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martes, 25 de junio de 2013

ONU manifestó preocupación por decisiones de SCJ

Un grupo de expertos criticaron la declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la Caducidad


El observador - 25 - 6 - 13 


Naciones Unidas manifestó este martes su "preocupación" a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, que clausuraron al menos dos causas en la que se investigaban "serias acusaciones" de torturas desapariciones forzadas y homicidios cometidos durante la dictadura militar. 

A través de un comunicado divulgado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, expertos del organismo en justicia transicional, tortura, desapariciones forzadas e independencia judicial criticaron las declaraciones de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de Caducidad.

Con esta decisión que tomó en febrero la Corte las causas judiciales abiertas en las que no hay militares procesados deberán archivarse porque se entienden que los delitos prescribieron. El principal argumento que en el que coincidieron los ministros es que la ley penal no puede aplicarse reatroactivamente.

“Los Estados tienen la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones de investigar y juzgar a los responsables por las atrocidades que constituyan crímenes conforme al derecho internacional, con el fin de acabar con la impunidad, y que dichos crímenes no estén sujetos a prescripción, cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido”, manifestaron.

El relator especial de la ONU sobre la promoción "de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición", Pablo de Greiff, señaló que "ninguna disposición legal o práctica nacional, incluidas las amnistías, pueden ser válidamente invocadas por el Estado como excusas para no avanzar con las investigaciones de las atrocidades cometidas".

Juan Méndez, relator especial sobre tortura y otros tatos o penas crueles, inhumanos o degradantes, manifestó que "Uruguay tiene la obligación de investigar, juzgar y castigar a los culpables de estos crímenes y de reparar adecuadamente a las víctimas”.

En este sentido, indicó que se debe "derogar la legislación nacional" y "remover cualquier obstáculo que favorezca la impunidad de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos".

“Cuando un Estado resulta responsable de haber cometido una desaparición forzada, que comenzó antes de la entrada en vigor del instrumento jurídico pertinente y que persistió tras su entrada en vigor, el Estado incurre en responsabilidad por todas las violaciones derivadas de la desaparición forzada y no sólo por las violaciones producidas tras la entrada en vigor del instrumento jurídico”, agregaron.


Gabriela Knaul,  relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, recordó que “como agentes del Estado, los magistrados tienen la obligación y la responsabilidad de asegurar el respeto y la promoción de los derechos humanos y el estado de derecho”. 

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