ESPERA
QUE "CORRIJA CUANTO ANTES" POSICIÓN SOBRE DENUNCIA A MILITARES
Mientras la
Suprema Corte todavía estudia las recusaciones contra cuatro de sus ministros,
el exjuez español Baltasar Garzón criticó a la Corporación por su postura sobre
la ley interpretativa de la Caducidad la que espera "se corrija cuanto
antes".
El país - 11 6 13 - Por P. Meléndrez
/ E. Delgado
Garzón,
quien fue destituido de la magistratura en su país por ordenar escuchas
telefónicas en forma ilegal en un caso de corrupción y por tomar a su cargo
investigaciones de crímenes durante el régimen franquista que no le
correspondían, visitó Montevideo.
El polémico
exmagistrado, que actualmente reside en Buenos Aires, preside el Consejo de
Administración del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos
Humanos, institución cuya sede se encuentra en Argentina y es auspiciada por la
Unesco.
Durante una
conferencia de prensa que brindó ayer, Garzón cuestionó la posición de la
Suprema Corte de Justicia (SCJ) al declarar inconstitucional la ley
interpretativa de la Caducidad que amplió los plazos de prescripción de los
delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura (1973-1985) los
que a su vez declaró de lesa humanidad.
Garzón
sostuvo que la posición de la SCJ no está alineada con la doctrina
internacional en materia de derechos humanos, por lo que espera que el máximo
órgano del Poder Judicial de Uruguay "cuanto antes corrija" su
postura.
Consideró
que se "desampara" a las víctimas al impedir investigar los casos de
violaciones a los derechos humanos y que Uruguay no puede ir contra las
convenciones y tratados internacionales que ratificó. Agregó que la
irretroactividad de la ley no es sostenible, porque Uruguay firmó los
principios de Nuremberg en 1945.
"Si
Uruguay fue país signatario de la declaración de Londres de 1945 por la que se
crea el tribunal de Nuremberg, me cuesta asumir que una ley interna posterior
vaya en contra del núcleo del derecho penal internacional", dijo Garzón.
Recordó que
Uruguay es parte del estatuto de Roma y ratificó otras convenciones, por lo que
"a estas alturas de la historia cuestionar mediante argumentos
positivistas y de carácter restrictivo en materia de derechos humanos no es
sostenible", opinó el exjuez español.
Garzón
afirmó que en Uruguay "tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial,
los escalones de primera instancia y el ministerio público están claramente
alienados con la doctrina internacional y la promoción de los derechos
humanos", pero "hay una posición claramente contraria a ese tendencia
por parte de la Corte Suprema, que lo mejor que puedo decir es que cuando antes
espero se corrija".
"Las
cortes supremas a veces dan ejemplos mucho mas conservadores que órganos
judiciales de base", acotó.
Los
cuestionamientos de Garzón se suman a los que hace 15 días realizó el
representante regional del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU
durante una visita a Montevideo, Amerigo Incalcaterra.
"El
fallo de la Suprema Corte afecta la imagen internacional de Uruguay sin
duda", dijo Incalcaterra en entrevista con El País. "Le pedimos a la
Corte que levante los obstáculos para investigar las violaciones a los derechos
humanos", agregó el funcionario de la ONU.
Recusaciones
A todo esto,
la SCJ todavía tiene a estudio las recusaciones presentadas por cinco fiscales
penales contra cuatro de sus ministros, a los que acusa de prejuzgamiento en
los expedientes que indagan crímenes de policías y militares durante la
dictadura.
A principios
de abril, el presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, dijo que más allá de la
posición adoptada por el máximo órgano judicial los jueces y fiscales pueden
seguir adelante con las investigaciones, pero advirtió que llegado el caso
encontrarán una "muralla" al llegar a la Corporación.
Ese
comentario motivó que los fiscales Ana Tellechea, María Camiño, Carlos Negro,
Gilberto Rodríguez y Ariel Cancela recusaran a Ruibal Pino y a Jorge Chediak,
Jorge Larrieux y Julio César Chalar, los otros tres ministros que votaron la
inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la Caducidad.
Las
recusaciones, que serán rechazadas por los magistrados, todavía están en
trámite e la SCJ, que podría continuar con el análisis del tema mañana
miércoles.
La
Corporación deberá conformar un tribunal especial que analizará las
recusaciones para determinar si hubo o no prejuzgamiento. A su vez, Ruibal
Pino, por sentirse un juez "sospechado" en cuanto a su imparcialidad,
pidió el derecho de abstención en todas las causas de derechos humanos.
Apoyo a
la Corte
Siete
personas autoconvocadas mediante las redes sociales se presentaron ayer frente
a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para dar su respaldo a ese poder del
Estado.
Según los
organizadores se movilizan tras la "asonada" del 15 de febrero y la
rotura de vidrios de la semana pasada. La idea de los convocantes es repetir la
movilización todos los lunes a las 17.30.
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