Las
organizaciones de derechos humanos de la región abajo firmantes expresan su
repudio frente a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay de
declarar la inconstitucionalidad de la Ley n° 18.831 que anuló la Ley de
Caducidad en octubre de 2011 al declarar los delitos cometidos durante la
última dictadura militar como crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto,
imprescriptibles.
Como organizaciones comprometidas con la búsqueda de memoria, verdad y justicia
por estos delitos, cometidos contra los pueblos de toda la región entre las
décadas de 1970 y 1990, entendemos que el fallo conocido el viernes pasado
constituye un enorme retroceso en términos políticos y jurídicos.
Existe vasta jurisprudencia y doctrina que contradice todos los argumentos esgrimidos
por la Corte en el fallo. En el marco del proceso de memoria, verdad y
justicia, la lucha política también ha incluido la disputa en el terreno del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y se ha avanzado en acuerdos que
la Suprema Corte desconoce al utilizar argumentos ya refutados en el plano
jurídico. Adjuntamos un breve informe acerca de estos argumentos.
De acuerdo a datos del Observatorio Luz Ibarburu, los actores locales del
proceso de justicia uruguayo han diagnosticado la inexistencia de voluntad
estatal para la implementación de estrategias serias y unificadas de
investigación y persecución penal de los crímenes de lesa humanidad cometidos
durante la última dictadura militar, a pesar de la sanción de la Ley n° 18.831
y de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
“Gelman vs Uruguay”. El Estado uruguayo en su conjunto tiene la obligación de
investigar estos hechos, por lo que el Poder Judicial no puede desconocer este
deber, esgrimiendo presunta independencia o neutralidad respecto de los
compromisos internacionales asumidos.
La decisión de la Suprema Corte constituye un retroceso en materia de justicia
transicional en la región. La resolución, sumada al apartamiento de la jueza
Mariana Mota de estas investigaciones la semana pasada, es un gravísimo
precedente que compromete la continuidad del proceso de justicia. Es
imprescindible que el Estado uruguayo tome las medidas necesarias para
garantizar la investigación de estos delitos y de esta manera obtener finalmente
justicia para las víctimas y la sociedad en su conjunto.
Uruguay
Crysol - Asociación de ex Pres@s Polític@s de Uruguay
Fundación Mario Benedetti
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
PIT- CNT
Servicio
de Paz y Justicia Uruguay
Argentina
Abuelas de Plaza de Mayo
Centro de Estudios Legales y Sociales
Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora
H.I.J.O.S - Capital
Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas
Perú
Asociación Pro-Derechos Humanos
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
28 de febrero de 2013
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