la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

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lunes, 25 de febrero de 2013

El mensaje subyacente es lo preocupante









La Suprema Corte de Justicia acaba de declarar inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la Ley 18 831 en el recurso presentado por los coroneles Rudyard Scioscia y Mario Cola. El Cnel. ® Guillermo Cedrez ya ha comenzado a organizar una cena de camaradería y confraternidad con los integrantes de la misma. Probablemente, dependiendo de la decisión que adopte cada juez, las causas en las cuales no hayan procesados hasta el momento, serán archivadas. Quizás, ni siquiera el Gral. ® Pedro Barneix, con evidencias abrumadoras en su contra, surgidas de un expediente desarrollado durante “el proceso”  por la propia justicia militar, sea procesado por el asesinato, a manos propias, en la tortura, de Aldo Perrini, en 1974, en el departamento de Colonia. Una verdadera vergüenza nacional.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia genera legítima indignación en importantes sectores de la ciudadanía en general. Muy especialmente en los centenares de familiares y de víctimas directas que han presentado las correspondientes denuncias y que observan que el órgano con potestades de impartir justicia, con la obligación de ejecutarla, les niega su derecho, consagrado por las disposiciones constitucionales y las normas internacionales de derechos humanos.

Se reclama justicia.

Todas las denuncias presentadas, absolutamente todas, fueron presentadas en el ámbito penal, reclamando justicia, la sanción legal de los responsables de los delitos. El País, en  crónicas recientes, ha señalado que es el afán por obtener indemnizaciones lo que ha impulsado los juicios, para desmerecer a los denunciantes y desacreditarlos. El derecho a una adecuada reparación, en todos los planos, integral, está consagrado por la normativa internacional de derechos humanos. Como colectivo siempre lo hemos reivindicado y lo seguiremos haciendo en las instancias que correspondan. Las denuncias no se presentaron en el ámbito civil donde seguramente hubieran tenido andamiento sino en la esfera penal, para obtener la verdad y la justicia que existen en un Estado de derecho e institucional democrático.

El mensaje para el presente y el futuro.

Lo más trascendente y preocupante de la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia es el mensaje implícito que trasmite, con el beneplácito del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Partido Independiente, a los potenciales golpistas y perpetradores de futuras violaciones a los derechos humanos: en Uruguay, estos crímenes que se condenan en todo el mundo, gozan de impunidad.

Investigar, esclarecer y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos, al igual que con todos los delitos, es el elemento básico y esencial, para generar las condiciones que impidan que ellos vuelvan a repetirse. Es la base del orden democrático institucional y del Estado de derecho.

Recurrir a la justicia es el camino que tienen las personas violentadas para que los perpetradores reciban el castigo que merecen, para no tener que hacer justicia por mano propia, para que no haya “ajustes de cuentas” y la convivencia sea pacífica y civilizada, encausada de acuerdo a las leyes.

La investigación, el esclarecimiento y la sanción de las graves violaciones a los derechos humanos, siempre, y muy especialmente cuando, como en el caso uruguayo, son masivas, sistemáticas y generalizadas, es la herramienta que permite erradicar de los órganos y cuerpos del Estado a todas aquellas personas que son una amenaza real para la sociedad y que además gozan del privilegio de portar armas.

Sancionar, penal y administrativamente, a los autores materiales e intelectuales, mediatos e inmediatos de las graves violaciones, de los crímenes, es un elemento educador, de promoción de valores, de conductas y de prácticas apropiadas en las instituciones del Estado. Del mismo modo que se sanciona y castiga la corrupción, deben castigarse las violaciones a los derechos humanos.

Aquellos lodos y las actuales conductas: la ley de seguridad del Estado.

Promover,  apoyar y defender la impunidad, en forma militante, por parte de los partidos tradicionales, no es solo una estrategia electoral o electorera, circunstancial, por parte de los mismos para enfrentarse al partido de gobierno. Con honrosas excepciones, la han defendido a capa y espada, desde el mismo retorno a la institucionalidad democrática.

Así como jamás mencionan en sus discursos, declaraciones y documentos las normas de DDHH, ni reconocen los tratados en la materia, rechazan a la Comisión Interamericana de DDHH y a la Corte IDH, la impunidad para los violadores de los derechos humanos del terrorismo de Estado se ha  transformado en parte consustancial de la identidad de ambos partidos, para todas sus corrientes internas y han logrado incorporar a la militancia por la misma al Partido Independiente en los últimos tiempos. Les duelen prendas históricas.

Las FFAA fueron convocadas al escenario político nacional por Jorge Pacheco Areco en el año 1968, al amparo de las Medidas Prontas de Seguridad, para reprimir a los gremios en lucha, cuando se decretó la congelación de los salarios y se militarizó a los trabajadores bancarios, de la UTE y de OSE.

En el año 1971, meses antes de las elecciones que se llevaron a cabo bajo dichas medidas, en setiembre, mediante el Decreto 560/71, se les encomendó la represión a los grupos que hacían política armas en mano, se supeditó a la policía a ellas, se crearon las Fuerzas Conjuntas (FFCC) y se designó al frente del Estado Mayor Conjunto al recientemente ascendido Gral. Gregorio Álvarez.

Las violaciones a los derechos humanos, las detenciones masivas sin garantías de ningún tipo, los apremios, las torturas, los homicidios, las ejecuciones extrajudiciales fueron autorizadas, por la vía de los hechos, por el Parlamento en el año 1972 cuando se votó, por el Partido Colorado y por el Partido Nacional, con sus únicos votos, el Estado de Guerra interno el 15 de abril.

Meses más tarde, cuando ya había sido asesinado en la tortura, en Treinta Tres, el militante demócratacristiano Luis Batalla, con miles de ciudadanos detenidos en todo el país, siendo sometidos a apremios y feroces  torturas, sin garantías de ningún tipo, sin ser sometidos a jueces, el Parlamento  votó la Ley de Seguridad del Estado que modificó el Código Penal, creó nuevos delitos, aumentó las penas y le adjudicó competencia a la justicia militar para juzgar a dichos ciudadanos. Las prácticas represivas de las fuerzas armadas contaron, en su momento, con la aquiescencia de los parlamentarios de los partidos tradicionales.

La invocación de que la Ley de Caducidad fue ratificada dos veces en las urnas por la ciudadanía, por parte de los defensores de la impunidad, no es más que una excusa, elegante, disfrazada de democratismo y de falso respeto a la voluntad popular, para seguir transitando el camino elegido hace más de cuarenta años, falseando la verdad histórica y asegurando la impunidad.

La derecha está hecha de hipocresía.

El ingreso de algunos centenares de personas a la sede de la SCJ para asistir a la ceremonia pública, acompañando y respaldando a la Dra. Mariana Mota,  la negativa a desalojarla y los forcejeos, obvios y habituales ante este tipo de circunstancias, han sido calificados como “asonada”, desempolvando la vieja terminología dictatorial, por el Partido Colorado y los medios de la oposición que los han amplificado.

La Suprema Corte de Justicia que nunca dio orden de investigar ninguna de las desapariciones forzadas, ni de los asesinatos, ni ninguna grave violación a los DDHH, de las miles que ocurrieron, incluso ordenó una investigación judicial. El País y Búsqueda que han dedicado editoriales enteros para presionar a la Corte, haciendo campaña contra la jueza y pidiendo su destitución, que ensalzaron y destacaron la entrevista del Dr. Jorge Batlle y del Dr. Gonzalo Aguirre cuando la cuestionaron ante la magistratura, dicen que se presiona al Poder Judicial y que está en riesgo el orden institucional. El vocero oficial del terrorismo Estado pontificando sobre el Estado de Derecho, la separación de poderes y las disposiciones constitucionales. ¿La justicia, el derecho a la justicia, no figura en las disposiciones constitucionales? ¡Cuánta hipocresía y falsedad!

La Resolución 60/147 de las Naciones Unidas es el camino a transitar.

La investigación, esclarecimiento y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos es la piedra angular del restablecimiento pleno de la institucionalidad democrática, de la vigencia certera de las disposiciones constitucionales, del Estado de derecho, pero las obligaciones del Estado no se reducen a ese solo aspecto en la actualidad.

La Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General en diciembre de 2005, por unanimidad de los Estados miembro, Uruguay incluido, es la declaración universal de los derechos de todas las personas que han sufrido graves violaciones a los derechos humanos como los ocurridos en nuestro país. Es también un instrumento internacional que explicita, clara y detalladamente, las obligaciones de los Estados para superar dichas situaciones. Es el estándar internacional de la calidad democrática con respecto al pasado reciente.

El Estado uruguayo aún tiene materias pendientes con las víctimas y no solo en cuanto a la verdad y la Justicia. No es solamente el Poder Judicial el que está omiso. El Estado uruguayo aún no ha asumido públicamente su responsabilidad por lo ocurrido, en una ceremonia oficial y pública como lo señala la Resolución 60/147 y no ha ofrecido las disculpas correspondientes, para establecer la Verdad histórica. Por mandato de la Corte IDH en el caso Gelman vs Uruguay lo ha hecho solamente para dicho caso, dando cumplimiento a la sentencia específica, pero lo tiene aún pendiente hacia el resto de las víctimas, sus familiares y la sociedad toda.

Tampoco ha establecido un día de Recordación y Homenaje nacional a todas las víctimas por su dolor y su sufrimiento, para dignificarlas, para valorizar y ensalzar las normas de derechos humanos como pilar básico de la convivencia pacífica y civilizada, como ideal de vida a perseguir para construir una sociedad plena. También para evitar que nazcan y se fortalezcan las tesis revisionistas destinadas a ocultar el pasado, a negarlo o a distorsionarlo, señal clara de lo cual es el libro “Agonía de una democracia” del Dr. Julio María Sanguinetti, que reescribe “Las FFAA al pueblo”, usando un lenguaje más pulido y menos rústico que el original.

Tal como lo señalara recientemente la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) en su sentencia de diciembre del año pasado, el Estado uruguayo aún continúa violando el derecho a una auténtica reparación, a miles de víctimas u obligándolas a renunciar a otros derechos ciudadanos para acceder a ella.

La condena de la ONU

La Alta Comisionada para los DDHH de la Organización de las Naciones Unidas, Navi Pillay, ha expresado su preocupación por el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia y en los hechos la ha desautorizado por ser un impedimento para la justicia. El descrédito, el desprestigio, la falta de legitimidad de los integrantes del cuerpo con esta sentencia es grande. Han generado alarma pública en importantes sectores de la población y expuesto al país a la vergüenza internacional.

El proyecto de sociedad

Nuestro colectivo, formado por personas maduras sabe de derrotas. Nunca son definitivas. La única lucha que se pierde es la que se abandona. La vida nos ha enseñado que el capitalismo no es el destino de la humanidad. Como sistema es incapaz, por su propia naturaleza, de preservar el planeta, de crear una sociedad justa, de abundancia material y espiritual, de paz y de convivencia pacífica y civilizada. El sistema que lo sustituya, construcción colectiva de los trabajadores y sectores populares, independientemente de la forma que adopte, tendrá como pilares básicos y esenciales la doctrina de los Derechos Humanos y los principios de la democracia, del republicanismo, del Estado de derecho y de la libertad en todos los planos.

Junto a los trabajadores, junto a todos los sectores populares, seguiremos bregando por profundizar la transición democrática iniciada en marzo de 1985, batallando contra la impunidad, en defensa de las normas de DDHH, por Verdad, Justicia y Memoria, teniendo como hoja de ruta la plena implementación en la realidad del país de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas. ¡Hasta que las velas ardan! Es nuestro compromiso con nuestros detenidos desaparecidos y los que siempre nos acompañan en nuestro corazón. Nunca Más terrorismo de Estado.

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Opinando N° 32 - Año 2 - Lunes 25 de febrero de 2013