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viernes, 9 de julio de 2010

Argentina. Juicios de Lesa Humanidad

Brecha. Viernes 9 de julio de 2010.

Videla habló para criticar a la democracia

Primero fue un pedido de amnistía general a los militares condenados por delitos de lesa humanidad. Ahora los argumentos durante un juicio vuelven a ser los mismos: “la lucha contra la subversión apátrida”. Los militares acusados de genocidio insisten en reivindicar toda su actuación y esperan confiados las elecciones de 2011 con las promesas de algunos candidatos derechistas.

Por Fabián Kovacik. Desde Buenos Aires.

El ex dictador Jorge Videla habló por primera vez ante un tribunal de la democracia que lo juzga por delitos de lesa humanidad, reivindicó todo lo actuado por sus subordinados y desconoció a la autoridad civil como jueza de sus actos militares. Fue en Córdoba, el pasado lunes a la mañana en pleno juicio por el asesinato de 31 presos políticos en la Unidad Penitenciaria 1 de esa provincia, entre abril y octubre de 1976.

Junto a Videla estaba sentado el ex general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del área militar de Córdoba en ese entonces, y candidato a presidente en la interna militar de 1975 que preparaba el golpe del 24 de marzo siguiente.

Videla se mantuvo en silencio durante todas las jornadas del juicio a las juntas militares en 1985, cuando fue condenado a reclusión perpetua y perdió el grado militar. Decidió no utilizar la posibilidad de descargo oral otorgada por el tribunal y en cambio se aferraba a un rosario y una Biblia. No le sirvieron inmediatamente, pero seis años después Carlos Menem lo indultó y abandonó la prisión. En 1998 volvió a la cárcel cuando el entonces juez federal Roberto Marquevich lo acusó por primera vez por robo de bebés, en lo que luego se comprobó fue un plan sistemático de apropiación de niños. En esa condición permanece desde entonces –12 años después– aunque sólo estuvo preso por algo más de un mes en la cárcel común de Caseros para ser finalmente trasladado a una unidad especial para detenidos militares en Campo de Mayo.

La estrategia de las defensas de los represores fue sintéticamente planteada el lunes por Videla: reclaman ser juzgados por la justicia militar, institución ya perimida y modificada definitivamente en 2008 para este tipo de delitos. Consideran que ya fueron juzgados durante el juicio a las tres primeras juntas militares en 1985, y apuntan directamente a las autoridades civiles de 1975 como responsables del ingreso de las fuerzas armadas al terreno del combate contra las organizaciones armadas y de izquierda en general.

Según un informe de la Procuración General de la Nación –responsable de todos los fiscales nacionales– divulgado en la tarde del miércoles 7, son 656 los represores procesados en el país. De ese total hay 325 imputados que ya cuentan con al menos una causa en etapa de juicio, y un grupo de 140 que pronto alcanzarían esa etapa procesal, según el estudio. Hay 18 juicios en todo el país y ya se alcanzó la cifra de 123 juzgados, con 110 condenados y 13 absueltos.

Reclamo de represores. Es la primera estocada de los genocidas tras el fallido intento de mayo pasado por alcanzar una amnistía en el marco de los festejos del bicentenario. Con poca repercusión en la prensa –Horacio Verbitsky encendió la alarma desde el diario Página 12, el 30 de mayo–, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, entregó una carta firmada por más de un centenar de militares y civiles, condenados, procesados y detenidos por violaciones a los derechos humanos entre 1976 y 1983, en la que solicitaban “un acto recíproco de olvido”, es decir una amnistía aprovechando los festejos del bicentenario. Entre los firmantes figuraban los ex dictadores Jorge Videla y Benito Bignone y los represores militares Miguel Etchecolatz, Santiago Riveros y Raúl Scheller, y los civiles Christian von Wernich y Julio Cirino. La arremetida facilitada por Bergoglio (también acusado de haber entregado a la represión en 1976 a los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics cuando era superior de la orden salesiana) estaba enmarcada en la presunta polarización social propiciada por el gobierno que “en lugar de justicia busca venganza”, según el propio religioso.

Cristina y los militares.

Mientras tanto, en la noche del martes 6, la presidenta Cristina Fernández presidió la cena anual de camaradería de las fuerzas armadas, donde rescató un mensaje caro al peronismo: sellar “la unidad entre el pueblo y sus militares”. Durante la vertiginosa sucesión de mandatarios peronistas en el último período constitucional antes del golpe de 1976, tanto Juan Perón como su esposa y sucesora, María Estela Martínez, habían reinstalado la vieja idea del primer período peronista –1946-1955–, sobre el rol social de las fuerzas armadas.

En 1975 el coronel Vicente Damasco, como ministro del Interior, y el jefe del ejército, teniente general Alberto Numa Laplane, fueron los ideólogos de operativos de trabajo solidario a los que acudían las fuerzas armadas en todo el país como forma de romper las diferencias entre la sociedad y los militares a punto de dar el golpe de Estado. La idea es retomada por Cristina Fernández, como forma de aislar a los grupúsculos golpistas que buscan hacer pie en las nuevas generaciones de oficiales de las fuerzas de seguridad. “El gran desafío que tenemos es que el concepto de defensa vuelva a estar presente en todas aquellas áreas que están vinculadas a cuestiones estratégicas de nuestra sociedad”, señaló la mandataria, y entre ellas incluyó la defensa de los recursos naturales y la cooperación entre los ministerios de Defensa, Salud, Ciencia y Tecnología y Planificación Federal.

Derecha 2011.

Pero los golpistas siguen esperando una amnistía o indulto similar al que les prodigó Carlos Menem durante su mandato, en 1989 y 1990. Las elecciones presidenciales del año próximo podrían ser un globo de ensayo. Eduardo Duhalde, ex presidente y actual opositor al kirchnerismo, ya lanzó su precandidatura presidencial con una frase tan poco feliz como cercana a la apología del delito. “Quiero un gobierno para todos: para quienes amen a Videla y quienes no”, dijo en marzo pasado durante un mitin del peronismo disidente.

Dentro del Pro, el partido del empresario Mauricio Macri, hay sectores en busca de una alianza con el duhaldismo y a su vez entre ellos aparecen quienes, encabezados por el actual jefe del gabinete macrista, Horacio Rodríguez Larreta, no apoyaron con fervor los juicios por delitos de lesa humanidad y mantienen, con discreción, vínculos con sectores civiles y castrenses ligados a la última dictadura.

El sector más joven, liderado por las actuales diputadas Gabriela Michetti y Laura Alonso, repudió las declaraciones de Duhalde y apoya “el camino de la verdad y la justicia para cerrar las heridas” del pasado. Dentro del propio gobierno municipal de Mauricio Macri se sucedieron desde 2007 varias denuncias por la aparición de funcionarios ligados a la última dictadura militar.

Otro candidato peronista, Carlos Reutemann, reconoció la necesidad de “terminar de cuajo con un tema del pasado”, en relación con los juicios. A mediados de junio se supo que el propio Reutemann ordenó incinerar documentación de la dictadura cuando fue gobernador de Santa Fe, entre 1999 y 2003. La denuncia de empleados estatales a los organismos de derechos humanos evitó que se perdiera información que actualmente sirve para nuevas acusaciones en juicios por delitos de lesa humanidad.

Tampoco permanecen ajenos a la movida los actuales senadores y ex gobernadores Ramón Puerta (Misiones), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), Carlos Menem (La Rioja) y Juan Carlos Romero (Salta), quienes ya se pronunciaron a favor de “alguna solución rápida para terminar con tantos años de judicialización” (sic) en los juicios.

Por ahora lo cierto es que los juicios siguen su marcha. Y pese a que los reos no reconocen su jurisdicción, las condenas lentamente arriman la justicia a la sociedad.