Citan a declarar a ex integrantes de la Dirección de
Inteligencia.
La diaria - 11 3 13
A partir de hoy comparecerán ante el Tribunal en lo Penal de
17º turno ex integrantes de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia
(DNII), citados por el juez Carlos García Guaraglia. Las citaciones se realizan
en el marco de una denuncia presentada por militantes detenidos en el edificio
de la calle Maldonado entre los años 1974 y 1983, en su mayoría pertenecientes
al Partido Comunista.
El abogado de los ex presos políticos es Pablo Chargoñia,
que promueve una denuncia penal por crímenes de lesa humanidad, por los hechos
de privación de libertad, atentado a la libertad personal cometido por
funcionarios públicos encargados de una cárcel, abuso de autoridad contra los
detenidos, pesquisa, violencia privada, amenazas, lesiones personales, violación
y atentado violento al pudor.
Según puede leerse en el escrito, esos hechos “constituyen
prueba de una práctica sistemática y planificada de persecución” llevada
adelante por “agentes estatales en ejercicio de funciones abusivas” que usaban
la tortura como “una práctica metódica”.
Los denunciantes son más de 40, entre ellos ex militantes
comunistas como Rafael Sanseviero, Marisa Silva Schultze, Gonzalo Carámbula y
Juan Errandonea.
Consultado por la diaria sobre la repercusión que la
reciente declaración de inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la Ley
18.831 pueda tener en el proceso de esta denuncia, uno de los denunciantes,
Rafael Sanseviero, argumentó que “la denuncia se ampara en el Derecho
Internacional Humanitario y no en la Ley 18.831, por lo que nos basamos en que
la tortura es un crimen de lesa humanidad y por lo tanto no prescribe”.
Según
Sanseviero “la Corte ya ha ratificado procesamientos basados en el Derecho
Internacional, el propio [integrante de la Suprema Corte, Jorge] Chediak lo ha
declarado recientemente” pero llegado el caso de ser declarada inconstitucional
“no descartamos presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos”. Sanseviero celebró que “el juez y el fiscal hayan decidido seguir con
este proceso, cuyo paso anterior fue la inspección ocular que realizamos de la
sede de la DNII el pasado 8 de noviembre”.
Por su parte, el fiscal del caso, Ariel Cancela, no quiso
brindar mayores detalles, ya que la causa se encuentra en etapa de presumario.
Los citados a declarar son el inspector principal (retirado) Eduardo Tellechea
Martínez, José Luis Tellechea, el inspector mayor (retirado) José Lemos Pintos,
los agentes Julio César Cuello, Roberto Cuello, Ruben Cacho Bronzini Pírez,
Ernesto Cativa Bresciano, Adolfo Pressa Márquez, los comisarios Benítez, Boris
Torres Ramírez, José Luis Piñatares, Ariel Ricci Cabeza, el capitán de
coraceros Ricardo Medina Blanco (ya recluido a disposición del Penal 19º) y
Jorge Charleta Guldenzoph.
Además, se le solicitó al Sindicato Médico del Uruguay (SMU)
que informe respecto a los médicos “Dr. Salomón Cizin y Dr. Kowin”, respecto a
“si ambos integran sus registros, en caso afirmativo, sus antecedentes y si,
oportunamente, fueron sometidos a Tribunales de Ética, remitiendo testimonios de
las actuaciones que obraran en sus archivos”.
Con respecto a Cizin, en 1999 se
anuló un premio otorgado al médico por su actuación durante la dictadura
cívico-miltar, siendo expulsado por el SMU de sus cuadros gremiales. Durante
una sesión de tortura a la denunciante Eva Ana Tost, Cizin habría levantado la
capucha de la torturada, lo cual permitió que luego fuera reconocido por la
detenida. En ocasión de la entrega de una plaqueta conmemorativa, en 1999, fue
identificado por la madre de Tost, quien elevó la denuncia a la gremial médica.
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