevadas adelante por Crysol en los últimos dos años, no cuenta con los recursos para hacer frente a los pagos a los proveedores. Un mayor compromiso por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de los tomadores de decisiones al respecto, sería muy importante.

Un auténtico compromiso con la Verdad y la Justicia

La investigación, el esclarecimiento y la sanción de las graves violaciones a los DDHH es el principal camino a recorrer para que ellas no vuelvan a ocurrir. Es un camino imprescindible de afirmar las normas de derechos humanos, las disposiciones legales, el Estado de Derecho y afirmar la institucionalidad democrática.

La discusión que en las próximas semanas, antes de su receso debido al ciclo electoral, se procesará en el Senado y luego en diputados, será una prueba inexcusable para conocer el alineamiento de todos los partidos acerca de esta temática, tan importante y tan decisiva.

La INDDHH  ha sido un auténtico logro de la sociedad uruguaya de los últimos años para afirmar una convivencia más digna y más  humana. Ha jugado un papel importante en lo referido a la temática en general. Si bien ha sido duramente atacada y cuestionada en forma constante por los sectores reaccionarios y los medios de comunicación como El País, ha logrado un importante reconocimiento a nivel de toda la sociedad, en especial entre los sectores más vulnerables y desprotegidos de ella.

Otorgar a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo estas nuevas atribuciones para que pueda   investigar hechos de enorme trascendencia histórica y vital para la afirmación democrática,  tal como lo plantea el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, es una iniciativa valiosa y muy trascendente. Debería ser aprobado por unanimidad en ambas cámaras. No somos optimistas al respecto. Lo sucedido con la petición de destituir a generales en actividad que consideraron que torturar, asesinar y desaparecer a una persona detenida no afectaba el honor de las Fuerzas Armadas,  no fue votada por los senadores de   la oposición, es un motivo para ello.

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Opinando N° 15 – Año 8 – Martes 20 de agosto de 2019

viernes, 16 de agosto de 2019

"Silencio: ha muerto un estudiante"


La Diaria - 14 de agosto de 2019 | Escribe: François Graña en Posturas(*)

Ramiro Alonso
Esta nota y las precedentes (1) constituyen un avance de mi investigación sobre la pasión militante en los tardíos 60 y tempranos 70. Trataré aquí de los acontecimientos que, entre mayo y setiembre de 1968, se saldan con el asesinato de tres estudiantes en las calles de Montevideo.

En marzo de 1967, el Partido Colorado retomaba las riendas del Estado luego de dos períodos consecutivos de gobiernos blancos. El presidente electo, Óscar Gestido, moría súbitamente meses más tarde y asumía su vice, Jorge Pacheco Areco. El ex boxeador protagonizaría una gestión de mano dura cuasi dictatorial: gobierno en base a decretos, clausura de periódicos opositores, ilegalización de partidos, represión desenfrenada, introducción de la tortura en los interrogatorios policiales.

En esos años, el subsidio parcial del transporte colectivo constituía un alivio para decenas de miles de liceales montevideanos, y en especial para los hogares modestos erosionados por la carestía y la inflación, que en 1968 llegó a 180%. 

A fines de mayo de ese año, la Intendencia de Montevideo anunciaba un aumento en el precio del boleto. Fue la chispa que encendió la pradera seca; en pocos días la marea de protesta estudiantil subía incontenible. Se multiplicaban las asambleas de clase, la movilización ganaba las calles con una masividad inédita. En esas semanas, la Policía recibía la orden de abrir fuego sobre los manifestantes con sus armas de reglamento. Los baleados en los meses siguientes sumaban decenas, a los que se agregaban centenares de estudiantes heridos con sablazos y machetazos.2

En los meses venideros, el número de manifestantes y la virulencia de los enfrentamientos con la Policía subirían sin pausa. Del lado estudiantil, hacían su aparición los cócteles Molotov y los “cortes de fuego” callejeros hechos con cubiertas de automóvil rellenas de estopa o aserrín y rociadas con nafta. Ante el carácter masivo y sostenido de la movilización, las empresas transportistas cedieron temporalmente. Pero el compromiso oficial de mantener el precio del boleto no logró enfriar un clima de protesta y manifestación callejera en plena espiral ascendente. Los liceos seguían ocupados, se sumaban los universitarios, y la nueva consigna era “¡estudiantes a luchar por boleto popular!”.

“Había una especie de frenesí en los estudiantes, basado en la seguridad de estar en lo justo y en la percepción de la iniquidad del gobierno y de la Policía”, escribe un participante de aquellas movilizaciones que años más tarde analiza desde la ciencia social; “se palpaba la impresión de haber adquirido una nueva potencia que ponía en jaque al gobierno, mediante ese estado de movilización extendido e impersonal”.3

En los primeros días de junio se extendió la ola de manifestaciones callejeras y de enfrentamientos con la Policía. En la tarde del jueves 6, una marcha de liceales avanzaba por 18 de Julio desde la Universidad de la República hacia la plaza Independencia. En la calle Minas se detuvo un patrullero; bajaron de él varios policías, desenfundaron sus armas y abrieron fuego sobre los manifestantes. Cinco heridos de bala fueron internados; a uno de ellos se le debió amputar un brazo, otro quedó con un brazo semiparalizado de por vida, y un tercero, que había sido baleado en una pierna, quedaría rengo para siempre. 

Una semana más tarde, el Poder Ejecutivo decretó las Medidas Prontas de Seguridad (MPS), una modalidad de estado de excepción establecida en el artículo 168 de la nueva Constitución votada dos años antes. Las MPS podían aplicarse “en los casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior”, y autorizaban a encarcelar a cualquier persona por tiempo indeterminado, sin mediar acusación formal ni juicio alguno. 

En su argumentación se alude a la “perturbación profunda de la paz social y el orden público” resultantes de numerosos conflictos sindicales, en particular la banca oficial y otros empleados públicos.4 La atmósfera de estado de sitio y los métodos policiales expeditivos se instalaron de forma duradera en el país.

El 7 de agosto, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN) secuestraba al presidente de UTE, Ulysses Pereira Reverbel. Se había destacado desde el gobierno en la persecución a militantes sindicales, por lo que su secuestro constituía en sí mismo una acción propagandística contra el autoritarismo en ascenso. Dos días más tarde, en la madrugada, la Policía allanaba varias facultades sin orden judicial y sin la presencia de autoridades universitarias; pretendían buscar información sobre el secuestro. 

La presunción del gobierno de Pacheco era obvia: los “subversivos” no podían ser otros que los mismos “revoltosos” al frente de las manifestaciones estudiantiles en todos esos meses. Este grave acto de ilegalidad por parte de un gobierno no tenía precedentes; durante los allanamientos, los oficiales al mando de la operación prohibieron el acceso de las autoridades universitarias. El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República denunciaba con vehemencia los hechos, y en las calles se hacía sentir la reacción airada de los estudiantes, que intensificaban los enfrentamientos con la Policía.

Ese mismo día, un culatazo hundía el cráneo de un adolescente de 14 años; no participaba siquiera de manifestación alguna, caminaba solo por Colonia, a pasos de Tristán Narvaja. A 100 metros de allí, frente a la Biblioteca Nacional, una patrulla de Coraceros se ensañaba a golpes con un estudiante tirado en el suelo. 

Mario Eduardo Toyos, de 17 años, ingresaba al Clínicas en estado de coma con el parietal hundido; había recibido el impacto de una granada lacrimógena. No se trató de un accidente: la prensa opositora denunció que la Policía había sido instruida para apuntar al cuerpo con armas y lanzagases. Numerosos estudiantes heridos de bala eran atendidos en diversos centros de asistencia así como en domicilios particulares.5

Las movilizaciones “relámpago” de los estudiantes universitarios, secundados por los liceales, se sucedían en todo Montevideo. Consistían en una modalidad de manifestación callejera acorde con las nuevas formas de la represión policial; numerosos grupos de estudiantes se concentraban discretamente en ciertos liceos o facultades, y un rato más tarde circulaba de boca en boca el lugar y hora de la concentración, así como la consigna a corear.

Los acontecimientos se precipitaron. El lunes 12 de agosto, una manifestación conjunta de estudiantes de Veterinaria y de Odontología recorrió la avenida Larrañaga (hoy Luis Alberto de Herrera) en dirección a Rivera. Las demandas eran las mismas en todos esos días: más presupuesto para la Universidad y cese del avance autoritario en ciernes. 

El actual político frenteamplista y presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Héctor Lescano, por entonces estudiante de Veterinaria de 20 años, se encontraba allí. Todo sucedió muy rápidamente. La manifestación pasaba frente a la Facultad de Veterinaria, cuando “llega para reprimir lo que llamábamos una ‘chanchita’, un vehículo policial… y eran pocos policías, tres o cuatro”. 

El oficial Enrique Tegiachi se bajó del vehículo y baleó por la espalda a un manifestante situado a unos cuatro metros de distancia; el proyectil salió por la ingle izquierda, y –se sabría después– le seccionó la arteria femoral. El estudiante abatido empezó a perder sangre a borbotones. Un grupo de compañeros se acercó a socorrerlo; los policías les pidieron documentos, la asistencia al herido se demoró un lapso que sería crítico.

Una anécdota tragicómica da cuenta del componente lúdico que caracterizaba todavía a la protesta estudiantil, en dramático contraste con una represión brutal que se intensificaba día a día. Uno de los manifestantes arrebató la gorra al policía que había disparado su arma; “el gorro de este oficial de policía estuvo colgado varios días después de este episodio en el mástil de la Facultad de Veterinaria donde va la bandera nacional”, relata Lescano.6

El estudiante baleado fue internado de gravedad en el Hospital de Clínicas. Durante la intervención quirúrgica se le hizo un injerto en la arteria seccionada, y debió ser reanimado en dos oportunidades; luego de horas de incertidumbre, el equipo médico informó que se había logrado detener la hemorragia. Pero no pudo evitarse lo peor; el miércoles 14, la noticia de la muerte de Líber Arce recorrió la ciudad. Tenía 28 años, era militante de la Unión de la Juventud Comunista y estaba muy avanzado en la carrera de Mecánico Dental.

Ese día, el Ejecutivo prohibió la difusión de la noticia de su muerte; ya estaba vigente la censura previa a toda comunicación emitida por las autoridades universitarias. Sin embargo, nada impidió que más de 200.000 personas acompañaran al féretro hasta el cementerio del Buceo el jueves 15; sería el acto de repudio más masivo al gobierno de Pacheco. Muchos comercios cerraron, los ómnibus de la empresa estatal AMDET circulaban con una cinta negra en el parabrisas. “Silencio: ha muerto un estudiante”, se leía en una gran cartel colocado al frente de la Universidad.

"La brutal reacción del gobierno de Pacheco fue decisiva para estimular la lucha, proveyéndola de sucesivas motivaciones concretas: protestas contra la represión policial en mayo, contra la declaración de MPS en junio, contra la violación de la autonomía universitaria y la primera muerte de un estudiante en agosto. Estos dos últimos acontecimientos produjeron la conciencia de una ruptura de la paz uruguaya. Con muertos y heridos se derrumbó una imagen de sociedad".7

Semanas más tarde, la Policía adoptaba una nueva escopeta de cartucho para emplear en las manifestaciones estudiantiles. El 20 de setiembre, abrieron fuego contra los manifestantes en las inmediaciones de la Universidad. Hugo de los Santos, de 19 años, estudiante de Ciencias Económicas, cayó herido de muerte; un perdigón le había dado en el corazón. Susana Pintos, de 27 años, estudiante de la Escuela de la Construcción, también fue baleada; murió horas más tarde en el Hospital de Clínicas. Ambos eran militantes comunistas.8 

Un informe del Sindicato Médico del Uruguay da cuenta de la atención a más de 100 estudiantes heridos con perdigones.9 Ese mismo día, el ministro de Cultura, Federico García Capurro, cursaba una nota al rector de la Universidad: “Señor Rector: ante los acontecimientos permanentes y reiterados que tienen aparentemente su origen en los recintos universitarios –y que todo indicaría que siguen siendo utilizados como base de operaciones para la realización de delitos y atentados en la vía pública como el apedreo, el incendio de vehículos y las agresiones a las personas, bienes y comercios– y que, sin lugar a dudas, se utilizan, a pesar de las advertencias reiteradas del Poder Ejecutivo, como refugio de esas fuerzas del desorden para, desde adentro, continuar la acción de violencia hacia el exterior, requiero del señor Rector y de las autoridades de la Universidad la aplicación de medidas que impidan en definitiva la repetición de esos hechos intolerables”.10

El Uruguay liberal, moderado y contemporizador se desvanecía a ojos vistas. Tres años más tarde, Pacheco encomendaría a los militares la “lucha antisubversiva”; era el preanuncio de la larga noche de dictadura abierta.

François Graña es doctor en Ciencias Sociales, investigador y docente de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República.

Ediciones de la diaria del 24/7/19, 13/6/19, 16/5/19 y 18/5/18.
Marcha, 27/9/68, página 13.

Gonzalo Varela Petito (2002). El movimiento estudiantil de 1968. El IAVA, una recapitulación personal. Montevideo: Trilce, p. 72.

Vania Markarian (2012). El 68 uruguayo: El movimiento estudiantil entre molotovs y música beat. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, p. 41.

Nota de Guillermo Waksman en Marcha del 15/8/68, p. 10.

Testimonio recogido de www.youtube.com/watch?v=tl8Tdp4M8Zw

Gonzalo Varela Petito (1988). De la república liberal al Estado militar. Crisis política en Uruguay 1968-1973. Montevideo: Ediciones del Nuevo Mundo, p. 59.
Diario El Popular, 22/9/68.

Testimonio de Jorge Landinelli recogido de www.youtube.com/watch?v=tl8Tdp4M8Zw

Consejo Directivo Central (1968). Actas de sesiones. Año 1968/2, Acta N° 55, p. 1.247 (mimeo).

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miércoles, 14 de agosto de 2019

Galiani: una mente fuera de control


Ante las acusaciones públicas que ha formulado el Dr. Fabio María Galiani, ampliamente difundidas y destacadas por un medio de comunicación que siempre ha operado a favor de la impunidad para los grandes criminales de la historia uruguaya, señalamos que:

1) Los familiares de las víctimas, algunas de las cuales han sido cruelmente destratadas, incluso en los estrados por el Dr. Galiani, junto con las organizaciones sociales representativas de ellas, entre las que obviamente nos incluimos, han sido quienes han encabezado en Uruguay y en todo el mundo, en forma honoraria y onerosa, aún en las condiciones más duras y difíciles, arriesgando incluso sus propias vidas, la lucha por la Verdad y por juzgar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos.

2) Los hechos han demostrado que fue un error haber contratado los carísimos servicios del Dr. Galiani y un gran acierto haberlo desafectado de la causa. Su sustitución permitió que el capitán Jorge Tróccoli haya sido condenado recientemente con la  participación del Dr. Miguel Angel Toma en representación directa de un involucramiento gubernamental que como colectivo reclamamos en su momento al Dr. Tabaré Vázquez.

3) Las delirantes acusaciones formuladas contra reconocidos y destacados militantes en la lucha contra la impunidad como Raúl Olivera, el Prof. Oscar Destouet y la Dra. Mirtha Guianze son una auténtica canallada de una mente frustrada, enferma y resentida.

4) Nuestro total y público reconocimiento a todos los familiares y a los militantes que llevaron adelante esta causa judicial durante décadas, a todos los testigos, a todos los que la apoyaron y los agredidos públicamente. También al gobierno por su activa participación aunque debe redoblar, en esfuerzo y en intensidad, su compromiso,  cumpliendo a la mayor brevedad con las recomendaciones de los Relatores Especiales de ONU, de acuerdo a lo establecido por la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, en todos los planos, ya que es el estándar de calidad al respecto.

5) La investigación, el esclarecimiento y la sanción de las graves violaciones a los DDHH es el principal camino a recorrer para que ellas no vuelvan a ocurrir. Todos los generales que participaron en Tribunales de Honor que consideraron que quienes fueron procesados por la justicia no lesionaron la moral de las Fuerzas Armadas deben ser pasados a retiro aunque no se cuente con los votos de los senadores blancos, colorados y del partido independiente.


Montevideo, 14 de agosto de 2019

sábado, 10 de agosto de 2019

Acerca del "tercer vuelo" (*)

Militar dice haber sido testigo de “tercer vuelo” de la 

Fuerza Aérea en 1978

Denuncian un traslado de prisioneros nunca admitido; la FAU sostiene que perdió los libros de vuelo que permitirían chequear la información

Por Leonardo Haberkorn - El Observador - 10 8 19


La Fuerza Aérea realizó al menos un vuelo aun no admitido con un traslado masivo de prisioneros, además de los dos ya reconocidos en 2005, relató uno de sus exsoldados a El Observador.

El exmilitar, que revistaba en el escalafón técnico de la Fuerza Aérea, pidió que se reserve su nombre porque teme por su seguridad, pero indicó datos concretos para poder chequear la veracidad de su testimonio.

A diferencia del primer y segundo vuelo, ocurridos en 1976, el “tercer vuelo” habría sido realizado en 1978, entre abril y junio, en un Fairchild del Grupo 4 de la FAU, que habría aterrizado en la pista de la Base Aérea 1, contigua al aeropuerto de Carrasco.

Al igual que ocurrió con los dos vuelos de 1976, los prisioneros transportados habrían sido entregados al Ejército. La existencia de un “tercer vuelo” ya ha sido denunciada antes, pero ni el Ejército ni la Fuerza Aérea la han admitido.

El relato del exmilitar que habló con El Observador concuerda con una serie de datos ya corroborados y que desde hace años alimentan la teoría de que existió un vuelo que trasladó prisioneros uruguayos desde Argentina en 1978, y que hoy están desaparecidos.

“Era un pobre viejo”

El exmilitar –que no es una persona pública ni tiene acusaciones por violaciones a los derechos humanos– se dio a conocer mediante un mensaje enviado por internet y tras un intercambio virtual de preguntas y respuestas, aceptó ser entrevistado en su casa.

Dijo que la historia le pesaba en su conciencia y que se sentía liberado al relatarla.

“Ese día habían dado la orden de retirarse de la base a las ocho de la noche, pero yo estaba trabajando en la reparación de un motor junto con otro integrante de la fuerza y se nos pasó la hora”, relató. “De repente se apagaron todas las luces. Nos metimos en un edificio que estaba vacío y miramos a través de una persiana. Lo primero que vimos era que el personal que había tomado la guardia no era de nuestra base. Los soldados de la base usaban uniforme gris. Y los que habían llegado para hacerse cargo de la guardia tenían uniformes camuflados, botas más altas y fusiles FAL. En nuestra brigada todavía se usaba el subfusil M2”.

El informante agregó que luego aterrizó un Fairchild del Grupo 4. Y una larga fila de camionetas entró a la pista de aterrizaje.

“Eran camionetas Chevrolet del Ejército, nuevas, cerradas, sin ventanas atrás. Estaba oscuro y no se podía ver la matrícula o a qué unidad pertenecían. Eran unas 15. Recogieron lo que trajo el avión y se fueron. Al rato se encendieron las luces y la guardia otra vez estaba en manos de la gente de nuestra base”.

Por todo el contexto y la cantidad de camionetas del Ejército que estacionaron junto al avión, el militar no duda de que se trató de un traslado de prisioneros. Muchas veces vio otro tipo de transporte –incluso de contrabando traído de otros países de la región– y jamás se hacía esa operativa rodeada de tantas precauciones y secretismo.

El mismo militar retirado también fue testigo de otro vuelo internacional, en el cual se trasladó a un único prisionero, que fue efectuado en 1978 por un avión Bandeirante, perteneciente al Grupo 6. En ese caso vio de primera mano la preparación del vuelo y escuchó los comentarios de uno de sus tripulantes una vez finalizada la misión.

“Era un pobre viejo, con ropas rotosas”, dijo que le confesó uno de los tripulantes respecto al prisionero que habían traído desde otro país de la región, que pudo ser Argentina o Brasil.

Él siempre pensó que el trasladado fue el maestro Julio Castro, pero no tiene pruebas al respecto.

Desparecen los libros

La tarea de chequear la información del testigo hizo emerger otras revelaciones sorprendentes.

El Observador consultó al comandante de la Fuerza Aérea, general del aire Hugo Marenco respecto a la posibilidad de acceder a los libros de vuelo de los grupos de transporte para así cotejar el relato del denunciante.

“No sé si están todos completos. En realidad, nosotros no tenemos establecido por norma cuánto debemos mantener los registros. No tenemos una obligación legal de mantenerlos de por vida”, respondió Marenco en una entrevista en su despacho. Luego agregó: “Muchos de los viejos libros de vuelo están en el Museo Aeronáutico, pero no puedo decir que estén todos”.

Ante esta respuesta, El Observador realizó un pedido de acceso a la información pública, y solicitó a la Fuerza Aérea tener acceso a los libros de vuelo de sus grupos 3, 4 y 6, entre 1976 y 1979.

La respuesta al pedido de informes llegó el 15 de junio con la firma de Marenco y fue tan categórica como sorprendente. “No se poseen registros sobre actividad de grupos 3, 4 y 6 de la Fuerza Aérea Uruguaya, entre los años 1976 y 1979”.

Tal afirmación contradice anteriores documentos de la propia Fuerza Aérea.

En 2005 los libros de vuelo fueron citados en el informe que el entonces comandante Enrique Bonelli presentó al presidente Tabaré Vázquez. En aquel documento, en el cual se admitió por primera que la FAU había realizado los llamados primer y segundo vuelo, Bonelli escribió respecto a cómo hizo su investigación:

“Se realizaron averiguaciones referente a la actividad de vuelo desarrollada en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, por los Grupos de Aviación N° 3, N° 4 y N° 6 (Transporte) con asiento en la Brigada Aérea N° 1. Fueron consultados los tripulantes que cumplieron misiones de vuelo en dicho período y que no hubieran fallecido al presente. Las fuentes documentales de información utilizadas fueron los registros individuales de vuelo, los libros de vuelo y libros de marcha, existentes al momento de los Grupos de Aviación antes referidos (los 3, 4 y 6)”.

Bonelli no quiso hacer declaraciones pero fuentes cercanas a su persona señalaron que mantiene lo firmado en aquel informe.

Cinco años más tarde, en 2010, una revista oficial de la Fuerza Aérea señaló que los libros de vuelo estaban en el Museo Aeronáutico.

En la edición de ese año de Alabes, la publicación oficial de la Escuela Técnica de Aeronáutica de la FAU, se incluyó un artículo sobre el Museo Aeronáutico en el cual se lee: “Integran el museo varios órganos de consulta: la Biblioteca Sargento 1º (TE) Carlos L. Bernasconi que contiene libros de carácter aeronáutico e histórico, manuales de vuelo, motores, comunicaciones, aviones, armamento, mecánica, instrucción de vuelo para pilotos, medicina aeronáutica, reglamentos, libros de vuelo, diseños, enciclopedias, revistas y publicaciones”.

En 2013 el mayor aviador Leonardo Cortés publicó una monografía respecto a una de las aeronaves del Grupo 4, el Fairchild 572, un avión gemelo del que cayó en la Tragedia de los Andes y que sirvió a la aviación militar oriental entre 1972 y 1989. El trabajo se llama “El FAU 572: un hito de la Fuerza Aérea Uruguaya” y en él Cortés incluye una planilla extraída de las páginas del libro de vuelo del Grupo 4, del año 1989.

Un segundo pedido de informes elevado a la Fuerza Aérea para saber cuándo dejaron de tener los libros de vuelo de los grupos 3, 4 y 6 en el Museo Aeronáutico, quién tenía acceso a ellos y si existe constancia de que alguien los retirara, aún no fue respondido.

Muchas pistas desde 2005

Desde finales de 1977 y durante 1978, oficiales de inteligencia de la Armada y del Ejército desarrollaron una verdadera cacería en Argentina de militantes de los Grupos de Acción Unificadora (GAU), el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y otros grupos de izquierda menores.

Los detenidos fueron vistos en los centros de detención clandestinos Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Centro de Operaciones Tácticas I Martínez, donde se los torturó.

Según el testimonio de prisioneros argentinos sobrevivientes, a partir del 16 de mayo de 1978 los uruguayos allí detenidos dejaron de ser vistos. Y existen datos que apuntan a que fueron trasladados a Uruguay y muertos aquí.

Testimonios en ese sentido constan en el fallo por el cual el juez Luis Charles condenó en 2009 al expresidente de facto Gregorio Álvarez y al oficial de la Armada Juan Carlos Larcebeau, como culpables de estas desapariciones.

Soledad Dossetti, hija de un matrimonio de militantes del GAU detenidos en Buenos Aires, declaró: “Con respecto a posibilidad de los traslados, yo tuve conocimiento por primera vez de esa hipótesis hace 17 años, por intermedio de la prima-hermana de mi madre, Adriana García Ramos, cuyo esposo Jorge Alberto Torres, de nacionalidad argentina, era amigo íntimo del general Camps, quien les confirmó que mis padres estaban muertos y que habían sido trasladados al Uruguay”.

Los padres de Julio César D’Elía, otro de los detenidos, concurrieron a la embajada de Estados Unidos, “donde un funcionario de apellido Gordon les dijo que sus hijos habían sido muertos por la fuerzas uruguayas y quemados para no ser identificados”.

Las actas de los interrogatorios que se le hicieron a D´Elía en Argentina aparecieron en la Armada uruguaya. Lo mismo ocurrió con otros de los detenidos en 1977-78, sin que la Armada haya logrado explicarlo.

Ángel Gallero, que estuvo detenido en La Tablada,  dijo a la justicia que vio allí a Carlos Cabezudo, un militante del PCR que había sido detenido en Buenos Aires en las redades de 1977-78.

El tupamaro Ary Severo, al que le decían Negro Tatú, fue detenido en Buenos Aires en abril de 1978. Wilson Falero, que estaba detenido en Uruguay, oyó que pocos días después un oficial comentó: “El Negro Tatú sí que aguantaba y no largaba nada”.

Ante el juez Charles, dos marineros de la Prefectura Nacional Naval relataron haber visto un traslado clandestino de prisioneros desde Argentina a Uruguay, realizado en lancha en febrero de 1978.

El marinero Daniel Mauriño relató: “Al llegar a la playa encontramos tres autos y una persona que los estaba cuidando, vimos personas encapuchadas que habían bajado de una lancha de pasaje, similar a las de la línea Carmelo”.

Los encapuchados eran cinco. Cuando el oficial a cargo fue a ver qué pasaba, le indicaron que aquello “era un operativo” y que se tenían que retirar.

Rubí Veliz, otro marino de Prefectura, ratificó el relato. “Las personas estaban encapuchadas, eran unas cuatro o cinco, no alcanzamos a ver bien, había un grupito y se sentía el llanto (de una mujer). Se comentó que había intercambio de prisioneros con la Argentina, de ahí se está a un paso, hay diez minutos de lancha a la costa argentina”.

En base a las informaciones que pudo recoger, la Comisión para la Paz sostuvo que se presume que varios de los detenidos en Buenos Aires entre 1977 y 1978 fueron traídos a Uruguay en mayo de 1978, sin que luego se supiera más de ellos.

Se cree que los viajes en lancha pudieron ser dos, pero no explican la totalidad de los traslados que se habrían efectuado.

“A un grupo grande de compañeros los trasladaron el 16 de mayo de 1978. Hay testigos argentinos que relatan cómo los sacaron a todos juntos. Una posibilidad es que los trajeran acá en un vuelo y los hicieran desaparecer acá, como hicieron con los del segundo vuelo”, dijo a El Observador Martín Ponce de León, exviceministro de Industria.

Ponce de León escribió junto a al exsenador Enrique Rubio el libro “Los GAU. Una historia del pasado reciente”.

La existencia de un “tercer vuelo” fue denunciada en agosto de 2005 por el periodista Gabriel Pereyra desde páginas de El Observador.

Según aquel artículo, el vuelo había sido de Argentina a Uruguay con “al menos seis” detenidos. Y se hablaba de un “cuarto vuelo” en que se había trasladado a otros dos prisioneros hoy desaparecidos.

Pereyra identificó a sus fuentes como “exoficiales” de la dictadura.

De acuerdo con Pereyra, el “tercer vuelo” ocurrió “a mediados de 1978, trasladó “al menos a seis uruguayos detenidos en Argentina, los cuales fueron asesinados en Montevideo”. Ary Severo y Jorge Martínez Horminoguez, habrían sido dos de los trasladados.

Tras la denuncia, el entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli, se comprometió a investigar la existencia de ese tercer vuelo. Pero luego anunció que no había podido confirmarla.

En mayo de 2007, el periodista Roger Rodríguez informó en el diario La República que el 15 o 16 de mayo de 1978 una veintena de uruguayos había sido traidas desde Buenos Aires a Montevideo “en el marco de cuatro o cinco traslados ilegales que implicarían a 40 víctimas, que fueron ejecutadas y enterradas en Uruguay”.

Tal afirmación fue el resultado de una investigación conjunta llevada a cabo con el abogado Oscar López Goldaracena.

López Goldarecena dijo al periodista Emiliano Cotelo en 2008: “Ese traslado, por sus características, debió haber sido en un vuelo (cuando digo en un vuelo me refiero a un avión, no a una avioneta) o en varios o en varios lanchones o en varias avionetas, pero la hipótesis es que fue en un vuelo”.

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