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domingo, 3 de julio de 2011

La legitimidad caducada

UN CENTENAR DE CASOS FUERON AMPARADOS EN LA LEY 15.848

Mujica decreta ilegitimas las resoluciones de sus antecesores. La Suprema Corte recibe hoy su decisión de reabrir todas las causas amparadas en la caducidad. Los juristas proponen una ley que amplíe los plazos de prescripción de los delitos de la dictadura. No descartan derogar la ley de impunidad. Defensa de los criminales argumentará “cosa juzgada”. Hay rumores sobre el traslado de la jueza Mota.

Caras y Caretas. 1 7 11. Por ROGER RODRIGUEZ

rogerrordriguez@adinet.com.uy

El presidente José Mujica enviará esta tarde a la Suprema Corte de Justicia un decreto gubernamental por el que anulará, por falta de “legitimidad”, todas las resoluciones presidenciales por las que casi un centenar de denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura fueron amparadas en la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado.

La decisión del gobierno procura cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, al condenar a Uruguay por el Caso Gelman, ordenó “dejar sin efectos” lo hecho a través de la polémica Ley 15.848 que, aún fue mantenida en dos plebiscitos, contradice las normas internacionales y la propia Convención de Derechos Humanos de la OEA.

El Poder Ejecutivo anunció su decisión a través del secretario de la presidencia, Alberto Breccia, luego de la reunión de gabinete del pasado lunes y a la misma hora en que una delegación de la organización “Hijos” de desaparecidos, aguardaba en la antesala para entregar un petitorio en el que reclamaba, precisamente, la anulación de esos actos administrativos.

El anuncio de Mujica, realizado a 120 días del fallo del organismo jurisdiccional de la Organización de Estados Americanos, acelera ahora los tiempos del Poder Judicial y del Poder Legislativo, los cuales, como parte del Estado uruguayo, también están obligados a cumplir el fallo y deberán encontrar soluciones a varios problemas que la situación genera.

En particular, juristas y legisladores han comenzado a analizar algún tipo de solución ante el vencimiento de los plazos de prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura, que se contabilizan desde el 1º de marzo de 1985, cuando asumió el gobierno electo, hasta el 1 de noviembre de 2011, un período de 26 años y ocho meses, equivalentes a una pena máxima ampliada.

Ley de “imprescripción”

El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Milton Cairoli, como el constitucionalista José Luis Korseniak y el ex juez Federico Álvarez Petraglia, se han pronunciado sobre la posibilidad de legislar para lograr una ampliación de los plazos de prescripción a través de una norma que considere extender los tiempos de algunos delitos o establecer que no debe contabilizarse el período en el que la Ley de Caducidad impidió la acción de la justicia.

La posibilidad, no fue descartada por varios legisladores y, aunque el tema aún no se ha incluido en la agenda de las bancadas parlamentarias del oficialismo, ya se han escuchado voces que consideraron poco acertado volver a generar un debate en la interna del Frente Amplio luego de la crisis interna (renuncia de un senador, alejamiento de otro y desacato de un diputado) que provocó el fallido intento de anulación de la Ley 15.848.

Las senadoras Constanza Moreira y Mónica Xavier, durante un debate realizado esta semana en la “Casa del Pueblo” del Partido Socialista coincidieron en que sería preferible que la iniciativa legislativa parta desde el propio Poder Ejecutivo, como un modo de asegurar el apoyo de su mayoría parlamentaria sin nuevos incidentes como los sufridos semanas atrás.

La imprescriptibilidad también podría lograrse, según otras opiniones, a través de una ley interpretativa donde se reafirme que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y perseguibles en forma retroactiva, para evitar situaciones como la provocada por un reciente fallo de la SCJ que consideró los casos de desaparición como homicidio especialmente agravado.

El carácter de delito contra la humanidad de los casos de tortura, por ejemplo, fue el centro de los debates del 2º Encuentro Latinoamericano por Memoria, Verdad y Justicia realizado en Uruguay el pasado fin de semana, donde se aprobó una declaración denominada “Compromiso de Montevideo” donde se exige expresamente la aplicación de la tipificación de imprescriptibilidad.

Tampoco se descarta la posibilidad de que el Parlamento retome las iniciativas que promovían la derogación de la Ley de Caducidad (el Partido Nacional hizo una propuesta un año atrás) que podría incluir una cláusula de ampliación de los tiempos de prescripción. El ex senador Juan Raúl Ferreira propuso esta semana un gran acuerdo nacional para quitar la ley del ordenamiento jurídico.

Lo que se “descaduca”

La comunicación que hoy enviará el Poder Ejecutivo a la Suprema Corte de Justicia promoverá que se solicite a todos los juzgados penales del país una indagación interna sobre qué casos fueron archivados por la Ley de Caducidad ya que, aunque a nivel presidencial se maneja una cifra de más de ochenta casos, no se tiene una información ordenada de las resoluciones de los anteriores gobiernos.

El tema fue uno de los problemas que tuvo que enfrentar el equipo de técnicos de la Universidad de la República que bajo la coordinación del historiador Álvaro Rico realizó las investigaciones oficiales sobre los casos de desaparición forzada y sobre otros capítulos del terrorismo de Estado y la represión impulsada por el gobierno cívico-militar entre 1973 y 1985.

Los tomos II y III de la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos contabilizan 50 casos de desaparición forzada (22 en Uruguay y 28 en Argentina) que, tras ser denunciados ante la justicia penal, terminaron siendo afectados por la Ley de Caducidad. En el tomo IV se señalan otras 34 denuncias de violaciones a los derechos humanos que también se archivaron.

Con excepción del Caso de María Claudia García de Gelman, amparado por Jorge Batlle, todas las causas de desaparición forzada fueron cerradas por el presidente Julio María Sanguinetti, que también impidió la investigación judicial de diez de las 16 muertes incluidas en la Ley 15.848. Otras cuatro las amparó Luis Alberto Lacalle, una Enrique Tarigo y otra Tabaré Vázquez (ver cuadro).

Sin embargo, desde que asumió el primer gobierno del Frente Amplio en 2005, fueron reabiertas ocho causas de desaparición forzada, once casos de muertes y una denuncia sobre los escuadrones de la muerte, que inicialmente se habían archivado y sobre las que se presentaron nuevas pruebas “supervinientes” por las que los jueces pudieron continuar con sus indagatorias.

Las “cosas juzgadas”

Aunque en definitiva será cada juez quien resuelva la continuación de las causas desafectadas de la caducidad, la decisión del presidente Mujica promete alguna reacción de parte de los grupos de militares retirados que este año salieron públicamente en una “ofensiva psicopolítica” para presionar al gobierno y la justicia en el tema derechos humanos.

Desde los abogados y juristas que asesoran a los “indagables” ya se anunció una nueva batalla jurídica en la que alegarán que los actos administrativos son cosa juzgada y recurrirán el decreto del gobierno ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. “Es un disparate, es inconstitucional y violatorio de todo el sistema de derechos humanos”, dijo Augusto Durán Martínez, ex prosecretario del presidente Lacalle.

Por el contrario, el abogado Pablo Chargonia, uno de los promotores de causas de derechos humanos, opinó que "No existe la cosa juzgada administrativa desde hace muchísimo tiempo, porque desde la perspectiva administrativa, el Estado tiene el derecho y el deber de ajustar sus conductas ilícitas" y recordó que el fallo de la Corte Interamericana también incluye al Poder Judicial y al Tribunal de lo Contencioso.

En el ámbito judicial también se espera la reacción de la Suprema Corte de Justicia ante la comunicación de la resolución del Poder Ejecutivo, en particular porque organismos de derechos humanos ya han comenzado a realizarle petitorios en forma directa para desarchivar causas amparadas en la Ley de Caducidad ante el fallo de la Corte Interamericana. El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) hizo un pedido concreto para reabrir el caso de desaparición de Luis Eduardo González González.

La atención sobre los ministros del Poder Judicial también abarca a sus futuras resoluciones administrativas, ya que en corrillos judiciales se dice que podrían ordenarse cambios en la titularidad de algunos juzgados. Las versiones señalan la eventualidad de un traslado (¿sanción?) de la jueza Mariana Mota, quien instruye varias de las causas más importantes y ha sido blanco de ataques de quienes apoyan a los violadores de los derechos humanos.

LO QUE LA IMPUNIDAD ARCHIVÓ


Desaparecidos Fecha Denuncia Caducidad Presidente (En Uruguay)


Luis Arigón 13/07/77 Juzgado Penal de 4º turno 30/05/89 Sanguinetti

Oscar Baliñas 21/06/77 Juzgado Penal de 5º turno 13/03/89 Sanguinetti

Ricardo Blanco 16/01/78 Juzgado Penal de 9º turno 27/10/88 Sanguinetti

Eduardo Bleier 29/10/75 Juzgado Penal de 4º turno 17/11/88 Sanguinetti

Juan Brieba 30/10/75 Juzgado Penal de 4º turno 31/10/88 Sanguinetti

Héctor Castagnetto*17/08/71 Juzgado Penal de 7º turno 25/05/87 Sanguinetti

Julio Castro* 01/08/77 Juzgado Penal de 1º tueno 05/09/89 Sanguinetti

Julio Correa 16/12/75 Juzgado Penal de 4º turno 05/09/89 Sanguinetti

U. Cháves Sosa* 28/05/76 Juzgado Penal de 13º turno 16/10/89 Sanguinetti

Julio Escudero 29/10/76 Juzgado Penal de 4º turno 10/08/89 Sanguinetti

Mª G. de Gelman* 24/08/76 Juzgado Penal de 2º turno 28/11/03 Batlle

H. Gelós Bonilla* 02/01/76 Juzgado 4º de Maldonado 30/12/88 Sanguinetti

Roberto Gomensoro* 12/03/73 Juzgado Penal de 1º turno 16/10/87 Sanguinetti

Luis E. González 13/12/74 Juzgado Penal de 11º turno 15/05/89 Sanguinetti

M. Mato Fagián 29/01/82 Juzgado Penal de 8º turno 15/12/88 Sanguinetti

Fernando Miranda 30/11/75 Juzgado Penal de 9º turno 27/10/88 Sanguinetti

O. Montes de Oca 17/12/75 Juzgado Penal de 7º turno 08/07/88 Sanguinetti

Feliz Ortiz 16/09/81 Juzgado Penal de 9º turno 21/04/87 Sanguinetti

A. Paitta Cardozo 21/09/81 Juzgado Penal de 9º turno 28/04/87 Sanguinetti

E. Pérez Silveira 05/05/74 Juzgado Penal de 10º turno 09/07/87 Sanguinetti

Amelia Sanjurjo 02/11/77 Juzgado Penal de 4º turno 09/07/87 Sanguinetti

Oscar Tassino 19/07/77 Juzgado Penal de 10º turno 17/10/88 Sanguinetti


(En Argentina)

Armando Arnone 01/10/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti

Francisco Candia 17/06/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti

Casimira Carretero 01/10/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti

Washington Cram 28/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti

Mario Cruz 26/08/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti

Segundo Chegenián 01/10/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti

Graciela Da Silveira 01/10/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti

León Duarte 13/07/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti

Juan Errandonea 26/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti

Gerardo Gatti 09/06/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti

Victoria Grisonas 26/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti

María E. Islas 27/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti

Roger Julién 26/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti

Josefina Keim 23/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti

Rafael Lezama 01/10/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti

Alberto Mechoso 26/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti

J. Méndez Donadio 15/06/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti

Juan Morales 26/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti

Miguel A. Moreno 01/10/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti

Ruben Prieto 30/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti

Washington Queiro 04/10/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti

Juan Pablo Recagno 02/10/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti

Carlos Rodríguez 01/10/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti

Julio Rodríguez 15/06/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti

Adalberto Soba* 26/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti

Raúl Tejera 26/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti

Cecilia Trías 28/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti

Jorge Zaffaroni 27/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti

Muertes

Gerardo Alter* 19/08/73 Juzgado Penal de 4º turno 17/11/88 Sanguinetti

Alvaro Balbi* 29/07/75 Juzgado Penal de 12º turno 21/10/88 Sanguinetti

Gilberto Coghlan* 31/07/73 Juzgado Penal de 1º turno 09/12/88 Sanguinetti

Ivo Fernández* 18/01/76 Juzgado Penal de 1º turno 25/06/90 Lacalle

H. Gutiérrez Ruiz* 20/05/76 Juzgado Penal de 11º turno 14/03/89 Sanguinetti

Amelia Lavagna* 29/03/75 Juzgado Penal de 1º turno 25/06/90 Lacalle

Pedro Lerena* 29/09/75 Juzgado Penal de 12º turno 25/06/90 Lacalle

Julián López* 05/01/76 Juzgado Penal de 3º turno 22/05/87 Sanguinetti

Diana Maidanik 21/04/74 Juzgado Penal de 8º turno 15/12/88 Sanguinetti

Zelmar Michelini* 20/05/76 Juzgado Penal de 11º turno 14/03/89 Sanguinetti

Eduardo Mondello 09/03/76 Juzgado Penal de 1º turno 25/06/90 Lacalle

Laura Raggio 21/04/74 Juzgado Penal de 8º turno 15/12/88 Sanguinetti

Silvia Reyes 21/04/74 Juzgado Penal de 8º turno 15/12/88 Sanguinetti

Vladimir Roslik 16/04/84 Juzgado de Fray Bentos 23/06/87 Tarigo

Nibia Sabalsagaray* 29/07/74 Juzgado Penal de 10º turno 07/06/05 Vázquez

William Whitelaw* 20/05/75 Juzgado Penal de 12º turno 21/10/88 Sanguinetti

Otras denuncias amparadas


Rodríguez Larreta Piera, Enrique (Orletti) Juzgado Penal de 2º turno

Detta, Menotti, Martínez, Musso, Burgel y otros (Torturas) Juzgado Penal de 3º Turno

López Silva Ariel (Enterramientos en el Batallón 13) Juzgado Penal de 3º turno

Rodríguez Díaz, Universindo y otra (Secuestro) Juzgado Penal de 7º turno

Luis Batalla (muerte por torturas) Juzgado Penal de 9º turno

De Mello Delgado, Márquez González, Mirtha Nélida Juzgado Penal de 3º turno

Alsina Gustavo, Grassi Aizpun Abayuba, y otros Juzgado Penal de 9º turno

Villamarín Marrero, Elbio Ademar Juzgado Penal de 3º turno

Perdomo Rodríguez, Ricardo y Esteffanell, Marcelo Juzgado Penal de 7º turno

Piedecasas José, Barboza Suarez Abel Juzgado Penal de 7º turno

Federación Médica del Interior Juzgado de Flores

Lorenzo Rovira, Nelson (Escuadrón de la Muerte)* Juzgado Penal de 3º turno

Oxandabarat Nora y otra Juzgado Penal de 1º turno

Casatera, Adriana y otros Juzgado Penal de 1º turno

Suprema Corte de Justicia eleva denuncia Lorenzo Rovira Juzgado Penal de 9º turno

Piegas Cavalheiro, Juan Eduardo Juzgado Penal de 11º turno

Cáceres Juan Antonio y otros Juzgado 2º de Paysandú

Junta Departamental de Salto denuncia Juzgado 1º turno de Salto

Begue Iparraguire José María Juzgado Penal de 6º turno

Stella Curbelo, Julio Omar. Su declaración Juzgado Penal de 7º turno

Machi Torre, Jessi. (Homicidio) Juzgado Penal de 12º turno

Declaraciones de Siloa Paredes Juan Antonio Juzgado Penal de 6º turno

Denuncia apremios


Antonio Pires Da Silva Juzgado Penal de 6º turno

Blanco Martínez de Badano, Alba Juzgado Penal de 9º turno

Exposición del senador Araújo por violaciones de ddhh Juzgado Penal de 7º turno

Manera Adrián, Su denuncia Juzgado Penal de 1º turno

Tribunal de Apelaciones d 3er. Turno remite Juzgado Penal de 12º turno

Mendoza Daoiz y Sassi de Mendoza Amalia Juzgado Penal de 2º turno

Macchi Jessi y otros Juzgado Penal de 1º turno

Schneckennburger, Carlos Juzgado de Maldonado

Ayala Sánchez, Romero Asís Juzgado Penal de 5º turno

Exposición escrita senador Araujo Juzgado Penal de 5º turno

Fernández Caveles, Conrado Domingo y otros. Juzgado de Maldonado

Almeida de Quinteros, María (desaparición de su hija)* Juzgado Penal de 1º turno


* Los casos fueron reabiertos por los gobiernos del Frente Amplio.

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