COMIENZAN A TRATAR EN DIPUTADOS UN PROYECTO PARA
PROHIBIR QUE SE
INDULTEN LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD
Página12 - 19 8 14 - Por Laura Vales
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La jurisprudencia señala no sólo que está vedado indultar estos crímenes, sino que el Estado tiene la obligación de perseguirlos. |
Este límite a las atribuciones presidenciales ya
fue puesto por la Corte Suprema. La iniciativa legislativa reglamentará esa
prohibición que, por lo tanto, se hará extensiva a todos los casos de este tipo
en el futuro.
El Congreso Nacional comenzará a
analizar hoy un proyecto de ley para prohibir a los futuros presidentes que
indulten, amnistíen o beneficien con una conmutación de penas a quienes hayan
cometido delitos de lesa humanidad. Este límite a las atribuciones
presidenciales ya fue puesto por la Corte Suprema de Justicia cuando anuló los
indultos firmados por el ex presidente Carlos Menem; de lo que se trata ahora
es de reglamentar esa prohibición. La Corte ha señalado, en sintonía con los
tratados internacionales de derechos humanos, que no sólo está vedado indultar
estos crímenes, sino que el Estado tiene la obligación de perseguirlos,
investigarlos y sancionar a los responsables.
El
proyecto fue redactado por el legislador y nieto recuperado Horacio
Pietragalla, con el acompañamiento de otros dieciséis diputados del Frente para
la Victoria. Como primer paso para su debate, esta tarde será tratado por la
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
En
los fundamentos del proyecto, Pietragalla explica por qué tomó la decisión de
llevar el tema al Congreso, teniendo en cuenta que la jurisprudencia ya lo
establece sin dejar dudas. “El Poder Judicial dicta fallos vinculantes para los
casos concretos que llegan a su estudio, mientras que el Poder Legislativo
sanciona leyes para la generalidad de los casos”, indicó. También habló de la
intención de que las instituciones democráticas reafirmen “la gravedad de los
delitos de lesa humanidad y la obligación del juicio y castigo” a quienes los
cometan.
Alcances
El
texto que discutirán los legisladores extiende la restricción de indultar no
sólo a los condenados por delitos de lesa humanidad, sino también a aquellos
que estén siendo investigados o bajo proceso. Este aspecto del tema ya fue
discutido en su momento y, en este sentido, también la Corte Suprema adoptó el
criterio de aplicación más amplio.
Pietragalla
citó en este sentido un fallo del máximo tribunal en la llamada causa Mazzeo,
que en el año 2007 declaró inconstitucionales los indultos (el expediente
llevaba el nombre del represor Julio Mazzeo y el perdón que fue declarado
inconstitucional fue el de Santiago Omar Riveros, comandante del Cuerpo IV de
Ejército que tuvo bajo su jurisdicción centros clandestinos de detención así
como el Hospital Militar de Campo de Mayo, donde funcionó una maternidad
clandestina empleada para el robo de bebés). “Cualquiera sea la amplitud que
tenga el instituto del indulto”, dijo entonces el tribunal al declarar
inconstitucional el perdón que Menem le había concedido en 1989, el indulto
“resulta una potestad inoponible para este tipo de proceso, pues para el
supuesto que se indultara a procesados partícipes de cometer delitos de lesa
humanidad, ello implicaría contravenir el deber internacional que tiene el
Estado de investigar, y de establecer las responsabilidades y sanción.”
En
el Congreso hay consenso entre los diputados de los diferentes bloques para
avanzar en el dictamen, por lo que el proyecto podría ser debatido en el recinto
de la Cámara baja antes de fin de año. Después de pasar por la Comisión de
Derechos Humanos deberá obtener además el visto bueno de la de Asuntos
Constitucionales.
Como
antecedentes, quedaron en el camino propuestas similares presentadas en otros períodos
parlamentarios por los ex diputados Patricia Walsh, Gerardo Conte Grand y
Marcela Rodríguez, que habían recibido dictamen de las comisiones de Asuntos
Constitucionales y Justicia en el año 2005.
Entre
los cofirmantes del proyecto de Pietragalla aparecen otros hijos de
desaparecidos, como Eduardo “Wado” De Pedro y Juan Cabandié, y referentes de La
Cámpora como Andrés Larroque y Mayra Mendoza. También es cofirmante Remo
Carlotto.
El
poder de indultar o conmutar penas que tiene el presidente es una atribución
constitucional. La Carta Magna se la otorga al jefe de Estado en su artículo
99.
Menem
lo utilizó al otorgar los indultos entre 1989 y 1990. El primer decreto, de
octubre del ‘89, benefició a los responsables del Primer Cuerpo del Ejército.
Jorge Rafael Videla y Emilio Massera fueron perdonados con un decreto firmado
el último día hábil de 1990. En la tanda de ese año también entró el ex
ministro de Economía José Martínez de Hoz.
Como
excepción, la Constitución fija “los casos de acusación por la Cámara de
Diputados”. Con la reforma de 1994, los convencionales agregaron una limitación
más, la de indultar a los autores de golpes institucionales. Pero en esa misma
reforma quedaron incorporados a la Constitución tratados internacionales que
prohíben cualquier tipo de amnistía o conmutación de penas frente a los delitos
de lesa humanidad.
“El
espíritu de la ley”, dijo ayer Pietragalla (ver aparte), “surge porque todavía
hay sectores de la sociedad, políticos y económicos, que no están muy de
acuerdo con las políticas que se están llevando adelante en el país para juzgar
a los responsables de estos crímenes.”
“Creemos
que a esta altura, después de recorrer muchos aniversarios del golpe, después
del proceso que generó la reparación política hacia las víctimas del terrorismo
de Estado, no nos podemos dar la posibilidad de que ningún sector pueda avanzar
en eventuales indultos. Los delitos de lesa humanidad no pueden ser indultados;
a partir de esta ley, ningún presidente podrá hacerlo nuevamente.”
HORACIO PIETRAGALLA, AUTOR DEL PROYECTO
“Para que no se pueda volver
atrás”
Por Irina
Hauser
Horacio Pietragalla, diputado del Frente para la
Victoria, explica las razones por las que quiso impulsar el proyecto para
limitar por ley la facultad del Poder Ejecutivo de indultar, amnistiar o
conmutar penas a los involucrados en crímenes de lesa humanidad. Después de
todo lo logrado en los juicios por los crímenes dictatoriales, advierte, “puede
pasar que venga un próximo presidente e indulte”. El número cada vez mayor de
cómplices civiles, a su entender, aumenta ese riesgo.
–¿Por
qué hace falta una ley? ¿No alcanza con los fallos de inconstitucionalidad de
la Corte Suprema?
–Es para
garantizar que no se pueda volver atrás con los juicios que han avanzado. Los
fallos son para el caso al que aluden y no son de aplicación general; aunque
estén fundados en tratados internacionales en materia de derechos humanos que
son obligatorios para nosotros, es necesario que sus principios estén
reflejados en una ley programática de acuerdo con los estándares que fijó la
Corte. La Constitución establece la facultad de indultar del Poder Ejecutivo, y
también prevé limitaciones, aunque hasta ahora no ha sido contemplada
legislativamente la que atañe a los delitos de lesa humanidad. El objetivo es
que no se pueda indultar a ninguno de los genocidas que fueron o están siendo
juzgados y de ese modo no obstaculizar la persecución, investigación y sanción
de las violaciones a los derechos humanos, como dicen los pactos que la
Argentina suscribe.
–¿El
proyecto está fundado en algún temor específico de que pueda haber indultos?
–Si no hay una
ley, puede pasar que venga un próximo presidente e indulte. El temor de que
alguien pueda intentar hacerlo, está. Y no son sólo los militares que nos
preocupan sino que cada vez se descubren más cómplices civiles, complicidad
económica, eclesiástica, judicial. Cada vez más causas judiciales los
involucran. Son grupos que pueden llegar a ejercer fuerte influencia. Los
grupos económicos que se favorecieron con la dictadura, por ejemplo, podrían
salir a bancar a algún candidato y que haya devolución de favores. En materia
de derechos humanos ha habido un gran esfuerzo judicial, salvando excepciones
de jueces reacios a tramitar estos casos por tener intereses en juego. Es
inimaginable tener que empezar de nuevo si hay indultos o amnistías, y tener
que llegar hasta la Corte. Queremos evitar judicializar conflictos en torno a
este tema.
–Entre
los civiles involucrados en causas de lesa humanidad que usted imagina que podrían
propiciar devolución de favores, ¿en quiénes está pensando?
–Se me vienen a
la cabeza muchos nombres: la investigación contra Carlos Blaquier sobre los
desaparecidos del Ingenio Ledesma; las complicidades de Loma Negra, aunque la
principal empresaria (Amalia Lacroze de Fortabat) murió; Vicente Massot del
diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca; los socios de Papel Prensa. Ahora,
quienes sean sospechosos en un juicio abierto, no podrán tener ningún
beneficio. Además, como decimos en el proyecto, también en función de los
pactos, las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura se
deben poder perseguir todo el tiempo necesario y con retroactividad.
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