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sábado, 23 de octubre de 2010

Crysol reclama libertad de opción para Salud


RECURSO ANTE PRESIDENCIA

Últimas Noticias. 23 10 10.

El colectivo de ex presos y ex presas políticos Crysol presentó ayer a la Presidencia de la República un recurso de revocación contra el Decreto 297/10 que regula la asistencia de salud en el marco del proyecto de ley de reparación.

Con la firma de 450 ex presos políticos, Crysol presentó al mediodía de ayer al secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, un documento en el que solicitaron que el Poder Ejecutivo deje sin efecto el decreto reglamentario del artículo 10° de la Ley 18.596, del 18 de setiembre de 2009, que dispone la reparación integral a "las víctimas de la actuación ilegítima del Estado" en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985.

El presidente de Crysol, Baldemar Tarocco, dijo a Ultimas Noticias que si bien el artículo 10° de la referida ley dice que los ex presos políticos tienen derecho a la atención de la salud por el Sistema Nacional Integrado de Salud, "el decreto dice que únicamente podemos atendernos por Asse". "Esto es violatorio del artículo 10° y que nos priva de la libre opción de dónde queremos atendernos en materia de salud", dijo.

El referido artículo establece que "las víctimas que hubiesen permanecido detenidas por más de seis meses sin haber sido procesadas o que hubiesen sido procesadas o hubiesen sufrido lesiones gravísimas a raíz o en ocasión del accionar de agentes del Estado o que siendo niños o niñas hayan sido secuestrados o hayan permanecido en cautiverio con sus padres tendrán derecho a recibir en forma gratuita y vitalicia, si así lo solicitaren, prestaciones médicas que incluyan la asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica que garanticen su cobertura integral de salud en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud".

Además, se indica que el Estado "ofrecerá los apoyos científicos y técnicos para la rehabilitación física y psíquica necesaria para atender las secuelas que obstaculizan la capacidad educativa o de integración social de las víctimas". Sin embargo, advierte que "el Poder Ejecutivo reglamentará la modalidad y extensión de las prestaciones".