De visita en Uruguay, el director del proyecto Documentación Cono Sur de los Archivos de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, el chileno-salvadoreño Carlos Osorio se ha reunido con autoridades de gobierno y organizaciones de derechos humanos acerca de qué y cómo pedir a Estados Unidos la información, hasta ahora clasificada, vinculada a Uruguay durante el terrorismo de Estado. Esto se produce luego de que el Departamento de Estado de ese país aceptara en junio la solicitud de ese tipo de documentos, cursada por la cancillería uruguaya hace un año. Los archivos llegarían en 2012.-¿Qué criterios de confidencialidad tiene Estados Unidos para desclasificar sus archivos? -Hay una ley que dice que el presidente tiene la prerrogativa de clasificar o desclasificar. En materia de seguridad nacional, el presidente puede decidir. En términos de privacidad, es otra cosa, hay una ley para eso. En América Latina, particularmente en Argentina y Uruguay, se está generando una nueva práctica en la que tachan nombres en aras de la privacidad. En Estados Unidos no hacen eso, hay toda una tradición de concebir qué es la privacidad, y ésta comprende áreas como orientación sexual, trabajo, salario, salud o religión de las personas.
Los nombres que se tachan son de personas que son agentes o fuentes de información e inteligencia, pero eso tiene que ver con la seguridad nacional, no con la privacidad.
-En nuestro país la Ley de Acceso a la Información tiene como límite la Ley de Protección de Datos Personales y, amparados en ésta, los archivos de ministerios de Estado a los que han accedido los familiares de las víctimas tienen tachados todos los nombres de los funcionarios de la dictadura.
-En mi opinión, eso es un error de interpretación de qué es privacidad.
Una vez que esos documentos vengan de Estados Unidos van a estar desclasificados. Si alguien los quiere tachar sería ridículo porque yo voy a tener una copia, ellos los pueden colgar en internet, vamos a compartir copias con éste y con aquél. Es como que me digas que vamos a clasificar todo lo que Wikileaks sacó; es imposible. Estamos en la era de la comunicación electrónica, es imposible destruir los flujos.
-¿Qué tipo de información debería pedir Uruguay?
-Todo aquello que satisfaga las necesidades de esclarecimiento de la verdad y la justicia; ése es el corazón de la petición. Lo mejor es pedir cosas que sabemos que es muy probable que tengan. No hay duda de que tiene que haber información sobre el trasiego de prisioneros, del primer vuelo, como le llaman aquí. Probablemente no haya nombres específicos pero sí datos de la operación.
Sobre hechos que no pudieron pasar desapercibidos para la embajada y, por lo tanto, tienen que estar por escrito, porque son eventos políticos. Sobre las víctimas que hayan sido consideradas amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, como los miembros del MLN. Resultaría improductivo pedir información sobre los perpetradores; si pedís sobre el argentino [Jorge Rafael] Videla te van a mandar un montón y probablemente no vas a encontrar la decisión donde ordenó tal cosa.
-La decisión política de desclasificar los archivos está tomada, pero ¿en qué medida incide la campaña electoral o un cambio de gobierno en Estados Unidos?
-No creo que afecte. Pienso que una desclasificación va a acercar a la opinión pública uruguaya a tener una visión más benevolente de Estados Unidos y también de la opinión pública latinoamericana, porque el mundo se da cuenta de los gestos de Estados Unidos, de su hermandad y buena voluntad.
-También está clara la participación que Estados Unidos tuvo en el Plan Cóndor. ¿Eso cómo influye?
-Los Estados Unidos van a desclasificar lo que deseen, ellos pueden decidir no incriminarse. En el caso de los 30 uruguayos [desaparecidos] en junio de 1976 [se refiere al llamado primer vuelo], sabemos que en esa operación tienen que estar involucrados el Servicio de Información y Defensa, el Servicio de Informaciones del Estado y el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas.
No tenemos ningún documento que diga que Estados Unidos hubiera participado. Ellos pueden darnos esa información sin implicarse. Hay que pedir lo que estamos buscando. Otro tipo de documentación que no pediría, por ejemplo, es lo que dijo [Henry] Kissinger sobre la operación Cóndor.
Una cosa es la información que va a ayudar a las causas de justicia, otra son los juicios políticos.
Tenemos que ver cómo vamos a usar nuestros cartuchos. Es más importante traer información sobre los perpetradores locales, que permitieron que se sucedieran estas intervenciones extranjeras.
-Decía que este proceso es cuestión de "voluntades políticas".
¿Esta posibilidad habla de las relaciones diplomáticas de ambos países? -Me parece remarcable la buena relación que hay entre Estados Unidos y Uruguay sin ser un país que está considerado un aliado fiel.
Hay una relación muy respetuosa.
Pueden salir cosas desclasificadas que pueden ser embarazosas para uno o para otro, pero yo creo que la población debe ser madura y decir "bueno, sabemos que esas cosas sucedieron en el pasado".
Hubo historias de conflicto, en la administración Nixon, y no creo que puedan afectar la relación.
-¿Qué expectativas tiene sobre las posibilidades de acceso a información que ayude a esclarecer los hechos?
-Es difícil predecir; pienso que va a salir algo, no sé cuánto. Vamos a conseguir cero punto uno, y eso va a ser un avance porque estamos en cero. Me toca ser realista. Nosotros lo que traemos es la técnica de cómo hacer las peticiones, se están poniendo todos los esfuerzos para que avancemos. El marco político hoy está dado para que la petición sea fructífera. Estados Unidos jamás va a decir que no, porque no le conviene y la manera en que se está construyendo la petición no va a dar pie para un no rotundo.
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