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lunes, 17 de diciembre de 2018

Justicia para los Fusilados de Soca (*)


Un crimen atroz

El asesinato de Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Brum, María de los Angeles Corbo y Graciela Estefanel,  fue un crimen brutal y estremecedor. Tan estremecedor como el hecho de que a 44 años del mismo debamos  seguir reclamando justicia.
Enrique Chalar, Secretario de Crysol haciendo uso de la palabra en la ceremonia, junto a
familiares y el Intendente de Canelones Prof. Yamandú Orsi.
Estos cinco ciudadanos, luchadores sociales y políticos, junto con Julio Abreu, fueron secuestrados en Buenos Aires, lugar donde residían al exiliarse. Fue en los primeros días del mes de noviembre de 1974. Luego de ser torturados en centros clandestinos de Argentina, fueron trasladados en secreto a Uruguay, nuevamente torturados en la Casa de Punta Gorda, y finalmente ametrallados en este lugar.

La activa participación de integrantes de las fuerzas armadas uruguayas es un hecho indudable, al igual que la discusión del tema en el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), presidido por Juan María Bordaberry e integrado por el Tte. Gral ® Gregorio Alvarez. Como supuesto acto de represalia, ante la muerte del Coronel Ramón Trabal en París.

Lo poco que se ha avanzado en el esclarecimiento de estos hechos se debe a esfuerzos privados de familiares, de compañeros y amigos, siendo notable la falta de involucramiento real y efectivo del órgano que tiene todas las potestades y facultades para investigar: el Poder Judicial.

El Poder Judicial tiene potestades para  investigar

Aunque desde octubre del año 2011 no existen obstáculos legales para actuar, la causa judicial, a pesar de los esfuerzos de la Fiscalía Especializada en delitos de Lesa Humanidad, sigue sin avanzar. Incluso, los más que probables involucrados en los sucesos hasta gozan de prisión domiciliaria, sin haber sido nunca, pero nunca, interrogados al respecto.

La investigación criminalística, con todas las garantías del debido proceso, y con el rigor que corresponda es el camino para llegar a la verdad, para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Eso es precisamente lo que reclamamos como colectivo cuando erigimos el Memorial en su homenaje en el año 2008, lo que seguimos demandando a 11 años,  en esta ceremonia de reinauguración que tanto le agradece la lucha por la Memoria a la Intendencia de Canelones, a su Junta Departamental y a su Intendente y amigo, el Profesor Yamandú Orsi.

Nostálgicos vandalizan placas 

Se ha puesto de moda, lamentablemente, que los nostálgicos y cómplices del proceso, nieguen públicamente los hechos y hasta que atenten y vandalicen las placas que se han venido colocando en los últimos tiempos como resultado de la lucha por afirmar la memoria histórica, para las nuevas generaciones y para afirmar el futuro democrático.

Vandalizan placas colocadas frente a los centros militares emblemáticos por sus crímenes, atropellos y torturas. Las vandalizan frente a las guardias que protegen los mismos cuarteles. Se ha descubierto y se ha condenado a un coronel retirado en uno de dichos episodios. Habrá que reclamar a los mandos que pongan mayor fervor en el cumplimiento de vigilar las placas que homenajean a los luchadores sociales y políticos que construyeron la democracia.

El enjuiciamiento de los autores y responsables de las graves violaciones es un elemento decisivo y fundamental, incluso para llegar a la verdad con lo ocurrido con los detenidos desaparecidos. 

La SCJ debe actuar

El Poder Judicial tiene que cumplir con su cometido institucional. Su máximo órgano, la Suprema Corte de Justicia, debe dejar de tolerar las mil y una triquiñuelas que en forma permanente emplean los sospechados como delincuentes para enlentecer las causas. 

Debe generar las condiciones que permitan que los jueces actúen, se enfoquen y resuelvan. Debe frenar las indebidas prisiones domiciliarias de quienes han sido condenados por los peores crímenes que conoce la historia de nuestro país.

La lucha por la justicia es la lucha contra la impunidad, contra la cultura de la impunidad, por la institucionalidad del Estado de derecho, por las libertades formales, por afirmar y profundizar la institucionalidad democrática. Es la lucha por afirmar las normas de Derechos Humanos, como pilares de la convivencia ciudadana, por dignificar la vida humana.

Y con el mismo fervor, en este acto de homenaje a nuestros  Fusilados de Soca, reclamamos al Poder Ejecutivo  que implemente de una vez por todas las recomendaciones formuladas por los órganos de DDHH, por los Relatores Especiales, por la INDDHH y hasta por el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia.

La dictadura: una calamidad

No fueron las protestas gremiales, estudiantiles y sindicales, ni las acciones armadas de quienes se oponían a las políticas represivas de Jorge Pacheco Areco las que abrieron las puertas a los militares,  las causantes del terrorismo de Estado. La dictadura fue la respuesta de las clases dominantes a la crisis económica del país que se manifestó desde 1955. Fue un proyecto global e integral  de país.

Se comenzó a gestar desde el mismo momento  en que Pacheco Areco impuso las Medidas Prontas de Seguridad el 13 de junio de 1968. Pretendió, y lo hizo, reestructurar la sociedad uruguaya en función de los intereses y las necesidades de las elites económicas. Fue una verdadera calamidad para los sectores populares.

Redistribuyó la riqueza nacional de manera negativa y perjudicial para la población. Fue un proyecto de país en el marco de una estrategia continental diseñada e impulsada desde Estados Unidos, que abarcó muy especialmente al Cono Sur.

Verdad, justicia y también reparación

Superar los traumas, las secuelas y las heridas del pasado reciente es una obligación del Estado en su conjunto, de sus tres poderes y en algún caso, hasta del propio Presidente de la República cuando es el que tiene la prerrogativa exclusiva. Afirmar las normas de DDHH y con la mirada muy atenta a las víctimas, es una obligación del sistema político en su conjunto. Y lo demandamos.

Es el único camino para avanzar hacia otros horizontes, superadores del capitalismo, convocando a la más amplia participación popular y ciudadana.

Reclamamos Justicia para los Fusilados de Soca, reclamamos implementar a fondo las recomendaciones de los Relatores Especiales, reclamamos más energía en la afirmación democrática.

Vivan los Fusilados de Soca!

Muchas gracias.

(*) Discurso pronunciado por Enrique Chalar, Secretario de Crysol, el sábado 15 de diciembre, en la inauguración de la remodelación del Memorial realizada por la Intendencia de Canelones.

Charo Estefanel hablando por los familiares.

Intendente de Canelones, Prof. Yamandú Orsi, haciendo uso de la palabra en la ceremoni junto al equipo que trabajó para concretar la obra.

Chela Fontora, a nombre de la Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca
recordando las gestiones realizadas por la misma.

Baudilio Bello, ex preso político, recordando a los iniciadores de la iniciativa,
con un mensaje del "paisano" De León y un reconocimiento a las autoridades departamentales.
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