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martes, 11 de junio de 2013

El juez Garzón criticó el fallo de la Corte sobre la ley de Caducidad

También discrepó con el traslado reciente de la jueza Mota


El Observador - 11 6 13

El juez Baltasar Garzón criticó anoche la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que declaró inconstitucional la ley interpretativa de la Caducidad. El jurista opinó que la corte “dio un paso atrás” y dijo que tiene una discrepancia absoluta con el planteo jurídico de la corporación.

Durante su exposición titulada  “El derecho internacional de los derechos humanos y el terrorismo de Estado”, que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad, el jurista sostuvo que en Uruguay hay jueces y fiscales intentando cumplir con la doctrina internacional y la promoción de los derechos humanos, pero que la posición de la Suprema Corte “es contraria a esa tendencia”.

Su discurso también hizo mención, auque sin dar nombres,  al traslado de la jueza Mariana Mota  a un juzgado civil. “No entiendo por qué se removió a un juez que lo que hizo fue aplicar principios básicos del derecho internacional. No puede ser sancionada una persona por una interpretación de la norma de acuerdo a los estándares nacionales internacionales”, consideró Garzón.

En medio de una fuerte ovación, el magistrado agregó que el traslado “fue una decisión política para sacarse de arriba a una jueza incómoda”.

Más temprano en conferencia de prensa y al hablar sobre el tratamiento dado a los crímenes de lesa humanidad en América Latina,  también marcó diferencias con  el fallo de la corporación. “Cuanto antes espero que se corrija porque va en  contra de la historia, de los derechos de las víctimas y de lo que hoy es el derecho internacional humanitario”, afirmó.

“Si Uruguay fue un país signatario de la declaración de Londres de 1945 por la que se crea el tribunal de Nüremberg, a mi  me cuesta asumir que una ley interna posterior vaya en contra de lo que es el núcleo del derecho penal internacional. Cuesta trabajo asimilarlo. No se cómo se argumenta eso por la corte suprema, pero me gustaría verlo”, afirmó. 

Garzón marcó este punto como una “contradicción” que dijo “no es buena para la protección de los ciudadanos, para el país, ni para la consolidación democrática”. “No puede ser ese el sentido de la interpretación literal de una norma local en el contexto de las normas internacionales que forman parte del ordenamiento jurídico del Uruguay“, dijo.

Según el juez, la interpretación de la ley tiene que hacerse de forma restrictiva cuando protege a la víctima y cuando  beneficia la presunción de inocencia del victimario, pero no  como en este caso donde “se olvida la protección  de toda la sociedad como víctima”.


El español, radicado en Argentina, fue magistrado de la Audiencia Nacional, diputado en las Cortes Generales de España y delegado del gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Desde abril es titualar  del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH). Además, ejerce como asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya.  Cobró notoriedad en 1998 al promover una orden de arresto contra el general Augusto Pinochet.

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