En estos días hemos vivido una nueva ofensiva por todo lo
alto por frenar primero y luego revertir los avances conquistados en un aspecto
vital para la transformación democrática de la sociedad: la construcción de la
memoria histórica, el fin de la impunidad, la concreción de la verdad y la
justicia.
La mayoría de la Suprema Corte de Justicia, para volver a
decirlo con nombre y apellido: los ministros Jorge Ruibal Pino, Jorge Chediak,
Jorge Larrieux, y Julio César Chalar, han puesto un freno a la justicia y
pretenden retrotraer el país a 30 años atrás como si nada hubiera cambiado, como
si nada se hubiera avanzado.
Primero desplazaron a la jueza Mariana Mota, que manejaba el
40% de las causas de violaciones a los DDHH durante la dictadura; luego
decretaron la inconstitucionalidad de la ley que declaró no prescriptibles
estos delitos. Al principio en un caso, cabe recordar que la SCJ no se
pronuncia en general sino caso a caso, pero luego en dos
más: nada menos que el asesinato del maestro Julio Castro y el del médico
Vladimir Roslik en la tortura. La señal es clara y vale la pena asumirla a
cabalidad, van por todo, quieren cerrar todos los caminos y están dispuestos a
pagar cualquier costo.
En la situación planteada se abre la interrogante obvia de:
¿Qué hacer? ¿Por dónde ir?
El año pasado, cuando en una situación similar se debatía
cuales eran las soluciones jurídicas para frenar la prescripción afirmábamos que
asumir esto como un asunto puramente jurídico era un error. Lo decíamos y lo
repetimos hoy, no hay un “santo grial” jurídico que termine de una vez y para
siempre con la impunidad. La lucha por transformar la cultura de impunidad
dominante, aún hoy, y abrir los caminos para la verdad y la justicia es
permanente, no cesa, no termina.
En primer lugar porque es una construcción social e
histórica y exige iniciativa y movilización permanente de los que queremos
verdad y justicia.
En segundo lugar porque los impunes y quienes los
defendieron y defienden no se rendirán y mantienen resortes importantes de
poder en la sociedad; en el Poder Judicial como ha quedado meridianamente
claro, en los medios de comunicación y en los partidos políticos de la derecha.
Para los que queremos una transformación democrática del Uruguay derrotar la
impunidad es estratégico, para quienes quieren mantener el statu quo de poder y
hacer retroceder el país hacia el pasado, es estratégico mantenerla.
El calado de esta lucha es ese. Es de esa magnitud. No hay
ninguna posibilidad de construir una sociedad diferente, más democrática, más
equitativa, más justa, si está vigente la impunidad. Ellos lo saben por eso la
defienden.
Esta lucha ha sido, es y será compleja, caer en análisis
simplificadores y en consignas podrá contentar a algunos pero nunca resolvió
nada y no lo hará ahora.
Es necesario ver todas las dimensiones, o al menos las
centrales de la batalla que enfrentamos. Estas líneas, modestamente, apuntan a
ese objetivo. Hay dos elementos básicos que corroen el muro que quieren
intentar volver a levantar para garantizar la impunidad, no hay misterios, son
la verdad y la justicia.
La verdad.
En todos los casos en que se ha investigado, en todos sin
excepción, se demostró que las denuncias de las víctimas del terrorismo de
Estado eran ciertas. Para decirlo más claro, nosotros siempre dijimos la verdad
y ellos, los impunes y sus defensores, mintieron siempre, y lo siguen
haciendo.
Por lo tanto, un primer espacio de lucha es seguir diciendo
la verdad, abrirle caminos a la verdad. Seguir haciendo denuncias, que hablen
los muros, las redes sociales, la movilización en la calle. Tenemos que dar
testimonio de la verdad. Es una tarea difícil pero imprescindible. Cientos,
miles, de compañeras y compañeros venciendo su dolor, denunciaron e hicieron
una contribución vital a la memoria histórica, y a la democracia. Hay que
hacerlo más, con más amplitud y profundidad. Los impunes y sus defensores no
resisten el peso de la verdad, no pueden debatir. Su estrategia es
silenciarnos. Hay que romper el cerco de silencio y decir la verdad. Así de
simple y de complejo.
Las decisiones de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia
no son inocentes, son culpables de defender la mentira y el ocultamiento,
cómplices de la mentira y el ocultamiento.
La justicia.
Hay otro espacio clave que es de la justicia. Durante 30
años las denuncias y los reclamos de las víctimas del terrorismo de Estado, que
fueron miles, decenas de miles, encontraron un muro, la justicia les fue
sistemáticamente negada.
La perseverancia de las denuncias, las investigaciones de
los organismos de DDHH y del movimiento sindical, el compromiso de un núcleo
reducido de periodistas, fue generando espacios. Finalmente las medidas de los
gobiernos del Frente Amplio y sobre todo la aplicación, no sin polémica y sin
debate interno, de la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el caso
Gelman fueron claves. Se abrieron cientos de causas, se avanzó, se investigó y
se condenó. Se demostró que era posible hacer justicia.
Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia impiden la
justicia. No hay contrasentido mayor, desde el órgano máximo del Poder Judicial
no se trabaja a favor de la justicia, se decide, se opera, se milita, para que
no haya justicia.
¿Qué caminos quedan abiertos? En el terreno de la justicia
todos. No debemos permitir que nos los cierren. En primer lugar porque esa
imagen que quieren presentar de un Poder Judicial homogéneo y alineado que
sería cuestionado desde los otros poderes es una mentira más.
En la propia Suprema Corte de Justicia un magistrado,
Ricardo Pérez Manrique, votó en contra de todos estos fallos y en sus
fundamentos afirmó que contradicen el Pacto de San José de Costa Rica, la Carta
de DDHH de la ONU y que Uruguay se coloca al margen del derecho internacional.
No lo dice el PIT-CNT o Familiares, lo dice un magistrado de la Suprema Corte
de Justicia, tan magistrado como los otros cuatro que defienden la impunidad.
Pero además hay jueces y fiscales que entienden, con independencia técnica, que
las decisiones de la Suprema Corte de Justicia no les impiden investigar y
sancionar a los culpables. No aplican la ley declarada inconstitucional y se
afirman en la preeminencia de los convenios internacionales, en su rango
constitucional. Hay que apoyarlos, rodearlos y dar el debate, que no es sólo
jurídico, es político e ideológico en su sentido más amplio.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia es indefendible
en el terreno de la jurisprudencia internacional, convierte a Uruguay en un estado
paria, reo de desacato. Hay que recurrir a los organismos internacionales de
justicia, hay que denunciar, hay que hacerlos pagar el costo de su postura
retrógrada e indefendible.
Lo dijimos y lo reiteramos, esta situación, generada desde
un organismo de un Poder del Estado, por una mayoría circunstancial, pone
arriba de la mesa la necesidad de transformaciones de fondo en la estructura
del Estado. Hablamos de cambiar la Constitución, no para tener un Poder
Judicial afín al gobierno, para no seguir teniendo un Poder Judicial guardián
del poder y de los poderosos, que se niega a la verdad, que niega su función
esencial, producir justicia.
¿Desde dónde y cómo resistir la impunidad?
Desde todos lados. Asumiendo esta batalla con la centralidad
democrática y a la vez transformadora que tiene. Se necesita la mayor amplitud
posible, no se trata de restar, tenemos que ganar a un sector de la población a
la que no conseguimos llegar aún. No hablamos del núcleo duro de los impunes y
sus defensores. Hablamos de cientos de miles de uruguayas y uruguayos que
siguen presos del discurso construido históricamente en este tema, presos de la
mentira repetida durante décadas y también de los aún indiferentes. Se necesita
llegar a todos y para ello la verdad y los testimonios son claves, abren
camino, puertas, corazones.
¿La sociedad está igual ahora que encontramos a Miranda, a
Chávez Sosa, a Julio Castro, a Blanco? ¿Ahora que se confirmó que Macarena era
Macarena y Simón era Simón? ¿Ahora que las compañeras venciendo el dolor
denunciaron las aberraciones sexuales cometidas en los batallones en su contra?
¿Ahora que la publicación de los informes con los archivos de inteligencia
demuestran que se vigiló a 300 mil uruguayos? No, no está igual, pero aún no
alcanza. Hay que volver a denunciar, volver a explicar, volver a dar el debate,
volver a defender nuestra razón.
Tenemos claro la importancia de lo que está en juego. Es
entre la verdad y la mentira. Entre la justicia y el encubrimiento. Es para que
no nos pudran, aún más, los valores de la sociedad en la que vivimos. Es para
garantizar que los cambios son posibles.
La mayoría de la Suprema Corte de Justicia, los impunes y la
derecha que los cobija, quieren vivir en una sociedad donde los responsables de
violar a mujeres atadas e indefensas anden libres y ostentando su crimen.
Nosotros no. Así de simple.
Por eso a los que dicen que hay que resignar la verdad y la
justicia en aras de una democracia parapléjica y raquítica donde los únicos
derechos vigentes sean los de los poderosos, que hay que dar vuelta la página,
nuestra respuesta es muy clara: Ni lo sueñen.
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