DECLARAN INCONSTITUCIONAL UNA LEY QUE PERMITIA JUZGAR A
MILITARES
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Las causas por los crímenes de la dictadura podrían quedar
archivadas. Por eso la senadora y primera dama Lucía Topolansky dijo que se
plantea la posibilidad de realizar un juicio político a los jueces de la Corte
Suprema.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay declaró ayer
inconstitucional una norma aprobada en 2011 que impedía la prescripción de los
delitos cometidos por uniformados durante la dictadura uruguaya (1973-1985),
por lo que aquellos crímenes podrían quedar impunes y las causas, archivadas.
La senadora Lucía Topolansky, dirigente y esposa del presidente, José Mujica,
manifestó en conferencia de prensa que se plantea la posibilidad de realizar un
juicio político a los jueces de la Corte. En este contexto, el gobernante
Frente Amplio (FA) y otras organizaciones convocaron para el lunes a marchar en
repudio al fallo.
En su decisión, el máximo tribunal de justicia declaró
inconstitucionales los dos primeros artículos de la Ley 18.831, que
restablecieron el “pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para
los delitos cometidos por la aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de
marzo de 1985”, considerados de lesa humanidad. El principal argumento en el
que coincidieron los ministros es en que la ley penal no puede aplicarse
reatroactivamente.
La ley de “imprescriptibilidad” de los casos de violaciones
a los derechos humanos en la dictadura uruguaya, declarada ahora
inconstitucional, había sido promovida por la gubernamental coalición de
centroizquierda FA, aunque con alguna disidencia interna. También había sido
cuestionada por la oposición política con el argumento de que desconoció dos
pronunciamientos populares –en 1986 y 2009– en favor de una ley que a la salida
de la dictadura amnistió a los policías y militares que participaron en secuestros,
violaciones y asesinatos de opositores durante el régimen de facto.
La resolución contó con el voto positivo de cuatro de los
cinco ministros que integran la Suprema Corte de Justicia, informó su portavoz,
Raúl Oxandabarat, citado por la edición electrónica del diario El País, de
Montevideo. Añadió que a partir de ahora las causas judiciales abiertas en las
que hay militares procesados por delitos cometidos durante la última dictadura
deberán ser archivadas, al entenderse que prescribieron.
Sin embargo, y ante la
reacción y repudio del Frente Amplio y varias organizaciones, Oxandabarat
pareció rectificarse al afirmar que “la declaración de inconstitucionalidad de
dos artículos de la ley que impedía la prescripción de los delitos de la
dictadura no significa el archivo automático de todas las causas abiertas por
aquellos crímenes”.
El portavoz explicó que esa interpretación es “un
disparate” y enfatizó que el alto tribunal “solamente se pronuncia sobre un
caso concreto”. “Los jueces tienen independencia para aplicar lo que quieran”,
añadió. La rectificación del vocero de la Corte, de todos modos, no explica de
qué forma un dictamen del máximo tribunal sobre un recurso de
inconstitucionalidad, en este caso presentado por los coroneles Rudyard
Scioscia y Mario Cola, no sienta jurisprudencia para otras causas.
Según el diario uruguayo La República, Topolansky puso de
manifiesto que se plantea la posibilidad de realizar un juicio político a la
Corte aunque, para ello, el FA deberá contar con una mayoría especial en el
Parlamento, que requiere de los votos de la oposición.
Ante la decisión de la Justicia, la coalición gobernante, la
central sindical y una organización de familiares de víctimas de la dictadura
convocaron para el lunes una marcha en Montevideo. “Por verdad y justicia nos
concentramos en silencio” es el título del comunicado difundido a la prensa por
el FA, que llamó a la manifestación el lunes en la Plaza Libertad de la capital
uruguaya a las 19. La convocatoria es firmada también por el Plenario
Intersindical-Central Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) y la organización
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
Además de anunciar la marcha en repudio por el fallo, la
presidenta del FA, Mónica Xavier, fue una de las primeras en reaccionar a la
decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ). “Dolor por
inconstitucionalidad. El lunes 19 en silencio en la Plaza Libertad”, indicó en
la red social Twitter en alusión a la concentración convocada por su partido.
Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Movimiento de Participación Popular
(MPP) emitió una declaración a través de la cual expresó que la mayoría de la
SCJ es “responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay, así como
también de las consecuencias internas e internacionales a las que queda
expuesta la República”, informó La República.
Por otro lado, el diputado Luis Puig, del partido por la
Victoria del Pueblo, adelantó a El País que se presentarán ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos por la declaración de inconstitucionalidad
de los dos artículos. En otra exposición, el legislador dijo que la SCJ “se
puso del lado de la impunidad”, además de “desconocer” y “desacatar” un
dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La semana pasada, la SCJ removió a la jueza Mariana Mota, que
tenía a su cargo unas cincuenta causas contra militares por violaciones a los
derechos humanos durante la dictadura, que ahora deberán pasar a manos de otro
magistrado aún no designado. El presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, señaló
entonces que el organismo “entendió que la doctora Mota ya cumplió su ciclo en
lo penal y es bueno que desempeñe otra materia en su carrera” y agregó que
“tuvo algunos sumarios; algunos de ellos ya terminaron sin responsabilidad para
ella”. Sin embargo, Mota se declaró “sorprendida” por la resolución y aclaró
que no pesaba sobre ella ningún sumario.
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