"Amplia omertá" para obstaculizar "el camino de la verdad y la justicia". La familia Gelman reclamó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) promover los mecanismos necesarios para dejar "sin efecto" la Ley de Caducidad. El poeta argentino habló de una "amplia omertá" para obstaculizar "el camino de la verdad y la justicia".
La República. 16 11 10
El poeta argentino Juan Gelman y su nieta Macarena Gelman solicitaron ayer a la CorteIDH impulsar los mecanismos necesarios para erradicar la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", del ordenamiento jurídico uruguayo por considerarla un obstáculo en la búsqueda de la verdad de los crímenes perpetrados durante la última dictadura.
"Yo espero que esta honorable Corte consiga de alguna manera que el gobierno uruguayo termine con la Ley de Caducidad", declaró Juan Gelman ante los siete ministros de la CorteIDH, durante la audiencia desarrollada en el marco de la demanda entablada por la familia Gelman contra el Estado uruguayo, por la vigencia de la norma.
En este sentido, el Estado uruguayo no brindó "absolutamente ningún apoyo" en la búsqueda de los restos de su nuera, María Claudia García, ni del paradero de la propia Macarena, siendo la Ley de Caducidad un obstáculo para el acceso a la Justicia de las víctimas del terrorismo de Estado. Gelman estimó necesario "voluntad política, más allá de las palabras".
Sin embargo, "pareciera que en nuestras sociedades existiera una especie de omertá, no sólo la militar, que niega la información, sino una omertá mucho más amplia, una suerte de tejido civil, militar, judicial, por el que se obstaculiza el camino de la verdad y por consiguiente el camino de la justicia", expresó Gelman ante la CorteIDH.
En tanto, Macarena Gelman catalogó como "bueno" el relacionamiento tenido con el actual y anterior gobierno uruguayo, pero estimó que si el Estado brindara los recursos humanos y materiales necesarios, podría esclarecerse en forma definitiva el paradero de los restos de su madre. "Los eventuales responsables viven hoy día y tienen esa información", señaló Macarena.
Asimismo, la joven reclamó dejar sin efecto la Ley de Caducidad para que "la Justicia actúe libremente" en las causas vinculadas a los crímenes de lesa humanidad.
Poder Judicial subordinado
La fiscal Mirtha Guianze afirmó que la aprobación de la Ley de Caducidad supuso "una subordinación del Poder Judicial al poder político", en virtud de la disposición emanada del artículo 3 de la norma, por la cual se establece que los jueces deben consultar en forma preceptiva al Poder Ejecutivo para determinarse si los casos están o no amparados en la norma.
La representante del Ministerio Público compareció ante la CorteIDH como uno de los peritos propuestos por la familia Gelman, como forma de narrar los inconvenientes ocasionados por la vigencia de la Ley de Caducidad en la indagatoria penal de los crímenes perpetrados por el aparato represivo del Estado en dictadura.
En este sentido, Guianze estimó que la normativa impugnada por la familia Gelman "consolidó la impunidad", por cuanto "clausuró por completo las investigaciones que se venían realizando" sobre la participación de militares y policías en delitos de lesa humanidad.
La fiscal valoró el cambio de criterio del Poder Ejecutivo durante la gestión de Tabaré Vázquez para determinar los casos amparados o no dentro de la norma, como forma de avanzar en varias de la indagatorias sustanciadas. Sin embargo, "la interpretación puede cambiar si cambia el gobierno o el criterio del presidente", señaló Guianze.
La misma situación puede presentarse con la posición de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), disponiendo la inconstitucionalidad de la norma, estimó Guianze. "La Ley de Caducidad existe y consagra la impunidad, porque la inconstitucionalidad se aplica al caso concreto", y con una nueva integración "el criterio puede cambiar", dijo.
La normativa uruguaya no permite revisar los casos ya resueltos en 1988, cuando el máximo órgano del Poder Judicial declaró la constitucionalidad de la norma. "No podemos reabrir esos casos", con lo cual la norma "sigue siendo una barrera infranqueable", afirmó Guianze.
Conformación de verdad
Por su parte, la activista por los derechos humanos y ex presa política Sara Méndez afirmó que "el avance que ha tenido las Justicia para conocer los hechos y para poder conformar una verdad sobre los acontecimientos (de la dictadura) ha sido en base a las víctimas, que han trabajado durante muchísimos años para obtener los datos".
En este sentido, Méndez afirmó que muchos detalles pudieron conocerse en base al testimonio de ex presos políticos "que en un contexto muy difícil del Uruguay" prestaron colaboración con los militares, por lo cual "tuvieron contactos directos con la guardia y conocimiento de los archivos" vinculados con los interrogatorios de otros detenidos.
Asimismo, "casi un 90% de los delitos cometidos durante el período de la dictadura", cuyas denuncias fueron presentadas ante la Justicia en los primeros meses posdictadura, "quedaron paralizados" en virtud de lo dispuesto por la Ley de Caducidad, señaló Méndez.
La demanda de la familia Gelman contra el Estado uruguayo fue interpuesta en 2006 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (violación de las garantías judiciales y de protección judicial de las víctimas), entre otros, ante la clausura de la indagatoria judicial en Uruguay por el crimen de María Claudia García, en atención de los preceptos emanados por la Ley de Caducidad.
El proceso culminó el pasado 21 de enero cuando la CIDH resolvió elevar el caso ante la CorteIDH, cuyos fallos son inapelables y de cumplimiento obligatorio para los Estados. La sentencia del máximo órgano jurisdiccional del concierto interamericano se conocería sobre principios de 2011.
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