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jueves, 21 de febrero de 2013

El traslado polémico


Una sanción velada.


Los militares indagados por graves violaciones a los derechos humanos ya no deberán enfrentar sus interrogatorios. La Suprema Corte de Justicia dispuso el traslado de la jueza Mariana Mota fuera de la órbita penal. La medida representa “un paso más” en la consolidación de la impunidad de los crímenes de la dictadura, estiman varios abogados querellantes.

Caras y Caretas – 15 2 13 – Por  MAURICIO PÉREZ




El traslado de la jueza Mariana Mota fuera de la órbita penal representa “una perturbación” al normal desarrollo de las investigaciones de los crímenes perpetrados durante la última dictadura, por cuanto supone el apartamiento de una magistrada con amplio conocimiento de los hechos, coincidieron varios abogados querellantes en causas por derechos humanos.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) dispuso el miércoles 13 el traslado de Mota. La decisión se fundamentó en razones de “mejor servicio” y forma parte de una decena de movimientos en el organigrama del Poder Judicial, que incluyó el ascenso de cuatro jueces a tribunales de apelaciones. Una de las juezas ascendidas fue la doctora Loreley Opertti, titular del Juzgado Civil de 1er Turno. En esa sede fue designada Mota.

Empero, su traslado fue el tema más comentado en los corrillos judiciales, ya que fue interpretado como “una sanción velada” contra la magistrada, una de las principales promotoras de la tesis de la imprescriptibilidad de los crímenes de la dictadura dentro del Poder Judicial, y que tenía a su cargo más de 50 causas sobre hechos del pasado reciente. “Hay traslados y traslados;;;; éste tiene toda la apariencia de ser una sanción velada. Por más que haya sido un traslado horizontal parece ser una sanción”, dijo una relevante fuente del Poder Judicial a Caras y Caretas.

Sin embargo, el traslado de Mota fuera de la órbita penal era una cuestión de tiempo. La idea rondaba la cabeza de algunos ministros de la Corte desde hace varios meses. Las críticas contra la magistrada provenían de distintos ámbitos, en algunos casos, con inusual virulencia. Incluso la SCJ le inició varias investigaciones administrativas, que hasta ahora terminaron sin consecuencias.

Mota deja varios expedientes de extrema relevancia política y social, los cuales serán asumidos por la doctora Beatriz Larrieu. La nueva titular del Juzgado Penal de 7º Turno deberá instruir más de 50 expedientes por crímenes de lesa humanidad –muchos de los cuales están paralizados por recursos de inconstitucionalidad–, la investigación por el accidente del avión de Air Class y el crimen por encargo de Washington Bocha Rissotto, entre otros. Dos expedientes por temas de derechos humanos, los casos de Aldo Perrini y Horacio Gelós Bonilla, ya cuentan con pedido de procesamiento por parte de la Fiscalía.
  

“Obstáculo”

El traslado de Mota fuera de la órbita penal generó una inmediata reacción en ámbitos políticos y sociales. Incluso el senador Jorge Larrañaga (Partido Nacional) adelantó que pedirá “explicaciones” por el traslado. “¿Cuáles son las causas por las que se traslada a la jueza Mariana Mota? ¿Qué motiva esta decisión de la Suprema Corte de Justicia? Vamos a pedir explicaciones preservando el principio de separación de poderes”, escribió el senador en su cuenta de Twitter.

Los abogados querellantes en causas por derechos humanos fueron más enfáticos en sus críticas hacia la actitud de la Corte. Sostienen que el traslado de Mota supone un “obstáculo” para el normal desarrollo de las investigaciones de crímenes de la dictadura y significa el “éxito” de la estrategia seguida por las defensas de militares investigados por crímenes de la dictadura, estimó el abogado Pablo Chargoñia a Caras y Caretas. Mota es una jueza “con conocimiento de muchos hechos y con el nivel técnico necesario para afrontar una tarea tan compleja”, por lo que su salida significa un “retroceso” en las investigaciones, afirmó. Asimismo, dijo que el traslado “era una hipótesis que todas las personas vinculadas con el ámbito forense manejaban”, lo cual confirma que el Poder Judicial no fue lo “suficientemente transparente” y fue “perturbado por elementos de presión”. Apuntó a la presión ejercida oportunamente por el ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre.

Por su parte, el ex juez Federico Álvarez Petraglia consideró que el traslado “es un paso más para consolidar la impunidad” en Uruguay. “Es un paso más para consolidar la impunidad, un paso más hacia un punto final al tema de las investigaciones [...] El mensaje que se está dando es que no se siga investigando”, afirmó en diálogo con Caras y Caretas.

En este sentido, la salida de Mota supone un retroceso en el desarrollo de las causas, por cuanto la persona que la suceda “tendrá que ponerse al tanto de un cúmulo de expedientes con años de investigación”, lo cual demandará varios meses. Asimismo, la percepción es que el sistema judicial apunta a “descabezar” a las personas con conocimiento en el tema de los derechos humanos. “Gente empapada en el tema, que conocía el circuito de la represión en Uruguay y con formación jurídica, por distintos motivos, queda fuera del sistema penal”, aseveró.

Asimismo, Álvarez Petraglia aseguró que la decisión parece “un guiño” del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, en virtud de los diferendos entablados con Mota por sus dichos a Página 12, la frustrada inspección ocular en el Batallón Nº 13 y la investigación sobre el accidente del avión de Air Class. “Son todos elementos que me llevan a pensar que el Poder Judicial adopta una decisión con el guiño y el beneplácito del Poder Ejecutivo”, expresó.

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