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viernes, 12 de noviembre de 2010

El Estado uruguayo asumirá su responsabilidad en caso Gelman


Reivindicará Comisión para la Paz

La República. 11 11 10.

Uruguay no desarrollará ninguna acción que apunte a deslindar su responsabilidad en la desaparición de María Claudia García de Gelman en las audiencias de la OEA del 15 y 16 próximos y se hará responsable. Se dirá que la Comisión para la Paz fue el primer órgano para el hallazgo de desaparecidos.

El Estado uruguayo se reconocerá responsable directo en los delitos perpetrados y caratulados como de lesa humanidad durante la dictadura militar, cuando se reúna la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y se lleven a cabo las audiencias del lunes 15 y martes 16 próximos en el marco del juicio iniciado por la familia Gelman contra el país.

Altas fuentes de la cancillería consultadas anoche por este diario y que solicitaron el anonimato, señalaron además que no habrá de aplicarse "ninguna táctica jurídica" que siquiera "roce con la intención de no proceder a reconocer la responsabilidad del Estado" en las violaciones a los Derechos Humanos y en la práctica del terrorismo de Estado y sobre la razón que asiste a los demandantes "en sus puntuales reclamos".

Uruguay, que estará representado en las dos audiencias de la semana próxima por los funcionarios Carlos Mata y Amelia Bastos del Ministerio de Relaciones Exteriores, informará sobre los pasos dados en materia de Derechos Humanos por el país y se remitirá, como primera medida al respecto, a la instalación de la Comisión para la Paz; órgano estatal promovido en el mes de agosto de 2000, por el entonces presidente Jorge Batlle.

Precisamente fue la Comisión para la Paz la que oficialmente recibió como primero el expediente del caso Gelman tras el anuncio hecho por el presidente Batlle apenas asumió, de que Macarena, la hija de María Claudia García de Gelman, había sido ubicada en Uruguay.

Julio María Sanguinetti, antecesor de Batlle, dijo días antes que "no está en las manos de nadie la capacidad milagrosa de dar una respuesta a la demanda del escritor (Juan Gelman), cuando no aparece nueva evidencia alguna y los hechos ocurrieron en Argentina y fueron protagonizados por argentinos".

Los delegados uruguayos en las audiencias del lunes y martes próximos aludirán también en la defensa sobre el contenido del discurso realizado por Tabaré Vázquez el 1º de marzo de 2005, apenas asumida la presidencia. Allí anunció que el caso de la desaparición de María Claudia García quedaba fuera del alcance de la Ley de Caducidad, como así también de otros casos de detenidos desaparecidos igualmente excluidos de la Ley.

Acerca de la Ley de Caducidad, Uruguay informará a la Comisión de DDHH que la norma fue puesta a consideración de la ciudadanía en un plebiscito y en un referéndum y que en ambas instancias obtuvo el resultado sabido. Además se ilustrará con que una ley interpretativa de la Ley de Caducidad tiene media sanción legislativa y que actualmente está siendo analizada por la bancada de senadores del partido de gobierno.

Los delegados uruguayos explicarán que la Suprema Corte de Justicia ya se expidió en más de una oportunidad en el carácter inconstitucional de la ley de Caducidad y se dejará en claro que "Uruguay defiende la separación de los Poderes del Estado" y que nuestro país "posee una rica historia en la defensa de los derechos humanos y en el respeto del derecho internacional".

También se ilustrará en estas audiencias sobre la vigencia de leyes ya promulgadas que contemplan la reparación de las víctimas del terrorismo de Estado "y fundamentalmente la ley 18.596" aprobada el 18 de setiembre de 2009 y que repara integralmente a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado, en el período comprendido entre el 13/06/1968 y el 28/02/85.

La familia Gelman, la parte demandante, reclamará determinar el paradero de María Claudia García de Gelman, el hallazgo de sus restos, el reconocimiento en un acto público de la responsabilidad que le cabe al Estado uruguayo sobre su destino, la colocación de una placa recordatoria en el lugar donde se encuentren sus restos, la confección de un protocolo oficial para la búsqueda y hallazgo de personas desaparecidas y hacer frente a todos los gastos que el trámite judicial internacional demande.

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