La diaria - 15 3 13 - Columna de
opinión. Por Marcelo Pereira
En
Autobiografía de Federico Sánchez, excelente libro de Jorge Semprún, éste
recordaba que, durante sus años de militancia partidaria, un correligionario
suyo solía decirle: "Yo te voy a hacer tu autocrítica, camarada".
Esto viene a cuento porque el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández
Huidobro, fue entrevistado anteayer en Canal 4 (http://ladiaria.com.uy/UCb) y se refirió,
entre otros asuntos, a la norma interpretativa de la Ley de Caducidad que se
aprobó en octubre de 2011, ahora declarada parcialmente inconstitucional por la
mayoría de la Suprema Corte de Justicia (SCJ)
.
Fernández
aseguró que el fallo de la SCJ fue "totalmente previsible", porque
"los grandes jurisconsultos del Uruguay" advirtieron a los
legisladores en 2011 que eso iba a ocurrir, y que él mismo renunció a su banca
en el Senado "por no hacerse responsable del desastre" (aunque votó
el proyecto). "No he escuchado a nadie que se hiciera una autocrítica de
haber conducido a ese desastre", añadió.
Todas las
decisiones políticas son discutibles, y sería sumamente útil que el Frente
Amplio (FA) revisara en forma serena, profunda e integral su accionar durante
casi 27 años en relación con la Ley de Caducidad, aunque no parece vaya a
hacerlo.
Es cierto
que, cuando se discutió la ley interpretativa, parecía muy probable que la
actual SCJ la declarara inconstitucional. Sin embargo, eso no significaba
necesariamente que la norma fuera "un mamarracho", como sostiene
Fernández; sólo indicaba que la opinión predominante entre los integrantes de
la Corte y los "grandes jurisconsultos" criollos era contraria a la
doctrina que asumen, desde hace décadas, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales aún más altos. De todos
modos, es razonable plantear que aquel dato político debió ser tenido más en
cuenta.
Pero como la
historia no comenzó en 2011, hace falta considerar también que en octubre de ese
año se trabajaba contra reloj. Con la Ley de Caducidad aún vigente después de
siete años de gobierno frenteamplista con mayoría parlamentaria, estaba por
cumplirse el plazo para que, invocando las leyes que corresponden a delitos
penales comunes, muchos "grandes jurisconsultos" pudieran argüir que
ya no era posible juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la
dictadura.
A esa
situación se había llegado después de que, en el Congreso que el FA realizó en
2003 para definir su propuesta electoral, se aprobara una moción que eliminó la
referencia al propósito de derogar la Ley de Caducidad (aunque mantuvo el
compromiso de adecuar la legislación uruguaya en la materia "a los
tratados internacionales ratificados por el país"). La moción fue
defendida por el propio Fernández con diversos argumentos, algunos de
conveniencia electoral y otros referidos a la necesidad de respetar el
resultado del referéndum de 1989 contra la caducidad.
La tesis de
Fernández significa que no hay nada que hacer contra la impunidad penal de los
crímenes de la dictadura desde hace por lo menos 24 años. Y antes de que se
aprobara la Ley de Caducidad, el actual ministro de Defensa no se destacó por
impulsar acciones judiciales o de cualquier otra clase para que los criminales
fueran juzgados. En cambio, se le han oído y leído, con alta frecuencia,
alegatos que parecen definir a las atrocidades sufridas por él y sus compañeros
tupamaros como consecuencias previsibles de una presunta "guerra",
por las cuales los "combatientes" no deberían pedirse cuentas ante el
Poder Judicial.
Cuando
Fernández sostiene que otros dirigentes erraron en el intento de lograr
justicia, omite decir que él no puso sus talentos al servicio de ningún otro
camino para alcanzar tal objetivo, porque lo considera descartado desde hace
mucho tiempo. Y no es el único en el oficialismo. Sobre esto también valdría la
pena que algún día se discuta con franqueza en el FA, con oportunidades para la
autocrítica o la simple crítica entre compañeros, que también es legítima.
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