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sábado, 10 de julio de 2010

Argentina: investigan a la justicia por colaborar con el Terrorismo de Estado

PIDEN LA CITACION A INDAGATORIA POR COMPLICIDAD EN DELITOS DE LESA HUMANIDAD DE DOS CAMARISTAS DE MENDOZA

La Justicia pone la lupa sobre la Justicia

Página 12. Sábado 10 de julio de 2010.

Los camaristas Luis Francisco Miret y Otilio Romano, entre otros magistrados y ex fiscales mendocinos, son acusados por omitir denuncias, avalar detenciones ilegales y no investigar torturas durante la última dictadura militar.

Por Nora Veiras.

“El Poder Judicial federal de la provincia de Mendoza evidenció (durante la dictadura) una clara voluntad de no investigar las atrocidades que se cometieron (...) Esta afirmación está basada en un hecho incontrovertible: pese a las innumerables denuncias de cientos de desapariciones y/o homicidios, torturas, privaciones ilegales de libertad y abusos sexuales (...) no hubo un solo funcionario de las fuerzas de seguridad que resultara imputado o seriamente investigado por la comisión de esos delitos.”

A lo largo de casi doscientas fojas, el fiscal general Omar Palermo detalló la connivencia de la Justicia con los represores y solicitó que se cite a declaración indagatoria a los actuales camaristas federales de Mendoza Otilio Romano y Luis Francisco Miret y al ex juez Gabriel Guzzo, entre otros, por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, por omitir hacer cesar detenciones ilegales y por encubrir por omisión el deber de denuncia. Calificaciones que tributan en delitos de lesa humanidad.

Miret y Romano ya fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por organismos de derechos humanos y el propio ministro de Justicia provincial (ver aparte). El pedido del fiscal Palermo, encargado de impulsar las causas por delitos de lesa humanidad, se nutre del testimonio de las víctimas entre 1975 y 1983.

El rechazo de los recursos de hábeas corpus, la negativa a buscar a personas desaparecidas, a investigar las condiciones de quienes estaban detenidos y a indagar sobre las torturas estremecen a pesar de la asepsia de la jerga legal. La colaboración del aparato judicial con el terrorismo de Estado se está empezando a investigar en distintas provincias (ver aparte). En Mendoza ya provocó la renuncia de otro camarista, Carlos Martín Pereyra González, quien fue señalado por la Cámara de San Luis por haber presenciado sesiones de tortura.

Modus operandi

El pedido del fiscal Palermo se presentó ante el juez Walter Bonto, titular del juzgado que está en manos como subrogante de Olga Pura de Arrabal, la magistrada que trascendió por su fallo a favor de la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Decisión avalada por los camaristas denunciados por complicidad en delitos de lesa humanidad y revertida por la Corte Suprema de la Nación. Tras la feria judicial se supone que Bonto reasumirá. Miret y Romano pretendieron deslegitimar las denuncias en su contra aduciendo que eran una persecución por su postura frente a la ley de medios. Horacio Verbitsky precisó en Página/12 el pasado 25 de abril que “los organismos de derechos humanos entregaron al Consejo de la Magistratura la denuncia el 22 de marzo y la Cámara de Mendoza recibió la apelación por la ley audiovisual una semana después”.

“Hubo jueces diligentes, no heroicos”, pero que con sus decisiones pudieron dar con un paradero y “poner coto a la dictadura”, señala el fiscal. Esa conducta no caracterizó a Miret, Guzzo y Romano. Por ejemplo, en el caso del secuestro del matrimonio Galamba que denunció, además, el robo de camas, roperos, heladera, lavarropa y ropa, el entonces fiscal Romano rechazó investigar el tema porque “se convertiría al tribunal en una oficina de informes de cosas perdidas”.

El caso de Luz Faingold, una adolescente de 17 años que fue detenida en el ’75 es uno de los que más compromete a Miret (ver aparte). El dictamen del fiscal precisa que “si bien el juez Miret no ordenó directamente la detención de la menor, habría sido anoticiado –probablemente de manera telefónica– el mismo día del resultado del allananamiento que él había ordenado. Es decir, desde un primer momento tomó conocimiento de que tenía privada de su libertad a una menor de edad, en un centro clandestino de detenidos junto a personas adultas perseguidas por causas políticas, a quien mantenía además incomunicada, no obstante lo cual, una vez anoticiado, dispuso la continuidad de esa detención preventiva ilegal y que se la mantuviera incomunicada negándole la entrega a la madre”. El entonces fiscal Romano estaba al tanto de la situación y ambos “una vez que tomaron conocimiento de las torturas y del abuso sexual del que fue víctima la menor por parte del personal policial, omitieron promover la persecución y represión de los delincuentes”.

La denuncia presentada por organismos de derechos humanos y sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionaba en el Departamento de Informaciones de la policía mendocina cuenta que Miret se jactaba de ser amigo personal del general Juan Pablo Saa, a cargo de la represión en Mendoza. “Miret y Romano fueron un engranaje del proceso represivo para facilitar la impunidad ajena y en algunas casos, propia”, sostienen. En un reportaje publicado por el diario mendocino El Sol, Miret se definió como “campeón del garantismo”, aclaró que no fue “juez del proceso sino juez de carrera que actuó durante el proceso” y explicó que todos los detenidos decían haber sido torturados “para desvirtuar la indagatoria policial” y abundó que los policías “estaban tentados de hacer cualquier apremio, como mínimo, un submarino, que no deja marcas, o colgarlos de las piernas por una noche y, entonces, al día siguiente, algunos cantan”. Esos apremios “podían ser o no ciertos”, agregó.

El actual camarista dijo, en la misma nota, que cuando le advirtieron sobre la desaparición del profesor Mauricio López Miret pensó que “se había escondido”. En otros casos, directamente avaló actas postdatadas para blanquear el secuestro de jóvenes antes y después del último golpe militar.

Delitos

El fiscal Palermo sostiene que la tolerancia por parte de los magistrados y fiscales que actuaron durante la dictadura terminó erigiendo una suerte de garantía de impunidad para los delitos cometidos. Llama la atención también sobre el silencio que siguieron manteniendo desde el retorno a la democracia.

Del estudio de los expedientes de la época surge que cada uno de los cientos de recursos de hábeas corpus a los que no se les dio curso permitió que los funcionarios tuvieran conocimiento de las detenciones sin orden de autoridad competente y, por lo tanto ilegales; de violaciones de domicilio, de apropiaciones de bienes, de secuestros, desapariciones y torturas.

A partir de la descripción de más de cien casos de secuestros, torturas y desapariciones –en Mendoza hay más de doscientos desaparecidos–, el fiscal Palermo pidió que se cite a declaración indagatoria a Miret por privación abusiva de la libertad, omisión de promover la investigación en 26 hechos, seis omisiones de investigar torturas, robo, prevaricato y omisiones de hacer cesar privaciones ilegales de la libertad. Al ex juez Gabriel Fernando Guzzo lo acusa por no promover la investigación ante 108 denuncias. Al ex fiscal y actual camarista Otilio Roque Romano, quien le dijo al diario La Nación que las acusaciones contra él y Miret habían sido impulsadas para presionarlos por la ley de medios, el fiscal le imputa no haber promovido las investigaciones en 97 detenciones y desapariciones, además de haber encubierto robos y evitar la continuidad de detenciones clandestinas.

Después de veintiséis años de democracia y cuando los procesos a los responsables directos y ejecutores de la represión ilegal avanzan en distintos puntos del país, el velo sobre la complicidad de los jueces empieza a correrse. En Mendoza, los magistrados encontraron hasta ahora los mecanismos para evitar que militares y miembros de fuerzas de seguridad esperen en prisión el comienzo de los juicios. La historia compartida con varios de los actuales camaristas explica la solidaridad y redobla el desafío para hacer justicia.


La familia judicial


Francisco Miret y Otilio Romano no son los únicos jueces acusados de convalidar las ilegalidades cometidas por la última dictadura. A paso lento pero firme, avanza el proceso de justicia sobre otros magistrados y funcionarios judiciales señalados como cómplices de las acciones cometidas por el terrorismo de Estado.

El caso más resonante es el de Víctor Brusa, ya que fue el primer juez federal del país condenado por crímenes de lesa humanidad. En diciembre último, el Tribunal Oral de Santa Fe lo sentenció a veintiún años de prisión efectiva tras ser encontrado culpable de ocho casos de apremios ilegales. También ganaron cierta notoriedad en aquella provincia los casos de los ex jueces federales Víctor Montti –acusado de ignorar las denuncias de las personas detenidas y de hacerles firmar declaraciones obtenidas bajo torturas– y Luis María Vera Candioti, que en 1977 fraguó datos de una niña cuya familia fue asesinada.

Carlos Martín Pereyra González, camarista mendocino al igual que Miret y Romano, renunció a su cargo en abril de 2009 luego de ser acusado de encubrir delitos de lesa humanidad por el Tribunal Oral Federal de San Luis. Durante la dictadura, Pereyra González se desempeñaba como secretario del juez federal Eduardo Allende y fue denunciado por ex presos políticos por no recibir denuncias de tormentos presentadas en 1977. Ahora está siendo investigado por la Justicia puntana en el único juicio de lesa humanidad que lleva adelante el tribunal federal de esa provincia.

Otro que abandonó su cargo hace algunos meses fue Carlos Otero Alvarez, secretario penal de la Justicia Federal de Córdoba que durante la dictadura habría adoptado un rol pasivo frente a la denuncia de torturas. De acuerdo con la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, el magistrado tampoco realizó denuncia alguna frente a distintos allanamientos ilegítimos producidos sin orden judicial. El actual juicio por fusilamientos de la UP1 podría reactivar su causa.

El ex juez federal de La Rioja Roberto Catalán está involucrado en la causa “Menéndez”, que tiene como principal imputado al ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército. Semanas atrás, Catalán negó las imputaciones de la fiscalía federal –que lo acusa de asociación ilícita, privación de la libertad, tormentos y homicidio– pero quedó detenido en su domicilio el mismo día en que fue citado a indagatoria.

En Chaco, dos magistrados acusados por el propio procurador Esteban Righi fueron suspendidos en sus cargos. Uno es Roberto Mazzoni, que desde mayo de 1974 hasta agosto de 1976 se desempeñó como secretario del juzgado federal de Resistencia, quien fue señalado como partícipe de varios interrogatorios ilegales y denunciado por amenazar a distintos detenidos durante la dictadura. El otro fue el ex fiscal federal Carlos Flores Leyes, acusado de cometer y consentir numerosos atropellos contra los detenidos, quien murió el pasado 24 de abril, semanas antes de que se iniciara la “Causa Caballero” en la cual se lo acusaba de participar de sesiones de tortura a detenidos políticos.