Texto se aprobó en la Mesa Política
Proyecto del FA elimina efectos de Ley de Caducidad
La República. Martes 17 8 10.
La Mesa Política del Frente Amplio (FA) aprobó ayer el texto del proyecto de Ley interpretativo de la Constitución para hacer los efectos de la Ley de Caducidad. El proceso de análisis en la fuerza política concluyó ayer, luego de ser aprobado por una comisión especial técnica y por el Secretariado del FA.
El texto del proyecto, que busca eliminar los efectos de la Ley de Caducidad fue aprobado ayer, tal como estaba previsto por consenso por la Mesa Política del FA.
Sólo hubo tres abstenciones por no conocer la iniciativa, e incluso el proyecto fue acompañado por sectores como el MPP, que no estaba de acuerdo en esta instancia con la nulidad de la Ley 15848, fundamentando que la misma había sido puesta a consideración de la consulta popular dos veces, y en ambas oportunidades no pudo eliminarse.
El jueves pasado, la iniciativa se puso a consideración del Secretariado del FA y fue aprobada por unanimidad.
La diputada Daniela Paysée (Asamblea Uruguay) informó que ayer en la Mesa del FA se presentó un texto acordado, tanto en la comisión especial del FA como por parte del gobierno, a través del propio canciller, Luis Almagro y el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia.
Señala que en los tres artículos del proyecto se declara una interpretación auténtica del artículo 72 de la Constitución referido a los derechos humanos y al pacto de Costa Rica.
Con lo cual, explicó, con esta interpretación se ratifican las normas de derechos internacionales.
La legisladora hizo mención a un planteo similar que hiciera el fallecido constitucionalista del Partido Nacional, Héctor Gros Espiel, quien sostenía que los derechos humanos internacionales estaban incluidos en forma tácita en la Constitución de la República de nuestro país.
Así, el experto abogado pretendió incluirlo en un proyecto de ley sobre el estatuto del refugiado, citando el artículo 72 de la Constitución. No obstante, la Ley interpretativa que impulsa el FA lo deja claro a texto expreso.
Paysée señala que el artículo segundo de esta iniciativa establece que los artículos 1,3 y 4 de la Ley de la Caducidad violan la Constitución.
El artículo tercero, del proyecto que en breve ingresará al Parlamento, señala que toda intervención judicial suspendida, por delitos cometidos durante el régimen militar, continuará de oficio y podrá seguir investigando. "Por lo tanto, la Ley de Caducidad, ya no será más obstáculo para seguir investigando", indicó la legisladora.
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martes, 17 de agosto de 2010
lunes, 16 de agosto de 2010
Investigan la muerte por torturas de Ubagesner Chaves Sosa
Caso Ubagesner Chaves Sosa. Investigan la muerte por torturas del militante del PCU Jueza interrogará hoy a oficial de la FAU
La República. 16 8 10
El homicidio del militante comunista Ubagesner Chaves Sosa podría tener resolución en las próximas semanas. Dos oficiales retirados de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), sindicados como partícipes de las torturas del "reaparecido" ex dirigente sindical, abren expectativas. La próxima semana también habrá audiencia.
Pando. En esta chacra fue encontrado el cuerpo de Chaves Sosa.
La jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, y la fiscal Ana María Tellechea interrogarán hoy a un oficial de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) sindicado como presunto partícipe de la sesión de tortura en la cual falleció el militante del Partido Comunista (PCU) Ubagesner Chaves Sosa.
La magistrada dispuso la citación del oficial ante el cúmulo de pruebas recopiladas en el expediente y como forma de contrastar su versión con la aportada por algunos testigos ante la sede, indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA. Asimismo, el próximo lunes 23 comparecerá otro oficial de la FAU, "implicado" en la indagatoria penal sustanciada para desentrañar el homicidio de Chaves Sosa. "Las audiencias no se concretaron el mismo día o en días consecutivos ante problemas de agenda del Juzgado, aunque esa era la intención primaria", por cuanto "ambos oficiales comparecerán como 'indagados'", señalaron las fuentes.
En este sentido, ambos oficiales fueron mencionados ante la sede por el ex preso político Guillermo Gómez. El testigo brindó ante la entonces jueza penal de 7º Turno (hoy jueza especializada en crimen organizado), Graciela Gatti, la identidad de diez oficiales de la FAU de la base aérea de Boiso Lanza cuando en mayo de 1976 se produjo la detención y la desaparición forzada de Chaves Sosa.
Gómez declaró entonces que Boiso Lanza era un centro de operaciones del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y del S2, y que al frente de esa unidad estaba el capitán (r) Uruguay Araújo Umpiérrez.
Araújo Umpiérrez "no era capitán y tenía más mando que Cabrera. Los milicos nos decían que Araújo Umpiérrez era el jefe del S2 de Boiso Lanza, es decir del servicio de inteligencia. La OCOA operaba en la base aérea", explicó Gómez en una entrevista con LA REPUBLICA publicada el pasado 31 de julio de 2008.
Chaves Sosa, militante sindical y del PCU, fue detenido el 28 de mayo de 1976 y derivado a la Base Aérea de Boiso Lanza, donde fue interrogado y torturado, falleciendo horas más tarde. El cuerpo reapareció el 29 de noviembre de 2006 en una chacra de Pando, tras los trabajos del equipo de Antropología Forense de la Universidad de la República.
En julio de 2008, la familia de Chaves Sosa radicó una denuncia penal por la desaparición forzada, torturas y homicidio del militante comunista. El informe señala que el cuerpo apareció "casi completo", más allá de que "había recibido el tratamiento con cal viva, que se le aplicaba a los cuerpos con intenciones de destruirlos". "Se les colocaba cal por debajo del cadáver, se ponía sobre ella al mismo y luego se le aplicaba otra capa de cal viva. Se sabe en base a la abundante literatura forense al respecto que la cal viva a lo sumo destruye los tejidos blandos y los desfigura", expresa el informe.
Pero el dato más revelador fue la ausencia de las falanges de manos y pies, los cuales habían sido cercenados. En este sentido, el abogado querellante Oscar López Goldaracena consideró "muy positiva" la citación de ambos oficiales. "Estamos avanzando en la indagatoria sobre la desaparición, tortura y asesinato de Chaves Sosa. Hoy, quienes lo desaparecieron, quienes le cortaron las falanges de los dedos de manos y pies y quienes luego lo enterraron con cal viva, aunque parezca increíble, todavía están en libertad", expresó el abogado a LA REPUBLICA.
En febrero de 2010 el dictador Juan María Bordaberry fue condenado por varios delitos de lesa humanidad cometidos durante su período de gobierno, entre ellos, el "homicidio político" de Chaves Sosa. Antes, el caso fue excluido del amparo de la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad", lo cual permitió a la Justicia indagar a los responsables militares de su secuestro y posterior muerte.
El informe indicaba que Chaves Sosa fue detenido el 28 de mayo de 1976, a las 17 horas, en la calle Vaimaca frente al Nº 1280, siendo trasladado a la entonces Unidad de Servicios del Aeródromo "Cap. Boiso Lanza". Sometido a apremios físicos (torturas) durante el interrogatorio, falleció durante la noche del 1º y el 2 de junio de 1976.
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domingo, 15 de agosto de 2010
El preso sin mameluco
Murió el Nº 001 en el Penal de Libertad.
Estaba radicado en Malmö, Suecia. Era un comunicador, un hombre de radio. Fue sindicalista y militante. Estuvo preso 15 años de los 74 que vivió. Fue el primero de los presos que en el Establecimiento Militar de Reclusión Nº 1 (EMR 1) la dictadura intentó numerar y uniformar de gris para despersonalizarlo. Pero no pudo. No hubo mameluco para Benigno Torres.
Caras y Caretas. 13 8 10.
ROGER RODRÍGUEZ – rogerrodriguez@adinet.com.uy
La historia puede considerarlo un hecho menor, pero resultó curioso que aquel octubre de 1972, al primer preso que los militares numeraron, raparon y le dieron un balde, alpargatas, papel higiénico, trapo de piso, jarro y plato, y hasta un pequeño discurso, no pudieran despersonalizarlo: vestirlo, enmamelucarlo, agrisarlo… El 001 del Establecimiento Militar de Reclusión Nº 1 tenía un recurso no pensado: era gordo.
"La ayuda, sin dudas, vino de un volumen que desmentía la figura que los medios de entonces hacían de los revolucionarios: generalmente joven, de vaquero cuando aún no se los llamaba jean, de figura esbelta, si es posible, pelo largo. Bueno... ¿de eso? Nada. Nada de eso se cumplía en esta ocasión”, recordaba el protagonista de aquella histórica anécdota.
“Viajamos de noche, en las ‘heladeras’ verdes, antigua base de operaciones, radio o talleres del Ejército, transformados en cajones de metal para transportar presos. Éramos 25. Nos dividieron en dos vehículos, uno con 13 y el otro con 12. Partimos.
En el que me tocó a mí no nos conformábamos con el silencio que nos exigieron. Y al poco tiempo empezaron carraspeos, sonidos, leves movimientos para buscar la reacción. Nada. Y todos encapuchados. Hasta que uno, bajo de talla (él sabe quién fue), chico, desenredó las piernas y pudo pararse. A esa altura sabíamos que no teníamos custodia dentro del camión. Nos desencapuchamos y empezamos a charlar", contaba.
La osadía de aquellos presos con destino incierto no implicaba negar el miedo. "Siempre se tiene, siempre se teme. La incertidumbre es un arma que fue muy utilizada con nosotros. Pero en todo caso, ya en la partida hacia ese otro destino, los desarmamos. Supimos perfectamente por dónde nos trasladaron. Verificamos que íbamos hacia Libertad y poco antes de entrar, vuelta a la capucha y a aparentar resignación”, reconocía.
La escena, después les contaron, tuvo como público al comando de la región. Algunos dicen que estuvieron de todas las regiones. De todas las armas es seguro. Pero, a pesar de la planificación del show inaugural, ocurrió ese imprevisto: había excedidos de peso y eso no entraba en el libreto.
–Vístase.
–No puedo.
–Vístase, le digo.
–¡No me entra!
"No sé qué será de la vida del entonces capitán Vázquez, pero él lo puede ratificar", aseguraba.
Hubo cabildeos y cuchicheos hasta que, finalmente, los militares sufrieron la primera derrota, por razones tácticamente no previstas. El gordo Benigno Torres partió con su pantalón de brin azul, que le había mandado la compañera del ‘Pocho’ Hornos, y de camisa blanca hacia la celda. El primer preso del Penal de Libertad no portó número ni uniforme, en un lugar cuya puerta de ingreso rezaba: "Aquí se viene a cumplir".
UN HOMBRE CON VOZ DE RADIO
Benigno Siul Torres Campero narraba como antecede una historia que lo hizo famoso entre los presos políticos de Uruguay aun antes de que los militares dieran el golpe de Estado. En aquella entrevista (que quien suscribe publicó en La República el 12 de octubre de 2002) Benigno aceptó contar parte de su vida, ante la excusa del periodista que lo consultaba sobre un debate que en esos días se planteaba sobre qué hacer con el aún hoy inhumano Penal de Libertad.
Para Benigno haber sido el 001 fue un elemento circunstancial… “Porque éramos 25 los primeros... Y tan primeros como nosotros, pegaditos, son el 026 y los que siguen, hasta esa larga caravana de grises que llegaron hasta el 2.873”, contaba al recordar el número de Román Klivsov, el último preso del penal, traído desde San Javier luego del asesinato por torturas del médico Vladimir Roslik.
"El llamarme Benigno –explicaba– es herencia de mi padre. Yo creía que tenía otra connotación, pero no: es sencillamente lo que marca el almanaque para el 13 de febrero. Soy Torres por su lado y Campero por mi madre. Nací en Fray Bentos, dentro del predio del [Frigorífico] Anglo, donde los dos eran obreros. ‘Friyeros’, entonces. Mi recuerdo es de un padre con tres amores: el socialismo, el fútbol y el cigarro. Allí nací y fui el compañero de horas interminables de reuniones en la Unión Obrera Río Negro, de los actos en la Plaza Constitución, de las campañas por la Lista 90.
Hincha, además, hasta hoy del 18 de Julio, cuadro que –si las conservan– debe de tener más de una foto mía, entreverado con el cuadro, entre las tomadas en el Parque Liebigs. Su cancha creo que aún conserva el nombre de Orlando Torres, un hermano de mi padre que fue de los cracks de antes, cuando Río Negro dominaba el Litoral. De allí provengo… He tenido una vida de diversas emigraciones. La primera de Fray Bentos a Paysandú. Mi madre muere cuando yo tenía 11 años y a los 13, mi padre. Jóvenes y útiles aún. La fractura es fuerte y paso a vivir en la ciudad donde digo tener carta de ciudadano. Sanducero incorporado, allí completé la escuela, hice la escuela industrial... crecí, me hice hombre, formé mi primera familia”.
Benigno contaba que desde muy joven, en 1953 y con sólo 16 años, empezó a “curiosear” en un medio que no imaginaba que sería el destino de toda su vida: la radio, ser locutor de radio… Tenía voz de radio.
En ese ambiente dio sus primeros pasos como sindicalista, en la Asociación de Empleados Radiofónicos (ADER) que buscaba jerarquizar el oficio ante la patronal Andebu, cuando no existía la carrera de comunicador. Luego, con las inundaciones del 59 emigró a Montevideo y se integró a Monte Carlo y luego a El Espectador, donde hizo su experiencia profesional "más rica y valiosa, con un plantel de excepción;;;; quien tenía oídos abiertos y receptividad, aprendía y aprendía", contaba entusiasmado.
EL 001 DEL PENAL DE LIBERTAD
Amigo de Alfredo Zitarrosa, locutor en actos y boliches, culto y con un fino sentido del humor, Benigno se comprometió con su entorno. "De la lucha sindical a la política hay una relación muy cercana. Una es consecuencia de la otra. Los tiempos cambian, la realidad también. Surgen las posiciones llamadas radicales, con el sentido hasta peyorativo que se les daba. Y ya andaban en la vuelta quienes impulsaban la lucha por sus derechos de una manera diferente a la conocida en esos tiempos: con otros métodos, con diferente perspectiva. Y las formas de pelear por el derecho propio y de los demás también se modifican. Convivir entonces en la vida sindical y encontrarse con el MLN-T no era nada extraño. Y reconocer y aceptar desde sus fines y objetivos tampoco", explicaba.
En 1969 fue a dar a Punta Carretas. Allí convivió e hizo escuela con otros 40 presos de la organización guerrillera. Salió en junio de 1970, volvió a rearmar pareja y trabajó, para caer preso, nuevamente, por mucho más tiempo del que imaginaba. En 1971, con la fuga conocida como “el abuso”, la prisión de Punta Carretas había cambiado. En 1972 hubo otra fuga desde el hospital penitenciario, por lo que los presos fueron trasladados el 18 de abril a Punta de Rieles. "Ya se estaba entrenando a los futuros carceleros, en ese convento transformado en prisión (...) Fue el inaugurar cosas que luego iban a ser cotidianas. El "largo-largo", el grito destemplado, la rapada... Todavía no te pegaban al subir las escaleras;;;; pero ya iba a llegar", describía Benigno el preámbulo del traslado al flamante Penal de Libertad.
"Gordo, para vos no hay tercer cana", lo amenazaron al ser liberado poco antes de la reinstitucionalización del país. Se encontró en tierras nórdicas con su compañera, que se había exiliado en 1976 junto a su hija Adriana. Luego vino Natalia, su hija sueca. Pero Benigno tuvo otros hijos en Estados Unidos, San Pablo, Paysandú y Buenos Aires, incluso en Suecia. Con ellos vinieron nietos y bisnietos. Trabajó en una radio en Lund, cerca de Malmö, donde finalmente se radicó y ejerció como corresponsal de Radio Nacional de Suecia.
Reconocido y apreciado en todas las organizaciones de uruguayos radicados en Suecia y por todos los que lo conocimos, Benigno trató de no irse totalmente de su tierra y fue solidario con Uruguay en campañas organizadas por los exiliados y en la lucha contra la ley de impunidad. Pudo, como corresponsal de El Espectador, hacer que su voz llegara a su país… esa voz amable, serena, casi delicada, que no parecía corresponder al físico de su emisor. Falleció el martes 10 de agosto en Malmö. Tenía 74 años. Estuvo 15 preso. No portó número, aunque fuera el primero. No hubo mameluco que encerrara a Benigno Torres. Libre, dentro y fuera.
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El lunes 16 a las 11 en Plaza Independencia
La ley de reparación 18 596, sin dar cumplimiento a las obligaciones internacionales asumidas por Uruguay, que se expresan en la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, en la Convención Internacional contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, significó un avance en el camino de hacer justicia con las víctimas de la actuación ilegítima y del Terrorismo de Estado y de afirmar los DDHH en el país.
El Artículo 10 de la Ley 18 596 otorga el derecho a la atención integral en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) para todas las personas que hayan estado más de 6 meses detenidas sin ser procesadas, para quienes fueron procesadas, para los niños nacidos en cautiverio o que fueron secuestrados y para todas las personas que sufrieron lesiones gravísimas.
También le da rango de ley a las disposiciones del Decreto 268/08 que concede el derecho a la atención a los hijos y nietos de los ex presos políticos y que fueron incorporadas a la ley.
El Decreto reglamentario del Artículo 10 que el Ministerio de Salud Pública elaboró concede a los beneficiarios anteriormente mencionados, la posibilidad de optar, para su atención, entre el sistema mutual privado o ASSE.
Concretamente, de acuerdo al texto del decreto, el Estado se hace cargo de la cuota mutual de todos los ex presos políticos que opten por el sistema privado y que no se encuentren dentro del Fonasa en el momento actual.
Los ex presos políticos que hoy están en actividad laboral, cuando se retiren, pasarán a adquirir este derecho y podrán optar por el sistema mutual privado o por atenderse en ASSE.
Quienes se atiendan por ASSE en el momento actual pueden continuar en dicho servicio si lo consideran conveniente.
Para quienes opten por el sistema mutual privado, el Estado se hace cargo, además de la cuota mutual, de tres órdenes mensuales (1 a consultorio, 1 a domicilio y 1 de emergencia) y de tres tickets de medicamentos mensuales.
Estas órdenes y tickets son acumulables por un período de 12 meses.
Esencialmente este es el contenido del decreto que el Ministerio de Salud Pública elaboró y que fue observado por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, quedando en manos de Presidencia de la República la adopción de una decisión al respecto.
A más de 10 meses de la promulgación de la Ley 18 596 es imprescindible que el Poder Ejecutivo apruebe el decreto reglamentario que permita que los beneficiarios puedan acceder a los beneficios establecidos por ella, para que los derechos no sean simplemente papel pintado.
La movilización ha sido hasta el momento la única herramienta a nuestra disposición para lograr los avances que se han logrado.
¡¡¡ Acompañanos !!!
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El Artículo 10 de la Ley 18 596 otorga el derecho a la atención integral en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) para todas las personas que hayan estado más de 6 meses detenidas sin ser procesadas, para quienes fueron procesadas, para los niños nacidos en cautiverio o que fueron secuestrados y para todas las personas que sufrieron lesiones gravísimas.
También le da rango de ley a las disposiciones del Decreto 268/08 que concede el derecho a la atención a los hijos y nietos de los ex presos políticos y que fueron incorporadas a la ley.
El Decreto reglamentario del Artículo 10 que el Ministerio de Salud Pública elaboró concede a los beneficiarios anteriormente mencionados, la posibilidad de optar, para su atención, entre el sistema mutual privado o ASSE.
Concretamente, de acuerdo al texto del decreto, el Estado se hace cargo de la cuota mutual de todos los ex presos políticos que opten por el sistema privado y que no se encuentren dentro del Fonasa en el momento actual.
Los ex presos políticos que hoy están en actividad laboral, cuando se retiren, pasarán a adquirir este derecho y podrán optar por el sistema mutual privado o por atenderse en ASSE.
Quienes se atiendan por ASSE en el momento actual pueden continuar en dicho servicio si lo consideran conveniente.
Para quienes opten por el sistema mutual privado, el Estado se hace cargo, además de la cuota mutual, de tres órdenes mensuales (1 a consultorio, 1 a domicilio y 1 de emergencia) y de tres tickets de medicamentos mensuales.
Estas órdenes y tickets son acumulables por un período de 12 meses.
Esencialmente este es el contenido del decreto que el Ministerio de Salud Pública elaboró y que fue observado por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, quedando en manos de Presidencia de la República la adopción de una decisión al respecto.
A más de 10 meses de la promulgación de la Ley 18 596 es imprescindible que el Poder Ejecutivo apruebe el decreto reglamentario que permita que los beneficiarios puedan acceder a los beneficios establecidos por ella, para que los derechos no sean simplemente papel pintado.
La movilización ha sido hasta el momento la única herramienta a nuestra disposición para lograr los avances que se han logrado.
¡¡¡ Acompañanos !!!
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viernes, 13 de agosto de 2010
Sí
Mujica excluye hoy caso de Julio Castro de la Ley de Caducidad, y FA acordó texto para eliminarla.
La Diaria. 13 8 10. Por Lourdes Rodríguez.
La desaparición del maestro Julio Castro puede convertirse hoy en el último crimen de la dictadura en tener que ser excluido de la Ley 15.848, ya que ayer, en la sede del Frente Amplio (FA), se acordó el texto definitivo del proyecto de ley con el que se pretende dejar sin efecto la norma. En la instancia participaron delegados de base, parlamentarios y, en representación del Ejecutivo, el canciller Luis Almagro y el secretario de Presidencia, Alberto Breccia.
El lunes el documento será aprobado por la mesa política e inmediatamente será enviado al Parlamento. Los diputados Carlos Coitiño (PVP) y Felipe Michelini (Nuevo Espacio) destacaron que el consenso se haya alcanzado en ese ámbito “representativo”.
La Ley de Caducidad no se derogará ni se anulará, sino que se aprobará una ley interpretativa de la Constitución que dejará inaplicables los artículos del uno al cuatro. La redacción pone énfasis en los compromisos internacionales asumidos por el Estado, así como a las “decisiones administrativas” que el Ejecutivo debe tomar, que afectan la independencia del Poder Judicial.
Asimismo, la exposición de motivos se apoya en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró inconstitucional la ley en el caso de Nibia Sabalsagaray.
En cuanto a las investigaciones sobre Julio Castro, la fiscal Mirtha Guianze había enviado un oficio al juez Juan Carlos Fernández Lecchini para que diligenciara nuevas pruebas, que permitieran elevar a la SCJ un recurso de inconstitucionalidad. Pero el magistrado consideró que está impedido de continuar con la pesquisa porque la causa está amparada por la norma en cuestión desde el 5 de setiembre de 1989, tal como lo resolvió Julio María Sanguinetti en su primera presidencia.
Fuentes gubernamentales adelantaron a la diaria que esa decisión será cambiada hoy cuando el presidente José Mujica, actuando en Consejo de Ministros, firme la exclusión.
Podría ser el último pronunciamiento que deba hacer un Ejecutivo en virtud del proyecto de ley impulsado por el FA, apoyado por el gobierno, que, entre otras cosas, busca evitar un fallo adverso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desde la oposición han surgido ya las primeras reacciones. Entrevistado por El Espectador, Sanguinetti cuestionó al FA y opinó que “la ley, aplicada como se la ha aplicado últimamente, no ha impedido el procesamiento de algunos militares. [...] Es puro afán vengativo y eso no es aceptable”.
El senador colorado Ope Pasquet (Vamos Uruguay) indicó en diálogo con la diaria que el Partido Colorado “no tiene postura” y que esperarán el texto para “tratarlo orgánicamente”. En el mismo sentido se expidió el senador nacionalista Eber da Rosa (Alianza Nacional), quien afirmó que aguardarán la redacción para posicionarse. En el Partido Independiente, el diputado Iván Posada consideró que el planteo del FA es “inconstitucional” y que ofrecerán una alternativa.
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El fin inminente de la Caducidad
El Popular. 13 8 10. Por Gastón Grisoni
El gobierno ha anunciado públicamente su decisión de proceder a dejar sin efecto las disposiciones de la Ley de Caducidad para evitar una inminente condena a Uruguay por parte de la Corte Interamericana de DDHH. La causa iniciada por Macarena Gelman ante la Comisión Interamericana de DDHH por denegación de justicia por el secuestro y desaparición de su madre en el país, a manos de la “patota” de la OCOA, dará un golpe decisivo a la impunidad.
La ley 15 848 aprobada en el primer gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti fue una amnistía no encubierta para los responsables de las graves violaciones a los DDHH cometidas durante el Terrorismo de Estado. Permitió que durante casi dos décadas los responsables de los crímenes más atroces cometidos en la vida del país eludieran a la justicia.
Cuando el Parlamento anule los efectos de la ley de caducidad que ya ha sido declarada inconstitucional por parte de la Suprema Corte de justicia el 19 de octubre del año pasado, Uruguay mejorará la calidad de su sistema democrático en sintonía con las normas internacionales de DDHH.
La justicia podrá actuar y continuar adelante con todos los juicios ya iniciados y otros que se inicien. Decenas de responsables de bárbaros crímenes comenzarán el periplo judicial. La verdad tan reclamada comenzará a brotar. Uruguay abolirá una ley aberrante en un sistema democrático, una ley inmoral que amnistió a delitos que son de una enorme gravedad para la comunidad internacional y también para la inmensa mayoría de los uruguayos.
Delitos de Lesa Humanidad.
La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. No es posible concebir un adecuado desarrollo social pleno y justo si los derechos humanos de las personas no se respetan y no se efectivizan en la vida diaria.
Los Estados tienen la obligación no sólo de respetar en su accionar los derechos de todos los ciudadanos sino de asegurar el libre ejercicio de ellos para una convivencia en paz, en libertad y con justicia en todos los planos. Esa es una obligación básica y esencial, un cometido inexcusable de todos los gobernantes: respetar y asegurar el libre ejercicio de esas libertades y de esos derechos.
Las violaciones a los derechos humanos atentan contra la vida social y contra el desarrollo de la sociedad. Algunas violaciones son tan graves que no solamente dañan a quienes las sufren directamente sino que ofenden a toda la sociedad, afrentan al conjunto de la humanidad.
La sociedad moderna considera que dichas acciones son graves y las denomina “crímenes de lesa humanidad”. Son crímenes que se cometen contra individuos o grupos de ellos por razones ideológicas o políticas, de sexo, de raza, de creencias religiosas, de orientación sexual y que golpean a la conciencia moral de toda la humanidad.
Son delitos cometidos por individuos pero que tienen una característica especial: son agentes o funcionarios del Estado, gozan de prerrogativas especiales, tienen poderes especiales y los tienen precisamente para respetar los derechos humanos de las personas y para garantizar el libre ejercicio de ellos a todas las personas sujetas a su jurisdicción.
Por ese motivo, dichas conductas son consideradas graves: las cometen personas que gozan de poderes especiales otorgados por la sociedad para que garanticen la libertad y los derechos humanos.
La desaparición forzada, el homicidio y la tortura, entre otras, son faltas graves contra los derechos de las personas. Por lo mismo son denominadas “crímenes de lesa humanidad” tanto por la normativa internacional de las Naciones Unidas como por la legislación uruguaya, muy específicamente desde la aprobación de la Ley 18 026 en setiembre de 2006.
Por su gravedad inusitada, por atentar contra derechos esenciales y básicos de las personas, por ser cometidas por personas que tienen poderes especiales, responsabilidades y obligaciones especiales, frente al conjunto de la sociedad es que son delitos imprescriptibles ante el paso del tiempo.
No caducan nunca. Por ello a nivel mundial se sigue condenando a sujetos por crímenes cometidos hace más de 50 años en los campos de concentración nazis o en las zonas ocupadas por ellos durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque ahora esos ciudadanos que son juzgados y condenados cuenten con 88 años de edad y comparezcan ante los tribunales en sillas de ruedas.
Por el mismo motivo, esos crímenes son también inamnistiables. No pueden beneficiarse de ningún mecanismo parecido o similar que los libere de su condena o del cumplimiento de las penas que los jueces determinen en el marco de las garantías del debido proceso.
Las personas procesadas por crímenes de lesa humanidad son delincuentes que han cometido acciones aberrantes amparadas en los poderes especiales que tenían por ser agentes y funcionarios del Estado aunque esos poderes los hayan adquirido, lo cual es un agravante notorio, por medios ilegítimos como lo fue el golpe de Estado.
Para que Uruguay sea un país de primera, una sociedad plenamente democrática y justa, para garantizar el sentimiento colectivo unánime de Nunca Más terrorismo de Estado, hay que afirmar en la vida diaria las normas de derechos humanos. Muy especialmente, aquellas que condenan expresamente a los crímenes más aberrantes.
Es un mensaje positivo hacia el futuro, además. Para que los potenciales perpretradores de nuevas aberraciones sepan que algún día, aunque sea lejano, serán juzgados y terminarán con sus grises días en una cárcel, aunque sea de lujo.
La eliminación inminente por parte del gobierno de la Ley de Caducidad es un enorme paso adelante en el camino de superar los vestigios del Terrorismo de Estado. Aunque, lamentablemente, las razones invocadas para hacerlo no sean principistas, no sean las que debieran ser.
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Fue el primer preso político en el Penal de Libertad
La República. 13 8 10. Por Víctor Carrato Periodista
El martes 10 falleció a los 68 años de edad, en la ciudad de Malmö, al sur de Suecia, el periodista uruguayo Jorge Benigno Torres. Se trata del primer preso político que inauguró el penal de Libertad durante el período del terrorismo de Estado.
Meses atrás se supo que el característico y particular "gordo", que llevó el número 001 del penal de Libertad, se encontraba seriamente afectado en su salud.
Hombre de radio, militante de ADER (Asociación de Empleados Radiofónicos) y del MLN-Tupamaros, permaneció 15 años preso. Desde 1984, Benigno Torres estaba radicado en Suecia. Se inició como periodista radial en 1953 en Paysandú, trabajó en Suecia como tal durante 16 años y se jubiló a la edad de 65 años.
Nació en Fray Bentos, dentro del predio del Anglo, donde sus padres eran obreros del viejo frigorífico, "friyeros", como les decían entonces. Completó la escuela en Paysandú, luego estudió en lo que se llamaba Escuela Industrial; su madre falleció cuando él tenía 11 años y su padre dos años después. Participante de las interminables reuniones de la Unión Obrera Río Negro, de los actos en la Plaza Constitución y de las campañas electorales del Partido Socialista. En 1959 emigró a Montevideo.
En 1969, cuando no había aún 40 presos políticos en Uruguay, fue a parar a la cárcel de Punta Carretas. Torres salió del penal de Libertad en 1984.
En un reportaje realizado por LA REPUBLICA, el 12 de octubre de 2002, Torres dijo que "ser el 001 era y es para mí sólo una circunstancia, casual o no. Porque éramos 25 los primeros... Y tan primeros como nosotros, pegaditos son el 026 y los que siguen, hasta esa larga caravana de grises que llegaron hasta el 2.873".
Recordaba que ADER era un equeño sindicato que negociaba con Andebu desde los sueldos hasta las condiciones de trabajo en la radiotelefonía y que buscaba precisar cada tarea, la jerarquización del oficio. "No existía formalmente la carrera de comunicador. Eramos locutores, o informativistas, operadores... etcétera", recordaba.
En Montevideo se inició en radio Monte Carlo, luego El Espectador, donde hizo su experiencia profesional "más rica y valiosa, con un plantel de excepción; quien tenía oídos abiertos y receptividad, aprendía y aprendía", según contaba.
En octubre de 1972, al primer preso político que numeraron en el penal de Libertad lo raparon y le dieron un balde, alpargatas, papel higiénico, trapo de piso, jarro y plato, y hasta un pequeño discurso, pero no pudieron despersonalizarlo. Es más, sus carceleros encontraron un serio problema: no había talle para el mameluco gris que debía vestir.
"Vístase", le ordenaron. "No puedo", respondió. "Vístase, le digo", insistía el militar. "¡No me entra!", alegó el "gordo" Torres.
"No sé qué será de la vida del entonces capitán Vázquez, pero él lo puede ratificar", contaba Torres. Hubo cabildeos y cuchicheos, hasta que, finalmente, los militares sufrieron la primera derrota, por razones tácticamente no previstas.
El "gordo" Benigno Torres partió con su pantalón de brin azul, que le había mandado la compañera del "Pocho" Hornos, y de camisa blanca, hacia la celda. El primer preso no tuvo número ni uniforme, en un lugar cuya puerta de ingreso rezaba: "Aquí se viene a cumplir".
Benigno Torres anduvo meses de "civil", con una carpeta abajo del brazo, recorriendo todo el penal de Libertad. Los carceleros lo confundían con un oficial y lo dejaban pasar. En una ocasión, cuando se estaba colando en el 2º piso, un soldado lo detuvo y le preguntó: "¿Qué va a hacer?". "Voy a buscar la metamorfosis." "Bueno, vaya."
El "gordo" Torres fue uno de los inventores de las más impensadas estrategias para salir y hacer salir de sus celdas a los presos políticos. Como fajinero (persona encargada de establecer las relaciones entre los carceleros y los presos) se ingenió para inventar comisiones de todo tipo de manera de tener en la planchada del penal de Libertad a la mayor cantidad de presos posible y de paso cambiar de celda.
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El martes 10 falleció a los 68 años de edad, en la ciudad de Malmö, al sur de Suecia, el periodista uruguayo Jorge Benigno Torres. Se trata del primer preso político que inauguró el penal de Libertad durante el período del terrorismo de Estado.
Meses atrás se supo que el característico y particular "gordo", que llevó el número 001 del penal de Libertad, se encontraba seriamente afectado en su salud.
Hombre de radio, militante de ADER (Asociación de Empleados Radiofónicos) y del MLN-Tupamaros, permaneció 15 años preso. Desde 1984, Benigno Torres estaba radicado en Suecia. Se inició como periodista radial en 1953 en Paysandú, trabajó en Suecia como tal durante 16 años y se jubiló a la edad de 65 años.
Nació en Fray Bentos, dentro del predio del Anglo, donde sus padres eran obreros del viejo frigorífico, "friyeros", como les decían entonces. Completó la escuela en Paysandú, luego estudió en lo que se llamaba Escuela Industrial; su madre falleció cuando él tenía 11 años y su padre dos años después. Participante de las interminables reuniones de la Unión Obrera Río Negro, de los actos en la Plaza Constitución y de las campañas electorales del Partido Socialista. En 1959 emigró a Montevideo.
En 1969, cuando no había aún 40 presos políticos en Uruguay, fue a parar a la cárcel de Punta Carretas. Torres salió del penal de Libertad en 1984.
En un reportaje realizado por LA REPUBLICA, el 12 de octubre de 2002, Torres dijo que "ser el 001 era y es para mí sólo una circunstancia, casual o no. Porque éramos 25 los primeros... Y tan primeros como nosotros, pegaditos son el 026 y los que siguen, hasta esa larga caravana de grises que llegaron hasta el 2.873".
Recordaba que ADER era un equeño sindicato que negociaba con Andebu desde los sueldos hasta las condiciones de trabajo en la radiotelefonía y que buscaba precisar cada tarea, la jerarquización del oficio. "No existía formalmente la carrera de comunicador. Eramos locutores, o informativistas, operadores... etcétera", recordaba.
En Montevideo se inició en radio Monte Carlo, luego El Espectador, donde hizo su experiencia profesional "más rica y valiosa, con un plantel de excepción; quien tenía oídos abiertos y receptividad, aprendía y aprendía", según contaba.
En octubre de 1972, al primer preso político que numeraron en el penal de Libertad lo raparon y le dieron un balde, alpargatas, papel higiénico, trapo de piso, jarro y plato, y hasta un pequeño discurso, pero no pudieron despersonalizarlo. Es más, sus carceleros encontraron un serio problema: no había talle para el mameluco gris que debía vestir.
"Vístase", le ordenaron. "No puedo", respondió. "Vístase, le digo", insistía el militar. "¡No me entra!", alegó el "gordo" Torres.
"No sé qué será de la vida del entonces capitán Vázquez, pero él lo puede ratificar", contaba Torres. Hubo cabildeos y cuchicheos, hasta que, finalmente, los militares sufrieron la primera derrota, por razones tácticamente no previstas.
El "gordo" Benigno Torres partió con su pantalón de brin azul, que le había mandado la compañera del "Pocho" Hornos, y de camisa blanca, hacia la celda. El primer preso no tuvo número ni uniforme, en un lugar cuya puerta de ingreso rezaba: "Aquí se viene a cumplir".
Benigno Torres anduvo meses de "civil", con una carpeta abajo del brazo, recorriendo todo el penal de Libertad. Los carceleros lo confundían con un oficial y lo dejaban pasar. En una ocasión, cuando se estaba colando en el 2º piso, un soldado lo detuvo y le preguntó: "¿Qué va a hacer?". "Voy a buscar la metamorfosis." "Bueno, vaya."
El "gordo" Torres fue uno de los inventores de las más impensadas estrategias para salir y hacer salir de sus celdas a los presos políticos. Como fajinero (persona encargada de establecer las relaciones entre los carceleros y los presos) se ingenió para inventar comisiones de todo tipo de manera de tener en la planchada del penal de Libertad a la mayor cantidad de presos posible y de paso cambiar de celda.
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Definen proyecto de ley que deja sin efecto Ley de Caducidad
Acuerdo. El gobierno y el FA acordaron remitirlo al Parlamento; constaría de 2 artículos
La República. 13 8 10
El Poder Ejecutivo y el Frente Amplio acordaron ayer remitir al Parlamento un proyecto de ley único para hacer caer los efectos de la Ley de Caducidad a través de una norma interpretativa del numeral 20 del artículo Nº 85 de la Constitución.
Carrera contrarreloj. En octubre, la CIDH emitiría un nuevo fallo contra el Estado uruguayo.
Aún resta conocer si será el gobierno o la fuerza política la que presente la iniciativa, no obstante sería el Ejecutivo quien tendría la derecha para impulsarlo.
Finalmente hay humo blanco en la definición que tanto el gobierno como el Frente Amplio han venido manejando desde hace algunos meses respecto a hacer caer los efectos de la Ley de Caducidad. Tal como informara LA REPUBLICA, la opción que manejan tanto el Poder Ejecutivo como el FA, será la de impulsar una ley interpretativa de la Constitución. No será anulación ni derogación.
Ayer, integrantes de la Comisión Especial que analiza la elaboración de un texto par el proyecto se reunieron al mediodía con el canciller Luis Almagro y el secretario de la Presidencia Alberto Breccia, para coordinar acciones en tal sentido. Hubo coincidencia. Habrá un texto único, y será interpretativo de la Constitución.
El contenido acordado en esta comisión especial, y en el que estuvieron de acuerdo las autoridades del gobierno, se mantiene tal como venía manejándose desde el martes pasado cuando se reunieron los representantes del FA. Ahora, esta propuesta será llevada el próximo lunes a la Mesa Política del FA para ser aprobada.
La intención es que la propuesta ingrese al Parlamento lo antes posible, ya que en los primeros días de octubre la Corte Interamericana de Derechos Humanos estará emitiendo su fallo que será contrario a la actual legislación uruguaya, en el entendido de que la vigencia de la Ley de Caducidad, atenta contra los derechos internacionales.
En caso de que el proyecto de ley interpretativa de la Constitución sea aprobado, seguramente en setiembre, estaría haciendo caer los efectos de la Ley de Caducidad.
La iniciativa elaborada por el FA consta de dos artículos. En ellos se interpreta el numeral 20 del artículo 85 de la Constitución que habla de los derechos humanos, por su parte, utilizando como insumo el artículo 72 de la Constitución. El mismo indica: "La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno."
El abogado de la Vertiente Artiguista, Daoiz Uriarte, indicó que dentro de esos derechos está el de acceso a la justicia. "En tanto, la Ley de Caducidad es inconstitucional."
El futuro proyecto incluirá los conceptos de la sentencia de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia en el caso de Nibia Sabalsagaray, así como el reconocimiento de que los tratados internacionales de derechos humanos deben incorporarse a la Constitución.
Los redactores pretenden con esta iniciativa que si un juez entiende que la Ley de Caducidad contradice las normas de derecho internacional deberá aplicar directamente esta última.
En tal sentido, a través de una ley, el Parlamento dispondrá que en todas las causas que hayan sido archivadas por un acto administrativo, el Poder Ejecutivo podrá continuarlas y desarchivarlas a sola petición del Ministerio Público o de la parte interesada. Ayer, integrantes de la Comisión Especial del FA destacaron el salto cualitativo de que la fuerza política y el gobierno se pusieran de acuerdo de presentar un texto único, ya que ambas partes iban en caminos similares.
Aclararon que la orgánica tendrá que respaldar el planteo (el documento ya fue elevado al presidente del FA, Jorge Brovetto) pero que será secundario si es el Poder Ejecutivo o la fuerza política la que lo presenta ante el Parlamento.
Incluso se especula con que quien decida este tema sea el propio presidente José Mujica.
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El Ministro visitó el Círculo Militar
Rosadilla y retirados se comprometieron
a “olvidar viejas cuentas”
Últimas noticias. 12 8 10
El ministro de Defensa, Luis Rosadilla, se reunió ayer con la dirección del Círculo Militar. Ambas partes evitaron pronunciarse sobre temas ríspidos como el proyecto de anulación de la ley de Caducidad y se comprometieron a “construir hacia el futuro”.
“Queremos generar diálogo, olvidar viejas cuentas, tirar el talonario de la chequera y tratar de construir hacia el futuro”, afirmó el general (r) Ricardo Galarza, presidente del Círculo Militar, tras dos horas y media de reunión con Rosadilla. El ministro se transformó ayer en el primer tupamaro que cruzó las puertas de la institución, donde fue recibido por la directiva en “un paso mutuo” hacia un diálogo entre antiguos enemigos.
“Yo voy donde me inviten”, dijo al asumir su cargo, por lo que la directiva del Círculo consideró conveniente convocarlo. “Esto es un gesto importante y no es de alguien que no tiene nada que ver”, destacó Galarza tras despedirlo.
Pese a los anuncios de revisión de la ley de Caducidad por parte del gobierno, el militar destacó la apertura de Rosadilla y del presidente José Mujica para buscar un acercamiento. “Yo no lo voté, pero ¿cuántas veces Mujica dijo que no quería tener gente de edad avanzada en la cárcel para que allí murieran? ¿Qué otro candidato lo dijo?”, se preguntó. Aclaró que no es “devoto” de Mujica, que “tampoco precisa mi devoción. Es un reconocimiento objetivo de hechos, no de intenciones”.
En ese sentido, consideró “bueno que quienes estuvimos en actividad hace tanto tiempo y el ministro, que tiene también su trayectoria, podamos dialogar, mirar hacia el futuro con una visión constructiva y trabajar los disensos”. En un momento del encuentro, Rosadilla mencionó el discurso pronunciado por Mujica el 16 de marzo ante los oficiales en la base aérea de Santa Bernardina, lo que fue reconocido como “un hito en la convivencia del país”.
Si bien los retirados intentaron profundizar sobre el contenido del proyecto para eliminar la ley de Caducidad, Rosadilla se excusó y dijo no tener mayores datos porque estaba en el exterior, concentrado en el conflicto entre Colombia y Venezuela. Según comentó Galarza, “reconoció que había oído algo pero dijo que no estaba en la posición cabal de poseer todos los datos”. El militar afirmó que buscar la anulación “sería improcedente” y reclamó que “se respete la voluntad ciudadana. En dos plebiscitos la ciudadanía dejó claro que esa fue la mejor solución para la transición democrática”.
Con sándwiches y refrescos de por medio, Rosadilla y los retirados se comprometieron a fomentar el diálogo sobre temas que hacen al presente y futuro de las Fuerzas Armadas, como los salarios del personal subalterno y la situación de sanidad militar. “Todo aquello que pueda apoyar la acción de los comandantes en jefe, en particular con el ministro, lo vamos a tratar de dar”, apuntó Galarza.
Sin embargo, aclaró que el Círculo no opinará sobre hechos que involucren a los militares en actividad, como las irregularidades en la Armada, por considerar que corresponde al gobierno.
LA MANO DEL CORONEL
“Yo a usted lo tuve en el Penal de Libertad. Y a sus compañeros, también”, manifestó un coronel retirado que se cruzó con el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, en la puerta del Círculo Militar. “Me acuerdo”, respondió el jerarca, al tiempo que extendía la mano para estrechar la del hombre que años atrás fue uno de sus carceleros.
Con ese gesto comenzó la primera visita de un tupamaro a una institución que junto a la puerta de entrada mantiene, con la leyenda: “Una infamia inolvidable”, una foto ampliada de los cuatro soldados asesinados dentro de un jeep por el Movimiento de Liberación Nacional (MLN). En ese marco, tanto el ministro como los militares se comprometieron a dejar atrás el pasado.
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jueves, 12 de agosto de 2010
Repasen antes de entregar
Familiares de desaparecidos no podrán recibir reparación monetaria hasta que haya ley interpretativa.
La Diaria. 12 8 10
Se trata, una vez más, del inciso A del artículo 11 de la ley 18.596 de reparación integral, referente a los familiares de los desaparecidos y asesinados durante la dictadura. La letra establece que percibirán indemnización por única vez “los familiares de las víctimas hasta el segundo grado por consanguinidad”, fijada en 500.000 unidades indexadas (al día de hoy, poco más de un millón de pesos, 1.038.900) y que en caso de que “hubiese más de un beneficiario este monto se distribuirá en partes iguales”.
En febrero la duda era si la preposición “hasta” era, en este caso, inclusiva o excluyente.
Tras más de tres meses de consultas de carácter jurídico se concluyó que era inclusiva. Ahora surgió un problema de “procedimiento de pago”. Si, por ejemplo, se presentan cinco familiares como beneficiarios, el monto se divide en partes iguales. Pero se generaría un conflicto si una vez hecha la liquidación, otros familiares hacen la solicitud, teniendo en cuenta que la ley establece, en su artículo 18, que el derecho a acogerse a los beneficios no prescribe ni caduca.
Los integrantes de la comisión creada para dar cumplimiento a ley redactó un proyecto de decreto para zanjar el problema de interpretación, pero la oficina jurídica de la Presidencia de la República lo objetó “porque limitaba derechos consagrados” en la propia norma, según informaron fuentes de ese organismo a la diaria. Además, aclararon, la vulneración de derechos abre las posibilidades de que los amparados demanden al Estado. “Estamos preocupados por agilizar esto, y tratando de resolverlo, pero nuestra tarea es implementar la ley, no evaluarla. Mientras tanto, lo que podemos hacer es avanzar en el estudio de los casos”, afirmaron en diálogo con la diaria ayer, tras la reunión habitual de los miércoles.
El presidente de la Asociación de ex presas y presos políticos Crysol, Baldemar Taroco, informó a la diaria que están gestionando una entrevista con el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, quien preside la comisión, para manifestar preocupación por “la lentitud” con la que se están procesando estos temas. “Hay poca gente trabajando en esto. Hace ocho meses que se instaló la comisión y solamente veinte personas han cobrado la indemnización. Ni siquiera han recibido el carné de víctimas”, se quejó.
Sobre este punto, desde la comisión adelantaron que ya se votó por unanimidad un texto para el carné, pero que resta aprobar cuestiones vinculadas al diseño. Desde enero se presentaron unas 600 solicitudes. Como criterio se estableció atender primero los expedientes de los niños nacidos en cautiverio por ser los casos más fáciles de probar. En este momento, la prioridad la tienen aquellos peticionantes que tienen “edad avanzada” independientemente de la causal en la que se amparen.
El lunes, Crysol se concentró frente al Ministerio de Economía y Finanzas en reclamo
de la reglamentación del artículo 10, que garantiza asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica a las víctimas.
Ese día fueron escuchados por el subsecretario, Pedro Buonomo, y el director general de secretaría, Pedro Apezteguía. “Fue una charla amena. Nos quedó una sensación de que nos van a vacunar o nos van a cocinar a fuego lento. Se comprometieron a terminar un informe de la ponderación de los gastos que significaría y elevarlo el lunes a Presidencia. Así que el lunes, entre las 11.00 y las 12.00, vamos a movilizarnos frente a la Torre Ejecutiva”, anunció Taroco.
LR
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Nixon pidió a Pacheco que mataran a Sendic
Documentos desclasificados ayer del Departamento de Estado de los EEUU. Nixon pidió a Pacheco que mataran a Sendic si Mitrione era ejecutadoLa República 12 8 10
En un documento desclasificado del Departamento de Estado de los EE.UU. y embargado hasta la mañana de ayer por la National Security Archive (NSA), quedó plenamente confirmado que el gobierno de Richard Nixon pidió al gobierno de Pacheco Areco que amenazara a los tupamaros con asesinar a Sendic y a otros prisioneros claves del MLN, si esta organización ejecutaba al estadounidense experto en torturas, Dan Mitrione en poder de los guerrilleros.
Mitrione. Llegó al Uruguay en 1969 para asesorar en la lucha contra el MLN-T.
El documento oficial estaba firmado por el secretario de Estado, William Rogers, quien lo dirigió al embajador de EE.UU. en Uruguay, Charles Adair, el 9 de agosto de 1970, cuando según el comunicado No. 9 del MLN, Dan Mitrione ya había sido ejecutado a las l2 horas de ese mismo día, 9 de agosto, habiendo vencido según el comunicado No.6 del l6 de agosto el plazo de 24 horas otorgado hasta la medianoche del 7 de agosto.
El documento le fue entregado al Canciller uruguayo, Jorge Peirano Facio, quien le contestó al embajador norteamericano que "un gobierno como el nuestro no hace este tipo de cosas", aunque agregó que esa tarea ilícita la podría llevar a cabo el "Escuadrón de la muerte", quien ya habría trasladado esa amenaza al MLN.
Ayer a las 11 de la mañana en la radio 1410 Am Libre, en el programa "Sabuesos" conducido por Alejandro Gabard y Walter Pernas, el director del proyecto de Documentación del Cono Sur, Carlos Osorio, interrogado por los periodistas, declaró que "el documento de EEUU está alentando el crimen, ésta es la interpretación de cualquier juez, de cualquier corte del mundo y que estará implicando a funcionarios de los Estados Unidos".
El gobierno de EEUU propuso a su par uruguayo adoptar todas las acciones a su alcance para obtener la liberación del agente de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID, por sus siglas en inglés), Dan Anthony Mitrione, secuestrado por el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) el 31 de julio de 1970, entre ellas, amenazar con "asesinar" a los principales referentes de la organización guerrillera si Mitrione era ajusticiado por el grupo guerrillero.
El "Tel. Ext 28562" enviado por el secretario de Estado norteamericano, William Rogers, al embajador estadounidense en Uruguay Charles Adair, el 9 de agosto de 1970, cuando ya había sido ejecutado a las 12 horas de ese día el experto en torturas, Dan Mitrione, según el comunicado Nº9 del MLN-T, emitido horas después de la ejecución. El 6 de agosto, el MLN-T en su comunicado Nº 6 concedió un último plazo hasta la medianoche del 7 de agosto para efectuar el canje propuesto, caso contrario el funcionario norteamericano sería ejecutado, como efectivamente ocurrió el 9 de agosto.
"Asumimos que el GOU (gobierno uruguayo) ha considerado amenazar con asesinar a (el lider del MLN-T, Raúl) Sendic y otros prisioneros claves del MLN si Mitrione es asesinado. Si no ha sido considerado, usted debería plantearlo al GOU inmediatamente", expresó Rogers en el cable secreto signado como de "Distribución Exclusiva" (EXDIS), es decir, altamente clasificado y reservado, y cuyo contenido solo podía ser conocido por el receptor (Adair), el secretario de Estado y la Casa Blanca.
Minutos más tarde, Adair contestó al secretario de Estado por la misma vía (REF Nº 128.636), que el gobierno uruguayo no adoptaría una decisión como la propuesta por el secretario de Estado. Sin embargo, el gobierno de Jorge Pacheco Areco afirmó a las autoridades norteamericanas en Uruguay que en caso de no lograrse la liberación "sano y salvo" Mitrione, el "Escuadrón de la Muerte" tomaría represalias contra los familiares de los principales referentes del MLN-T, entonces en prisión.
La comunicación a los representantes de EEUU en Uruguay fue realizada por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Peirano Facio, el 9 de agosto de 1970, según revelan documentos desclasificados en EEUU.
Los documentos fueron publicados en el sitio web de la National Security Archive (NSA), una organización no-gubernamental independiente con sede en la Universidad de Washington, tras las tareas de desclasificación y análisis efectuadas por los profesores Carlos Osorio (director del Proyecto de Documentación del Cono Sur de la NSA) y Marianna Enamoneta, con la colaboración de la historiadora uruguaya Clara Aldrighi, autora del libro "El Caso Mitrione" (2007).
El secuestro de Mitrione
Dan Anthony Mitrione era un experimentado agente de la AID, que arribó en 1969 a Uruguay para asesorar y apoyar a los organismos de seguridad en su lucha contra el MLN-Tupamaros. Mitrione fue asesor en técnicas de tortura, ante lo cual el MLN-T definió su secuestro.
El secuestro de Mitrione significó un duro golpe para las autoridades norteamericanas y para el gobierno uruguayo. El 31 de julio de 1970 el director de la CIA fue informado por agentes a su cargo en Uruguay que "terroristas", presumiblemente del MLN-T o el FARO efectuaron cuatro intentos de secuestro en Montevideo.
El cable indicaba que el diplomático Gordon James fue secuestrado pero logró escapar; mientras no pudo efectivizarse el secuestro del ministro de Trabajo, Walter Pintos Risso. Sin embargo, los "terroristas" lograron el secuestro de Mitrione y del cónsul de Brasil en Uruguay, Aloysio Días Gomide. El MLN-T se hizo cargo de los secuestros y demandó la liberación de los 150 militantes de la organización detenidos por las fuerzas de seguridad uruguayas; el gobierno de Pacheco Areco se opuso públicamente a negociar con la guerrilla.
Sin embargo, los días posteriores fueron gestando un nuevo panorama, tras el secuestro por parte del MLN-T del funcionario norteamericano Claude Fly y la detención de Raúl Sendic (principal referente del MLN-T) y otros ocho importantes dirigentes de la organización, en diversos operativos efectuados en Montevideo. El 8 de agosto el MLN-T anunció la ejecución de Mitrione en 24 horas de no procederse a la excarcelación de los militantes detenidos.
La intervención de Nixon
Los contactos entre los gobiernos de Uruguay y EEUU, sin embargo, no comenzaron tras el "últimatum" público del MLN de ejecutar a Mitrione. El 2 de agosto el presidente Richard Nixon manifestó mediante un mensaje personal al presidente Jorge Pacheco Areco su "confianza" en que el gobierno uruguayo adoptaría todas las medidas a su alcance para obtener la liberación de Mitrione.
Sin embargo, el 8 de agosto las reuniones al más alto nivel continuaban, ahora con nuevos hechos sobre la mesa: el secuestro de Fly, la detención de Sendic y el "últimatum" del MLN de ejecutar a Mitrione. El embajador Adair y otros integrantes de la Embajada de EEUU en Uruguay mantuvieron ese día un encuentro de 30 minutos aproximadamente con el canciller Peirano Faccio y otros integrantes del staff ministerial.
Adair reveló a sus superiores en el Departamento de Estado que durante el "breve" encuentro expresó al canciller uruguayo su "creciente preocupación" por la "crítica posición" de Mitrione.
El embajador norteamericano le sugirió en dicho encuentro a Peirano cuatro propuestas para lograr la liberación de los secuestrados: ofrecer públicamente a los captores de Mitrione una "amnistía" o "amnistía con recompensa (5 millones de pesos)" por su liberación; ofrecer una amnistía a los militantes "claves" de la organización recientemente detenidos a cambio de información que permita la liberación del agente norteamericano; insistir con oferta de recompensa por información; y en caso de recibir información y efectivizar el pago de la recompensa agradecer públicamente a los informantes y "urgir" a otras personas a brindar información.
Sin embargo, Peirano rechazó la propuesta y se mostró favorable a priorizar la comunicación con los "insurgentes" por canales "discretos", y recomendó que el propio gobierno de EEUU realice esfuerzos directos y secretos con el MLN en procura de la liberación del agente de la AID. La propuesta fue rechazada por Adair.
Actuará el "Escuadrón"
Los esfuerzos de las autoridades uruguayos por liberar a Mitrione y companía eran infructuosos, lo cual repercutía también en el gobierno de EEUU.
En este contexto, se encuadra el pedido del Departamento de Estado a la Embajada de EEUU en Uruguay de sugerir a las autoridades uruguayos amenazar a los militantes del MLN detenidos con asesinarlos de no disponerse la liberación de Mitrione ("Tel. Ext 28562"). El cable secreto fue enviado poco antes de cumplirse el plazo dispuesto por el MLN-T para ajusticiar al agente de la AID.
Adair planteó el tema al canciller Peirano Facio y minutos después respondió mediante otro telegrama "Secreto" al planteo impulsado por el secretario de Estado, William Rogers. "1) Hasta la recepción del RefTel no tenemos info que el GOU haya considerado efectuar esa amenaza. 2) Enseñé al FONMIN (el ministro de Relaciones Exteriores, Peirano) el texto del RefTel. 3) FONMIN estableció que su estilo de gobierno no permitiría estas acciones. 4) FORMIN agregó, que entiende que por medios indirectos, una amenaza fue realizada a esos prisioneros Que miembros del 'Escuadrón de la Muerte' (grupos privados e ilegales) tomarán acciones contra los familiares de los prisioneros si Mitrione es asesinado", culmina Adair.
Paradójicamente, "Escuadrón de la Muerte" es la única frase en español de todo el telegrama. En este sentido, los documentos ahora desclasificados cobran relevancia porque significan la primera caracterización directa por parte de un funcionario del gobierno uruguayo de los grupos parapoliciales activos como "Escuadrones de la Muerte". Las referencias anteriores se referían a estas organizaciones como "métodos no convencionales" o "contraterrorismo".
Procesamientos recientes por homicidio
La Justicia uruguaya dispuso recientemente el procesamiento con prisión de dos ex integrantes del "Escuadrón de la Muerte" como coautores de un delito de "homicidio muy especialmente agravado" del joven militante del MLN-T, Héctor Castagnetto. La jueza Penal de 8º Turno, Graciela Eustachio, dispuso en dicha instancia el enjuiciamiento del ex agente de policía y agente de la CIA, Nelson Bardesio, y del ex agente de la DNII, Pedro Freitas.
En este sentido, la magistrada determinó la responsabilidad de Bardesio y Freitas en el crimen, pero deslindó determinar imputación por los crímenes de Ibero Gutiérrez y Manuel Ramos Filippini, otras dos víctimas de las organizaciones parapoliciales como había solicitado el entonces fiscal del caso Ricardo Perciballe. El representante del Ministerio Público (hoy fiscal Especializado en Crimen Organizado) no había solicitado imputación por el caso de Abel Ayala, aunque solicitaba profundizar la indagatoria en la causa.
Sin embargo, el pasado 19 de setiembre de 2009 LA REPUBLICA informó sobre la existencia de un documento del Departamento de Estado de EEUU, desclasificado por la National Security Archive, en el cual las autoridades norteamericanas adjudicaban cuatro crímenes al accionar de los "Escuadrones de la Muerte".
El documento enviado por la Embajada de EEUU en Uruguay al Departamento de Estado, con referencia MVD A-168, detallaba la totalidad de las víctimas de la represión estatal hasta el 30 de setiembre de 1972. En este sentido, los crímenes de Ayala, Ramos Filippini, Castagnetto e Ibero Gutiérrez fueron incluidos por la sede diplomática de EEUU en la lista "Counter-Terrorist Victims" (Víctimas del contraterrorismo).
"Suero de la verdad"
Las autoridades uruguayas manejaron la posibilidad de utilizar el denominado "suero de la verdad" con los militantes del MLN-T detenidos durante los operativos efectuados en los primeros días de agosto de 1970, en procura de obtener información sobre el paradero de Dan Mitrione y los restantes secuestrados.
Un oficial norteamericano ("desconocido", es decir, cuyo nombre fue vedado en los documentos desclasificados por los organismos norteamericanos) afirmó que el gobierno uruguayo gestionaba con la Justicia la posibilidad de utilizar pentotal sódico ("suero de la verdad"), para procurar datos sobre Mitrione, incluso asesorándose con expertos de Buenos Aires (Argentina). Además, el oficial reveló que el gobierno de Jorge Pacheco Areco había ordenado a la Policía "extremar las medidas" para localizar a los secuestrados.
Osorio a "Sabuesos" (AM LIBRE). "Prueba irrefutable" de existencia de los Escuadrones de la Muerte
Los nuevos documentos desclasificados revelan que el gobierno de EEUU fue hasta los "límites éticos" en sus esfuerzos por liberar a Mitrione, un hecho que fue "ocultado por años", según expresó el profesor Carlos Osorio, director del Proyecto de Documentación del Cono Sur, al revelarse los documentos en la página de la National Security Archive (NSA).
En este sentido, "los documentos de EEUU son una prueba irrefutable de que los escuadrones de la muerte eran una política del gobierno uruguayo y pueden servir como evidencia clave en las causas judiciales abiertas en Uruguay" por el accionar de estos grupos parapoliciales, expresó Osorio. "Los 'Escuadrones de la Muerte' existieron y eran una política encubierta del gobierno de Uruguay", reiteró Osorio al programa "Sabuesos" de AMLIBRE.
En este sentido, el integrante de la NSA destacó el "doble discurso" y "juego ético" del gobierno uruguayo en lo inherente a su accionar contra los grupos guerrilleros, lo cual se constata en los puntos 3 y 4 del cable enviado por el embajador de EEUU en Uruguay, Charles Adair. "En el punto 3 Peirano dice: 'un gobierno como el nuestro no hace este tipo de cosas', pero en el punto 4 sin embargo hace un guiño, se está haciendo esto a través de los "Escuadrones de la Muerte'".
Osorio insistió en la necesidad de continuar el proceso de desclasificación de documentos para determinar "hasta dónde el gobierno de EEUU promovió las torturas y los 'Escuadrones de la Muerte'", porque si bien periodistas norteamericanos están convencidos de la implicancia de Dan Mitrione en prácticas de tortura, "la información (oficial) no ha salido".
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miércoles, 11 de agosto de 2010
Crysol se moviliza para que los derechos se implementen
Por Gastón Grisoni
El pasado lunes 9 de agosto, Crysol, la Asociación de ex pres@s polític@s de Uruguay, realizó una concentración frente al Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, reclamando la aprobación del decreto reglamentario del Artículo 10 de la Ley 18 596 que fuera remitido por el Ministerio de Salud Pública a fines del mes de junio y que está pendiente de aprobación por dicha cartera.
La ocasión fue propicia para que una delegación de Crysol fuera recibida mientras se estaba llevando a cabo la concentración frente al ministerio.
El Subsecretario de Economía y Finanzas, Ec. Pedro Buonomo y el Director de Secretaría del Ministerio, Pedro Apezteguía estuvieron conversando por espacio de treinta minutos con la delegación de Crysol.
La misma estuvo integrada por Baldemar Taroco (Presidente), Julio Martínez, José Silva, Brenda Falero y Chela Fontora.
A más de 10 meses de promulgada la ley 18 596, de reparación a las víctimas del Terrorismo de Estado, el Poder Ejecutivo aún no ha reglamentado el Artículo 10 de la misma, por lo cual los beneficiarios de dicha norma no pueden ejercer los derechos consagrados por ella.
El artículo 10 establece que las personas que hayan estado detenidas más de 6 meses sin ser procesadas o las que hubiesen sido procesadas, las que hayan sufrido lesiones gravísimas y los niños y niñas que hayan sido secuestrados o hayan permanecido en cautiverio junto a sus padres, tendrán derecho a recibir de manera gratuita y vitalicia prestaciones médicas que incluyan la asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica que garanticen su asistencia integral en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Señala, además, que el Decreto 268/2008 es parte de dicha ley.
Como es de público conocimiento, el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), de acuerdo a la Ley 18 211, de 13 de diciembre de 2007, incluye a prestadores públicos y privados. Está integrado por el sistema mutual y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
La Ley 18 596 otorga claramente, por lo mismo, a los beneficiarios, el derecho a optar, libremente, entre uno u otro sistema y eso es lo que se debe implementar mediante el decreto que se reclama sin más demoras ni más dilaciones.
A lo largo de estos meses, Crysol ha realizado intensas gestiones para lograr que el Poder Ejecutivo emita el decreto reglamentario de dicho artículo. A fines del mes de junio, el Ministro de Salud Pública, Ec. Daniel Olesker, presentó el proyecto de decreto que, de acuerdo a la información en nuestro poder, está desde esa fecha en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su aprobación.
La Ley 18 596 no es una ley de reparación integral como el país necesita para superar las heridas aún abiertas del pasado reciente. No cumple con los estándares internacionales y con las normas de derechos humanos que Uruguay ha ratificado, muy especialmente la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas y la Convención Internacional contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes.
Aprobada como resultado de la movilización de los organismos de DDHH, muy especialmente Crysol, la Ley 18 596 fue un avance en la normativa vigente imperante en el país. Pero debe implementarse efectivamente en todos sus aspectos para no ser letra muerta, para que sus beneficios sean gozados por sus destinatarios y así seguir avanzando en el camino de la justicia.
Efectivizar el derecho a la salud en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) contemplando el Decreto 268/08 tal como lo dispone la ley es una temática que no admite más dilaciones a 25 años del retorno a la vida democrática y a 10 meses de aprobada la ley para un colectivo de víctimas del Terrorismo de Estado compuesto por personas maduras.
En los próximos días Crysol realizará nuevas gestiones ante los representantes del Poder Ejecutivo y el próximo lunes 16 de agosto de 11 a 12 horas volverá a realizar una concentración en la Plaza Independencia frente a la Torre Ejecutiva de la Presidencia de la República.
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El pasado lunes 9 de agosto, Crysol, la Asociación de ex pres@s polític@s de Uruguay, realizó una concentración frente al Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, reclamando la aprobación del decreto reglamentario del Artículo 10 de la Ley 18 596 que fuera remitido por el Ministerio de Salud Pública a fines del mes de junio y que está pendiente de aprobación por dicha cartera.
La ocasión fue propicia para que una delegación de Crysol fuera recibida mientras se estaba llevando a cabo la concentración frente al ministerio.
El Subsecretario de Economía y Finanzas, Ec. Pedro Buonomo y el Director de Secretaría del Ministerio, Pedro Apezteguía estuvieron conversando por espacio de treinta minutos con la delegación de Crysol.
La misma estuvo integrada por Baldemar Taroco (Presidente), Julio Martínez, José Silva, Brenda Falero y Chela Fontora.
A más de 10 meses de promulgada la ley 18 596, de reparación a las víctimas del Terrorismo de Estado, el Poder Ejecutivo aún no ha reglamentado el Artículo 10 de la misma, por lo cual los beneficiarios de dicha norma no pueden ejercer los derechos consagrados por ella.
El artículo 10 establece que las personas que hayan estado detenidas más de 6 meses sin ser procesadas o las que hubiesen sido procesadas, las que hayan sufrido lesiones gravísimas y los niños y niñas que hayan sido secuestrados o hayan permanecido en cautiverio junto a sus padres, tendrán derecho a recibir de manera gratuita y vitalicia prestaciones médicas que incluyan la asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica que garanticen su asistencia integral en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Señala, además, que el Decreto 268/2008 es parte de dicha ley.
Como es de público conocimiento, el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), de acuerdo a la Ley 18 211, de 13 de diciembre de 2007, incluye a prestadores públicos y privados. Está integrado por el sistema mutual y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
La Ley 18 596 otorga claramente, por lo mismo, a los beneficiarios, el derecho a optar, libremente, entre uno u otro sistema y eso es lo que se debe implementar mediante el decreto que se reclama sin más demoras ni más dilaciones.
A lo largo de estos meses, Crysol ha realizado intensas gestiones para lograr que el Poder Ejecutivo emita el decreto reglamentario de dicho artículo. A fines del mes de junio, el Ministro de Salud Pública, Ec. Daniel Olesker, presentó el proyecto de decreto que, de acuerdo a la información en nuestro poder, está desde esa fecha en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su aprobación.
La Ley 18 596 no es una ley de reparación integral como el país necesita para superar las heridas aún abiertas del pasado reciente. No cumple con los estándares internacionales y con las normas de derechos humanos que Uruguay ha ratificado, muy especialmente la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas y la Convención Internacional contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes.
Aprobada como resultado de la movilización de los organismos de DDHH, muy especialmente Crysol, la Ley 18 596 fue un avance en la normativa vigente imperante en el país. Pero debe implementarse efectivamente en todos sus aspectos para no ser letra muerta, para que sus beneficios sean gozados por sus destinatarios y así seguir avanzando en el camino de la justicia.
Efectivizar el derecho a la salud en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) contemplando el Decreto 268/08 tal como lo dispone la ley es una temática que no admite más dilaciones a 25 años del retorno a la vida democrática y a 10 meses de aprobada la ley para un colectivo de víctimas del Terrorismo de Estado compuesto por personas maduras.
En los próximos días Crysol realizará nuevas gestiones ante los representantes del Poder Ejecutivo y el próximo lunes 16 de agosto de 11 a 12 horas volverá a realizar una concentración en la Plaza Independencia frente a la Torre Ejecutiva de la Presidencia de la República.
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Apuntes sobre la caducidad de la caducidad
La Diaria. 11 8 10
1. La historia de la Ley de Caducidad está llena de episodios impresentables. Ahora, entre todos los motivos posibles para impulsar su anulación, el gobierno plantea la perspectiva de un fallo contrario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde Macarena Gelman ha presentado una demanda por denegación de justicia en el caso de la desaparición forzada de su madre.
El Ejecutivo aplica un criterio de reducción de daños, no muy distinto del manejado ante la demanda de Philip Morris en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial, por las normas uruguayas contra el consumo de tabaco. El actual presidente defendió una posición semejante, a fines del gobierno anterior, en la cuestión de la segunda terminal de contenedores de Montevideo, debido a la posibilidad de un fallo internacional favorable a la firma belga Katoen Natie.
Y unos años antes fue preciso liberar a los hermanos Peirano Basso, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que -como sucede con muchísimos otros presos en Uruguay que no pueden apelar a organismos internacionales- era excesivo el tiempo que llevaban recluidos. Obligado cualquiera libera. O achica. O anula.
2. El dirigente tupamaro Julio Marenales opinó, en el mensuario Participando del MPP, que lo de la Ley de Caducidad es “un tema complejo”, porque “hubo dos instancias de democracia directa, que perdimos” (el referendo de 1989 y el plebiscito del año pasado) y “bajo ningún concepto puede aceptarse que un organismo de soberanía delegada, como lo es el Parlamento, pueda modificar una expresión de democracia directa”, o en este caso dos. “Los que cayeron y los que hemos sobrevivido luchamos por una sociedad donde el conjunto social sea protagonista y soberano. Entonces nosotros mismos no podemos entrar en contradicción, negando un veredicto popular”, sostiene.
Con bases distintas se puede plantear el mismo criterio. José Korzeniak, destacado profesor de Derecho y ex parlamentario del Partido Socialista, afirma en su excelente libro La Constitución explicada y un poco de humor que el Parlamento no puede modificar lo resuelto sobre una ley en una consulta popular, porque el cuerpo electoral “expresa directamente la voluntad de la nación” y los poderes del Estado la expresan indirectamente.
Sin embargo, el mismo Marenales señaló hace unos meses en Participando que las sociedades actuales están lejos de poder ejercer bien la democracia participativa, y Korzeniak sabe, por supuesto, que la Constitución uruguaya no permite el recurso de referendo (y ni siquiera la iniciativa parlamentaria) para normas tan cruciales como las leyes de Presupuesto, por más que el Poder Ejecutivo (al que se reserva la capacidad de proponer en esa materia) sea una expresión indirecta de “la voluntad de la nación”.
3. El avance del derecho internacional es una tendencia de nuestra época que, con todos sus defectos y contradicciones, va creando mejores condiciones para la democratización mundial. En ese marco, países poderosos como Estados Unidos se niegan a firmar acuerdos, o deciden apartarse de ellos, para defender sus prácticas referidas a la edad mínima para participar en acciones militares, a las incursiones violatorias de los derechos humanos en otros países, a la aplicación de la pena de muerte, al uso de combustibles que causan “efecto invernadero” y a otras calamidades. Pero los pequeños no estamos en condiciones de ponernos al margen de la ley internacional, ni nos conviene hacerlo.
Defensores de la anulación de la caducidad alegan que “no se puede plebiscitar la justicia” ni el respeto por los derechos humanos. Poderse, se puede: Uruguay lo hizo dos veces en veinte años. Lo que ocurre, como decía Pablo de Tarso, es que “todo es lícito, pero no todo es conveniente, [...] no todo edifica”.
Marcelo Pereira
1. La historia de la Ley de Caducidad está llena de episodios impresentables. Ahora, entre todos los motivos posibles para impulsar su anulación, el gobierno plantea la perspectiva de un fallo contrario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde Macarena Gelman ha presentado una demanda por denegación de justicia en el caso de la desaparición forzada de su madre.
El Ejecutivo aplica un criterio de reducción de daños, no muy distinto del manejado ante la demanda de Philip Morris en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial, por las normas uruguayas contra el consumo de tabaco. El actual presidente defendió una posición semejante, a fines del gobierno anterior, en la cuestión de la segunda terminal de contenedores de Montevideo, debido a la posibilidad de un fallo internacional favorable a la firma belga Katoen Natie.
Y unos años antes fue preciso liberar a los hermanos Peirano Basso, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que -como sucede con muchísimos otros presos en Uruguay que no pueden apelar a organismos internacionales- era excesivo el tiempo que llevaban recluidos. Obligado cualquiera libera. O achica. O anula.
2. El dirigente tupamaro Julio Marenales opinó, en el mensuario Participando del MPP, que lo de la Ley de Caducidad es “un tema complejo”, porque “hubo dos instancias de democracia directa, que perdimos” (el referendo de 1989 y el plebiscito del año pasado) y “bajo ningún concepto puede aceptarse que un organismo de soberanía delegada, como lo es el Parlamento, pueda modificar una expresión de democracia directa”, o en este caso dos. “Los que cayeron y los que hemos sobrevivido luchamos por una sociedad donde el conjunto social sea protagonista y soberano. Entonces nosotros mismos no podemos entrar en contradicción, negando un veredicto popular”, sostiene.
Con bases distintas se puede plantear el mismo criterio. José Korzeniak, destacado profesor de Derecho y ex parlamentario del Partido Socialista, afirma en su excelente libro La Constitución explicada y un poco de humor que el Parlamento no puede modificar lo resuelto sobre una ley en una consulta popular, porque el cuerpo electoral “expresa directamente la voluntad de la nación” y los poderes del Estado la expresan indirectamente.
Sin embargo, el mismo Marenales señaló hace unos meses en Participando que las sociedades actuales están lejos de poder ejercer bien la democracia participativa, y Korzeniak sabe, por supuesto, que la Constitución uruguaya no permite el recurso de referendo (y ni siquiera la iniciativa parlamentaria) para normas tan cruciales como las leyes de Presupuesto, por más que el Poder Ejecutivo (al que se reserva la capacidad de proponer en esa materia) sea una expresión indirecta de “la voluntad de la nación”.
3. El avance del derecho internacional es una tendencia de nuestra época que, con todos sus defectos y contradicciones, va creando mejores condiciones para la democratización mundial. En ese marco, países poderosos como Estados Unidos se niegan a firmar acuerdos, o deciden apartarse de ellos, para defender sus prácticas referidas a la edad mínima para participar en acciones militares, a las incursiones violatorias de los derechos humanos en otros países, a la aplicación de la pena de muerte, al uso de combustibles que causan “efecto invernadero” y a otras calamidades. Pero los pequeños no estamos en condiciones de ponernos al margen de la ley internacional, ni nos conviene hacerlo.
Defensores de la anulación de la caducidad alegan que “no se puede plebiscitar la justicia” ni el respeto por los derechos humanos. Poderse, se puede: Uruguay lo hizo dos veces en veinte años. Lo que ocurre, como decía Pablo de Tarso, es que “todo es lícito, pero no todo es conveniente, [...] no todo edifica”.
Marcelo Pereira
martes, 10 de agosto de 2010
Crysol exige la implentación en salud.
La República. 10 8 10
A más de 10 meses de promulgada la ley 18.596 de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado, el Poder Ejecutivo aún no ha reglamentado el artículo 10 de la misma, por lo cual los beneficiarios de dicha norma no pueden ejercer los derechos consagrados por ella. Ayer, en reclamo de este beneficio, los integrantes de Crysol se concentraron frente al Ministerio de Economía (Montevideo) en las primeras horas de la tarde.
El artículo 10 establece que las personas que hayan estado detenidas más de 6 meses sin ser procesadas o las que hubiesen sido procesadas, las que hayan sufrido lesiones gravísimas y los niños y niñas que hayan sido secuestrados o hayan permanecido en cautiverio junto a sus padres, tendrán derecho a recibir de manera gratuita y vitalicia prestaciones médicas que incluyan la asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica que garanticen su asistencia integral en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Señala, además, que el Decreto 268/2008 es parte de dicha ley.
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FA elabora alternativa a ley de Caducidad
Primarán acuerdos internacionales frente a dicha norma
El País. 10 8 10
Una comisión especial de la Mesa Política del Frente Amplio (FA) redactará hoy un proyecto de ley interpretativo para dejar sin efecto la Ley de Caducidad creada por el gobierno de Julio María Sanguinetti en 1986, dijo a El País el dirigente del MPP, Jorge Meroni.
La iniciativa señalará que Uruguay firmó acuerdos jurídicos internacionales y que si la Ley de Caducidad colisiona con los mismos, primarán dichos convenios, agregó el dirigente del FA.
Recordó que un dictamen de la Suprema Corte declaró inconstitucional a la Ley de Caducidad.
Además de la ley interpretativa, la Comisión Especial de la Mesa Política manejaba la intención de derogar la Ley de Caducidad en el Parlamento mediante un proyecto explícito, pero ello fue descartado.
Meroni advirtió ayer que, en dos oportunidades, la ciudadanía se pronunció a favor de la Ley de Caducidad y que, por lo tanto, esta no debía derogarse a través del Parlamento. "Creemos que la democracia directa es más fuerte que la representativa", añadió.
El abogado Daoiz Uriarte, dirigente de la Vertiente Artiguista, explicó ayer a radio El Espectador que un proyecto interpretativo significa que si un juez entiende que la Ley de Caducidad contradice las normas de derecho internacional deberán aplicarse estas últimas.
La senadora socialista Mónica Xavier expresó que la derogación lisa y llana de la Ley de Caducidad puede generar que el que haya cometido un delito de lesa humanidad se ampare en una norma de menor jerarquía. "En caso de que se elabore un proyecto de liberación de presos habrá que tener en cuenta los delitos de lesa humanidad", indicó.
El País. 10 8 10
Una comisión especial de la Mesa Política del Frente Amplio (FA) redactará hoy un proyecto de ley interpretativo para dejar sin efecto la Ley de Caducidad creada por el gobierno de Julio María Sanguinetti en 1986, dijo a El País el dirigente del MPP, Jorge Meroni.
La iniciativa señalará que Uruguay firmó acuerdos jurídicos internacionales y que si la Ley de Caducidad colisiona con los mismos, primarán dichos convenios, agregó el dirigente del FA.
Recordó que un dictamen de la Suprema Corte declaró inconstitucional a la Ley de Caducidad.
Además de la ley interpretativa, la Comisión Especial de la Mesa Política manejaba la intención de derogar la Ley de Caducidad en el Parlamento mediante un proyecto explícito, pero ello fue descartado.
Meroni advirtió ayer que, en dos oportunidades, la ciudadanía se pronunció a favor de la Ley de Caducidad y que, por lo tanto, esta no debía derogarse a través del Parlamento. "Creemos que la democracia directa es más fuerte que la representativa", añadió.
El abogado Daoiz Uriarte, dirigente de la Vertiente Artiguista, explicó ayer a radio El Espectador que un proyecto interpretativo significa que si un juez entiende que la Ley de Caducidad contradice las normas de derecho internacional deberán aplicarse estas últimas.
La senadora socialista Mónica Xavier expresó que la derogación lisa y llana de la Ley de Caducidad puede generar que el que haya cometido un delito de lesa humanidad se ampare en una norma de menor jerarquía. "En caso de que se elabore un proyecto de liberación de presos habrá que tener en cuenta los delitos de lesa humanidad", indicó.
lunes, 9 de agosto de 2010
Soldados de la coalición
MPP apoyará lo que el FA resuelva respecto a la Ley de Caducidad.
La Diaria. 9.8.10
Esta semana, el presidente del Frente Amplio (FA), Jorge Brovetto, se pondrá en contacto con autoridades de la cancillería para llegar a una solución común sobre la anulación de la Ley de Caducidad. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la idea de dejar sin efecto algunos de sus artículos, aunque el FA ya llegó a un acuerdo diferente. Mientras tanto, desde el Movimiento de Participación Popular (MPP) aseguran que no se opondrán a lo que resuelva la fuerza política.
El jueves, Montevideo Portal tituló una nota “MPP se opondrá a anulación de la Ley de Caducidad”. La información fue recogida al día siguiente, bajo un titular similar, por los diarios El País y La República. La nota del portal utilizaba como fuente al dirigente emepepista Heber Bousses, pero en su desarrollo se aclaraba que, si bien conceptualmente el sector no estaba afín con alterar por vía legislativa un pronunciamiento popular, acataría las resoluciones orgánicas.
Esto mismo fue reafirmado por Bousses a la diaria. “Es mentira que nos vayamos a oponer a la anulación de la ley. Vamos a votar lo que resuelva el FA, y está claro que ya se tomó una decisión. Acá nosotros no votamos solos ni nos vamos a cortar solos”, puntualizó. La comisión conformada por la coalición de izquierda acordó la semana pasada que la solución para recuperar la pretensión punitiva del Estado y evitar un fallo adverso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -en el marco de la demanda por denegación de justicia para investigar la desaparición de María Claudia García de Gelman- pasa por aprobar un texto interpretativo de la Constitución que termine con la vigencia de la Ley de Caducidad (ver nota adjunta).
Lo que el MPP sí quiere discutir es qué posiciones se adoptan ante los pronunciamientos populares, porque “no podemos estar de acuerdo con la participación popular si nos conviene y hacernos los tontos si no nos conviene”, dijo a la diaria el senador emepepista Ernesto Agazzi. No obstante, destacó que en este caso concreto “la comisión llegó a una interpretación que no anula la ley sino que le da la independencia que tiene que tener al Poder Judicial”.
En la última edición del mensuario Participando, del MPP, el dirigente Julio Marenales también hizo referencia a esta discusión. “Entendemos que bajo ningún concepto puede aceptarse que un organismo de soberanía delegada, como lo es el Parlamento, pueda modificar una expresión de democracia directa como es el plebiscito”, escribió. Pero a continuación hizo la misma aclaración: “Sin embargo, como en todos los temas que hacen a la discusión y decisión en el seno del FA, también nos parece significativo remarcar que acataremos y respetaremos lo que éste resuelva”.
Coordinemos
Este martes, la comisión designada por el FA para estudiar la anulación de la Ley de Caducidad aprobará la solución a la que se llegó la semana pasada. Sin embargo, en la cancillería trabajan en una propuesta diferente. Según confirmaron a la diaria fuentes de la cartera, se está elaborando un proyecto para anular del primero al cuarto artículo de la ley, que son básicamente los que definen qué delitos no se pueden investigar y la obligación de consulta por parte del Poder Judicial al Ejecutivo para que éste habilite las investigaciones.
El presidente del FA, Jorge Brovetto, aseguró a este medio que el gobierno y la fuerza política coinciden “en que hay que tomar una resolución respecto al tema”. Informó que se contactó con el vicecanciller, Roberto Conde, la semana pasada para comunicarle los avances logrados por la comisión, y apuntó que esta semana se pondrá en contacto con el canciller, Luis Almagro, que es el que maneja el tema, para elaborar una propuesta común.
“El objetivo es el mismo, desembarazarse de este engendro”, sentenció, aunque aclaró que aún resta evaluar si la salida que maneja la cancillería “es complementaria” con la que propone el FA. Brovetto resaltó que la solución que encontró la fuerza política tiene “el consenso de todos los sectores”, pero dijo que la idea es que sea la cancillería la que envíe el proyecto al Parlamento, por lo cual se coordinarán acciones. Para Osvaldo Ronqui, representante del Espacio 609 en la comisión, si bien “todavía no se ha podido trabajar con Almagro”, el proyecto de la fuerza política “va a conformar a todos”.
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Natalia Uval
La Diaria. 9.8.10
Esta semana, el presidente del Frente Amplio (FA), Jorge Brovetto, se pondrá en contacto con autoridades de la cancillería para llegar a una solución común sobre la anulación de la Ley de Caducidad. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la idea de dejar sin efecto algunos de sus artículos, aunque el FA ya llegó a un acuerdo diferente. Mientras tanto, desde el Movimiento de Participación Popular (MPP) aseguran que no se opondrán a lo que resuelva la fuerza política.
El jueves, Montevideo Portal tituló una nota “MPP se opondrá a anulación de la Ley de Caducidad”. La información fue recogida al día siguiente, bajo un titular similar, por los diarios El País y La República. La nota del portal utilizaba como fuente al dirigente emepepista Heber Bousses, pero en su desarrollo se aclaraba que, si bien conceptualmente el sector no estaba afín con alterar por vía legislativa un pronunciamiento popular, acataría las resoluciones orgánicas.
Esto mismo fue reafirmado por Bousses a la diaria. “Es mentira que nos vayamos a oponer a la anulación de la ley. Vamos a votar lo que resuelva el FA, y está claro que ya se tomó una decisión. Acá nosotros no votamos solos ni nos vamos a cortar solos”, puntualizó. La comisión conformada por la coalición de izquierda acordó la semana pasada que la solución para recuperar la pretensión punitiva del Estado y evitar un fallo adverso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -en el marco de la demanda por denegación de justicia para investigar la desaparición de María Claudia García de Gelman- pasa por aprobar un texto interpretativo de la Constitución que termine con la vigencia de la Ley de Caducidad (ver nota adjunta).
Lo que el MPP sí quiere discutir es qué posiciones se adoptan ante los pronunciamientos populares, porque “no podemos estar de acuerdo con la participación popular si nos conviene y hacernos los tontos si no nos conviene”, dijo a la diaria el senador emepepista Ernesto Agazzi. No obstante, destacó que en este caso concreto “la comisión llegó a una interpretación que no anula la ley sino que le da la independencia que tiene que tener al Poder Judicial”.
En la última edición del mensuario Participando, del MPP, el dirigente Julio Marenales también hizo referencia a esta discusión. “Entendemos que bajo ningún concepto puede aceptarse que un organismo de soberanía delegada, como lo es el Parlamento, pueda modificar una expresión de democracia directa como es el plebiscito”, escribió. Pero a continuación hizo la misma aclaración: “Sin embargo, como en todos los temas que hacen a la discusión y decisión en el seno del FA, también nos parece significativo remarcar que acataremos y respetaremos lo que éste resuelva”.
Coordinemos
Este martes, la comisión designada por el FA para estudiar la anulación de la Ley de Caducidad aprobará la solución a la que se llegó la semana pasada. Sin embargo, en la cancillería trabajan en una propuesta diferente. Según confirmaron a la diaria fuentes de la cartera, se está elaborando un proyecto para anular del primero al cuarto artículo de la ley, que son básicamente los que definen qué delitos no se pueden investigar y la obligación de consulta por parte del Poder Judicial al Ejecutivo para que éste habilite las investigaciones.
El presidente del FA, Jorge Brovetto, aseguró a este medio que el gobierno y la fuerza política coinciden “en que hay que tomar una resolución respecto al tema”. Informó que se contactó con el vicecanciller, Roberto Conde, la semana pasada para comunicarle los avances logrados por la comisión, y apuntó que esta semana se pondrá en contacto con el canciller, Luis Almagro, que es el que maneja el tema, para elaborar una propuesta común.
“El objetivo es el mismo, desembarazarse de este engendro”, sentenció, aunque aclaró que aún resta evaluar si la salida que maneja la cancillería “es complementaria” con la que propone el FA. Brovetto resaltó que la solución que encontró la fuerza política tiene “el consenso de todos los sectores”, pero dijo que la idea es que sea la cancillería la que envíe el proyecto al Parlamento, por lo cual se coordinarán acciones. Para Osvaldo Ronqui, representante del Espacio 609 en la comisión, si bien “todavía no se ha podido trabajar con Almagro”, el proyecto de la fuerza política “va a conformar a todos”.
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Natalia Uval
Ley de Caducidad: ni anulación ni derogación
Comisión del FA. Recomendará Ley Interpretativa.En línea con la Comisión Interamericana de DDHH.
La República. 9.8.10 Marcelo Bustamante
La Comisión Especial del Frente Amplio que analiza las alternativas de la Ley de Caducidad acordó que no habrá ni anulación ni derogación de esta norma, sino que harán caer los efectos de la mismas a través de la aprobación de una Ley Interpretativa de la Constitución, en su artículo Nº 72.
Los miembros de esta comisión avanzaron en lo que es la redacción que tendrá este proyecto interpretativo y se aguarda que en la próxima reunión del día martes, podría llegar a aprobarse la iniciativa.
Esta Comisión Especial está integrada por un miembro de los sectores del FA, más un representante de las bases de Montevideo, Canelones y el Interior.
Los integrantes del FA acordaron descartar el intento de anular la Ley de Caducidad, sino que ven como viable y consensuado buscar la vía interpretativa que pueda ser aprobada por el Parlamento por mayoría simple de ambas bancadas.
El abogado Daoiz Uriarte, Vertiente Artiguista indicó que hay consenso en hacer una Ley Interpretativa de la Constitución, que en su artículo 72 establece: "la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno".
El futuro proyecto incluirá los conceptos de la sentencia de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia en el caso de Nibia Salbasagaray, así como el reconocimiento de que los tratados internacionales de derechos humanos deben incorporarse a la Constitución.
Explicó que el FA tomará como base la sentencia de la Suprema Corte de Justicia y la interpretacón de la Constitución que establece que los jueces, manteniendo el principio de jerarquía deben aplicar preferentemente las normas de derecho internacional cuando entren en contradicción las normas de derecho internos.
"Esto signfica que si un juez entiende que la Ley de Caducidad contradice las normas de derecho internacional deberá aplicar directamente esta última.
En tal sentido, a través de una ley, el Parlamento dispondrá que todas las causas que hayan sido archivadas por un acto administrativo, el Poder Ejecutivo podrá continuarlas y desarchivarlas a sola petición del ministerio público o de la parte interesada.
"Esto, en los hechos significa dejar sin efecto la Ley de Caducidad y sus consecuencias, tal como lo exige la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA", explicó Uriarte.
Aclaró que a nivel personal, entiende que el Parlamento no tiene las facultades para anular la Ley de Caducidad, pero sí puede actuar por la vía de la interpretación lo que lleva a que la norma "no tenga efectos de ninguna causa".
Aclaró que si se aprueba la ley interpretativa se estaría cumpliendo con los requerimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y terminando con la situación de impunidad.
Manifestó su posición sobre que los plebiscitos no pueden ir nunca contra los derechos esenciales de las personas, por ejemplo, retornando a la esclavitud o institucionalizando el racismo. "Los derechos humanos no pueden decaer por un tema de mayorías circunstanciales", dijo Uriarte.
Compromiso de cerrar acuerdo
En tanto, el dirigente del PVP, Carlos Coitiño aclaró que en caso de aprobarse esta norma, la ciudadanía y el Poder Judicial recuperarán todos los derechos que la Ley de Caducidad había quitado.
Coitiño aclaró que dentro de los miembros de esta comisión ya hay un compromiso de cerrar un acuerdo.
El propósito de la fuerza política es aprobar dicha Ley Interpretativa antes del mes de octubre, cuando se aguarda el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que estaría condenando a nuestro país por mantener una ley que viola la normativa internacional.
El texto que procura aprobar el FA permitirá que quien se sienta afectado podrá reclamar por los delitos cometidos, "recupera el derecho que hasta ahora no pudo ejercer". En tal caso podrá pedir la intervención del Poder Judicial, o ser la propia Justicia la que actúe.
En tanto el senador Oscar López Goldaracena aclaró que la redacción del proyecto podría cerrarse el próximo martes. Informó que propondrá algunas modificaciones al texto del proyecto de Ley Interpretativa que garanticen que el proyecto, en caso de ser aprobado, tenga un efecto nulatorio de la Ley de Caducidad
El MPP no es partidario de anular la Ley. MPP acatará resolución de la mayoría
El dirigente emepepista Jorge Meroni aclaró que su sector no está de acuerdo con la anulación de esta Ley, en el entendido de que la democracia directa (los plebiscitos) está por encima de la democracia representativa (Parlamento). "Ya dos veces la ciudadanía se expidió y no se alcanzó la anulación. Aún así, nuestro sector político acatará lo que resuelva la mayoría del FA", indicó el edil. Aclaró que su posición contraria a la nulidad no será llevada a la Mesa Política tal como fue publicado en algún medio de comunicación.
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La República. 9.8.10 Marcelo Bustamante
La Comisión Especial del Frente Amplio que analiza las alternativas de la Ley de Caducidad acordó que no habrá ni anulación ni derogación de esta norma, sino que harán caer los efectos de la mismas a través de la aprobación de una Ley Interpretativa de la Constitución, en su artículo Nº 72.
Los miembros de esta comisión avanzaron en lo que es la redacción que tendrá este proyecto interpretativo y se aguarda que en la próxima reunión del día martes, podría llegar a aprobarse la iniciativa.
Esta Comisión Especial está integrada por un miembro de los sectores del FA, más un representante de las bases de Montevideo, Canelones y el Interior.
Los integrantes del FA acordaron descartar el intento de anular la Ley de Caducidad, sino que ven como viable y consensuado buscar la vía interpretativa que pueda ser aprobada por el Parlamento por mayoría simple de ambas bancadas.
El abogado Daoiz Uriarte, Vertiente Artiguista indicó que hay consenso en hacer una Ley Interpretativa de la Constitución, que en su artículo 72 establece: "la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno".
El futuro proyecto incluirá los conceptos de la sentencia de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia en el caso de Nibia Salbasagaray, así como el reconocimiento de que los tratados internacionales de derechos humanos deben incorporarse a la Constitución.
Explicó que el FA tomará como base la sentencia de la Suprema Corte de Justicia y la interpretacón de la Constitución que establece que los jueces, manteniendo el principio de jerarquía deben aplicar preferentemente las normas de derecho internacional cuando entren en contradicción las normas de derecho internos.
"Esto signfica que si un juez entiende que la Ley de Caducidad contradice las normas de derecho internacional deberá aplicar directamente esta última.
En tal sentido, a través de una ley, el Parlamento dispondrá que todas las causas que hayan sido archivadas por un acto administrativo, el Poder Ejecutivo podrá continuarlas y desarchivarlas a sola petición del ministerio público o de la parte interesada.
"Esto, en los hechos significa dejar sin efecto la Ley de Caducidad y sus consecuencias, tal como lo exige la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA", explicó Uriarte.
Aclaró que a nivel personal, entiende que el Parlamento no tiene las facultades para anular la Ley de Caducidad, pero sí puede actuar por la vía de la interpretación lo que lleva a que la norma "no tenga efectos de ninguna causa".
Aclaró que si se aprueba la ley interpretativa se estaría cumpliendo con los requerimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y terminando con la situación de impunidad.
Manifestó su posición sobre que los plebiscitos no pueden ir nunca contra los derechos esenciales de las personas, por ejemplo, retornando a la esclavitud o institucionalizando el racismo. "Los derechos humanos no pueden decaer por un tema de mayorías circunstanciales", dijo Uriarte.
Compromiso de cerrar acuerdo
En tanto, el dirigente del PVP, Carlos Coitiño aclaró que en caso de aprobarse esta norma, la ciudadanía y el Poder Judicial recuperarán todos los derechos que la Ley de Caducidad había quitado.
Coitiño aclaró que dentro de los miembros de esta comisión ya hay un compromiso de cerrar un acuerdo.
El propósito de la fuerza política es aprobar dicha Ley Interpretativa antes del mes de octubre, cuando se aguarda el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que estaría condenando a nuestro país por mantener una ley que viola la normativa internacional.
El texto que procura aprobar el FA permitirá que quien se sienta afectado podrá reclamar por los delitos cometidos, "recupera el derecho que hasta ahora no pudo ejercer". En tal caso podrá pedir la intervención del Poder Judicial, o ser la propia Justicia la que actúe.
En tanto el senador Oscar López Goldaracena aclaró que la redacción del proyecto podría cerrarse el próximo martes. Informó que propondrá algunas modificaciones al texto del proyecto de Ley Interpretativa que garanticen que el proyecto, en caso de ser aprobado, tenga un efecto nulatorio de la Ley de Caducidad
El MPP no es partidario de anular la Ley. MPP acatará resolución de la mayoría
El dirigente emepepista Jorge Meroni aclaró que su sector no está de acuerdo con la anulación de esta Ley, en el entendido de que la democracia directa (los plebiscitos) está por encima de la democracia representativa (Parlamento). "Ya dos veces la ciudadanía se expidió y no se alcanzó la anulación. Aún así, nuestro sector político acatará lo que resuelva la mayoría del FA", indicó el edil. Aclaró que su posición contraria a la nulidad no será llevada a la Mesa Política tal como fue publicado en algún medio de comunicación.
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domingo, 8 de agosto de 2010
Detrás de cada mujer hay un gran represor
Entre quienes se encadenaron esta semana en el Ministerio de Defensa estuvieron las esposas y hermanas de Ernesto Barreiro, Horacio Losito, Rafael Barreiro, Aldo Martínez Segon y Alfredo Astiz. Podrían repetir la escena el martes, en el juicio a Videla y Menéndez.
Página 12. 8.8.10 Por Nora Veiras
“Las señoras de...” entraron modositas al Edificio Libertador. Ya en territorio, desenfundaron el uniforme de combate: remeras con una bandera argentina encarcelada, el logo que identifica a la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina. Detrás de Cecilia Pando, mascarón de proa de todas las movidas mediáticas, se atrincheraron, atadas por finas cadenas, otras mujeres ignotas. Los esposos o hermanos de varias de ellas son, en cambio, famosos por las atrocidades cometidas durante la represión ilegal. Ernesto Barreiro está siendo juzgado por torturas y fusilamientos en Córdoba, Horacio Losito y Rafael Barreiro fueron condenados a 25 años de prisión en Corrientes, Aldo Héctor Martínez Segon está en el banquillo por la masacre de Margarita Belén en Chaco. Alfredo Astiz está por primera vez ante un tribunal por su actuación en la patota de la Escuela de Mecánica de la Armada.
Las mujeres de estos “presos políticos” fueron invitadas a otra performance en Córdoba. El hijo de uno de los oficiales juzgados le propuso a Pando vía Facebook que viajara el martes para arruinar la visita del juez español Baltasar Garzón a la audiencia que tiene como protagonistas principales a Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez.
Ana Delia Maggi es la esposa de Ernesto “Nabo” Barreiro. Conocido en Córdoba como el jefe de los torturadores del campo de concentración La Perla, donde entre 1976 y 1979 asesinaron a más de 2500 personas, Barreiro fue el oficial que se acuarteló al ser citado por la Justicia en 1987 y desató el levantamiento carapintada que puso en jaque al gobierno de Raúl Alfonsín.
En abril de ese año, la Cámara Federal de Córdoba había ordenado la prisión preventiva de Barreiro por seis casos de torturas y uno de homicidio. Tras la rebelión militar y la consecuente sanción de la Ley de Obediencia Debida, Barreiro fue desprocesado. Mientras, siguieron las denuncias en tribunales italianos y españoles por la mutilación de los procesos en la Argentina.
Libre por la vigencia de las leyes de impunidad, Barreiro empieza una carrera de contactos políticos y empresariales. Fundó junto con Aldo Rico, el líder carapintada, el Movimiento por la Dignidad Nacional (Modin). Después se acercó al naciente menemismo a través de la fundación Felac que dirigía Alberto Kohan. Fue asesor de la familia Trusso, propietaria del quebrado Banco Comercial del Plata.
El arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, fue por esos años uno de los garantes de la libertad de los Trusso con un aporte de un millón de pesos. Sus vínculos se estrecharon también con Amalia Lacroze de Fortabat. El entramado de poder e impunidad se empezó a romper y en 2004, horas antes de ser citado por la Justicia, se fue del país. Barreiro se instaló con su mujer en Virginia, Estados Unidos.
Dedicado a la venta de artesanías en The Plains, un barrio a las afueras de ciudad, el matrimonio Barreiro creía haber iniciado una nueva vida.
En abril de 2007 Estados Unidos habilita la deportación y es extraditado. El Nabo está preso desde entonces y hace poco más de un mes empezó a ser juzgado por torturas y homicidios en la Unidad Penitenciaria de Córdoba. Su mujer es una de las activas militantes de las Pando girl’s que el año pasado se reunieron con el ex presidente y precandidato del Peronismo Federal, Eduardo Duhalde, en busca de una amnistía.
La esposa de otro Barreiro, Rafael, también oficial del Ejército, fue la que el martes pasado se encadenó junto a uno de sus hijos en la entrada a Defensa. Adentro Cristina Mauriño, la mujer del también coronel Horacio Losito, era otra de las que merodeaba junto a Pando. Barreiro y Losito fueron condenados en el juicio oral y público que se llevó a cabo en Corrientes. Allí, Pando tuvo una actuación estelar cuando amenazó con el gesto de degüello al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
Barreiro y Losito fueron señalados como responsables directos de su secuestro por José Arnaldo Gómez. El testigo afirmó conocer a Losito y Barreiro, dado que era amigo del cuñado de ambos, Javier Mauriño. Es por eso que, al notar que su casa estaba siendo vigilada por personal del Ejército y la policía, decidió apoyarse primero en Barreiro y después en Losito. Sin embargo, cuando se entregó amistosamente en manos de Losito, éste le confesó: “Te estábamos buscando”. Durante su cautiverio, José escuchó los gritos desesperados de los prisioneros bajo tortura y vio a detenidos en un estado de salud calamitoso.
Cristina Mauriño de Losito está ahora asistiendo a otro juicio: el de la Masacre de Margarita Belén. Allí comparte charlas con María Inés Hansen, la esposa de Aldo Héctor Martínez Segon, otro de los acusados por el asesinato de presos en supuestos intentos de fuga. En junio pasado, al comenzar el juicio, Losito se negó a dar datos personales porque “hay una fuga de seguridad” y advirtió que puede perjudicar a su familia. Dijo no saber de qué se lo acusa, negó haber sido oficial de Inteligencia en el ex Regimiento de Infantería de Corrientes, donde fue condenado a 25 años de prisión, y advirtió que se atenía a los reglamentos militares. Losito es uno de los oficiales que combinó la actuación en centros clandestinos de detención con una participación heroica en la guerra de Malvinas.
En la primera audiencia del juicio, su ex compañero, Martínez Segón, aprovechó para dejar en claro que en 1998 no llegó a coronel porque en el Senado rechazaron su ascenso por estar vinculado a la Masacre de Margarita Belén.
En ese entonces, Horacio Verbitsky había advertido que “la Comisión de Acuerdos del Senado que debe decidir sobre esos pliegos (enviados por el presidente Carlos Menem) tiene como asesor a otro de los acusados por su participación en Margarita Belén, el coronel (R) Armando Hornos. Tanto Martínez Segón como Hornos dependían del entonces comandante de la Brigada 7 y luego jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, quien firmó la orden de traslado de los presos”.
La hermana de Alfredo Astiz, el emblemático oficial de la Armada acusado del secuestro y asesinato de la estudiante sueca Dagmar Hagelin, de las monjas francesas, del escritor Rodolfo Walsh, del grupo fundador de Madres de Plaza de Mayo, es otra de las que se encadenó.
Sin cadenas pero con los mismos ideales, un grupo de hombres les hacía el aguante: entre ellos los integrantes de la Unión de Promociones de militares retirados Guillermo César Viola y Agustín Guglielmone, y un ex agente del Batallón 601 y ex jefe de contrainteligencia de la SIDE durante el menemismo, Rodolfo “El chino” Solís.
El esposo de Pando, el mayor retirado Rafael Mercado, las alentaba desde Facebook: “Estas son las mujeres que pusieron en jaque al generalato argentino. Algún día este momento quedará grabado para siempre en la historia. La dignidad de estas mujeres ha puesto en evidencia la pusilanimidad de la dirigencia castrense”.
Un somero repaso por el prontuario de los presos que defienden refuerza la deuda por los años que ha demorado en actuar la Justicia.
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Página 12. 8.8.10 Por Nora Veiras
“Las señoras de...” entraron modositas al Edificio Libertador. Ya en territorio, desenfundaron el uniforme de combate: remeras con una bandera argentina encarcelada, el logo que identifica a la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina. Detrás de Cecilia Pando, mascarón de proa de todas las movidas mediáticas, se atrincheraron, atadas por finas cadenas, otras mujeres ignotas. Los esposos o hermanos de varias de ellas son, en cambio, famosos por las atrocidades cometidas durante la represión ilegal. Ernesto Barreiro está siendo juzgado por torturas y fusilamientos en Córdoba, Horacio Losito y Rafael Barreiro fueron condenados a 25 años de prisión en Corrientes, Aldo Héctor Martínez Segon está en el banquillo por la masacre de Margarita Belén en Chaco. Alfredo Astiz está por primera vez ante un tribunal por su actuación en la patota de la Escuela de Mecánica de la Armada.
Las mujeres de estos “presos políticos” fueron invitadas a otra performance en Córdoba. El hijo de uno de los oficiales juzgados le propuso a Pando vía Facebook que viajara el martes para arruinar la visita del juez español Baltasar Garzón a la audiencia que tiene como protagonistas principales a Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez.
Ana Delia Maggi es la esposa de Ernesto “Nabo” Barreiro. Conocido en Córdoba como el jefe de los torturadores del campo de concentración La Perla, donde entre 1976 y 1979 asesinaron a más de 2500 personas, Barreiro fue el oficial que se acuarteló al ser citado por la Justicia en 1987 y desató el levantamiento carapintada que puso en jaque al gobierno de Raúl Alfonsín.
En abril de ese año, la Cámara Federal de Córdoba había ordenado la prisión preventiva de Barreiro por seis casos de torturas y uno de homicidio. Tras la rebelión militar y la consecuente sanción de la Ley de Obediencia Debida, Barreiro fue desprocesado. Mientras, siguieron las denuncias en tribunales italianos y españoles por la mutilación de los procesos en la Argentina.
Libre por la vigencia de las leyes de impunidad, Barreiro empieza una carrera de contactos políticos y empresariales. Fundó junto con Aldo Rico, el líder carapintada, el Movimiento por la Dignidad Nacional (Modin). Después se acercó al naciente menemismo a través de la fundación Felac que dirigía Alberto Kohan. Fue asesor de la familia Trusso, propietaria del quebrado Banco Comercial del Plata.
El arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, fue por esos años uno de los garantes de la libertad de los Trusso con un aporte de un millón de pesos. Sus vínculos se estrecharon también con Amalia Lacroze de Fortabat. El entramado de poder e impunidad se empezó a romper y en 2004, horas antes de ser citado por la Justicia, se fue del país. Barreiro se instaló con su mujer en Virginia, Estados Unidos.
Dedicado a la venta de artesanías en The Plains, un barrio a las afueras de ciudad, el matrimonio Barreiro creía haber iniciado una nueva vida.
En abril de 2007 Estados Unidos habilita la deportación y es extraditado. El Nabo está preso desde entonces y hace poco más de un mes empezó a ser juzgado por torturas y homicidios en la Unidad Penitenciaria de Córdoba. Su mujer es una de las activas militantes de las Pando girl’s que el año pasado se reunieron con el ex presidente y precandidato del Peronismo Federal, Eduardo Duhalde, en busca de una amnistía.
La esposa de otro Barreiro, Rafael, también oficial del Ejército, fue la que el martes pasado se encadenó junto a uno de sus hijos en la entrada a Defensa. Adentro Cristina Mauriño, la mujer del también coronel Horacio Losito, era otra de las que merodeaba junto a Pando. Barreiro y Losito fueron condenados en el juicio oral y público que se llevó a cabo en Corrientes. Allí, Pando tuvo una actuación estelar cuando amenazó con el gesto de degüello al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
Barreiro y Losito fueron señalados como responsables directos de su secuestro por José Arnaldo Gómez. El testigo afirmó conocer a Losito y Barreiro, dado que era amigo del cuñado de ambos, Javier Mauriño. Es por eso que, al notar que su casa estaba siendo vigilada por personal del Ejército y la policía, decidió apoyarse primero en Barreiro y después en Losito. Sin embargo, cuando se entregó amistosamente en manos de Losito, éste le confesó: “Te estábamos buscando”. Durante su cautiverio, José escuchó los gritos desesperados de los prisioneros bajo tortura y vio a detenidos en un estado de salud calamitoso.
Cristina Mauriño de Losito está ahora asistiendo a otro juicio: el de la Masacre de Margarita Belén. Allí comparte charlas con María Inés Hansen, la esposa de Aldo Héctor Martínez Segon, otro de los acusados por el asesinato de presos en supuestos intentos de fuga. En junio pasado, al comenzar el juicio, Losito se negó a dar datos personales porque “hay una fuga de seguridad” y advirtió que puede perjudicar a su familia. Dijo no saber de qué se lo acusa, negó haber sido oficial de Inteligencia en el ex Regimiento de Infantería de Corrientes, donde fue condenado a 25 años de prisión, y advirtió que se atenía a los reglamentos militares. Losito es uno de los oficiales que combinó la actuación en centros clandestinos de detención con una participación heroica en la guerra de Malvinas.
En la primera audiencia del juicio, su ex compañero, Martínez Segón, aprovechó para dejar en claro que en 1998 no llegó a coronel porque en el Senado rechazaron su ascenso por estar vinculado a la Masacre de Margarita Belén.
En ese entonces, Horacio Verbitsky había advertido que “la Comisión de Acuerdos del Senado que debe decidir sobre esos pliegos (enviados por el presidente Carlos Menem) tiene como asesor a otro de los acusados por su participación en Margarita Belén, el coronel (R) Armando Hornos. Tanto Martínez Segón como Hornos dependían del entonces comandante de la Brigada 7 y luego jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, quien firmó la orden de traslado de los presos”.
La hermana de Alfredo Astiz, el emblemático oficial de la Armada acusado del secuestro y asesinato de la estudiante sueca Dagmar Hagelin, de las monjas francesas, del escritor Rodolfo Walsh, del grupo fundador de Madres de Plaza de Mayo, es otra de las que se encadenó.
Sin cadenas pero con los mismos ideales, un grupo de hombres les hacía el aguante: entre ellos los integrantes de la Unión de Promociones de militares retirados Guillermo César Viola y Agustín Guglielmone, y un ex agente del Batallón 601 y ex jefe de contrainteligencia de la SIDE durante el menemismo, Rodolfo “El chino” Solís.
El esposo de Pando, el mayor retirado Rafael Mercado, las alentaba desde Facebook: “Estas son las mujeres que pusieron en jaque al generalato argentino. Algún día este momento quedará grabado para siempre en la historia. La dignidad de estas mujeres ha puesto en evidencia la pusilanimidad de la dirigencia castrense”.
Un somero repaso por el prontuario de los presos que defienden refuerza la deuda por los años que ha demorado en actuar la Justicia.
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Miranda: "razonables" los proyectos de ley
Director Nacional de DDHH y la caducidad
En Florida. El abogado Javier Miranda, Luisa Cuesta y Baldemar Taroco, durante la ceremonia.
El director nacional de Derechos Humanos, Javier Miranda, entiende "razonable" que tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Frente Amplio surjan iniciativas tendientes a aplacar los efectos de la ley 15.848. "El problema de la Ley de Caducidad y sus efectos es un problema que no aguanta más, que necesita una solución", señaló Miranda en Florida, recordando que ya en 1992 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "dijo que la ley era contraria a los instrumentos internacionales de derechos humanos".
Añadió incluso que del juicio presentado por Macarena Gelman y Juan Gelman ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos "puede derivar una sentencia de condena hacia el Estado uruguayo que diga que Uruguay debe dejar sin efecto la ley".
"Me parece totalmente razonable que desde el gobierno se impulse un mecanismo para dejar sin efecto la ley, así como que una fuerza política promueva esa instancia", comentó.
Añadió que si bien entiende que "no se puede desconocer" y "hay que respetar el pronunciamiento electoral", hay "ciertas cosas que no son plebiscitables". En este caso, dijo, el pronunciamiento popular se hizo sobre "un blanco o negro, sin grises posibles", lo que conlleva a que "existan dificultades de lectura".
El Frente Amplio trabaja en un proyecto para dejar sin efecto la ley, votándose el borrador este próximo martes en la comisión asesora creada por la Mesa Política del FA, según informó el matutino La Diaria la pasada semana.
Además el canciller Luis Almagro confirmó a fines de julio que desde la secretaría de Estado que él comanda "existe la intención" de presentar otro proyecto con el mismo fin.
Homenaje. El CERP de Florida pretende llevar el nombre del maestro desaparecido
Julio Castro. Un "combatiente" desde la educación y el periodismo. Ejecutivo confirma voluntad de excluir caso de Julio Castro de Ley de Caducidad.
Cuando llegue la consulta de la Suprema Corte de Justicia sobre el caso del maestro y periodista Julio Castro, el Poder Ejecutivo responderá que el mismo está excluido de la Ley de Caducidad. La novedad fue confirmada por el secretario de la Presidencia Alberto Breccia.
La República. Domingo 8 de agosto 2010. Emilio M. Muracciole | Florida
Así se lo hizo saber el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, al movimiento Educadores por la Paz en una reunión mantenida a fines de julio, según confirmó el maestro Víctor Brindisi en Florida, durante un homenaje realizado en el Centro Regional de Profesores (CERP) del centro, al cumplirse 33 años de la desaparición del maestro floridense.
"Nos dijo que si no hay ninguna irregularidad especial en el expediente, el Poder Ejecutivo haría la misma recomendación que hizo en los casos anteriores, es decir exonerarlo de la Ley de Caducidad para que pueda ser investigado", explicó Brindisi durante el acto organizado por Ademu Florida y el grupo de apoyo en este departamento a Hijos y Familiares de Detenidos Desaparecidos, con el apoyo de la comunidad del CERP y del Codicen.
El expediente no había llegado aún a Presidencia, lo cual "no le llamó la atención" a Breccia, pues desde el juzgado penal de primer turno debía ir primero a la Suprema Corte de Justicia, apuntó.
El acto, cuyo eje se basó en exposiciones de Brindisi, de la profesora Raquel Rivero y del profesor Oscar Destouet, contó con intervenciones de la consejera Teresita Capurro, del director nacional de Derechos Humanos Javier Miranda y de la directora del CERP, Rosita Angelo, teniendo entre los asistentes a Luisa Cuesta y al maestro Miguel Soler.
Julio Castro, un combatiente
Ante los medios, Miguel Soler recordó a su colega Julio Castro como "un combatiente" desde diferentes trincheras, especialmente desde la educación y el periodismo.
"Fue un periodista brillante, de gran incidencia en las ideas del país. Y era un patriota que tenía una visión del Uruguay, de América Latina y del mundo, que lo llevaba a trabajar duro por clarificar los problemas de la sociedad, por situarse él entre los más decididos combatientes de una sociedad justa que necesita siempre quien haga vanguardia para marchar hacia delante", manifestó, entendiendo que fue "una demostración importante de ese patriotismo el quedarse en el país, sabiéndose amenazado".
Miranda, por su parte, sostuvo que la desaparición de Julio Castro "dejó un rasgo de memoria muy importante, de construcción de una idea y un mito al que vale la pena prestarle atención". Comentó además que, "homenajearlo desde la educación en Florida, es homenajear una forma de ver la vida y una forma de comprometerse con la educación".
Durante el acto, la consejera Teresita Capurro se comprometió además a "impulsar estos encuentros" desde el Consejo Directivo Central, en el entendido que "tienen que ver con nuestra historia y tenemos que conocer nuestra historia, pues aún quedan lagunas".
La comunidad del Centro Regional de Profesores aprovechó el acto para anunciar que desde ese ámbito se iniciarían tratativas para lograr que el centro de estudios lleve el nombre "Julio Castro".
La desaparición
Julio Castro fue secuestrado el 1º de agosto de 1977 en un operativo del SID. Fue apremiado hasta la muerte en el centro de torturas La Casona de Millán y Loreto Gomensoro. La denuncia judicial sobre su desaparición fue incluida en la Ley de Caducidad por el presidente Julio María Sanguinetti. La Comisión para la Paz, admitió la desaparición pero fue ambigua respecto a lo ocurrido con sus restos.
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Día del Liberad@
Club Bohemios. 14 de marzo 2010
Ministro de Educación y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich
Visita a nuestra sede social
Conferencia de Prensa en Crysol
Anunciando celebración del Día del Liberad@
Salsipuedes
Abril de 2010
Vocal
Chela Fontora
Vicepresidente
Baldemar Taroco
Tesorero
Carlos "Tito" Lopéz
Secretario
Enrique Chalar
Presidente
Gastón Grisoni