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sábado, 12 de noviembre de 2011

El olvido imposible. Médicos involucrados en violaciones de derechos humanos siguen en actividad

Brecha. 11 11 11


Escrito por: Rosario Touriño 

En Uruguay no existe ningún mecanismo para impedir que los médicos expulsados de las gremiales médicas o denunciados por violación de los derechos humanos sigan ejerciendo. Muchos de ellos ya son jubilados, pero por lo menos tres, Arturo Dini, José Luis Braga y Martín Gutiérrez, siguen en contacto con pacientes (quizás sin que muchos de ellos conozcan su oscuro pasado). Las denuncias masivas por torturas en los juzgados vuelven a poner el foco en el aparato "sanitario" del terrorismo de Estado y también en ese tejido invisible que dejó la impunidad.


Sus voces han quedado guardadas en algún lugar hiriente de la memoria. Y cuando el encuentro inesperado sobreviene, el chip se ve obligado a activarse. A varios ex presos les ha pasado. Algunos llamaron a su emergencia móvil y quedaron paralizados: la voz del doctor era la misma que habían escuchado en el centro de detención clandestina en el que fueron sometidos a tratos inhumanos y degradantes. A otros les ocurrió en una rutinaria visita a una policlínica.


Hoy varios de los profesionales de la medicina que fueron denunciados o expulsados por las gremiales médicas debido a su participación, por acción u omisión, en unidades en las que se practicó sistemáticamente la tortura están ya jubilados. Pero hay otros que todavía siguen ejerciendo y manteniendo contacto con pacientes.


Es el caso de Arturo Dini Olivera. Brecha pudo constatar que desde hace varios años es director técnico de una de las empresas que forman el grupo semm. Se trata de Diagmed, la clínica de medicina preventiva que, entre otras cosas, expide carnés de salud. Dini además sería socio fundador y accionista en ese grupo médico, de acuerdo con una serie de consultas realizadas entre médicos del smu y de la propia empresa.


Ya casi ni se menciona esa incómoda cuestión entre el personal que forma parte de Diagmed, pero lo cierto es que en 2000 el Sindicato Médico del Uruguay expulsó a Dini de su padrón ante la denuncia realizada por otro médico. Para tomar la resolución, la gremial se apoyó en la investigación realizada entre 1985 y 1987 por la Comisión Nacional de Ética Médica.


Ese organismo había ana­lizado su conducta en un destacamento de Fusileros Navales (Fusna) y en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Si bien no había hallado ningún elemento para deducir que Dini había tenido participación activa en la tortura "en el sentido de provocarla o de controlar la resistencia física del detenido para graduar su intensidad", la comisión concluyó que había quedado plenamente probado que en el Fusna "se practicaban con los presos tratos crueles, inhumanos o degradantes", y que ello era de su conocimiento.


El fallo, en su momento publicado en algunas de las revistas del sindicato,  establece que Dini "aceptó" realizar tareas en el lugar donde se torturaba, y "no cumplió por tanto su deber de amparar la salud física de los detenidos". 

En el dictamen se menciona que Dini actuó técnicamente bien en el tra­tamiento de un detenido torturado, y que su intervención había sido primordial para preservar su vida. Pero, precisamente, se marca que su conocimiento de "tales prácticas" en el establecimiento tuvo gravitación para orientar el diagnóstico en el caso del recluso. 

En otro numeral del fallo se describe que la forma "éticamente incorrecta" en que enfrentó sus responsabilidades se pone de manifiesto cuando reco­noce que, para él, la labor del médico "es aconsejar al comando, quien toma o no en consideración estos consejos", con lo cual elude una responsabilidad que debe asumir directa y personalmente. Más allá del contexto de arbitrariedades generalizadas, los médicos tienen "deberes irrenunciables e indelegables que les imponen afrontar tales situaciones aunque para ello deban llegar al sacrificio de ciertas posiciones o a enfrentar riesgos de índole personal", establece el fallo, en base a la Declaración de Tokio.

A diferencia de otros profesionales, Dini concurrió a la citación de la comisión, formuló sus descargos e incluso procuró recurrir el dictamen sin éxito. Un grupo de ex detenidos del Fusna prepara una denuncia colectiva que será elevada por el abogado Pablo Chargoñia, en la que además de mencionar a los militares encargados de las prácticas, también se hará lo propio con el personal de sanidad. 

La historia de Dini parece haber sido archivada en el semm. "No es una persona problemática; es un buen compañero de trabajo. Quizás por el paso del tiempo, del tema ya no se habla", dijo a Brecha uno de sus colegas. Las refe­rencias surgen frente a una pregunta periodística, y no porque el pasado de Dini forme parte de las conversaciones cotidianas. Ahora, las denuncias que los ex presos están remitiendo masivamente a la justicia, y que involucran ya a cientos de víctimas, están removiendo todo aquello que iba camino al olvido (fallos del smu incluidos). 


BRAGA ROSADO.  

El de Dini no es el único caso de un médico que cumplió funciones en la dictadura y hoy continúa en actividad. La situación de José Luis Braga Rosado -un médico que enfrenta un pedido de procesamiento por la muerte del ex edil comunista Horacio Gelós Bonilla en el Batallón de Ingenieros de Combate Nº 4 de Laguna del Sauce- es especialmente irritante para las organizaciones de derechos humanos.


Hasta el día de hoy, Braga -a quien según alguno de sus colegas también le agradaba manosear a las presas- examina personas en la oficina de la Intendencia de Maldonado que expide las libretas de conducir. La fiscal Ana María Tellechea pidió en agosto pasado el procesamiento de cuatro militares y de este médico por el asesinato de Gelós Bonilla, secuestrado en el marco de la Operación Morgan y salvajemente torturado en 1976.


La magistrada propuso que se le tipificara desaparición forzada, un delito considerado de lesa humanidad. En el testimonio tomado al personal militar subalterno, según Caras y Caretas, se pudo confirmar quiénes eran los oficiales que torturaban a los detenidos y detalles de los vejámenes (picana eléctrica, torturas en una cama con elástico metálico y un poncho húmedo colocado sobre los prisioneros encapuchados y desnudos).


Braga llegó a ser director de Higiene durante la primera administración de Domingo Burgueño (y continuó luego con cargos relevantes en la de Enrique Antía). En 2006 la edila del PVP Beatriz Jaurena reclamó a la Intendencia frenteamplista su destitución, sin éxito. Al parecer, desde la comuna se argumenta que no se puede sumariar a un funcionario presupuestado por su actuación en la dictadura (algo que sí sería posible apenas sobrevenga un procesamiento). Jaurena ha insistido en que "por lo menos" se lo retire de la atención al público.


Alguien puede llegar a pensar que en un marco tan represivo como el de la dictadura, a los médicos no les habría quedado otra opción que acatar órdenes. Pero no es así. De hecho, un testimonio fundamental para incriminar a Braga por su participación en sesiones de tortura lo aportó otro médico, el reconocido cirujano plástico Moisés Salgado, a quien preten­dieron obligar a firmar el certificado de defunción del joven militante Eduardo Mondello.


A Salgado lo fueron a buscar en un jeep militar y lo llevaron a la morgue. Un teniente, acompañado de seis soldados armados con fusiles y metralletas, le pidió que firmara el documento sin hacer la autopsia. Braga estaba en el lugar. Salgado se negó, pidió los instrumentos, hizo la autopsia y regresó a su casa luego de firmar el informe forense para el "juez" militar. "Por la tarde fui a comunicar al jefe de Policía, coronel Esteban Costa, de la forma irregular del procedimiento y de cómo había sido tratado por el teniente del grupo", escribió en una carta enviada a una comi­sión creada en Maldonado al fin de la dictadura.


Salgado, que fue candidato suplente a la Intendencia por el Foro Batllista, fue homenajeado en la Junta Departamental a propuesta del PVP. En el cuartel de Laguna del Sauce también actuaron los médicos Francisco Pons y Julio César D´Albora (quienes podrían ser citados en el marco de nuevas actuaciones dispuestas por la Fiscalía).


SALUD MENTAL. 


En esta área también se ha identificado a responsables de omisión de asistencia y hostigamiento. En marzo pasado Crysol denunció ante el msp al psiquiatra Martín Gutiérrez Oyhamburo y al psicólogo Dolcey Britos, "quienes aplicaron sus conocimientos para inducir a la locura y a la muerte a las y los prisioneros".


Una investigación de la periodista Lourdes Rodríguez para La Diaria logró revelar que en 2009 Gutiérrez había ganado una licitación para vender los servicios de su clínica de diagnósticos neurológicos (eeg Electrodiagnóstico Médico srl) a varios organismos públicos (entre ellos asse, el Hospital de Clínicas y el Banco de Seguros). Sin embargo, dos de sus competidores objetaron que el centro estaba aún tramitando la habilitación ante el msp. Gutiérrez y Britos (ex asesor de recursos humanos de una cadena de supermercados) escribían antes de la dictadura artículos en el pasquín ultraderechista Azul y Blanco.


Otro médico que ahora ha debido concurrir a tribunales es Eduardo Saiz Pedrini, quien fraguó el certificado de defunción de Vladimir Roslik. El médico, que fue investigado por Femi y ya no estaría en actividad, debió declarar el 26 de octubre pasado por la muerte de su colega en el Batallón 9 de Fray Bentos en 1984 (la causa se reabrió luego de que el Poder Ejecutivo excluyó el caso del alcance de la ley de caducidad).


La ciencia del mal. En varias de las últimas denuncias se mencionan nombres de p rofesionales de la salud. Los que aparecen más veces son los de Nelson Marabotto y Rosa Marsicano, encargados de los servicios de sanidad de la cárcel de Punta de Rieles (ambos expulsados del smu y responsabilizados por negar asistencia a los presos). En otros escritos judiciales se menciona a otros de los diez expulsados por el smu, pero también se suman nuevos nombres. Uno de los obstáculos es que en algunos casos los ex detenidos no conocen el nombre completo del profesional, por lo cual sería clave que el Ministerio de Defensa aportara las planillas del personal de la época.


Baldemar Taroco, de­nunciante de la causa Boiso Lanza, recuerda que allí actuaba alguien a quien llamaban el "médico Mateo". El galeno recurría a las metáforas para asesorar a los torturadores: "la tormenta fue grande, pero no llegaron a volarse las chapas del techo", dijo al lado de Taroco. Los ex detenidos en el 300 Carlos (Batallón 13) señalaron la presencia de un médico en las sesiones, aunque no todos lo pueden identificar. Uno de ellos dice que en 1976 escuchó que un médico le reprochó a unos represores haber comenzado los tormentos sin su presencia: "Yo soy la ciencia", se quejó.


Si eran jóvenes en la época, esos profesionales pueden estar todavía ejerciendo la medicina, sin que sus pacientes conozcan que formaron parte del plan sistemático de tortura (tales efectos de la impunidad son aún hoy discutidos en la sociedad alemana, por ejemplo). En algunos casos, el smu ?que sólo está facultado para aplicar una sanción moral? actuó frente a la indignante aparición pública de algunos de estos profesio­nales. A modo de ejemplo, Rosa Marsicano, si bien había sido enjuiciada por la Comisión Nacional de Ética Médica, no había sido expulsada. Quince años después fue vista en la tevé declarando a propósito de una epidemia de salmonelosis en el Militar. Su aparición pública activó la denuncia de varias ex presas y su expulsión en 2000.


A Salomón Cizín, otro de los expulsados por el Consejo Arbitral, el smu llegó a entregarle una plaqueta de reconocimiento. Finalmente, la madre de una detenida que lo había reconocido en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (dnii) lo denunció en el gremio (Cizín le había levantado la capucha y se había presentado como amigo).


Hugo Díaz Agrelo, un médico que actuó en el cuartel de Treinta y Tres donde se encarceló y apremió a un grupo de menores de entre 13 y 20 años, llegó a amenazar al sindicato con demandas. El médico, que finalmente fue expulsado, había revisado a va­rias menores por presuntas enfermedades venéreas, aunque algunas de ellas nunca habían tenido relaciones sexuales, y llegó a recetarles penicilina sin corroborar la presencia de sífilis. El aparato de la dictadura se encargó de que La Mañana hablara de una epidemia inexistente y señalara que las presas habían rebasado "las ba­rreras de la moral y la higiene sexual". Hoy los ex detenidos ya han elevado su denuncia en el juzgado departamental, con el asesoramiento del abogado Héctor di Giacomo. 

"El SMU está abierto a cualquier nueva denuncia que presente cualquier afiliado y será inme­diatamente analizada por el Consejo Arbitral", dijo a Brecha su presidente Martín Rebella. Recién cuando esté instalado el colegio médico nacional, el sindicato estaría en condiciones de impedir el ejercicio de la profesión, pero pasarán meses y quizás años para que esa institución esté en pleno funcionamiento.


Los médicos han sido los úni­cos profesionales que han juzgado éticamente a sus colegas, aunque seguramente el terrorismo de Estado se sirvió de todo tipo de especialistas (¿cuántos escribanos y abogados ha­brán fraguado los títulos de propiedad de bienes usurpados por los represores?). El punto es que la presencia de los médicos estuvo asociada a los crímenes más aberrantes, y además, ellos son quienes se deben al arte de curar. Ya lo decía Hipócrates: "Daré ayuda al enfermo, según mi saber y entender, del daño y la injusticia lo preservaré. Aplicaré los regímenes en bien de los enfermos y nunca para su mal".
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