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jueves, 11 de noviembre de 2010

Acción penal. Familia del comunista Aldo Perrini Guala se presenta hoy ante la Justicia

Caducidad: fallo de la SCJ activó nueva denuncia por violación a DDHH en 1974. La declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en la causa "Organización de Derechos Humanos" tendrá hoy su primer efecto.

La República. 11 11 10

La familia de un militante comunista, Aldo Perrini Guala, muerto por torturas en las entrañas del Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia, en 1974, interpondrá una denuncia penal por el crimen.

La denuncia será presentada ante la jueza penal de 7º Turno, Mariana Mota, en virtud de su "conexión con los hechos" investigados en la causa caratulada "Organización de Derechos Humanos", sobre el cual recayera sentencia de inconstitucionalidad de la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado".

El caso de Aldo Perrini fue uno de los 19 crímenes perpetrados por el aparato represivo del Estado para los cuales la Ley de Caducidad fue declarada "inconstitucional e inaplicable", ante lo cual se habilitó la investigación de la totalidad de los responsables en el crimen, recuerda la denuncia elaborada por el abogado Oscar López Goldaracena.

Perrini fue detenido el 26 de febrero de 1974 en su domicilio de la localidad de Carmelo (Colonia), por personal militar, siendo trasladado al Batallón de Infantería Nº 4, donde fue "brutalmente" torturado. La detención de Perrini se concretó en el marco de una represión desatada en Carmelo contra opositores políticos, "especialmente contra jóvenes de ideología política de izquierda (...) identificados con el Frente Amplio".

"Todos los detenidos fueron encapuchados, esposados y brutalmente torturados mediante la práctica sistemática de la época: picana eléctrica, submarino mojado en tacho; potro o caballete; plantones y amenaza psicológica permanente". Testigos afirman que los torturadores "se ensañaron particularmente" con Perrini, hasta ocasionarle la muerte.

En este sentido, la muerte por torturas de Perrini pretendió ser ocultada, para lo cual un médico militar firmó un certificado asegurando que había ingresado "herido" al Batallón, siendo el cuerpo sin vida derivado al Hospital Militar, donde no se permitió su ingreso, recuerda la denuncia.

El cuerpo fue entregado a su familia el 4 de marzo de 1974, con un certificado de defunción donde señalaba muerte por "edema agudo de pulmón", aunque más adelante en respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (caso 2524), el gobierno dictatorial explicó su muerte por "edema agudo de pulmón y stress". El abogado denunciante afirma que la muerte pudo ser provocada a causa de la aplicación del "submarino".

En este aspecto, la familia de Perrini solicita investigar la posible participación de médicos militares en las sesiones de tortura desarrolladas en las entrañas del Batallón de Infantería Nº 4, por cuanto varios testigos afirman que los galenos supervisaban las mismas. La muerte se produjo cuando el jefe de la unidad militar era el general Boscan Hontou, ex comandante en jefe del Ejército en dictadura, hoy fallecido.

"La muerte de Aldo Perrini fue un homicidio político por torturas que, como se verá, califica de crimen de lesa humanidad y deberá ser indagada y determinadas las responsabilidades penales de sus autores, coautores y cómplices", por cuanto son de juzgamiento "necesario y obligatorio" para el Estado uruguayo. En este sentido, la familia reclama el "cumplimiento del derecho humano a un real y efectivo acceso a la justicia".

La denuncia promueve la citación de una decena de testigos, en su mayoría ex presos políticos, y la identificación y citación de una decena de militares activos en dicha unidad militar en 1974, así como de los tres médicos militares cuyas firmas aparecen en los certificados o autopsias elaboradas tras la muerte de Perrini. Asimismo, el escrito solicita una inspección judicial en el Batallón de Infantería Nº 4.

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