COMISIÓN
APRUEBA EL NUEVO CPP
Caras y Caretas - 12 8 14
La Comisión de
Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de
nuevo Código del Proceso Penal (CPP), por el cual se consagra un sistema
acusatorio, oral y público, donde la investigación de los ilícitos estará a
cargo de los fiscales, y las víctimas tendrán la posibilidad de participar del
proceso.
El proyecto fue aprobado por “unanimidad”, tras una
“ardua” negociación en la que participaron los senadores Óscar López
Goldaracena (Frente Amplio), Constanza Moreira (Frente Amplio), Ope Pasquet
(Partido Colorado) y Ever Da Rosa (Partido Nacional), en representación de los
tres partidos con representación en el Senado, afirmó López Goldaracena, a Caras y Caretas Portal.
El legislador destacó que la aprobación del CPP, que entrará en vigencia
el 1º de febrero de 2017, es la primera parte de un paquete de reformas, que
incluirá la aprobación de un nuevo Código Penal (actualmente a estudio de la
Cámara de Diputados) y de la Ley Orgánica del Ministerio Público. También está
sobre la mesa la posibilidad de crear un Ministerio de Asuntos Jurídicos,
valoró López Goldaracena.
El futuro CPP implicará que la investigación penal estará a cargo de los
fiscales, con asistencia de la Policía, y los jueces serán los encargados de
decidir, lo cual ubicará en un plano de igualdad al Ministerio Público y a los
imputados. Asimismo, valoró que se le otorgará participación a las víctimas de
un hecho delictivo, que tendrán la posibilidad, si así lo desean, de participar
de las audiencias, pedir pruebas y cuestionar un eventual pedido de
sobreseimiento de los imputados por parte del Ministerio Público.
En este sentido, López Goldaracena lamentó los cuestionamientos
esgrimidos en las últimas horas por la Institución Nacional de Derechos Humanos
(Inddhh) al proyecto, particularmente en lo referido a la participación de las
víctimas en el proceso. La Inddhh recomendó al Parlamento otorgar a las
víctimas una participación “real y efectiva” en el proceso penal, con la
posibilidad de deducir “acusación penal” (querella privada) contra los
imputados, en caso de que el fiscal solicite su sobreseimiento.
El legislador explicó que la forma de participación de las víctimas en
el proceso fue parte de “un largo proceso” de negociación entre distintas
corrientes jurídicas, que redundó en la aprobación de un mecanismo que
garantiza su posibilidad de “coadyuvar” a la Fiscalía en cuanto a la
recopilación de la prueba, aunque sin llegar al nivel de la “querella privada”.
Habilitar la “querella privada” en forma amplia implicaría que las
víctimas sean titulares de la acción penal, lo cual sería contrario a la lógica
de que el titular de la acción penal sea el Ministerio Público y de que “el
Estado tiene que ser el defensor de las víctimas”, dijo. Asimismo, López
Goldaracena valoró que “en teoría” la querella privada “sería fantástica”, pero
también se corre el riesgo de “generar desigualdad entre las víctimas que
pueden acceder a pagar un abogado y las que no”.
“¿Se pudo haber logrado más alcance a la víctima? Seguro, pero esto fue
parte de una negociación. Por ejemplo, en mi caso, hubiera preferido que la
víctima pudiera apelar el fallo de un juez en caso de que se disponga el
sobreseimiento del imputado, pero hubo que acordar entre distintas corrientes
jurídicas de opinión para que (el nuevo CPP) tenga el sustento de todo el
contexto político”, afirmó. Igualmente, López Goldaracena recordó que en el
futuro CPP las víctimas podrán oponerse a un pedido de sobreseimiento emitido
por el Ministerio Público, y en caso de que el juez comparta sus argumentos, el
caso será remitido a un fiscal subrogante para que fije posición.
Todos iguales
Asimismo, López Goldaracena afirmó que la Comisión decidió excluir del
futuro CPP todas las referencias inherentes a la conformación de un régimen
especial para la interceptación de llamadas telefónicas de las altas
autoridades nacionales, de forma de poder analizar el tema con “mayor
profundidad” en un futuro.
“El sistema se mantiene. No se establece régimen especial para las altas
autoridades nacionales, por lo que hoy en día cualquier fiscal puede solicitar
la interceptación de las comunicaciones telefónicas de todos los jerarcas
públicos, incluido el presidente de la República”, explicó López Goldaracena.
ELa decisión de excluir este tema del proyecto fue parte de un acuerdo entre
todos los partidos, ya que no existía consenso sobre el tema.
La Comisión tenía discrepancias en cuanto habilitar, prohibir o establecer
un régimen especial para la interceptación de las comunicaciones de las altas
autoridades, en el marco de una investigación penal, por lo cual se resolvió
prorrogar la discusión sobre este punto, en virtud de que el CPP no entrará en
vigencia hasta febrero de 2017 y existe la posibilidad de elaborar un proyecto
de ley específico sobre el tema, en caso de que finalmente se entienda que esa
es la mejor opción. El tema “se seguirá discutiendo”, expresó López
Goldaracena.
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