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lunes, 11 de marzo de 2013

Pese a todo


Citan a declarar a ex integrantes de la Dirección de Inteligencia.

La diaria - 11 3 13

A partir de hoy comparecerán ante el Tribunal en lo Penal de 17º turno ex integrantes de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), citados por el juez Carlos García Guaraglia. Las citaciones se realizan en el marco de una denuncia presentada por militantes detenidos en el edificio de la calle Maldonado entre los años 1974 y 1983, en su mayoría pertenecientes al Partido Comunista.

El abogado de los ex presos políticos es Pablo Chargoñia, que promueve una denuncia penal por crímenes de lesa humanidad, por los hechos de privación de libertad, atentado a la libertad personal cometido por funcionarios públicos encargados de una cárcel, abuso de autoridad contra los detenidos, pesquisa, violencia privada, amenazas, lesiones personales, violación y atentado violento al pudor.

Según puede leerse en el escrito, esos hechos “constituyen prueba de una práctica sistemática y planificada de persecución” llevada adelante por “agentes estatales en ejercicio de funciones abusivas” que usaban la tortura como “una práctica metódica”.

Los denunciantes son más de 40, entre ellos ex militantes comunistas como Rafael Sanseviero, Marisa Silva Schultze, Gonzalo Carámbula y Juan Errandonea.

Consultado por la diaria sobre la repercusión que la reciente declaración de inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831 pueda tener en el proceso de esta denuncia, uno de los denunciantes, Rafael Sanseviero, argumentó que “la denuncia se ampara en el Derecho Internacional Humanitario y no en la Ley 18.831, por lo que nos basamos en que la tortura es un crimen de lesa humanidad y por lo tanto no prescribe”. 

Según Sanseviero “la Corte ya ha ratificado procesamientos basados en el Derecho Internacional, el propio [integrante de la Suprema Corte, Jorge] Chediak lo ha declarado recientemente” pero llegado el caso de ser declarada inconstitucional “no descartamos presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Sanseviero celebró que “el juez y el fiscal hayan decidido seguir con este proceso, cuyo paso anterior fue la inspección ocular que realizamos de la sede de la DNII el pasado 8 de noviembre”.

Por su parte, el fiscal del caso, Ariel Cancela, no quiso brindar mayores detalles, ya que la causa se encuentra en etapa de presumario. Los citados a declarar son el inspector principal (retirado) Eduardo Tellechea Martínez, José Luis Tellechea, el inspector mayor (retirado) José Lemos Pintos, los agentes Julio César Cuello, Roberto Cuello, Ruben Cacho Bronzini Pírez, Ernesto Cativa Bresciano, Adolfo Pressa Márquez, los comisarios Benítez, Boris Torres Ramírez, José Luis Piñatares, Ariel Ricci Cabeza, el capitán de coraceros Ricardo Medina Blanco (ya recluido a disposición del Penal 19º) y Jorge Charleta Guldenzoph.

Además, se le solicitó al Sindicato Médico del Uruguay (SMU) que informe respecto a los médicos “Dr. Salomón Cizin y Dr. Kowin”, respecto a “si ambos integran sus registros, en caso afirmativo, sus antecedentes y si, oportunamente, fueron sometidos a Tribunales de Ética, remitiendo testimonios de las actuaciones que obraran en sus archivos”. 

Con respecto a Cizin, en 1999 se anuló un premio otorgado al médico por su actuación durante la dictadura cívico-miltar, siendo expulsado por el SMU de sus cuadros gremiales. Durante una sesión de tortura a la denunciante Eva Ana Tost, Cizin habría levantado la capucha de la torturada, lo cual permitió que luego fuera reconocido por la detenida. En ocasión de la entrega de una plaqueta conmemorativa, en 1999, fue identificado por la madre de Tost, quien elevó la denuncia a la gremial médica.

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