la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

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sábado, 1 de diciembre de 2018

Que el Congreso se pronuncie



El Frente Amplio, partido gubernamental, realiza este fin de semana su VII Congreso Programático Gral. Víctor Licandro – Susana Dalmás. Decidirá cosas trascendentes para sí, como organización política y, en tanto es gobierno desde hace 15 años, también para el país, a corto y mediano plazo. En la temática que aborda específicamente nuestro colectivo, la lucha contra la impunidad para afirmar la democracia y el Estado de derecho, su importancia es indudable, por lo que exprese u omita.

Sin juzgar su actuación global, en los últimos tres lustros, en lo referido al pasado reciente, su aporte ha sido indudable. Ya lo hemos señalado. Pudo haber hecho más, más rápido, con más energía, con más entusiasmo, con más convicción, dando mayor participación a las organizaciones sociales. Se ingresó a los cuarteles en búsqueda de restos de los detenidos desaparecidos, se restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado a través de la Ley 18 831, se creó la Fiscalía Especializada en DDHH, se aprobó la Ley de Sitios de Memoria, por mencionar algunos logros importantes.

Un obstáculo insalvable para la justicia: la SCJ

De acuerdo a las normas constitucionales vigentes, el Poder Judicial tiene el monopolio exclusivo de investigar las acciones delictivas y de enjuiciar a los responsables de ellas para castigarlos. Es el único órgano del Estado que, con el auxilio de la Policía, puede desarrollar las indispensables investigaciones criminalísticas. Puede detener ciudadanos, indagarlos, interrogarlos, tomarles declaraciones, someterlos a careos. Con  las garantías del debido proceso, puede, además, privarlos de su libertad, de acuerdo a la gravedad del delito, y de acuerdo a lo que establece el Código Penal.

Pocos jueces, luego de la sanción encubierta a la Dra. Mariana Mota, por parte de la SCJ en febrero de 2013, han manifestado un auténtico y democrático entusiasmo por llevar adelante y tramitar las causas que se han presentado. La “muralla”, a la cual se refirió en su momento el Presidente del cuerpo Dr. Jorge Ruibal Pino, sigue siendo un obstáculo insalvable, con el concurso de los poderes fácticos.

A pesar de la actuación de la reciente Fiscalía Especializada y de los esfuerzos desplegados por ella, la justicia sigue sin actuar, amparada por una Suprema Corte de Justicia que, en los hechos, ha optado por privilegiar a los victimarios en desmedro de las víctimas.

Criminales como Gavazzo, Ramas y Gilberto Vázquez siguen disfrutando, ilegítimamente, de cómodas y resplandecientes prisiones domiciliarias, con todas las comodidades y beneficios de “la familia militar”, gracias al juez Gesto y la permisividad manifiesta del máximo órgano de gobierno de dicho poder.

La reparación a las víctimas: un debe apremiante

Hace unas semanas el gobierno anunció que no piensa enviar un proyecto de ley para superar las carencias e insuficiencias de las leyes reparatorias. Hacerlo es un  reclamo de instancias nacionales e internacionales de DDHH, además de las propias víctimas. Esta decisión, un gran baldazo de agua fría, es un grave error del gobierno ante obvias presiones del equipo económico para ello.

Es bueno tenerlo presente para no perder el rumbo. Las principales leyes reparatorias, con verdadero impacto para los familiares de los detenidos desaparecidos, los asesinados, los que sufrieron lesiones gravísimas, los presos políticos, los exiliados, fueron  aprobadas por el actual partido de gobierno en su primera administración. Fueron sumamente tardías. Se aprobaron a más de 20 años de retorno a la democracia.

Los sucesivos gobiernos que se instalaron,  ignoraron esta temática. Lo hicieron al amparo de la cultura de impunidad que promovieron para proteger a los responsables de las graves violaciones y protegerse ellos mismos. Los dos gobiernos del Dr. Julio María Sanguinetti y el del Dr. Luis Alberto Lacalle priorizaron proteger a los victimarios e ignoraron a las víctimas. Pudiendo hacerlo, le dieron la espalda a quienes habían contribuido decisivamente a la reinstitucionalización democrática.

Leyes reparatorias: un gran logro

No hay discusión. La aprobación de las leyes 17 949, 18 033 y 18 596, de carácter reparatorio, las tres durante el primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, fue un inmenso logro de la sociedad y de las organizaciones sociales que las impulsaron, que trabajaron por ellas. Han significado un gran avance para la sociedad en su conjunto. Muy especialmente para miles de involucrados: los que sufrieron en carne propia la represión por defender la democracia y la libertad y debieron asumir en soledad y exclusión las secuelas de su compromiso durante más de dos décadas de democracia. Tienen grandes carencias e insuficiencias a superar.

Congreso: ponerle el cascabel

Las reiteradas recomendaciones de la INDDHH ante las leyes reparatorias y las observaciones formuladas por funcionarios del sistema de DDHH, primero al Presidente José Mujica y ahora al Dr. Tabaré Vázquez, son una interpelación a todos los gobernantes, a los ministros, a los senadores, a los diputados, a todo el sistema político en su conjunto. Y al congreso de la fuerza gubernamental.

El partido de gobierno no ha sabido estar a la altura de su responsabilidad histórica, desde hace varios años, en esta temática. A pesar de que la gran mayoría de las víctimas pertenecían al mismo y de contar con mayorías parlamentarias propias, no ha mandatado a sus gobernantes para cumplir con las recomendaciones. Tampoco sus órganos dirigentes se han pronunciado de manera pública y tajante al respecto.

Este año se cumple el 70 aniversario de la aprobación de las Declaración Universal por parte de la ONU. Las normas de Derechos Humanos son una conquista de los pueblos y de la humanidad. Dignifican y humanizan la vida en sociedad. Lograr su plena implementación en lo referido al pasado dictatorial sigue siendo un desafío inexorable para seguir avanzando como sociedad y cerrar la puerta ante los intentos no encubiertos de volver al pasado.

Convocamos al congreso a que se pronuncie en forma clara y terminante sobre esta temática. Exhortamos a todas y a todos los asociados de la institución que participen en el mismo a que hagan oír su voz en todas las instancias. Es razonable y necesario.

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Opinando N° 13 – Año 7 – Jueves 29 de noviembre de 2018