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lunes, 22 de noviembre de 2010

La lucha contra la impunidad a orillas del Rubicón

Por Raúl Olivera Alfaro (*). 16 11 10

La inminente condena al Estado uruguayo por parte de la CIDH, pone en debate el futuro posicionamiento del país en torno a los recaudos que ha ido tomando la comunidad internacional para defender efectivamente los derechos inherentes a la persona humana. En ese debate, han aflorado posicionamientos de integrantes del sistema político que han sembrado diferentes niveles de confusión en amplios sectores de la ciudadanía.

Es cierto que en todo debate puede ser legítimo que cada posición busque ubicarse en el terreno que le es más favorable de acuerdo a los intereses que en última instancia defiende. De ahí que sea importante saber qué es lo que se esta defendiendo para que ese recurso del debate no nos oculte lo esencial.

Para nosotros es el posicionamiento en torno a la legislación internacional y su ineludible concordancia con la legislación interna, lo que constituye el nudo de la cuestión en debate. Ese es el lugar desde el que debe ubicarse, no ya un discurso de izquierda, sino hasta el del más tibio progresismo.

Poner en cuestión la competencia de la CIDH para analizar la responsabilidad internacional del Estado uruguayo, en materia de derechos humanos, con el argumento de que la OEA no puede decirle al pueblo uruguayo lo que debe hacer, es desconocer que Uruguay al participar en su creación creyó necesaria la existencia de este organismo como garantía supranacional para vigilar el cumplimiento de los Estados de las obligaciones asumidas en instrumentos internacionales en esta materia.

Esa competencia la aceptó el Uruguay en 1985 a la salida de la dictadura. Y lo hizo soberanamente y en el entendido de que sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos serian supervisadas por este organismo. Esta es una obligación asumida por el Parlamento ante el pueblo uruguayo y frente a la comunidad internacional. Tal es su compromiso y creencia en la eficacia de este instrumento, que el Uruguay postulo y fue electo para integrar ese organismo al Dr. Alberto Pérez Pérez.

Fue un error y no corresponde poner en cuestión derechos inherentes al ser humano. Mediante plebiscitos o referéndum. Ese error lo cometimos en 1989, y el sistema político nos obligó cometerlo nuevamente en el 2005.

Pretender que nuevamente, ya sea para cuestionar o no una norma que establece que los uruguayos no somos seres humanos por carecer de esos derechos inherentes a las personas, es volver a tropezar con la misma piedra.

Los que pretenden esa peregrina idea deberían ubicar en su justo término lo que quieren que resuelvan los uruguayos: que renunciamos a ser seres humanos o serlos de segunda categoría apartándonos del amparo que la legislación internacional estableció para los seres humanos de las arbitrariedades de los estados.

El sistema político, está a orillas del Rubicón, y según lo que finalmente tenga el coraje o la cobardía de hacer, deberemos decir que LA SUERTE ESTA ECHADA.

(*) Ex preso político.

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