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martes, 26 de febrero de 2013

Mota presentó recurso para revocar su traslado


Para analizar

Mota presentó recurso para revocar su traslado.

La diaria - 26 2 - 13


Tal como había anunciado, y pocas horas antes de la movilización en Plaza Libertad (ver páginas 2 y 3), la jueza Mariana Mota presentó ayer ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un recurso de revocación contra la decisión de ese organismo del 13 de febrero, que la trasladó desde un juzgado penal a la órbita civil. Los ministros de la SCJ tienen un plazo de 150 días para responder, y teniendo en cuenta que ellos mismos decidieron cambiar de jurisdicción a Mota, es probable que el trámite administrativo continúe en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En caso de que esa instancia tampoco arroje resultados positivos para la magistrada, sus abogados tienen previsto recurrir el fallo ante tribunales internacionales.

En el escrito de 11 páginas, Mota sostiene que la SCJ vulneró “principios de transparencia y buena administración” al no fundamentar su polémica resolución. También responsabiliza al máximo órgano por “arbitrariedad y desviación de poder” y alerta que con esta decisión se está “conspirando contra la independencia técnica de los magistrados, obteniendo por resultado enlentecer o paralizar la administración de justicia en determinadas causas”, en referencia sobre todo a las más de 50 que ella venía investigando, vinculadas a crímenes cometidos en la última dictadura.

Señala que su caso es el único entre todos los traslados recientes de magistrados que no implica “ni un ascenso ni está fundamentado en avance alguno en la carrera judicial”. “No solicité en ningún momento el cambio de materia o ser trasladada a otro juzgado. Por lo que debe buscarse en otro lado la motivación del acto. Es más, considero que el traslado decidido contraría el buen servicio que reclama la Constitución”, argumenta.

En otro pasaje, Mota afirma que la “carencia” de motivación de la resolución de la SCJ provoca una “situación de indefensión” que obliga a “especular sobre las verdaderas causas del traslado”, y luego cita declaraciones a la prensa sobre el caso de los ministros Jorge Ruibal Pino, Jorge Chediak y el vocero de la corporación Raúl Oxandabarat, que vincularon este traslado con conceptos tales como “sumarios”, “investigaciones administrativas” y “acumulación de tarjetas amarillas”.

“Debo reconocer que no domino las reglas de juego del más popular de los deportes en nuestro país, pero creo entender que la acumulación de tarjetas amarillas refiere a que la acumulación de tarjetas te deja afuera del próximo partido. Pues bien, la dicente, devenida sorpresivamente en jugadora de fútbol, no cuenta con tarjetas amarillas, y eso lo conoce fehacientemente la SCJ”, señala Mota en otro pasaje del escrito.

En caso de que tales afirmaciones sean confirmadas, según Mota, se estaría frente a un “eventual delito de difamación e injuria, y seguro ante un acto de mala fe”, ya que todas las investigaciones internas contra su persona fueron archivadas “sin consecuencias”.

Mota descarta otras motivaciones surgidas durante los últimos días desde la SCJ, entre ellas, que se ha “cumplido un ciclo” –de hecho su reemplazante, Beatriz Larrieu, lleva más años que ella en la órbita penal–; o que es necesario que los jueces adquieran conocimiento en todas las áreas del derecho (según Mota ése es un “concepto enciclopedista, largamente perimido”).

Luego pasa a las razones no invocadas en la resolución de la SCJ del 13 de febrero. Mota recuerda, como por si acaso, que en Juzgado Penal de 7˚ Turno se investigaban “temas muy sensibles”, que “concitaban la atención de los medios de prensa”, lo cual motivó reiteradas opiniones de “actores de la vida pública” que deslizaron “una y otra vez la inconveniencia de mi permanencia en el cargo”. Además, señala en el escrito, hubo una “campaña de descrédito” contra su persona desde algunos medios de prensa, que “nunca probaron nada”. También menciona las diferencias que tuvo con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, debido a la investigación del accidente aéreo de Air Class, y el “beneplácito y regocijo” que provocó su traslado en figuras como el presidente del Centro Militar, Guillermo Cedrez.

“La decisión del traslado inmotivado afectará consecuentemente las causas en que se investigan graves violaciones a los derechos humanos”, concluye Mota, quien interpreta, finalmente, que su traslado se transformará en una “dilación o retraso injustificado y en apariencia deliberado en el servicio de justicia”, contrariando, entre otras cosas, la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la sentencia que condenó al Uruguay por el caso Gelman sostiene que “las investigaciones en el Estado relativas a este caso han sobrepasado cualquier parámetro de razonabilidad en la duración”.

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