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domingo, 3 de febrero de 2013

Saludando a la bandera


Las dilatorias para instalar una unidad de investigación 

de delitos en dictadura



Brecha – 25.1.13 – Por Samuel Blixen


La demora del Ministerio del Interior en la instalación de una unidad que investigue delitos cometidos por el terrorismo de Estado, para auxiliar a la justicia, plantea el primer desconocimiento del gobierno a la Institución Nacional de Derechos Humanos, ese organismo autónomo creado por el Parlamento cuya integración fue tan debatida y negociada. El Observatorio Luz Ibarburu formuló una denuncia; había recabado un consenso de aceptación generalizada que no se concreta en los hechos.

EL GATOPARDISMO, CONCEPTO popularizado a partir del libro de Guisseppe Tomasi de Lampedusa, expresa la idea de que en determinados momentos  históricos  se  impone la voluntad de crear una apariencia de cambio con el fin último de que la base, el núcleo  del  sistema,  permanezca inalterado.

Eso  es  exactamente  lo que pasa en Uruguay con la impunidad de que gozan los criminales del terrorismo de Estado.  Ningún  rebuscado argumento   formal,   ningún sofisma sobre tiempos políticos, ninguna excusa sobre la diferencia entre voluntad y  posibilidad  podrán  justificar la inacción, cuando no el  retroceso,  respecto  de  la obligación de investigar los delitos y castigar a los culpables.

La   responsabilidad   es compartida  entre  magistrados  de  la  Suprema  Corte, jueces, ministros y altos funcionarios de la administración. Al finalizar 2012 en los juzgados de Montevideo estaban  radicadas  138  causas  por  denuncias  relacionadas con violaciones a los derechos  humanos  durante el terrorismo de Estado: sólo dos tienen sentencia firme y el 71 por ciento permanece   en   presumario.   Había, además, otras 89 denuncias ingresadas   en   seccionales policiales  que  no  están  registradas en los juzgados.

Algunas situaciones que expresan   el   gatopardismo del discurso oficial uruguayo –que dice eliminar la impunidad pero la tolera– tienen  que  ver  con  el  mirar para el costado de una justicia penal que –salvo honrosas excepciones– no investiga y espera que las propias víctimas  averigüen  para  en todo caso entonces actuar; o con las presiones de un ministro  sobre  jueces  y  fiscales,  o  con  las  afirmaciones lanzadas  a  la  prensa  para generar  opinión  y  denostar a los denunciantes; o con el infalible método, tan caro a los ministros de la Suprema Corte, de plegarse a las chicanas de abogados vinculados  a  los  centros  de  poder de  la  derecha,  de  dejar  correr los plazos ante recursos inconsistentes y aun ilegales cuando el acusado (en este caso un general) es agarrado con las manos en la masa, como quien dice; o con la inquebrantable postura de oponer recursos legales para evitar el pago de indemnizaciones; o con el manejo discrecional de la información reservada   y   el   secretismo sobre los archivos de la represión. 

Y todo eso cuando, simultáneamente,  se  reitera que  estamos  en  un  Estado de derecho donde todos los ciudadanos son iguales ante la ley; y se desarchivan denuncias y se elimina la caducidad y se anuncia que se aplicarán los criterios internacionales en materia de genocidio, desaparición forzada, prácticas sistemáticas de torturas, robo de niños, violaciones, y se promete finalmente que se concretará una reparación integral.

Una última muestra del gatopardismo uruguayo está registrada  en  una  denuncia que  formula  el  Observatorio Luz Ibarburu para el seguimiento de las denuncias penales  por  violaciones  de los  derechos  humanos.  Dicha denuncia se refiere a la dilatoria   para   instalar   una Unidad  Especial  de  Investigación y Apoyo al Sistema Judicial, en la órbita del Ministerio del Interior.

En   los   últimos   meses del  año  pasado  el  Observatorio   había   formalizado un  reclamo  sobre  la  instalación  de  esa  unidad  ante los organismos que integran la    comisión    interministerial  encargada  de  supervisar  el  cumplimiento  de  la sentencia que, sobre el llamado “caso Gelman”, emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En opinión   del   Observatorio, una dilatoria en ese sentido podría  implicar  que  “Uruguay cayera nuevamente en responsabilidad internacional por la persistencia de la impunidad  ante  la  falta  de un  proceso  eficaz  de  justicia”.

El reclamo se realizó no sólo ante los ministerios y  la  Secretaría  de  Seguimiento de la Comisión para la  Paz,  que  integran  la  comisión interministerial, sino también  ante  otras  autoridades estatales con responsabilidad específica en materia de derechos humanos, como lo son las direcciones de  Derechos  Humanos  del Ministerio  de  Educación  y Cultura y del Ministerio de Relaciones    Exteriores,    y autoridades  del  sistema  judicial   (magistrados,   fiscales,  abogados  y  funcionarios judiciales). La idea era “construir  consensos  para enfrentar   y   resolver   adecuadamente  los  hechos  de nuestro    pasado    reciente, con las herramientas construidas por el derecho internacional”.

GENERAR    CAPACIDADES.

Todos  los  consultados  estuvieron    de    acuerdo    –al menos  de  palabra–  en  implementar   esa   unidad   de investigación. Y a ese consenso se sumó la recomendación   que   la   Institución Nacional  de  Derechos  Humanos (INDH) formuló al ministro  del  Interior,  Eduardo Bonomi, el 14 de diciembre, a raíz del planteo del Observatorio Luz Ibarburu. La recomendación de la INDH recuerda  que  la  Convención  Americana   sobre Derechos   Humanos   establece  “el  deber  de  los  estados   parte   de   organizar todo  el  aparato  gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las  cuales  se  manifiesta  el ejercicio  del  poder  público, de manera tal que sean capaces  de  asegurar  jurídicamente  el  libre  y  pleno ejercicio   de   los   derechos humanos”.

El texto enviado al ministro    Bonomi    recuerda, asimismo, que la sentencia de  la  Corte  Interamericana en el caso Gelman versus Uruguay, de febrero de 2011,  “impone  claramente  al  Estado  uruguayo  la obligación  de  generar  las capacidades    técnico-operativas  necesarias  para  la investigación  de  violaciones  a  los  derechos  humanos cometidas en el marco del terrorismo de Estado”.

Puesto que la propuesta del Observatorio es funcional  a  la  obligación  señalada   por   la   Corte,   la dirección de la INDH resolvió recomendar “que en el plazo   más   breve   posible, preferentemente   antes   de la  finalización  de  la  Feria Judicial Mayor (el 1 de febrero)   se   constituya   una unidad especial para auxiliar al Poder Judicial en la investigación de las denuncias”  sobre  delitos  cometidos durante el terrorismo de Estado, y que la misma funcione  en  la  órbita  del Ministerio del Interior, “integrada  por  personal  profesional  de  esa  secretaría de Estado con especialización  en  las  diferentes  disciplinas   involucradas   en investigación  criminal”,  y también por “personal especializado  en  atención  y seguimiento a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y sus familiares”.

La  INDH  explica  en  su recomendación  que  la  subordinación  de  la  unidad al  Ministerio  del  Interior se  debe  a  que  ese  ministerio  cumple  una  función específica   de   auxiliar   de la justicia; pero igualmente señala que la unidad especial  “deberá  coordinar y  recibir  el  apoyo  técnico de otras instituciones y dependencias  públicas  no subordinadas   al   Ministerio del Interior”.

Al emitir esa recomen dación,  la  INDH  se  estaba ajustando  a  las  competencias adjudicadas por el Parlamento cuando la creó por ley y debatió extensamente la designación de sus autoridades. En su oportunidad el  debate  sobre  los  nombres  reveló  la  jerarquía  de ese organismo que, aunque en  última  instancia  es  dependiente  del  Parlamento, tiene una excepcional autonomía  para  indagar,  hacer seguimiento sobre cuestiones  de  derechos  humanos y formular las recomendaciones pertinentes.

Esta     recomendación sobre  la  creación  de  una unidad    de    investigación, a   partir   de   una   propuesta  del  Observatorio  (integrado   por   representantes de   Madres   y   Familiares de   Uruguayos   Detenidos Desaparecidos,    Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT,        Hijos-Uruguay, Crysol,   ONAJPU,   SERPAJ Uruguay,   IELSUR,     Mesa Permanente  contra  la  Impunidad,     Pro     Derechos, Colectivo Denunciantes de Octubre de 2011 y la Fundación   Mario   Benedetti), de hecho pone sobre el tapete la cuestión del reconocimiento  de  su  autoridad.

Sin embargo, a más de un mes  de  adoptada  la  decisión,  no  hay  reacción  conocida  del  Ministerio  del Interior. El 15 de marzo el Observatorio   emitió   un   comunicado en el que manifestaba  su  “preocupación ante  la  situación  denunciada (la ausencia de una resolución),  que  se  suma a  las  dilatorias  que  padecen muchas causas por improcedentes      recursos insólitamente   demorados ante la SCJ”.

Todos  están  de  acuerdo con instalar la unidad de investigación,   pero   igual marche  preso.  Si  se  concreta   el   gatopardismo   en esta cuestión no sólo se estará  contradiciendo  en  los hechos lo que se prometió en  la  Corte  Interamericana; también se revelará que la  trajinada  votación  en  el Parlamento   para   la   integración   de   la   Institución Nacional de Derechos Humanos  fue  un  saludo  a  la bandera.

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