Piden anular decreto que abre casos de la dictadura. Los retirados militares pedirán una reunión al presidente José Mujica para solicitarle que anule el decreto que desarchivó 80 casos que estaban amparados en la ley de Caducidad. Estiman que unos 500 oficiales podrían ser convocados por la Justicia.Ultimas Noticias. 2 7 11
Los clubes de retirados militares se reunirán el martes para resolver las medidas a adoptar ante el decreto firmado por el presidente José Mujica, que desarchivó 80 casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Ese día analizarán los detalles de un recurso administrativo que presentarán ante el Poder Ejecutivo. Si bien la decisión formal todavía no fue adoptada, los retirados comparten la idea de pedir una reunión a Mujica para plantear su preocupación por lo que consideran un “aceleramiento” de los juicios que los implican.
La inminencia de la prescripción de los delitos, que tendrá lugar el 30 de octubre, los lleva a pensar que los procesos judiciales se acelerarán. “El desarchivo de estos casos significa que entre 400 y 500 oficiales podrán ser llamados a declarar si se reabren las causas. Este decreto agrega una nueva inconstitucionalidad. Es una monstruosidad”, dijo a Ultimas Noticias un integrante del Foro Libertad y Concordia, quien prefirió no ser identificado porque “el clima está demasiado enrarecido”.
Cuando Mujica habilitó el desarchivo del caso del militante tupamaro Álvaro Balbi, los retirados presentaron un recurso administrativo pero todavía no obtuvieron respuesta. En este caso, proyectan apelar a los planteos efectuados por diversos constitucionalistas, entre ellos el catedrático Ruben Correa Freitas, quien ayer planteó su punto de vista en la publicación colorada “Correo de los Viernes”.
Para Correa Freitas, el decreto presidencial “está viciado de nulidad, siendo además inoportuno e inconveniente, al desconocer el pronunciamiento de la ciudadanía en 1989 y en 2009, al rechazar el recurso de referéndum contra la Ley Nº 15.848 y al rechazar el proyecto de reforma constitucional que proponía la anulación de la Ley de Caducidad”.
En ese sentido, advirtió que “en todas las causas penales en las cuales hubo una sentencia interlocutoria, se ha producido la “cosa juzgada”, por lo que las personas amparadas tienen un derecho adquirido en forma legítima, que un decreto posterior no puede desconocer”.
En base a la doctrina planteada por los catedráticos Luis Arcos Ferrand, Justino Jiménez de Aréchaga, Enrique Sayagués Laso, Héctor Gros Espiell y Alberto Ramón Real, afirmó el “principio de la irretroactividad de los decretos del Poder Ejecutivo, que son normas generales y abstractas”.
Por su parte, el presidente del Centro Militar, coronel Guillermo Cedrés, dijo a Ultimas Noticias estar “totalmente en desacuerdo” con la intención de “retrotraer” la discusión de la dictadura. “Yo me afilio a la posición de 60% de los uruguayos, que piden terminar con el tema; pero considero que con esto el gobierno no termina con el tema”, agregó.
Cedrés informó que los abogados del Centro están a disposición de sus socios para asesorarlos, en caso de presentar recursos contra el desarchivo.
Mientras tanto, en el generalato del Ejército la noticia tampoco pasó inadvertida. Uno de los principales jerarcas aseguró a Ultimas Noticias que muchos de ellos solicitaron informes jurídicos a sus abogados para saber el alcance del decreto oficial. “Dicen que es una payasada, que cualquier juez, razonablemente, va a decir que es inconstitucional”, comentó el mismo general. “Pero todo el mundo sabe que el derecho lo ponen para el lado que quieren”, concluyó.
VEINTISÉIS PRESOS EN DOMINGO ARENA Y CORACEROS
Hasta el momento, 26 militares han sido procesados con prisión por diversos delitos cometidos durante la dictadura. El general Miguel Dalmao es el único que estaba en actividad en el momento de su procesamiento y fue el primero en ser remitido a la Guardia de Coraceros. Si bien en su caso la medida se adoptó por tratarse de un oficial en actividad, el siguiente procesado, que fue el coronel (r) Tranquilino Machado, también fue enviado a Coraceros porque ya no quedaba lugar en la cárcel de Domingo Arena. Fuentes castrenses dijeron a Ultimas Noticias que “está claro que vamos de mal en peor y sin perspectiva de mejorar”. Los militares temen que en los próximos meses, los procesamientos se multipliquen.
ASEGURARON LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, dijo a Ultimas Noticias que el gobierno uruguayo no realizará “nada que pueda constituir un atisbo de violación a la ley y la Constitución”, al ser consultado sobre la posibilidad de atender la prescripción de los delitos cometidos en dictadura (1973-1985), previsto para noviembre de 2011.
“El Poder Ejecutivo tiene un deber ético de investigar para que se juzguen las violaciones a los derechos humanos. Tenemos un deber ético de respetar la Constitución, desde que el presidente y todos los jerarcas guardamos honor a la ley al ser investidos en el cargo”, agregó.
“Queremos ser enfáticos en no generar controversia. El gobierno no avala solución que tenga la posibilidad de ser controvertida, venga de quien venga, ya sea de la fuerza política como del Parlamento”, insistió el funcionario.
El gobierno, además, entiende que el decreto recientemente firmado por el presidente Mujica para desarchivar las 80 causas de violaciones a los derechos humanos es “legal y constitucional”. Si bien ningún familiar de detenidos desaparecidos se acercó al Poder Ejecutivo para solicitar el desarchivo del caso, el gobierno resolvió actuar en forma global para cerrar el tema. El Frente Amplio había reclamado una solución en ese sentido.
A diferencia del gobierno, los militares en actividad razonan que si los actos administrativos de gobiernos anteriores al de Tabaré Vázquez no tienen “legitimidad”, como asegura Presidencia, tampoco tendrán valor otros actos como entrega o venta de terrenos, por ejemplo.
A juicio de varios oficiales, con el decreto el gobierno sienta un precedente “peligroso”.
GELMAN: “ES UN PASO IMPORTANTE”
Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, dijo a Ultimas Noticias que valora “mucho” la decisión del gobierno para desarchivar las 80 causas. “Me parece un paso muy importante”, aseguró, pero al mismo tiempo destacó que se trata del “principio”.
“A partir de ahora habrá que estar atentos a cualquier inconveniente que pueda surgir, y está pendiente de resolverse el tema de la pres- cripción, que de acuerdo a la sentencia (de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) no debe ser un obstáculo”, comentó.
Por otra parte, el gobierno incluyó en el artículo 59 del proyecto de Rendición de Cuentas y Balance presupuestal del ejercicio 2010, la autorización para que el Ministerio de Economía y Finanzas pague las sentencias judiciales dictadas en países extranjeros contra el Estado uruguayo, que impliquen el pago de una cantidad de dinero líquida. En el fallo del caso Gelman, la Corte Interamericana obliga al Estado uruguayo a indemnizar a la familia.
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