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martes, 11 de junio de 2013

Más presión internacional a la Corte

ESPERA QUE "CORRIJA CUANTO ANTES" POSICIÓN SOBRE DENUNCIA A MILITARES


Mientras la Suprema Corte todavía estudia las recusaciones contra cuatro de sus ministros, el exjuez español Baltasar Garzón criticó a la Corporación por su postura sobre la ley interpretativa de la Caducidad la que espera "se corrija cuanto antes".

El país - 11 6 13 - Por P. Meléndrez / E. Delgado

Garzón, quien fue destituido de la magistratura en su país por ordenar escuchas telefónicas en forma ilegal en un caso de corrupción y por tomar a su cargo investigaciones de crímenes durante el régimen franquista que no le correspondían, visitó Montevideo.

El polémico exmagistrado, que actualmente reside en Buenos Aires, preside el Consejo de Administración del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, institución cuya sede se encuentra en Argentina y es auspiciada por la Unesco.

Durante una conferencia de prensa que brindó ayer, Garzón cuestionó la posición de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) al declarar inconstitucional la ley interpretativa de la Caducidad que amplió los plazos de prescripción de los delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura (1973-1985) los que a su vez declaró de lesa humanidad.

Garzón sostuvo que la posición de la SCJ no está alineada con la doctrina internacional en materia de derechos humanos, por lo que espera que el máximo órgano del Poder Judicial de Uruguay "cuanto antes corrija" su postura.

Consideró que se "desampara" a las víctimas al impedir investigar los casos de violaciones a los derechos humanos y que Uruguay no puede ir contra las convenciones y tratados internacionales que ratificó. Agregó que la irretroactividad de la ley no es sostenible, porque Uruguay firmó los principios de Nuremberg en 1945.

"Si Uruguay fue país signatario de la declaración de Londres de 1945 por la que se crea el tribunal de Nuremberg, me cuesta asumir que una ley interna posterior vaya en contra del núcleo del derecho penal internacional", dijo Garzón.

Recordó que Uruguay es parte del estatuto de Roma y ratificó otras convenciones, por lo que "a estas alturas de la historia cuestionar mediante argumentos positivistas y de carácter restrictivo en materia de derechos humanos no es sostenible", opinó el exjuez español.

Garzón afirmó que en Uruguay "tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial, los escalones de primera instancia y el ministerio público están claramente alienados con la doctrina internacional y la promoción de los derechos humanos", pero "hay una posición claramente contraria a ese tendencia por parte de la Corte Suprema, que lo mejor que puedo decir es que cuando antes espero se corrija".

"Las cortes supremas a veces dan ejemplos mucho mas conservadores que órganos judiciales de base", acotó.

Los cuestionamientos de Garzón se suman a los que hace 15 días realizó el representante regional del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU durante una visita a Montevideo, Amerigo Incalcaterra.

"El fallo de la Suprema Corte afecta la imagen internacional de Uruguay sin duda", dijo Incalcaterra en entrevista con El País. "Le pedimos a la Corte que levante los obstáculos para investigar las violaciones a los derechos humanos", agregó el funcionario de la ONU.

Recusaciones

A todo esto, la SCJ todavía tiene a estudio las recusaciones presentadas por cinco fiscales penales contra cuatro de sus ministros, a los que acusa de prejuzgamiento en los expedientes que indagan crímenes de policías y militares durante la dictadura.

A principios de abril, el presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, dijo que más allá de la posición adoptada por el máximo órgano judicial los jueces y fiscales pueden seguir adelante con las investigaciones, pero advirtió que llegado el caso encontrarán una "muralla" al llegar a la Corporación.

Ese comentario motivó que los fiscales Ana Tellechea, María Camiño, Carlos Negro, Gilberto Rodríguez y Ariel Cancela recusaran a Ruibal Pino y a Jorge Chediak, Jorge Larrieux y Julio César Chalar, los otros tres ministros que votaron la inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la Caducidad.

Las recusaciones, que serán rechazadas por los magistrados, todavía están en trámite e la SCJ, que podría continuar con el análisis del tema mañana miércoles.

La Corporación deberá conformar un tribunal especial que analizará las recusaciones para determinar si hubo o no prejuzgamiento. A su vez, Ruibal Pino, por sentirse un juez "sospechado" en cuanto a su imparcialidad, pidió el derecho de abstención en todas las causas de derechos humanos.

Apoyo a la Corte

Siete personas autoconvocadas mediante las redes sociales se presentaron ayer frente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para dar su respaldo a ese poder del Estado.


Según los organizadores se movilizan tras la "asonada" del 15 de febrero y la rotura de vidrios de la semana pasada. La idea de los convocantes es repetir la movilización todos los lunes a las 17.30.

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