El Frente Amplio, partido gubernamental, realiza este fin de
semana su VII Congreso Programático Gral. Víctor Licandro – Susana Dalmás. Decidirá
cosas trascendentes para sí, como organización política y, en tanto es gobierno
desde hace 15 años, también para el país, a corto y mediano plazo. En la
temática que aborda específicamente nuestro colectivo, la lucha contra la
impunidad para afirmar la democracia y el Estado de derecho, su importancia es
indudable, por lo que exprese u omita.
Sin juzgar su actuación global, en
los últimos tres lustros, en lo referido al pasado reciente, su aporte ha sido
indudable. Ya lo hemos señalado. Pudo haber hecho más, más rápido, con más
energía, con más entusiasmo, con más convicción, dando mayor participación a
las organizaciones sociales. Se ingresó a los cuarteles en búsqueda de restos
de los detenidos desaparecidos, se restableció plenamente la pretensión
punitiva del Estado a través de la Ley 18 831, se creó la Fiscalía
Especializada en DDHH, se aprobó la Ley de Sitios de Memoria, por mencionar
algunos logros importantes.
Un obstáculo insalvable
para la justicia: la SCJ
De acuerdo a las normas constitucionales vigentes, el Poder
Judicial tiene el monopolio exclusivo de investigar las acciones delictivas y
de enjuiciar a los responsables de ellas para castigarlos. Es el único órgano
del Estado que, con el auxilio de la Policía, puede desarrollar las
indispensables investigaciones criminalísticas. Puede detener ciudadanos,
indagarlos, interrogarlos, tomarles declaraciones, someterlos a careos. Con las garantías del debido proceso, puede,
además, privarlos de su libertad, de acuerdo a la gravedad del delito, y de
acuerdo a lo que establece el Código Penal.
Pocos jueces, luego de la sanción encubierta a la Dra.
Mariana Mota, por parte de la SCJ en febrero de 2013, han manifestado un
auténtico y democrático entusiasmo por llevar adelante y tramitar las causas
que se han presentado. La “muralla”, a la cual se refirió en su momento el
Presidente del cuerpo Dr. Jorge Ruibal Pino, sigue siendo un obstáculo
insalvable, con el concurso de los poderes fácticos.
A pesar de la actuación de la reciente Fiscalía Especializada
y de los esfuerzos desplegados por ella, la justicia sigue sin actuar, amparada
por una Suprema Corte de Justicia que, en los hechos, ha optado por privilegiar
a los victimarios en desmedro de las víctimas.
Criminales como Gavazzo, Ramas y Gilberto Vázquez siguen
disfrutando, ilegítimamente, de cómodas y resplandecientes prisiones
domiciliarias, con todas las comodidades y beneficios de “la familia militar”,
gracias al juez Gesto y la permisividad manifiesta del máximo órgano de
gobierno de dicho poder.
La reparación a las
víctimas: un debe apremiante
Hace unas semanas el gobierno anunció que no piensa enviar un
proyecto de ley para superar las carencias e insuficiencias de las leyes reparatorias.
Hacerlo es un reclamo de instancias
nacionales e internacionales de DDHH, además de las propias víctimas. Esta decisión,
un gran baldazo de agua fría, es un grave error del gobierno ante obvias
presiones del equipo económico para ello.
Es bueno tenerlo presente para no perder el rumbo. Las
principales leyes reparatorias, con verdadero impacto para los familiares de
los detenidos desaparecidos, los asesinados, los que sufrieron lesiones
gravísimas, los presos políticos, los exiliados, fueron aprobadas por el actual partido de gobierno en
su primera administración. Fueron sumamente tardías. Se aprobaron a más de 20
años de retorno a la democracia.
Los sucesivos gobiernos que se instalaron, ignoraron esta temática. Lo hicieron al
amparo de la cultura de impunidad que promovieron para proteger a los
responsables de las graves violaciones y protegerse ellos mismos. Los dos
gobiernos del Dr. Julio María Sanguinetti y el del Dr. Luis Alberto Lacalle
priorizaron proteger a los victimarios e ignoraron a las víctimas. Pudiendo
hacerlo, le dieron la espalda a quienes habían contribuido decisivamente a la
reinstitucionalización democrática.
Leyes reparatorias: un
gran logro
No hay discusión. La aprobación de las leyes 17 949, 18 033 y
18 596, de carácter reparatorio, las tres durante el primer gobierno del Dr.
Tabaré Vázquez, fue un inmenso logro de la sociedad y de las organizaciones
sociales que las impulsaron, que trabajaron por ellas. Han significado un gran
avance para la sociedad en su conjunto. Muy especialmente para miles de
involucrados: los que sufrieron en carne propia la represión por defender la
democracia y la libertad y debieron asumir en soledad y exclusión las secuelas
de su compromiso durante más de dos décadas de democracia. Tienen grandes
carencias e insuficiencias a superar.
Congreso: ponerle el
cascabel
Las reiteradas recomendaciones de la INDDHH ante las leyes
reparatorias y las observaciones formuladas por funcionarios del sistema de
DDHH, primero al Presidente José Mujica y ahora al Dr. Tabaré Vázquez, son una
interpelación a todos los gobernantes, a los ministros, a los senadores, a los
diputados, a todo el sistema político en su conjunto. Y al congreso de la
fuerza gubernamental.
El partido de gobierno no ha sabido estar a la altura de su
responsabilidad histórica, desde hace varios años, en esta temática. A pesar de
que la gran mayoría de las víctimas pertenecían al mismo y de contar con
mayorías parlamentarias propias, no ha mandatado a sus gobernantes para cumplir
con las recomendaciones. Tampoco sus órganos dirigentes se han pronunciado de
manera pública y tajante al respecto.
Este año se cumple el 70 aniversario de la aprobación de las
Declaración Universal por parte de la ONU. Las normas de Derechos Humanos son
una conquista de los pueblos y de la humanidad. Dignifican y humanizan la vida
en sociedad. Lograr su plena implementación en lo referido al pasado
dictatorial sigue siendo un desafío inexorable para seguir avanzando como
sociedad y cerrar la puerta ante los intentos no encubiertos de volver al
pasado.
Convocamos al congreso a que se pronuncie en forma clara y
terminante sobre esta temática. Exhortamos a todas y a todos los asociados de
la institución que participen en el mismo a que hagan oír su voz en todas las
instancias. Es razonable y necesario.
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Opinando N° 13 – Año 7 – Jueves 29 de noviembre de 2018
