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lunes, 20 de diciembre de 2010

Por muerte de Peré en 1973 piden cárcel para coronel retirado

Ültimas Noticias. 20 12 10

El fiscal penal Juan Gómez solicitó el procesamiento con prisión del coronel (r) Tranquilino Machado, quien es acusado por el "homicidio muy especialmente agravado" de Ramón Peré en julio de 1973. La víctima fue el primer muerto durante el período dictatorial en Uruguay.

El coronel indagado fue director del Liceo Militar entre 2002 y 2004, cargo en el que dejó paso al actual comandante en jefe de la Fuerzas Armadas, Jorge Rosales. Además, Machado fue designado a partir del 10 de enero de 2004 como agregado militar adjunto en la Embajada uruguaya en Estados Unidos de América, delegado del Ejército Nacional ante la Junta Interamericana de Defensa y asesor técnico del Estado uruguayo ante la Organización de Estados Americanos. El oficial retirado fue juez militar de instrucción de 2° turno y también ocupó el cargo de jefe de relaciones públicas del Comando General del Ejército en 2001.

Peré falleció luego de recibir un disparo por la espalda. Machado, quien reconoció ser el autor del disparo, tenía 24 años al momento del hecho y ocupaba el cargo de Alférez en el Batallón Florida. Por su parte, la víctima era militante de la Federación de Estudiantes Universitarios (Feuu) y ocupaba el local de la Facultad de Veterinaria, donde estudiaba, en el marco de la huelga general que convocó el Pit-Cnt para protestar contra el golpe de Estado.

El fiscal entendió que Machado realizó "uso excesivo del poder del Estado". Además consideró que la muerte fue inmotivada y que la acción del militar fue desmedida, según informó La República.

El abogado de Machado, Miguel Langón dijo a Ultimas Noticias que presentó ante el juez del caso, Sergio Torres, un escrito oponiéndonos al procesamiento, en el que sostuvo que se trató de un enfrentamiento armado. El jurista consideró como "esencial" que no se ocultó el hecho, sino que la víctima fue asistida y trasladada al hospital militar.

Por su parte, el abogado de la familia de la víctima, Oscar López Goldaracena, explicó a Ultimas Noticias que “no puede argumentarse legítima defensa cuando se mata por la espalda”. Además advirtió que el juez debe tomar medidas para asegurar la permanencia de Machado en el país.

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