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domingo, 31 de octubre de 2010

Caducidad: debate jurídico sobre alcance de la ley interpretativa

La discusión del pasado. Constitucionalistas cuestionan el proyecto interpretativo del Frente Amplio Abogados consideran que se reabrirán casos y presentarán nuevas denuncias. Sanguinetti y Batlle dicen que el tema está laudado. Coalición sigue sin contar con los votos en Senado

El País. 31 10 10. E. DELGADO / P. MELÉNDEZ

Constitucionalistas coinciden en que el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad viola la Constitución y la seguridad jurídica. Abogados prevén la reapertura de casos de violación a derechos humanos archivados y nuevas denuncias.

El proyecto que elimina los efectos de la ley de Caducidad no solo desató una crisis en la interna del Frente Amplio y fuertes críticas de la oposición, sino que además es cuestionado por constitucionalistas que fueron consultados por la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados.

En tanto, abogados que intervinieron en expedientes judiciales referidos a violaciones a los derechos humanos en la dictadura coinciden en que si es aprobada la norma interpretativa que declara sin valor jurídico tres artículos de la ley de Caducidad, se abrirá la puerta para la reapertura de antiguos casos y se presentarán nuevos. También podrían denunciarse tortura sufridas por presos políticos, lo que hasta ahora no ha ocurrido.

Martín Risso, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, consideró que el problema más importante del proyecto que impulsa el FA es su inconstitucionalidad, porque "vulnera la irretroactividad de leyes penales más gravosas".

Risso también cuestionó que el texto del proyecto hable de ilegitimidad manifiesta. "Pensar que una ley aprobada por dos Cámaras, declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y convalidada por la población en dos ocasiones es de ilegitimidad manifiesta me parece un exceso", dijo Risso a El País.

Carmen Asiaín, profesora de Derecho Constitucional y Público de la Universidad de Montevideo, coincidió con Risso en que el proyecto "estaría haciendo retroactiva una ley penal más perjudicial al reo", lo que es ilegal.

Asiaín agregó que de aprobarse el proyecto, se violaría la separación de poderes. "La Constitución atribuye a la SCJ la competencia exclusiva para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y la inaplicabilidad de la ley al caso concreto. Si el legislador hace eso, se está extralimitando, invadiendo la separación de poderes", declaró a El País.

Asiaín mencionó además que el proyecto "vulnera la cosa juzgada", la que "es inmutable", lo que da "certeza y seguridad jurídica". "Si siempre se podría revisar la cosa juzgada, no habría la más mínima seguridad jurídica", destacó.

Juicios. El abogado Pablo Chargoñia, que actuó como denunciante en casos contra militares, dijo a El País que de aprobarse la modificación en la ley de Caducidad "hay casos archivados que podrían reactivarse", por lo que estimó que "podría haber un cierto impacto práctico".

Adelantó que de aprobarse la norma interpretativa, pedirá que se desarchive el caso que indaga la desaparición de Elena Quinteros en relación a militares. Por este expediente fue acusado el ex canciller Juan Carlos Blanco, quien en su condición de civil no está amparado en la ley de Caducidad.

Para Asiaín, en cambio, "los casos en que hubo cosa juzgada, que hubo un procedimiento judicial en que ejerció un juez, son intocables. Eso es un principio general de Derecho, esencial al Estado de Derecho y al Derecho Internacional".

Por su parte, el abogado Jorge Pan, miembro del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) señaló que si se deja sin efecto la ley de Caducidad, los casos que se presentaron entre el fin de la dictadura y la aprobación de la norma en 1986 y que debieron ser archivados, podrían retomarse.

Ielsur fue la organización que patrocinó las primeras denuncias por delitos de lesa humanidad. En su momento, fueron unos 20 expedientes iniciados ante juzgados penales, de los cuales la gran mayoría fueron archivados por la posterior aprobación de la ley de Caducidad, y luego por las primeras sentencias de la SCJ que con su integración de 1988 declaró constitucional la norma.

Según Risso, de aprobarse la ley interpretativa, cada caso requerirá un análisis jurídico. "Si fuera sentencia con cosa juzgada no se puede revisar. Si es un mero archívese, en ese caso sí; pero si hay un caso que dispone el archivo con fundamentos creo que no", opinó.

Pan vaticinó que todos los casos que se reabran volverán a pasar por la Suprema Corte, ya que como estrategia de defensa, los militares que sean indagados plantearán la inconstitucionalidad de la ley interpretativa. "En los hechos, seguramente habrá una catarata de recursos", dijo.

A su vez, si se aprueba el proyecto, se presentarán denuncias penales por casos de tortura en prisión, que con la norma vigente no se formulan, al considerarse muy difícil que se indaguen. Waldemar Tarocco, presidente de la asociación de ex presos políticos (Crysol), dijo a El País que "si se deja sin efecto la ley de Caducidad, se presentarán denuncias por casos de tortura, porque hay muchos compañeros que hace tiempo están esperando esa posibilidad".

El abogado Óscar López Goldaracena (suplente del senador comunista Eduardo Lorier), dijo días atrás a El País que "cualquier víctima de derechos humanos que haya padecido tortura o agresión sexual y no lo haya denunciado en su momento, lo podrá hacer y los jueces estarán obligados a dar curso a estas causas, ya que no correrán los términos de prescripción para los crímenes de lesa humanidad".

"Atentado contra la institucionalidad"

Los ex presidentes colorados Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle firmaron juntos un documento fijando su posición contraria en torno al proyecto interpretativo de la ley de Caducidad promovido por sectores del Frente Amplio y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

En el documento, titulado "Un alerta a la conciencia ciudadana", Sanguinetti y Batlle recuerdan que la ley de Caducidad ya pasó por el filtro de dos consultas populares, y que en ambas fue ratificada por la ciudadanía. "O sea que el tema está jurídica y políticamente laudado por el órgano mayor del sistema que es el cuerpo electoral", afirman los ex presidentes.

"Intentar ahora, por un tortuoso método indirecto, dejar sin efecto lo que ha consagrado el voto popular, atenta contra la institucionalidad del país y agravia a la ciudadanía.

Alertamos al país sobre un paso que degradaría la tradición republicana de subordinación al Estado de Derecho que el Uruguay ha forjado desde la gesta artiguista", concluyen los líderes colorados.

Sanguinetti fue presidente dos períodos: 1985-1990 y 1995-2000. Batlle gobernó entre 2000 y 2005.

A continuación se publica íntegro el documento firmado por Sanguinetti y Batlle:

Un alerta a la conciencia ciudadana

"Los firmantes, ex Presidentes de la República por el Partido Colorado, responsables por quince de los veinticinco años de gobierno democrático que sucedieron a la apertura de 1985, nos sentimos en la obligación ciudadana de hacer un llamado a la conciencia cívica de la República.

En tal virtud, expresamos que la paz que el país goza y el libre ejercicio de los derechos que poseen los ciudadanos se han asentado en el respeto a una institucionalidad que mucho costó recuperar luego de años de violencia política y dictadura.

En el pasado noviembre, la ciudadanía eligió libremente un nuevo gobierno y rechazó al mismo tiempo un recurso presentado para anular la ley de caducidad. Su vigencia ya había sido cuestionada, hace 20 años, en otro referéndum que procuró su derogación. O sea que el tema está jurídica y políticamente laudado por el órgano mayor del sistema que es el cuerpo electoral.

Ya no tiene sentido seguir discutiendo la ley. Ese debate terminó y todos estamos obligados a acatar lo que los pronunciamientos democráticos han determinado. Intentar ahora, por un tortuoso método indirecto, dejar sin efecto lo que ha consagrado el voto popular, atenta contra la institucionalidad del país y agravia a la ciudadanía.

Alertamos al país sobre un paso que degradaría la tradición republicana de subordinación al Estado de Derecho que el Uruguay ha forjado desde la gesta artiguista.

Julio María Sanguinetti

Jorge Batlle

Montevideo, 27 de octubre de 2010".

División en el FA y posible consulta

Las propuestas para someter la ley de Caducidad a una tercera consulta popular y la falta de votos para sancionar el proyecto interpretativo en el Senado, están haciendo que en el Frente Amplio se busque darle largas a este asunto a fin de no ahondar la crisis interna que se desató en la coalición de izquierda.

Ayer, el sector del senador Eleuterio Fernández Huidobro, la CAP-L, aprobó una declaración en la que expresa que "es condición ineludible de todo acuerdo y consenso en torno a un proyecto de ley, someterlo inmediatamente a consulta popular".

De esta forma, la CAP-L -que en la Cámara de Diputados votó el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad por disciplina partidaria, pero que en el Senado no adoptaría la misma actitud- se suma a los sectores que están abiertos a volver a plebiscitar por tercera vez la polémica norma.

Además de Fernández Huidobro, tampoco votarían el proyecto los senadores Jorge Saravia (Espacio 609) y Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista). Con que dos de estos tres senadores no voten, el proyecto fracasaría.

Ante esta situación, la bancada de senadores del Frente Amplio analizará el miércoles si declara "asunto político" el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad, lo que obligaría a todos los legisladores de la coalición a votarlo.
La idea de aprobar el proyecto interpretativo y de inmediato recolectar firmas (o apoyar a quienes lo hagan) fue sugerida por el senador Rafael Michelini y el jueves 28 planteada en la Agrupación de Gobierno por el ex senador Víctor Vaillant, del grupo Claveles Rojos (Espacio 609).

El procedimiento que se maneja es la llamada "vía rápida": dentro de los 150 días de promulgada la ley, se presenta ante la Corte Electoral una solicitud de consulta con el 2% de las firmas de los inscriptos para votar; si la Corte avala las firmas, convoca a dos consultas voluntarias para que al menos el 25% de electorado diga si se debe convocar al referéndum. Si una de éstas es afirmativa, hay referéndum obligatorio.

El senador del MPP Ernesto Agazzi dijo a El País que someter la ley a la ratificación popular "es una posibilidad viable". Aclaró que el tema "está en discusión", pero "no hay nada decidido". Y la senadora socialista Mónica Xavier indicó: "Si hay que salir a juntar firmas, saldremos".
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