También discrepó con el traslado reciente de la jueza Mota
El Observador - 11 6 13
El juez Baltasar Garzón criticó anoche la decisión adoptada
por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que declaró inconstitucional la ley
interpretativa de la Caducidad. El jurista opinó que la corte “dio un paso
atrás” y dijo que tiene una discrepancia absoluta con el planteo jurídico de la
corporación.
Durante su exposición titulada “El derecho
internacional de los derechos humanos y el terrorismo de Estado”, que tuvo
lugar en el Paraninfo de la Universidad, el jurista sostuvo que en Uruguay hay
jueces y fiscales intentando cumplir con la doctrina internacional y la
promoción de los derechos humanos, pero que la posición de la Suprema Corte “es
contraria a esa tendencia”.
Su discurso también hizo mención, auque sin dar
nombres, al traslado de la jueza Mariana Mota a un juzgado civil.
“No entiendo por qué se removió a un juez que lo que hizo fue aplicar
principios básicos del derecho internacional. No puede ser sancionada una
persona por una interpretación de la norma de acuerdo a los estándares
nacionales internacionales”, consideró Garzón.
En medio de una fuerte ovación, el magistrado agregó que el
traslado “fue una decisión política para sacarse de arriba a una jueza
incómoda”.
Más temprano en conferencia de prensa y al hablar sobre el tratamiento dado a los crímenes de lesa humanidad en América Latina, también marcó diferencias con el fallo de la corporación. “Cuanto antes espero que se corrija porque va en contra de la historia, de los derechos de las víctimas y de lo que hoy es el derecho internacional humanitario”, afirmó.
“Si Uruguay fue un país signatario de la declaración de
Londres de 1945 por la que se crea el tribunal de Nüremberg, a mi me
cuesta asumir que una ley interna posterior vaya en contra de lo que es el
núcleo del derecho penal internacional. Cuesta trabajo asimilarlo. No se cómo
se argumenta eso por la corte suprema, pero me gustaría verlo”, afirmó.
Garzón
marcó este punto como una “contradicción” que dijo “no es buena para la
protección de los ciudadanos, para el país, ni para la consolidación
democrática”. “No puede ser ese el sentido de la interpretación literal de una
norma local en el contexto de las normas internacionales que forman parte del
ordenamiento jurídico del Uruguay“, dijo.
Según el juez, la interpretación de la ley tiene que hacerse
de forma restrictiva cuando protege a la víctima y cuando beneficia la
presunción de inocencia del victimario, pero no como en este caso donde
“se olvida la protección de toda la sociedad como víctima”.
El español, radicado en Argentina, fue magistrado de la
Audiencia Nacional, diputado en las Cortes Generales de España y delegado del
gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Desde abril es titualar del
Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH). Además,
ejerce como asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya. Cobró
notoriedad en 1998 al promover una orden de arresto contra el general Augusto
Pinochet.
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