Militares buscan condena a ley de amnistía en foros internacionales

Caso Dalmao. Abren cuenta en Abitab para contratar a un estudio jurídico

El País. 12 11 10. P. MELGAR / D. ISGLEAS

A partir del procesamiento del general Miguel Dalmao, un grupo de militares en actividad y retiro planea recurrir al pronunciamiento de organismos internacionales buscando la condena a la ley de Amnistía de 1985.

Al mediodía de ayer un grupo de militares de alto rango, en actividad y retiro, abrió una cuenta en Abitab para financiar la contratación de un bufete de abogados que presenten recursos en los tribunales internacionales de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos contra la ley de Amnistía, que luego de la dictadura benefició a los ex guerrilleros del MLN-T.

En 1985, el gobierno de Julio María Sanguinetti impulsó tres leyes para apoyar la restauración de la democracia: una ley que amnistió a los presos, la ley de Caducidad, y la ley de restitución de derechos para los funcionarios públicos destituidos en dictadura por razones ideológicas.

La movida de los militares procura, a la vez, conseguir el aporte de fondos para colaborar con la defensa del general Miguel Dalmao, procesado co-mo coautor de la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, ocurrida en 1974 en una unidad del Ejército.

Fuentes castrenses confiaron a El País que los militares planearon "una contraofensiva" frente a las distintas acciones legales emprendidas en aquellos tribunales internacionales por los grupos que denuncian violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

"andanada".

El procesamiento de Dalmao provocó el enojo de muchos oficiales en actividad. Algunos de ellos estiman que se viene "una andanada" de nuevos procesamientos por hechos de la última dictadura. En tal sentido, esperan que sean afectados unos veinte oficiales.

En ese contexto el malestar del generalato con el comandante del Ejército, Jorge Rosales, se mantiene. "Es un frenteamplista más y trabaja para el gobierno", dijo un alto oficial, que pidió no ser identificado.

Durante la reunión del generalato del martes 9, donde se analizó la situación de Dalmao, los mandos del Ejército pidieron al ministro de Defensa, Luis Rosadilla, que defendiera a la institución militar frente a los "ataques que viene sufriendo", según relató a El País uno de los participantes del encuentro.

En la reunión en el Comando, el ministro se comprometió a hablar con el presidente José Mujica para trasmitir la inquietud de los generales.

Fue entonces cuando hizo un comentario que sorprendió a los presentes, al suponer que Dalmao no era el responsable de la muerte de Sabalsagaray.

"Los que estuvimos presos sabemos que a los alférez no los dejaban ni pisar los calabozos", afirmó el ministro mirando fijo al centro de la mesa. Dalmao era alférez cuando ocurrió la muerte que se le imputa.

CompROMISO.

Por otra parte, el presidente Mujica admitió ayer que hubo un compromiso para recluir a Dalmao en una unidad militar. "Sí señor, lo convine", dijo el presidente.

Como informó El País, el compromiso con el Ejército fue asumido por él y el ministro Rosadilla. Dalmao, sin embargo, fue recluido en el cuartel de Coraceros.
Ayer, durante su visita a Soriano, Mujica reconoció que el incumplimiento del acuerdo se debió a "un problema con lo que dictó el señor juez" de la causa, el magistrado Rolando Vomero.

"Ni dispuse, ni sugerí, ni recomendé nada sobre el lugar de reclusión de ambos oficiales. Los jueces nada disponemos sobre eso. Esas disposiciones son resorte exclusivo del Ministerio del Interior", declaró Vomero a La República, tomando distancia de la decisión.

Vomero desmintió lo dicho por el subsecretario de Interior, Jorge Vázquez, en cuanto a que tanto Dalmao como el coronel retirado José Chialanza (el otro procesado por el homicidio) fueron a Coraceros por "solicitud del juez y una resolución del Ministerio del Interior".

Adicionalmente, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aseguró que la decisión de recluir a Dalmao en Coraceros fue resuelta "en consulta" con Mujica.

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