Crysol exige la implementación en salud

A más de 10 meses de promulgada la ley 18 596, de reparación a las víctimas del Terrorismo de Estado, el Poder Ejecutivo aún no ha reglamentado el Artículo 10 de la misma, por lo cual los beneficiarios de dicha norma no pueden ejercer los derechos consagrados por ella.

El artículo 10 establece que las personas que hayan estado detenidas más de 6 meses sin ser procesadas o las que hubiesen sido procesadas, las que hayan sufrido lesiones gravísimas y los niños y niñas que hayan sido secuestrados o hayan permanecido en cautiverio junto a sus padres, tendrán derecho a recibir de manera gratuita y vitalicia prestaciones médicas que incluyan la asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica que garanticen su asistencia integral en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Señala, además, que el Decreto 268/2008 es parte de dicha ley.

Como es de público conocimiento, el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), de acuerdo a la Ley 18 211, de 13 de diciembre de 2007, incluye a prestadores públicos y privados. Y está integrado por el sistema mutual y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

A lo largo de estos meses, Crysol ha realizado intensas gestiones para lograr que el Poder Ejecutivo emita el decreto reglamentario de dicho artículo. A fines del mes de junio, el Ministro de Salud Pública, Ec. Daniel Olesker, presentó el proyecto de decreto que, de acuerdo a la información en nuestro poder, está desde esa fecha en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su aprobación.

La Ley 18 596 no es una ley de reparación integral como el país necesita para superar las heridas aún abiertas del pasado reciente pues no cumple con los estándares internacionales y con las normas de derechos humanos que Uruguay ha ratificado.

Resultado de la movilización de los organismos de DDHH, la Ley 18 596 fue un avance en la normativa vigente pero debe implementarse efectivamente en todos sus aspectos para no ser letra muerta.

Exigimos la urgente aprobación e implementación efectiva y sin restricciones de los derechos consagrados por el Artículo 10.

Por verdad, justicia y memoria !

¡ Anular la ley de Caducidad !

¡ Nunca más Terrorismo de Estado!

Domingo 1º de agosto de 2010