EL TESTIMONIO DE MARIANO TRIPIANA, HIJO DE UNO DE LOS DESAPARECIDOS CLAVE EN EL JUICIO DE MENDOZA
Los secuestros ejecutados por los policías y militares durante la dictadura militar en Mendoza llegaron a juicio oral. La desaparición de Francisco Tripiana, José Guillermo Berón y Roberto Simón Ozorio son tres de los casos investigados.
Página 12. Jueves 15 de julio de 2010. Por Alejandra Dandan.
Francisco Tripiana era un militante del Partido Auténtico, una organización política afín a Montoneros. Se ganaba la vida como pintor de casas y con las cosechas temporales de la uva. El 23 de marzo de 1976 a las 24, un comando entró a buscarlo a los culatazos a su casa, en la ciudad mendocina de San Rafael. Dos días después apareció detenido en la Comisaría 8a, luego en la Departamental de los Tribunales que funcionaba como centro de torturas. Y ocho días más tarde, los represores fraguaron un acta de libertad, pero no volvió a aparecer. Su caso es uno de los que se investiga en el primer juicio oral y público que finalmente se está haciendo en la provincia de Mendoza. La causa incluye el secuestro y desaparición de otros tres compañeros de la Juventud Peronista, todos trabajadores, secuestrados por su compromiso político, según precisó la requisitoria fiscal. El rol de la policía de Mendoza es otro de los ejes de la causa.
“Nos costó 34 años”, cuenta Mariano Tripiana, su hijo, por entonces apenas nacido. “El lunes declaró mi madre –dice–; fue muy fuerte la sensación de volver a verla sola, entrando a un lugar como ése y enfrentarse otra vez con las mismas personas: vio ahí sentado a Guevara, el jefe del operativo que se llevó a mi padre, que en ese momento tenía bigotes, y que ahora no tiene bigotes, está más gordo y pelado, pero ella lo reconoció y les pidió en la audiencia que, por favor, rompan su pacto de silencio, que digan donde están los cuerpos.”
Mariano va a declarar el próximo lunes. Ese día, volverá a ver las caras que en muchas ocasiones buscó en soledad. Una vez logró pararse ante uno de los represores que supuestamente estaba con prisión domiciliaria.
“Cuando lo vi en la calle, le dije que no estaba cumpliendo la detención”, dice. “Yo llevaba encima una cámara de fotos y le dije: ‘Dígame dónde están los cuerpos y yo no le digo al juez que usted está saliendo de su casa’. Yo quería negociar, pero me puse nervioso y la foto nunca me salió.” Todavía no se habían reabierto los juicios. “Yo quería saber dónde estaba mi viejo, dónde están los cuerpos de todos los compañeros y, bueno, durante tantos años nos costó vivir todo eso.” Y sigue: “A mi mamá la discriminaron de la fábrica donde trabajaba porque de un día para el otro le dijeron que no tenía más trabajo porque su esposo era un subversivo; a los 12 años yo andaba vendiendo escobas por la calle, y ver cómo un papá jugaba con sus hijos y yo no lo tenía... Son un montón de cosas que hizo el terrorismo de Estado, que te dejan marcado”.
Alguna de esas marcas empezaron a cerrarse cuando el Estado reimpulsó los juicios. Pero no fue lo único, Mariano habla de un aire de época, de una cosa más vital. “Vamos sanando nuestra identidad porque en otras épocas no podíamos salir a la calle libremente diciendo que somos hijos de desaparecidos, ahora además de los juicios hasta se nos respeta por eso”.
El primer juicio de Mendoza empezó a moverse luego de las denuncias de los organismos de derechos humanos contra Luis Francisco Miret y Otilio Romano. Los dos camaristas que integraron el Poder Judicial de la dictadura, que fallaron contra la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fueron parte del lobby que frenó todo avance de las causas en la provincia. El viernes pasado el fiscal Omar Palermo pidió la indagatoria de ambos por sus actuaciones en la dictadura. Entre otras medidas, ambos habían ordenado la libertad de los represores que hoy son acusados en San Rafael y que fueron detenidos recién hace una semana, días después del comienzo del juicio.
Son Aníbal Alberto Guevara, teniente coronel retirado; Raúl Alberto Ruiz Soppe, jefe de la Unidad Regional II de Policía de Mendoza en oportunidad de los hechos; José Martín Mussere, oficial de la Policía de Mendoza que actuó de enlace entre fuerzas militares y policiales. También Juan Roberto Labarta, oficial de la Policía de Investigaciones o D2 de San Rafael; Cristóbal Ruiz Pozo, médico de la Policía de Mendoza; Raúl Egea, abogado de la Policía de Mendoza. Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, fue separado de esta misma causa por enfrentar otro juicio en Córdoba.
Además de Tripiana, se investiga la desaparición de José Guillermo Berón, militante de Unidades Básicas del Movimiento Peronista y secuestrado el 28 de agosto de 1976 durante una fiesta. Estuvo en la seccional 8 de San Rafael y en la Sección de Bomberos de Tribunales. Roberto Simón Ozorio era empleado de la farmacia de Alberto Martínez Baca, ex gobernador de Mendoza. Lo secuestraron el 25 de marzo de 1976 a las 2.30 de la madrugada, el grupo de tareas estaba integrado por militares, policías y civiles. Ofelia Cejas de Martínez Baca escuchó que a Ozorio lo tenían medio muerto, agonizando en el Hospital Schestakow. Pascual Armando Sandoval pertenecía a la Juventud Peronista. Lo secuestraron el 26 de marzo de 1976 mientras trabajaba en la cosecha de la Finca Antonio Bittar de Colonia Elena, en San Rafael. La madre le llevó comida durante tres días a la Departamental, hasta que le comunicaron que “había sido puesto en libertad”, describe la requisitoria fiscal. Nunca más volvieron a verlo.
“Uno de los principales motivos de las detenciones estaba fundado en razones ideológicas”, indicó el requerimiento fiscal. “En general tenían una concepción política de izquierda ‘radical o sustancial’, si se quiere, en algunos casos o con el ‘peronismo de izquierda’ o ‘centroizquierda’ con sus diversos matices, postura menos extrema.” Tripiana, Ozorio, Sandoval y Berón “presentan una conexión o nexo común que los identifica, esto es: la concepción ideológica, política o gremial que profesaban”. Además de citar las estadísticas de la represión y antecedentes de otras causas, la fiscalía reforzó esa posición con las declaraciones de testigos. La viuda de Martínez Baca, por ejemplo, aseguró que conocía a Tripiana y a su esposa “porque ésta solía comprar en la farmacia de San Rafael” y además porque “era miembro del Partido Peronista”. O el padre de Guillermo Berón explicó que su hijo “era obrero rural, militaba en la Juventud Peronista y su actividad política se desarrollaba dentro de la corriente de opinión contraria a la presidenta señora Estela Martínez de Perón. Es decir que militaba en el peronismo de izquierda”.
En la provincia hubo numerosos centros clandestinos, pero las comisarías ocuparon un lugar muy importante, ya que “si bien eran lugares de tránsito, muchas de las personas fueron sometidas a tormentos”. El paso por las comisarías era parte de la ruta de numerosos detenidos, la mayoría luego era “legalizado” en la Jefatura de Policía o en la Penitenciaría de Mendoza. San Rafael dependía de VIII Brigada de Montaña, y mantuvo esa lógica.
Cara a cara con el torturador
Durante la jornada de ayer, uno de los testigos del juicio reconoció en plena audiencia a su torturador. “Me golpeó en reiteradas ocasiones” y antes de llegar al calabozo “me hizo subir tres escaleras flexionado, a los golpes”, dijo Luis Barahona, un ex gremialista de la empresa Grassi, secuestrado el 28 de abril de 1976.
El Tribunal II de Mendoza le mostró en la audiencia una foto vieja de José Martín Mussere, un oficial de policía que actuaba de enlace entre la policía y los mandos militares. Mussere estaba en la sala. Mientras estuvo secuestrado en la Departamental, Barahona dijo que fue golpeado por un grupo de militares que además lo torturaron con picana en brazos, espalda y testículos, y que a raíz de los golpes recibidos estuvo quince días sin poder comer por sí solo. También declaró el ex detenido Isidro Humberto Calivar y la semana próxima lo hará la otra parte de los testigos cuya declaración pasó a cuarto intermedio. Entre ellos, lo hará el hijo de Francisco Tripiana.
jueves, 15 de julio de 2010
miércoles, 14 de julio de 2010
La Fundación Zelmar Michelini recuerda hoy al Tribunal Russell
Teatro Solís. Estarán presentes los 10 hijos del senador asesinado
Este miércoles a las 19 horas, la Fundación Zelmar Michelini realizará un acto en la Sala de Conferencias del Teatro Solís para recordar la intervención del senador asesinado en el Tribunal Russell II.
La República. Miércoles 14 de julio de 2010. Por Víctor Carrato
Entre los participantes se cuentan el profesor Gerardo Caetano, la doctora Hebe Martínez, Zelmar Michelini (h), Belela Herrera, el doctor Alberto Filippi (Italia), Leandro Despouy y Elsa Paulós.
El coloquio denominado "Memoria del Tribunal Russell II" contará además con la presencia de los diez hijos de Zelmar Michelini, dos de los cuales viven en el exterior del país.
El propósito de este acto es recordar y profundizar en el contenido de la histórica denuncia que presentó Zelmar Michelini ante el Tribunal Russell II en 1974.
Dicho Tribunal fue una prolongación del creado por el pensador británico Bertrand Russell con el propósito de juzgar los crímenes de guerra en Vietnam.
En la década del 70, un grupo de intelectuales preocupados por la situación de los derechos humanos en América Latina impulsó la creación de un segundo Tribunal que tuvo su primera instancia en la ciudad de Roma.
Zelmar Michelini viajó a Roma desde Buenos Aires, donde residía, e hizo una documentada y conmovedora exposición relatando la situación de Uruguay en dictadura y de los presos políticos.
En su recordada exposición ante el Tribunal Russell II, Michelini resumió la situación en que se encontraba nuestro país en marzo de 1974, apenas en medio de la dictadura cívico-militar.
"Los uruguayos torturados superan los 5 mil y por las cárceles y cuarteles militares han desfilado más de 40 mil personas. El número debe relacionarse con el total de habitantes del país y entonces las conclusiones son escalofriantes", expresó el senador. "Uruguay tiene 2,5 millones de habitantes.
Los números de que he dado cuenta trasladados a Italia, por ejemplo, daría sobre una población estimada en 50 millones, una cifra de personas detenidas cercanas a las 800 mil y de torturados que superan los 100 mil. No hay en los establecimientos de detención uruguayos más presos políticos que presos por delitos comunes", agregó en su discurso.
"La más cruel de las torturas"
Fragmento del discurso de Zelmar Michelini en Roma:
"Además se persigue a los familiares, a los amigos y a quienes ejercen la defensa, a los abogados se les acosa constantemente, se les maltrata, incluso se los ha aprisionado, se les ha obligado a salir del país.
Todo esto ha sido posible mediante dos elementos que es necesario juzgar con atención; primero la más cruel de las torturas y segundo una entrega total del ciudadano a la justicia militar, ejercida por oficiales que carecen de independencia, competencia y vocación para poder ejercer tan delicada función.
Sin embargo, el honor, el buen nombre, la dignidad, los bienes, la vida de la gente están sometidos a jueces militares educados para una actividad distinta, formados en una obediencia completa a la autoridad y a los mandos superiores, cumplidores constantes de las órdenes impartidas que no pueden discutir, ni analizar. La justicia militar uruguaya coloca al ciudadano a un sometimiento total al poder militar. Este detiene, interroga, efectúa la instrucción sumarial, acusa, juzga, condena y aun más, vigila y controla al prisionero".
Este miércoles a las 19 horas, la Fundación Zelmar Michelini realizará un acto en la Sala de Conferencias del Teatro Solís para recordar la intervención del senador asesinado en el Tribunal Russell II.
La República. Miércoles 14 de julio de 2010. Por Víctor Carrato
Entre los participantes se cuentan el profesor Gerardo Caetano, la doctora Hebe Martínez, Zelmar Michelini (h), Belela Herrera, el doctor Alberto Filippi (Italia), Leandro Despouy y Elsa Paulós.
El coloquio denominado "Memoria del Tribunal Russell II" contará además con la presencia de los diez hijos de Zelmar Michelini, dos de los cuales viven en el exterior del país.
El propósito de este acto es recordar y profundizar en el contenido de la histórica denuncia que presentó Zelmar Michelini ante el Tribunal Russell II en 1974.
Dicho Tribunal fue una prolongación del creado por el pensador británico Bertrand Russell con el propósito de juzgar los crímenes de guerra en Vietnam.
En la década del 70, un grupo de intelectuales preocupados por la situación de los derechos humanos en América Latina impulsó la creación de un segundo Tribunal que tuvo su primera instancia en la ciudad de Roma.
Zelmar Michelini viajó a Roma desde Buenos Aires, donde residía, e hizo una documentada y conmovedora exposición relatando la situación de Uruguay en dictadura y de los presos políticos.
En su recordada exposición ante el Tribunal Russell II, Michelini resumió la situación en que se encontraba nuestro país en marzo de 1974, apenas en medio de la dictadura cívico-militar.
"Los uruguayos torturados superan los 5 mil y por las cárceles y cuarteles militares han desfilado más de 40 mil personas. El número debe relacionarse con el total de habitantes del país y entonces las conclusiones son escalofriantes", expresó el senador. "Uruguay tiene 2,5 millones de habitantes.
Los números de que he dado cuenta trasladados a Italia, por ejemplo, daría sobre una población estimada en 50 millones, una cifra de personas detenidas cercanas a las 800 mil y de torturados que superan los 100 mil. No hay en los establecimientos de detención uruguayos más presos políticos que presos por delitos comunes", agregó en su discurso.
"La más cruel de las torturas"
Fragmento del discurso de Zelmar Michelini en Roma:
"Además se persigue a los familiares, a los amigos y a quienes ejercen la defensa, a los abogados se les acosa constantemente, se les maltrata, incluso se los ha aprisionado, se les ha obligado a salir del país.
Todo esto ha sido posible mediante dos elementos que es necesario juzgar con atención; primero la más cruel de las torturas y segundo una entrega total del ciudadano a la justicia militar, ejercida por oficiales que carecen de independencia, competencia y vocación para poder ejercer tan delicada función.
Sin embargo, el honor, el buen nombre, la dignidad, los bienes, la vida de la gente están sometidos a jueces militares educados para una actividad distinta, formados en una obediencia completa a la autoridad y a los mandos superiores, cumplidores constantes de las órdenes impartidas que no pueden discutir, ni analizar. La justicia militar uruguaya coloca al ciudadano a un sometimiento total al poder militar. Este detiene, interroga, efectúa la instrucción sumarial, acusa, juzga, condena y aun más, vigila y controla al prisionero".
martes, 13 de julio de 2010
Desaparición forzada: la Suprema Corte se pronuncia sobre recurso de Fiscal Guianze
Terrorismo de Estado. El máximo órgano judicial define tipificación o no como crimen de lesa humanidad.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) definirá en los próximos meses una de las disyuntivas más relevantes en relación a los crímenes perpetrados durante la última dictadura: la tipificación delictual y su consecuente caracterización o no como crímenes de lesa humanidad.
La República. Martes 13 de julio de 2010.
Mauricio Pérez
La Fiscalía de Corte recomendó en los últimos días a la SCJ desestimar un recurso de casación presentado por la fiscal Mirtha Guianze contra la sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 2º Turno, por la cual se condenó a los ex represores José Nino Gavazzo y Ricardo Arab por 28 delitos de "homicidio muy especialmente agravados, en reiteración real".
El dictamen del fiscal de Corte, Rafael Ubiría, reclama al máximo órgano del Poder Judicial confirmar la imputación contra ambos represores y rechazar la intención de la fiscal Guianze de condenarlos por el delito de "desaparición forzada".
Ubiría solicitó desestimar el recurso en el entendido de que si bien el delito de "desaparición forzada", establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 18.026, "se encuentra vigente, no tiene efectos retroactivos, y tanto esta ley interna, como la Convención Interamericana sobre desaparición forzada, son largamente posteriores a los hechos" investigados. La irretroactividad de la ley penal no permite tipificar estos delitos como "desaparición forzada", argumentó Ubiría.
"El tipo penal de la desaparición forzada, no estaba previsto anteriormente, a la Convención Interamericana del año 1995.
Por tanto no era ni siquiera derecho vigente para otros países, por imperio del derecho internacional". "No puede, entonces, invocarse como norma de costumbre internacional adoptada para otros Estados, entre ellos el nuestro", dice Ubiría.
Debate jurídico
El pronunciamiento del fiscal de Corte conforma un nuevo elemento en la "disputa" jurídica en torno a la calificación y persecución de los crímenes perpetrados durante la última dictadura, en particular, en relación a los casos vinculados con ciudadanos actualmente desaparecidos.
En este sentido, existen dos posturas divergentes en la doctrina uruguaya: la sustentada por el TAP de 2º Turno y algunos jueces de imputar estos delitos como "homicidio muy especialmente agravados"; y la adoptada por la fiscal Guianze, la fiscal Ana María Tellechea y la jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, promoviendo la tesis de la "desaparición forzada" y su categorización como delitos de lesa humanidad.
El juez Penal de 19º Turno, Luis Charles, dispuso en diciembre de 2007 el procesamiento del dictador Gregorio "Goyo" Alvarez por reiterados delitos de "desaparición forzada". Sin embargo, el TAP de 2º Turno revocó la tipificación adoptada, imputando el delito de "homicidio muy especialmente agravado", lo que significó el asentamiento de esta tesis entre los magistrados.
La resolución del TAP fue acompañada posteriormente por el propio Charles (tanto en la condena de Gregorio Alvarez como en la de ocho represores por el "Segundo Vuelo" de Automotores Orletti), la jueza Graciela Eustachio (en la causa del Escuadrón de la Muerte) y el juez Juan Carlos Fernández Lecchini, en el caso de la desaparición de la maestra Elena Quinteros. La única jueza que avaló la tesis de la "desaparición forzada" fue la jueza Mota, al dictar la condena del dictador Juan María Bordaberry.
"Homicidio"
El TAP afirmó en sucesivas sentencias que el delito de "desaparición forzada (...) no existía al momento de ejecutarse los hechos a juzgar", por lo cual, dicha tipificación "no puede ser aplicada retroactivamente". En materia penal "todos los actos componentes de la figura delictiva están entrelazados, interconectados y, por consecuencia, conforme al principio de legalidad, la norma aplicable es aquella vigente al momento que comienza a ejecutarse el delito", argumenta el TAP.
"Cuando se detuvieron a los que luego fueron desaparecidos, la figura que ahora se pretende aplicar no estaba vigente y, por lógica consecuencia, su atribución constituye una flagrante violación al principio de irretroactividad de la ley penal".
En este sentido, el ministro de dicha Sala, Alfredo Gómez Tedeschi, afirmó.
que "aunque esto no guste, la solución basada en un Derecho internacional, en un derecho sancionador fundado sobre tales supuestos, implica que, para castigar tan crueles crímenes como delitos de desaparición forzada, es preciso renunciar, abdicar de los principios fundamentales que constituyen los cimientos del Derecho interno del Estado liberal".
"No puede caber la menor duda y no la hay, más allá de sesudas exposiciones de empinados internacionalistas que, el ingreso del jus cogens constituye la muerte del principio de legalidad y, esta muerte, viene acompañada con la partida de defunción del Derecho Penal liberal", agregó el ministro.
Asimismo, otro argumento esgrimido por el TAP radica en que todos los ciudadanos hoy desaparecidos "han fallecido". "Su destino, su suerte, no es una incógnita, se podrán ignorar detalles acerca de cómo y cuándo ocurrieron sus muertes, no se habrán encontrado sus restos, pero eso no habla de desaparecidos, sino de personas muertas de las que se ignora detalles de sus últimos días de vida, pero el destino se sabe".
"Desaparición forzada"
Por su parte, la fiscal Guianze argumenta que "resulta muy clara la diferencia entre la desaparición forzada y el homicidio, aunque en definitiva, en ambas hipótesis haya vulneración del bien más preciado, la vida", por cuanto en la primera hipótesis no se encontró el cadáver, no se sabe como ocurrió el asesinato, además que hubo que tolerar estrategias de ocultamiento y mentiras desembozadas.
El delito de "desaparición forzada" es un "delito continuado (...) subsiste como un 'todo indivisible', más allá de la fecha en que se produjo la muerte, siempre y cuando la misma se haya producido en el marco de una desaparición forzada", dice Guianze.
"Existe una víctima directa a quien en definitiva se priva de su libertad, se conculca su integridad física y se le impide ejercer el derecho a la jurisdicción. Pero a su vez hay otra u otras víctimas indirectas o secundarias que son sus familiares y personas allegadas quienes sufren un proceso angustiante en procura de saber el paradero de la persona querida".
Por tanto, "no basta con afirmar que los desaparecidos están muertos. No basta a las víctimas, ni a la sociedad, cuando se persiste en el ocultamiento y en la prolongación del sufrimiento", señala la fiscal.
Además, al imponer esta imputación "se trata directamente de aplicar la ley interna vigente, sin necesidad de recurrir a las normas de derecho penal internacional", porque "se debe partir de la idea de que las conductas alcanzadas por el actual artículo 21 de la Ley Nº 18.026 se encuentran prohibidas desde hace más de cincuenta años por el Derecho Penal Internacional, siendo de esta forma una norma de general aplicación para todos los Estados integrantes de la comunidad internacional". "No hay, pues aplicación retroactiva de una ley más gravosa, ni cercenamiento de garantías para los justiciables".
Ante esto, la fiscal Guianze interpuso el recurso de casación para que la SCJ se expida "sobre la aplicación del derecho en casos de desaparición forzada y, también sobre la naturaleza de este tipo de delitos: si deben ser considerados de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles".
En este sentido, el abogado Pablo Chargoñia, querellante en causas por violaciones a los derechos humanos, alertó durante un seminario internacional que de imponerse la tesis del TAP las causas prescribirían sobre mediados de 2011, lo que significaría "una afrenta de la lucha contra la impunidad".
El abogado bregó entonces por continuar impulsando con "argumentos jurídicos" la imprescriptibilidad de los crímenes perpetrados por el aparato represivo del Estado. Ahora, la Corte tendrá la última palabra.
"Mesianismo judicial"
El "vago" derecho internacional no puede alejar a los jueces de aplicar "la ley"
El TAP de 2º Turno afirmó en su sentencia que la tipificación del delito de "desaparición forzada" para juzgar los crímenes perpetrados durante la última dictadura (en lo atinente a los ciudadanos aún hoy desaparecidos) es contrario al sistema legal imperante actualmente en Uruguay.
"Resulta arduo a convicciones republicano-democráticas dar ingreso a una suerte de mesianismo judicial, enmarcado en un orden político-institucional en donde los jueces se constituyen en salvaguarda y custodios de obligaciones internacionales asumidas por el Estado, por encima y a despecho de las posturas de integrantes de otros poderes del Estado que, bueno es recordarlos, son electos directamente por el pueblo", señaló el TAP.
"Si hoy fuese aceptada una solución como la que se propugna, fundada en el justificado horror que producen hechos que aparecen plenamente probados en estas actuaciones, tal baremo, mañana podría ser extendido a cualquier otro que, con una valoración más restringida o más lata, fuese considerado como ofensivo para la humanidad entera, o para personas determinadas, un grupo de ellas, o la sociedad de un país determinado", agregó la Sala.
En este sentido, la escogencia de la tipificación delictual de "desaparición forzada" implicaría que "la libertad personal quedaría al arbitrio de cualquier interpretación, vista la latitud de los supuestos que informan la costumbre y práctica internacional, con los consiguientes excesos e insospechadas consecuencias en el orden político interno", y legitimaría a los jueces a "establecer excepciones a la ley, fundadas en un vago Derecho internacional, olvidando que el primer deber del juez es la interpretación de la letra de la ley", señala el TAP.
Según Amnistía Internacional
La desaparición es consecuencia de una ejecución extrajudicial
El recurso impetrado por la fiscal Mirtha Guianze para reclamar un cambio en la tipificación de los delitos imputados a los represores José Nino Gavazzo y Ricardo Arab utiliza como argumento un informe confeccionado por Amnistía Internacional sobre el tema de la desaparición de personas.
En este sentido, el informe alega que "la desaparición, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales con frecuencia se presentan conjuntamente. La víctima es arrestada o secuestrada, torturada para obtener información y la mayoría de las veces, finalmente ejecutada. En algunos casos, el cuerpo es arrojado en un lugar público, sin que se logren identificar los autores y las circunstancias de los hechos".
"En otros casos, los cuerpos son mutilados hasta dejarlos irreconocibles: se entierran en fosas comunes o son arrojados al mar, como ocurrió con los "vuelos de la muerte" en Argentina. En estas circunstancias, el destino y paradero de la víctima siguen sin conocerse".
"La desaparición encubre la ejecución extrajudicial y perpetúa el estado de desaparición (...) Así puede ser que los victimarios logren deshacerse del desaparecido, pero para los familiares, la desaparición no tiene final", dice Amnistía. Por tanto, "no encontrar el cadáver, no saber en definitiva como sucedió ese asesinato, tolerar estrategias de ocultamiento, y hasta mentiras desembozadas, es lo que perfila la diferencia con el homicidio", dice la fiscal.
En este sentido, "la desaparición forzada ha sido una práctica que las dictaduras sudamericanas entronizaron en la década del 70" siendo "una demostración de crueldad y desprecio por los derechos de los seres humanos, que no puede confundirse con el homicidio", afirma Guianze.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) definirá en los próximos meses una de las disyuntivas más relevantes en relación a los crímenes perpetrados durante la última dictadura: la tipificación delictual y su consecuente caracterización o no como crímenes de lesa humanidad.
La República. Martes 13 de julio de 2010.
Mauricio Pérez
La Fiscalía de Corte recomendó en los últimos días a la SCJ desestimar un recurso de casación presentado por la fiscal Mirtha Guianze contra la sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 2º Turno, por la cual se condenó a los ex represores José Nino Gavazzo y Ricardo Arab por 28 delitos de "homicidio muy especialmente agravados, en reiteración real".
El dictamen del fiscal de Corte, Rafael Ubiría, reclama al máximo órgano del Poder Judicial confirmar la imputación contra ambos represores y rechazar la intención de la fiscal Guianze de condenarlos por el delito de "desaparición forzada".
Ubiría solicitó desestimar el recurso en el entendido de que si bien el delito de "desaparición forzada", establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 18.026, "se encuentra vigente, no tiene efectos retroactivos, y tanto esta ley interna, como la Convención Interamericana sobre desaparición forzada, son largamente posteriores a los hechos" investigados. La irretroactividad de la ley penal no permite tipificar estos delitos como "desaparición forzada", argumentó Ubiría.
"El tipo penal de la desaparición forzada, no estaba previsto anteriormente, a la Convención Interamericana del año 1995.
Por tanto no era ni siquiera derecho vigente para otros países, por imperio del derecho internacional". "No puede, entonces, invocarse como norma de costumbre internacional adoptada para otros Estados, entre ellos el nuestro", dice Ubiría.
Debate jurídico
El pronunciamiento del fiscal de Corte conforma un nuevo elemento en la "disputa" jurídica en torno a la calificación y persecución de los crímenes perpetrados durante la última dictadura, en particular, en relación a los casos vinculados con ciudadanos actualmente desaparecidos.
En este sentido, existen dos posturas divergentes en la doctrina uruguaya: la sustentada por el TAP de 2º Turno y algunos jueces de imputar estos delitos como "homicidio muy especialmente agravados"; y la adoptada por la fiscal Guianze, la fiscal Ana María Tellechea y la jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, promoviendo la tesis de la "desaparición forzada" y su categorización como delitos de lesa humanidad.
El juez Penal de 19º Turno, Luis Charles, dispuso en diciembre de 2007 el procesamiento del dictador Gregorio "Goyo" Alvarez por reiterados delitos de "desaparición forzada". Sin embargo, el TAP de 2º Turno revocó la tipificación adoptada, imputando el delito de "homicidio muy especialmente agravado", lo que significó el asentamiento de esta tesis entre los magistrados.
La resolución del TAP fue acompañada posteriormente por el propio Charles (tanto en la condena de Gregorio Alvarez como en la de ocho represores por el "Segundo Vuelo" de Automotores Orletti), la jueza Graciela Eustachio (en la causa del Escuadrón de la Muerte) y el juez Juan Carlos Fernández Lecchini, en el caso de la desaparición de la maestra Elena Quinteros. La única jueza que avaló la tesis de la "desaparición forzada" fue la jueza Mota, al dictar la condena del dictador Juan María Bordaberry.
"Homicidio"
El TAP afirmó en sucesivas sentencias que el delito de "desaparición forzada (...) no existía al momento de ejecutarse los hechos a juzgar", por lo cual, dicha tipificación "no puede ser aplicada retroactivamente". En materia penal "todos los actos componentes de la figura delictiva están entrelazados, interconectados y, por consecuencia, conforme al principio de legalidad, la norma aplicable es aquella vigente al momento que comienza a ejecutarse el delito", argumenta el TAP.
"Cuando se detuvieron a los que luego fueron desaparecidos, la figura que ahora se pretende aplicar no estaba vigente y, por lógica consecuencia, su atribución constituye una flagrante violación al principio de irretroactividad de la ley penal".
En este sentido, el ministro de dicha Sala, Alfredo Gómez Tedeschi, afirmó.
que "aunque esto no guste, la solución basada en un Derecho internacional, en un derecho sancionador fundado sobre tales supuestos, implica que, para castigar tan crueles crímenes como delitos de desaparición forzada, es preciso renunciar, abdicar de los principios fundamentales que constituyen los cimientos del Derecho interno del Estado liberal".
"No puede caber la menor duda y no la hay, más allá de sesudas exposiciones de empinados internacionalistas que, el ingreso del jus cogens constituye la muerte del principio de legalidad y, esta muerte, viene acompañada con la partida de defunción del Derecho Penal liberal", agregó el ministro.
Asimismo, otro argumento esgrimido por el TAP radica en que todos los ciudadanos hoy desaparecidos "han fallecido". "Su destino, su suerte, no es una incógnita, se podrán ignorar detalles acerca de cómo y cuándo ocurrieron sus muertes, no se habrán encontrado sus restos, pero eso no habla de desaparecidos, sino de personas muertas de las que se ignora detalles de sus últimos días de vida, pero el destino se sabe".
"Desaparición forzada"
Por su parte, la fiscal Guianze argumenta que "resulta muy clara la diferencia entre la desaparición forzada y el homicidio, aunque en definitiva, en ambas hipótesis haya vulneración del bien más preciado, la vida", por cuanto en la primera hipótesis no se encontró el cadáver, no se sabe como ocurrió el asesinato, además que hubo que tolerar estrategias de ocultamiento y mentiras desembozadas.
El delito de "desaparición forzada" es un "delito continuado (...) subsiste como un 'todo indivisible', más allá de la fecha en que se produjo la muerte, siempre y cuando la misma se haya producido en el marco de una desaparición forzada", dice Guianze.
"Existe una víctima directa a quien en definitiva se priva de su libertad, se conculca su integridad física y se le impide ejercer el derecho a la jurisdicción. Pero a su vez hay otra u otras víctimas indirectas o secundarias que son sus familiares y personas allegadas quienes sufren un proceso angustiante en procura de saber el paradero de la persona querida".
Por tanto, "no basta con afirmar que los desaparecidos están muertos. No basta a las víctimas, ni a la sociedad, cuando se persiste en el ocultamiento y en la prolongación del sufrimiento", señala la fiscal.
Además, al imponer esta imputación "se trata directamente de aplicar la ley interna vigente, sin necesidad de recurrir a las normas de derecho penal internacional", porque "se debe partir de la idea de que las conductas alcanzadas por el actual artículo 21 de la Ley Nº 18.026 se encuentran prohibidas desde hace más de cincuenta años por el Derecho Penal Internacional, siendo de esta forma una norma de general aplicación para todos los Estados integrantes de la comunidad internacional". "No hay, pues aplicación retroactiva de una ley más gravosa, ni cercenamiento de garantías para los justiciables".
Ante esto, la fiscal Guianze interpuso el recurso de casación para que la SCJ se expida "sobre la aplicación del derecho en casos de desaparición forzada y, también sobre la naturaleza de este tipo de delitos: si deben ser considerados de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles".
En este sentido, el abogado Pablo Chargoñia, querellante en causas por violaciones a los derechos humanos, alertó durante un seminario internacional que de imponerse la tesis del TAP las causas prescribirían sobre mediados de 2011, lo que significaría "una afrenta de la lucha contra la impunidad".
El abogado bregó entonces por continuar impulsando con "argumentos jurídicos" la imprescriptibilidad de los crímenes perpetrados por el aparato represivo del Estado. Ahora, la Corte tendrá la última palabra.
"Mesianismo judicial"
El "vago" derecho internacional no puede alejar a los jueces de aplicar "la ley"
El TAP de 2º Turno afirmó en su sentencia que la tipificación del delito de "desaparición forzada" para juzgar los crímenes perpetrados durante la última dictadura (en lo atinente a los ciudadanos aún hoy desaparecidos) es contrario al sistema legal imperante actualmente en Uruguay.
"Resulta arduo a convicciones republicano-democráticas dar ingreso a una suerte de mesianismo judicial, enmarcado en un orden político-institucional en donde los jueces se constituyen en salvaguarda y custodios de obligaciones internacionales asumidas por el Estado, por encima y a despecho de las posturas de integrantes de otros poderes del Estado que, bueno es recordarlos, son electos directamente por el pueblo", señaló el TAP.
"Si hoy fuese aceptada una solución como la que se propugna, fundada en el justificado horror que producen hechos que aparecen plenamente probados en estas actuaciones, tal baremo, mañana podría ser extendido a cualquier otro que, con una valoración más restringida o más lata, fuese considerado como ofensivo para la humanidad entera, o para personas determinadas, un grupo de ellas, o la sociedad de un país determinado", agregó la Sala.
En este sentido, la escogencia de la tipificación delictual de "desaparición forzada" implicaría que "la libertad personal quedaría al arbitrio de cualquier interpretación, vista la latitud de los supuestos que informan la costumbre y práctica internacional, con los consiguientes excesos e insospechadas consecuencias en el orden político interno", y legitimaría a los jueces a "establecer excepciones a la ley, fundadas en un vago Derecho internacional, olvidando que el primer deber del juez es la interpretación de la letra de la ley", señala el TAP.
Según Amnistía Internacional
La desaparición es consecuencia de una ejecución extrajudicial
El recurso impetrado por la fiscal Mirtha Guianze para reclamar un cambio en la tipificación de los delitos imputados a los represores José Nino Gavazzo y Ricardo Arab utiliza como argumento un informe confeccionado por Amnistía Internacional sobre el tema de la desaparición de personas.
En este sentido, el informe alega que "la desaparición, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales con frecuencia se presentan conjuntamente. La víctima es arrestada o secuestrada, torturada para obtener información y la mayoría de las veces, finalmente ejecutada. En algunos casos, el cuerpo es arrojado en un lugar público, sin que se logren identificar los autores y las circunstancias de los hechos".
"En otros casos, los cuerpos son mutilados hasta dejarlos irreconocibles: se entierran en fosas comunes o son arrojados al mar, como ocurrió con los "vuelos de la muerte" en Argentina. En estas circunstancias, el destino y paradero de la víctima siguen sin conocerse".
"La desaparición encubre la ejecución extrajudicial y perpetúa el estado de desaparición (...) Así puede ser que los victimarios logren deshacerse del desaparecido, pero para los familiares, la desaparición no tiene final", dice Amnistía. Por tanto, "no encontrar el cadáver, no saber en definitiva como sucedió ese asesinato, tolerar estrategias de ocultamiento, y hasta mentiras desembozadas, es lo que perfila la diferencia con el homicidio", dice la fiscal.
En este sentido, "la desaparición forzada ha sido una práctica que las dictaduras sudamericanas entronizaron en la década del 70" siendo "una demostración de crueldad y desprecio por los derechos de los seres humanos, que no puede confundirse con el homicidio", afirma Guianze.
lunes, 12 de julio de 2010
Chile: Ejército repudia a militares que participaron en el crimen del Gral. Prats y su esposa
El Mercurio
Santiago, jueves 8 de julio de 2010.
–
SANTIAGO.- Tras conocerse la sentencia definitiva por el crimen del ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, y su esposa, Sofía Cuthbert, el Ejército expresó su repudio a los militares que participaron en el doble homicidio, ocurrido en Buenos Aires en 1974.
"El Ejército repudia a todos los partícipes en este cobarde asesinato, especialmente a los militares que lo consumaron, más aún que su acto criminal tuvo como víctimas a un ex Comandante en Jefe y también a su esposa", manifiesta la Comandancia en Jefe de la institución, mediante una declaración pública.
El texto añade que los involucrados, "con su extrema crueldad, violaron trágicamente, además, los principios que constituyen el acervo moral de la institución".
No obstante, indica que "la bicentenaria historia, de indudable patriotismo y de elevados servicios prestados a Chile por cientos de miles de soldados, no debería sufrir detrimento por la infamia de aquéllos que no adhirieron al tradicional código de honor y de conducta institucionales, que con su acción demostraron despreciar".
Solidaridad con las hijas
En la declaración, el Ejército también afirma que el crimen del general Prats y su esposa enluta a la institución y que la Comandancia en Jefe expresa a las hijas del matrimonio "su profundo pesar y solidaridad, por el irreparable dolor que han debido soportar –en un largo proceso– hasta ver ratificada finalmente la verdad y pronunciada la justicia".
Asimismo, manifiesta su confianza en que "el cierre de este doloroso episodio pueda contribuir al avance para el necesario reencuentro entre nuestros compatriotas, mediante el consuelo a los deudos y la mitigación de las heridas del pasado".
Finalmente, el Ejército ratifica "su fiel compromiso con los valores fundamentales que comparte la sociedad chilena".
Santiago, jueves 8 de julio de 2010.
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SANTIAGO.- Tras conocerse la sentencia definitiva por el crimen del ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, y su esposa, Sofía Cuthbert, el Ejército expresó su repudio a los militares que participaron en el doble homicidio, ocurrido en Buenos Aires en 1974.
"El Ejército repudia a todos los partícipes en este cobarde asesinato, especialmente a los militares que lo consumaron, más aún que su acto criminal tuvo como víctimas a un ex Comandante en Jefe y también a su esposa", manifiesta la Comandancia en Jefe de la institución, mediante una declaración pública.
El texto añade que los involucrados, "con su extrema crueldad, violaron trágicamente, además, los principios que constituyen el acervo moral de la institución".
No obstante, indica que "la bicentenaria historia, de indudable patriotismo y de elevados servicios prestados a Chile por cientos de miles de soldados, no debería sufrir detrimento por la infamia de aquéllos que no adhirieron al tradicional código de honor y de conducta institucionales, que con su acción demostraron despreciar".
Solidaridad con las hijas
En la declaración, el Ejército también afirma que el crimen del general Prats y su esposa enluta a la institución y que la Comandancia en Jefe expresa a las hijas del matrimonio "su profundo pesar y solidaridad, por el irreparable dolor que han debido soportar –en un largo proceso– hasta ver ratificada finalmente la verdad y pronunciada la justicia".
Asimismo, manifiesta su confianza en que "el cierre de este doloroso episodio pueda contribuir al avance para el necesario reencuentro entre nuestros compatriotas, mediante el consuelo a los deudos y la mitigación de las heridas del pasado".
Finalmente, el Ejército ratifica "su fiel compromiso con los valores fundamentales que comparte la sociedad chilena".
Sábado 7 de agosto: Buseca del Grupo Solidario Ibiray
ESTAMOS HOY a 25 días de LA BUSECA que, como anunciáramos en el Boletín del 1º del cte., realizaremos el SÁBADO 7 DE AGOSTO en el parque de CAMBADU.
Al igual que el pasado año, en esta oportunidad debemos limitar la capacidad a un máximo de 400 personas –da para más el lugar, pero la capacidad de elaboración no nos permite superar tal número-.
Cuatrocientos compañeros reunidos en una mesa fraterna, donde renovaremos una vez más la alegría de un encuentro masivo pleno de afecto y profundos sentimientos. Cuatrocientos compañeros hermanados por largos años de militancia codo con codo, de intensas y extensas experiencias comunes de generosa y desinteresada entrega.
Descontamos la presencia de quienes participaron el pasado año más los cincuenta que, comprometidos, no pudieron a último momento concurrir. Están además muchos otros compañeros que deseando concurrir en aquella oportunidad, al dejar pasar los días no encontraron luego cupo y no querrán les suceda ahora lo mismo.
Decimos entonces a ellos y A TODOS:
está abierto el registro que ya a esta altura tiene cincuenta y cinco inscriptos.
Restan tres semanas para el evento y no es mucho tiempo.
LES EXHORTAMOS nos llamen a LA MAYOR BREVEDAD.
El pago puede hacerse en la misma reunión.
A no esperar… A no quedarse…
336 80 25 lunes a viernes, de 15 a 19 hs. o a cualquier hora a los cel. 099 685 934 ó 094 145 510 El menú constará de un plato de Buseca, pan, un vaso de vino o refresco y postre.
El costo del ticket es de $ 190.-
Y además, sin costo y de manera espontánea: Alegría a discreción y Fraternales abrazos en abundancia.
Grupo Solidario Ibiray
Al igual que el pasado año, en esta oportunidad debemos limitar la capacidad a un máximo de 400 personas –da para más el lugar, pero la capacidad de elaboración no nos permite superar tal número-.
Cuatrocientos compañeros reunidos en una mesa fraterna, donde renovaremos una vez más la alegría de un encuentro masivo pleno de afecto y profundos sentimientos. Cuatrocientos compañeros hermanados por largos años de militancia codo con codo, de intensas y extensas experiencias comunes de generosa y desinteresada entrega.
Descontamos la presencia de quienes participaron el pasado año más los cincuenta que, comprometidos, no pudieron a último momento concurrir. Están además muchos otros compañeros que deseando concurrir en aquella oportunidad, al dejar pasar los días no encontraron luego cupo y no querrán les suceda ahora lo mismo.
Decimos entonces a ellos y A TODOS:
está abierto el registro que ya a esta altura tiene cincuenta y cinco inscriptos.
Restan tres semanas para el evento y no es mucho tiempo.
LES EXHORTAMOS nos llamen a LA MAYOR BREVEDAD.
El pago puede hacerse en la misma reunión.
A no esperar… A no quedarse…
336 80 25 lunes a viernes, de 15 a 19 hs. o a cualquier hora a los cel. 099 685 934 ó 094 145 510 El menú constará de un plato de Buseca, pan, un vaso de vino o refresco y postre.
El costo del ticket es de $ 190.-
Y además, sin costo y de manera espontánea: Alegría a discreción y Fraternales abrazos en abundancia.
Grupo Solidario Ibiray
Jueves 15 de Julio: Memorias Colectivas
MONTEVIDEO, 11 Jul (UYPRESS)-
La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, junto con el Departamento de Estudios Judaicos de la Universidad ORT tienen el agrado de invitar a Usted al Seminario: “Memorias colectivas: ¿Cómo y para qué transmitir el Holocausto y otras experiencias extremas en las aulas?”
La actividad tendrá lugar el jueves 15 de julio, de 15:00 a 19:00 horas, en la Sala de Conferencias del IMPO, Germán Barbato 1379 piso 2.
Los debates en el proceso de construcción de las memorias colectivas han sido –y son- una característica de nuestras sociedades. Ese proceso, se acrecentó después de la Segunda Guerra Mundial y se hizo fuerte en los años 60 y 70. En nuestra región, después de las sangrientas dictaduras cívico-militares que conmovieron a las sociedades en su conjunto, las demandas de memoria (junto con las de verdad y justicia sobre las responsabilidades de los Estados) se han intensificado considerablemente. Son comunes hoy las conmemoraciones, museos y memoriales que intentan hacer presente lo sucedido en aquellos años.
Han habido discusiones –algunas cargadas de prejuicios políticos-partidarios- que no han aportado lo suficiente para comprender estos procesos tan significativos y complejos.
En ese sentido es que la Dirección de Derechos Humanos del MEC, junto a la Universidad ORT, con motivo de la visita de la Profª Nora Gaon han organizado un seminario que propone reflexionar sobre estos temas, a partir del debate, con los aportes de personas destacadas de nuestro medio.
Habrá dos paneles en base a los siguientes ejes:
El primero será sobre cómo transmitir en las aulas aquellas experiencias extremas que, como el Holocausto, han dejado una huella en nuestras sociedades y que plantean problemas –metodológicos, epistemológicos y éticos- a los docentes cuando se enfrentan a su clase.
Este panel estará integrado por Nora Gaon, Directora del Área de Habla Hispana del Museo de los Resistentes del Ghetto y Museo del Niño en Israel; David Telias, Coordinador del Departamento de Estudios Judaicos de la Universidad ORT; y Oscar Destouet, integrante de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria. La moderación estará a cargo de Hugo Achugar, Director de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.
El segundo panel propondrá reflexionar sobre qué recordar y para qué y estará integrado por Rosario Hermano, Coordinadora del Programa de Educación en Valores de la Universidad Católica del Uruguay; Garabed Arakelian, Secretario de la Asociación Cultural Uruguay Armenia; Gerardo Caetano, de la Universidad de la República. La moderación estará a cargo de Javier Miranda, Director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura.
Las memorias colectivas son movimientos de recepción y transmisión que se extienden hacia el futuro; por eso es necesario comprender sus características, los usos políticos a los que se someten y las relaciones que tienen con otras categorías como justicia, historia y verdad. Desde la Dirección apostamos a contribuir con este complejo proceso.
Apoya: Administración Nacional de Educación Pública, Consejo Directivo Central
La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, junto con el Departamento de Estudios Judaicos de la Universidad ORT tienen el agrado de invitar a Usted al Seminario: “Memorias colectivas: ¿Cómo y para qué transmitir el Holocausto y otras experiencias extremas en las aulas?”
La actividad tendrá lugar el jueves 15 de julio, de 15:00 a 19:00 horas, en la Sala de Conferencias del IMPO, Germán Barbato 1379 piso 2.
Los debates en el proceso de construcción de las memorias colectivas han sido –y son- una característica de nuestras sociedades. Ese proceso, se acrecentó después de la Segunda Guerra Mundial y se hizo fuerte en los años 60 y 70. En nuestra región, después de las sangrientas dictaduras cívico-militares que conmovieron a las sociedades en su conjunto, las demandas de memoria (junto con las de verdad y justicia sobre las responsabilidades de los Estados) se han intensificado considerablemente. Son comunes hoy las conmemoraciones, museos y memoriales que intentan hacer presente lo sucedido en aquellos años.
Han habido discusiones –algunas cargadas de prejuicios políticos-partidarios- que no han aportado lo suficiente para comprender estos procesos tan significativos y complejos.
En ese sentido es que la Dirección de Derechos Humanos del MEC, junto a la Universidad ORT, con motivo de la visita de la Profª Nora Gaon han organizado un seminario que propone reflexionar sobre estos temas, a partir del debate, con los aportes de personas destacadas de nuestro medio.
Habrá dos paneles en base a los siguientes ejes:
El primero será sobre cómo transmitir en las aulas aquellas experiencias extremas que, como el Holocausto, han dejado una huella en nuestras sociedades y que plantean problemas –metodológicos, epistemológicos y éticos- a los docentes cuando se enfrentan a su clase.
Este panel estará integrado por Nora Gaon, Directora del Área de Habla Hispana del Museo de los Resistentes del Ghetto y Museo del Niño en Israel; David Telias, Coordinador del Departamento de Estudios Judaicos de la Universidad ORT; y Oscar Destouet, integrante de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria. La moderación estará a cargo de Hugo Achugar, Director de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.
El segundo panel propondrá reflexionar sobre qué recordar y para qué y estará integrado por Rosario Hermano, Coordinadora del Programa de Educación en Valores de la Universidad Católica del Uruguay; Garabed Arakelian, Secretario de la Asociación Cultural Uruguay Armenia; Gerardo Caetano, de la Universidad de la República. La moderación estará a cargo de Javier Miranda, Director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura.
Las memorias colectivas son movimientos de recepción y transmisión que se extienden hacia el futuro; por eso es necesario comprender sus características, los usos políticos a los que se someten y las relaciones que tienen con otras categorías como justicia, historia y verdad. Desde la Dirección apostamos a contribuir con este complejo proceso.
Apoya: Administración Nacional de Educación Pública, Consejo Directivo Central
domingo, 11 de julio de 2010
14 de julio: Coloquio: "Memoria del Tribunal Russell II"
Coloquio: “Memoria del Tribunal Rusell II”
Miércoles, 14 de julio de 2010
Sala de Conferencias del Teatro Solís
18.30 Acreditaciones
19.00 Apertura
19.15 Audiovisual
19.30 Panel
Moderadora: Belela Herrera
El Tribunal Russell antecedentes, desarrollo y proyección.
Alberto Filippi
Leandro Despouy
Testimonios sobre la intervención de Zelmar en el Tribunal Russell II
Elsa Paulos
Linda Bimbi (testimonio enviado desde Italia)
Salvatore Senese (testimonio enviado desde Italia)
Elena Paciotti (testimonio enviado desde Italia)
La importancia del Tribunal Russell desde la perspectiva histórica y de la defensa de los DDHH
Gerardo Caetano
Hebe Martínez Burle
Zelmar Michelini (hijo)
21.00 cierre
Fundación Zelmar Michelini
Uruguay
www.fzelmarmichelini.org
fzm@fzelmarmichelini.org
+5982 9026195
sábado, 10 de julio de 2010
SERPAJ: Comunicado de prensa
El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ - Uruguay) y el Observatorio del Sistema Judicial (Fundación Justicia y Derecho), manifiestan su profundísima consternación frente a los acontecimientos ocurridos en la madrugada de hoy en la Cárcel Departamental de Rocha, donde un incendió acabó con la vida de trece personas y dejó siete gravemente heridas. Ni bomberos, ni los funcionarios penitenciarios lograron rescatarlos oportunamente. Algunas de estas personas murieron incineradas y otras por asfixia.
Dentro del marco del proyecto “Hacia una política de Estado en privación de libertad: diálogo, recomendaciones y propuestas” hemos realizado múltiples visitas a diferentes establecimientos de todo el país, donde estamos efectuando un relevamiento de las condiciones de las personas privadas de libertad. En los pasados 1º y 2 de julio ingresamos concretamente al establecimiento penitenciario de Rocha, donde una de las constataciones más graves fue la exacerbada precariedad de las condiciones de vida dentro de las cuadras. Estas irregularidades y deficiencias edilicias y la ausencia de condiciones elementales vienen siendo constatadas y denunciadas por el SERPAJ desde hace más de siete años.
Tales precariedades se agravan con el aumento progresivo de las condiciones de hacinamiento. El Estado tiene el deber de proteger a los privados de libertad contra todo tipo de actos contra su integridad física o mental y como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos.
La condición de garante del Estado le obliga a prevenir situaciones que pudieran conducir, por acción u omisión a su vulneración. Por lo que no se trata de un mero accidente respecto del cual no es posible determinar responsabilidades. Nos resulta imperioso que las autoridades tomen cartas en el asunto exigiendo una investigación rigurosa e independiente que lleve al esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades correspondientes, así como también implementar urgentemente las mejoras imprescindibles para eliminar los riesgos latentes de todos los establecimientos carcelarios.
Montevideo, 8 de julio de 2010.
Dentro del marco del proyecto “Hacia una política de Estado en privación de libertad: diálogo, recomendaciones y propuestas” hemos realizado múltiples visitas a diferentes establecimientos de todo el país, donde estamos efectuando un relevamiento de las condiciones de las personas privadas de libertad. En los pasados 1º y 2 de julio ingresamos concretamente al establecimiento penitenciario de Rocha, donde una de las constataciones más graves fue la exacerbada precariedad de las condiciones de vida dentro de las cuadras. Estas irregularidades y deficiencias edilicias y la ausencia de condiciones elementales vienen siendo constatadas y denunciadas por el SERPAJ desde hace más de siete años.
Tales precariedades se agravan con el aumento progresivo de las condiciones de hacinamiento. El Estado tiene el deber de proteger a los privados de libertad contra todo tipo de actos contra su integridad física o mental y como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos.
La condición de garante del Estado le obliga a prevenir situaciones que pudieran conducir, por acción u omisión a su vulneración. Por lo que no se trata de un mero accidente respecto del cual no es posible determinar responsabilidades. Nos resulta imperioso que las autoridades tomen cartas en el asunto exigiendo una investigación rigurosa e independiente que lleve al esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades correspondientes, así como también implementar urgentemente las mejoras imprescindibles para eliminar los riesgos latentes de todos los establecimientos carcelarios.
Montevideo, 8 de julio de 2010.
Argentina: investigan a la justicia por colaborar con el Terrorismo de Estado
PIDEN LA CITACION A INDAGATORIA POR COMPLICIDAD EN DELITOS DE LESA HUMANIDAD DE DOS CAMARISTAS DE MENDOZA
La Justicia pone la lupa sobre la Justicia
Página 12. Sábado 10 de julio de 2010.
Los camaristas Luis Francisco Miret y Otilio Romano, entre otros magistrados y ex fiscales mendocinos, son acusados por omitir denuncias, avalar detenciones ilegales y no investigar torturas durante la última dictadura militar.
Por Nora Veiras.
“El Poder Judicial federal de la provincia de Mendoza evidenció (durante la dictadura) una clara voluntad de no investigar las atrocidades que se cometieron (...) Esta afirmación está basada en un hecho incontrovertible: pese a las innumerables denuncias de cientos de desapariciones y/o homicidios, torturas, privaciones ilegales de libertad y abusos sexuales (...) no hubo un solo funcionario de las fuerzas de seguridad que resultara imputado o seriamente investigado por la comisión de esos delitos.”
A lo largo de casi doscientas fojas, el fiscal general Omar Palermo detalló la connivencia de la Justicia con los represores y solicitó que se cite a declaración indagatoria a los actuales camaristas federales de Mendoza Otilio Romano y Luis Francisco Miret y al ex juez Gabriel Guzzo, entre otros, por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, por omitir hacer cesar detenciones ilegales y por encubrir por omisión el deber de denuncia. Calificaciones que tributan en delitos de lesa humanidad.
Miret y Romano ya fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por organismos de derechos humanos y el propio ministro de Justicia provincial (ver aparte). El pedido del fiscal Palermo, encargado de impulsar las causas por delitos de lesa humanidad, se nutre del testimonio de las víctimas entre 1975 y 1983.
El rechazo de los recursos de hábeas corpus, la negativa a buscar a personas desaparecidas, a investigar las condiciones de quienes estaban detenidos y a indagar sobre las torturas estremecen a pesar de la asepsia de la jerga legal. La colaboración del aparato judicial con el terrorismo de Estado se está empezando a investigar en distintas provincias (ver aparte). En Mendoza ya provocó la renuncia de otro camarista, Carlos Martín Pereyra González, quien fue señalado por la Cámara de San Luis por haber presenciado sesiones de tortura.
Modus operandi
El pedido del fiscal Palermo se presentó ante el juez Walter Bonto, titular del juzgado que está en manos como subrogante de Olga Pura de Arrabal, la magistrada que trascendió por su fallo a favor de la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Decisión avalada por los camaristas denunciados por complicidad en delitos de lesa humanidad y revertida por la Corte Suprema de la Nación. Tras la feria judicial se supone que Bonto reasumirá. Miret y Romano pretendieron deslegitimar las denuncias en su contra aduciendo que eran una persecución por su postura frente a la ley de medios. Horacio Verbitsky precisó en Página/12 el pasado 25 de abril que “los organismos de derechos humanos entregaron al Consejo de la Magistratura la denuncia el 22 de marzo y la Cámara de Mendoza recibió la apelación por la ley audiovisual una semana después”.
“Hubo jueces diligentes, no heroicos”, pero que con sus decisiones pudieron dar con un paradero y “poner coto a la dictadura”, señala el fiscal. Esa conducta no caracterizó a Miret, Guzzo y Romano. Por ejemplo, en el caso del secuestro del matrimonio Galamba que denunció, además, el robo de camas, roperos, heladera, lavarropa y ropa, el entonces fiscal Romano rechazó investigar el tema porque “se convertiría al tribunal en una oficina de informes de cosas perdidas”.
El caso de Luz Faingold, una adolescente de 17 años que fue detenida en el ’75 es uno de los que más compromete a Miret (ver aparte). El dictamen del fiscal precisa que “si bien el juez Miret no ordenó directamente la detención de la menor, habría sido anoticiado –probablemente de manera telefónica– el mismo día del resultado del allananamiento que él había ordenado. Es decir, desde un primer momento tomó conocimiento de que tenía privada de su libertad a una menor de edad, en un centro clandestino de detenidos junto a personas adultas perseguidas por causas políticas, a quien mantenía además incomunicada, no obstante lo cual, una vez anoticiado, dispuso la continuidad de esa detención preventiva ilegal y que se la mantuviera incomunicada negándole la entrega a la madre”. El entonces fiscal Romano estaba al tanto de la situación y ambos “una vez que tomaron conocimiento de las torturas y del abuso sexual del que fue víctima la menor por parte del personal policial, omitieron promover la persecución y represión de los delincuentes”.
La denuncia presentada por organismos de derechos humanos y sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionaba en el Departamento de Informaciones de la policía mendocina cuenta que Miret se jactaba de ser amigo personal del general Juan Pablo Saa, a cargo de la represión en Mendoza. “Miret y Romano fueron un engranaje del proceso represivo para facilitar la impunidad ajena y en algunas casos, propia”, sostienen. En un reportaje publicado por el diario mendocino El Sol, Miret se definió como “campeón del garantismo”, aclaró que no fue “juez del proceso sino juez de carrera que actuó durante el proceso” y explicó que todos los detenidos decían haber sido torturados “para desvirtuar la indagatoria policial” y abundó que los policías “estaban tentados de hacer cualquier apremio, como mínimo, un submarino, que no deja marcas, o colgarlos de las piernas por una noche y, entonces, al día siguiente, algunos cantan”. Esos apremios “podían ser o no ciertos”, agregó.
El actual camarista dijo, en la misma nota, que cuando le advirtieron sobre la desaparición del profesor Mauricio López Miret pensó que “se había escondido”. En otros casos, directamente avaló actas postdatadas para blanquear el secuestro de jóvenes antes y después del último golpe militar.
Delitos
El fiscal Palermo sostiene que la tolerancia por parte de los magistrados y fiscales que actuaron durante la dictadura terminó erigiendo una suerte de garantía de impunidad para los delitos cometidos. Llama la atención también sobre el silencio que siguieron manteniendo desde el retorno a la democracia.
Del estudio de los expedientes de la época surge que cada uno de los cientos de recursos de hábeas corpus a los que no se les dio curso permitió que los funcionarios tuvieran conocimiento de las detenciones sin orden de autoridad competente y, por lo tanto ilegales; de violaciones de domicilio, de apropiaciones de bienes, de secuestros, desapariciones y torturas.
A partir de la descripción de más de cien casos de secuestros, torturas y desapariciones –en Mendoza hay más de doscientos desaparecidos–, el fiscal Palermo pidió que se cite a declaración indagatoria a Miret por privación abusiva de la libertad, omisión de promover la investigación en 26 hechos, seis omisiones de investigar torturas, robo, prevaricato y omisiones de hacer cesar privaciones ilegales de la libertad. Al ex juez Gabriel Fernando Guzzo lo acusa por no promover la investigación ante 108 denuncias. Al ex fiscal y actual camarista Otilio Roque Romano, quien le dijo al diario La Nación que las acusaciones contra él y Miret habían sido impulsadas para presionarlos por la ley de medios, el fiscal le imputa no haber promovido las investigaciones en 97 detenciones y desapariciones, además de haber encubierto robos y evitar la continuidad de detenciones clandestinas.
Después de veintiséis años de democracia y cuando los procesos a los responsables directos y ejecutores de la represión ilegal avanzan en distintos puntos del país, el velo sobre la complicidad de los jueces empieza a correrse. En Mendoza, los magistrados encontraron hasta ahora los mecanismos para evitar que militares y miembros de fuerzas de seguridad esperen en prisión el comienzo de los juicios. La historia compartida con varios de los actuales camaristas explica la solidaridad y redobla el desafío para hacer justicia.
La familia judicial
Francisco Miret y Otilio Romano no son los únicos jueces acusados de convalidar las ilegalidades cometidas por la última dictadura. A paso lento pero firme, avanza el proceso de justicia sobre otros magistrados y funcionarios judiciales señalados como cómplices de las acciones cometidas por el terrorismo de Estado.
El caso más resonante es el de Víctor Brusa, ya que fue el primer juez federal del país condenado por crímenes de lesa humanidad. En diciembre último, el Tribunal Oral de Santa Fe lo sentenció a veintiún años de prisión efectiva tras ser encontrado culpable de ocho casos de apremios ilegales. También ganaron cierta notoriedad en aquella provincia los casos de los ex jueces federales Víctor Montti –acusado de ignorar las denuncias de las personas detenidas y de hacerles firmar declaraciones obtenidas bajo torturas– y Luis María Vera Candioti, que en 1977 fraguó datos de una niña cuya familia fue asesinada.
Carlos Martín Pereyra González, camarista mendocino al igual que Miret y Romano, renunció a su cargo en abril de 2009 luego de ser acusado de encubrir delitos de lesa humanidad por el Tribunal Oral Federal de San Luis. Durante la dictadura, Pereyra González se desempeñaba como secretario del juez federal Eduardo Allende y fue denunciado por ex presos políticos por no recibir denuncias de tormentos presentadas en 1977. Ahora está siendo investigado por la Justicia puntana en el único juicio de lesa humanidad que lleva adelante el tribunal federal de esa provincia.
Otro que abandonó su cargo hace algunos meses fue Carlos Otero Alvarez, secretario penal de la Justicia Federal de Córdoba que durante la dictadura habría adoptado un rol pasivo frente a la denuncia de torturas. De acuerdo con la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, el magistrado tampoco realizó denuncia alguna frente a distintos allanamientos ilegítimos producidos sin orden judicial. El actual juicio por fusilamientos de la UP1 podría reactivar su causa.
El ex juez federal de La Rioja Roberto Catalán está involucrado en la causa “Menéndez”, que tiene como principal imputado al ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército. Semanas atrás, Catalán negó las imputaciones de la fiscalía federal –que lo acusa de asociación ilícita, privación de la libertad, tormentos y homicidio– pero quedó detenido en su domicilio el mismo día en que fue citado a indagatoria.
En Chaco, dos magistrados acusados por el propio procurador Esteban Righi fueron suspendidos en sus cargos. Uno es Roberto Mazzoni, que desde mayo de 1974 hasta agosto de 1976 se desempeñó como secretario del juzgado federal de Resistencia, quien fue señalado como partícipe de varios interrogatorios ilegales y denunciado por amenazar a distintos detenidos durante la dictadura. El otro fue el ex fiscal federal Carlos Flores Leyes, acusado de cometer y consentir numerosos atropellos contra los detenidos, quien murió el pasado 24 de abril, semanas antes de que se iniciara la “Causa Caballero” en la cual se lo acusaba de participar de sesiones de tortura a detenidos políticos.
La Justicia pone la lupa sobre la Justicia
Página 12. Sábado 10 de julio de 2010.
Los camaristas Luis Francisco Miret y Otilio Romano, entre otros magistrados y ex fiscales mendocinos, son acusados por omitir denuncias, avalar detenciones ilegales y no investigar torturas durante la última dictadura militar.
Por Nora Veiras.
“El Poder Judicial federal de la provincia de Mendoza evidenció (durante la dictadura) una clara voluntad de no investigar las atrocidades que se cometieron (...) Esta afirmación está basada en un hecho incontrovertible: pese a las innumerables denuncias de cientos de desapariciones y/o homicidios, torturas, privaciones ilegales de libertad y abusos sexuales (...) no hubo un solo funcionario de las fuerzas de seguridad que resultara imputado o seriamente investigado por la comisión de esos delitos.”
A lo largo de casi doscientas fojas, el fiscal general Omar Palermo detalló la connivencia de la Justicia con los represores y solicitó que se cite a declaración indagatoria a los actuales camaristas federales de Mendoza Otilio Romano y Luis Francisco Miret y al ex juez Gabriel Guzzo, entre otros, por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, por omitir hacer cesar detenciones ilegales y por encubrir por omisión el deber de denuncia. Calificaciones que tributan en delitos de lesa humanidad.
Miret y Romano ya fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por organismos de derechos humanos y el propio ministro de Justicia provincial (ver aparte). El pedido del fiscal Palermo, encargado de impulsar las causas por delitos de lesa humanidad, se nutre del testimonio de las víctimas entre 1975 y 1983.
El rechazo de los recursos de hábeas corpus, la negativa a buscar a personas desaparecidas, a investigar las condiciones de quienes estaban detenidos y a indagar sobre las torturas estremecen a pesar de la asepsia de la jerga legal. La colaboración del aparato judicial con el terrorismo de Estado se está empezando a investigar en distintas provincias (ver aparte). En Mendoza ya provocó la renuncia de otro camarista, Carlos Martín Pereyra González, quien fue señalado por la Cámara de San Luis por haber presenciado sesiones de tortura.
Modus operandi
El pedido del fiscal Palermo se presentó ante el juez Walter Bonto, titular del juzgado que está en manos como subrogante de Olga Pura de Arrabal, la magistrada que trascendió por su fallo a favor de la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Decisión avalada por los camaristas denunciados por complicidad en delitos de lesa humanidad y revertida por la Corte Suprema de la Nación. Tras la feria judicial se supone que Bonto reasumirá. Miret y Romano pretendieron deslegitimar las denuncias en su contra aduciendo que eran una persecución por su postura frente a la ley de medios. Horacio Verbitsky precisó en Página/12 el pasado 25 de abril que “los organismos de derechos humanos entregaron al Consejo de la Magistratura la denuncia el 22 de marzo y la Cámara de Mendoza recibió la apelación por la ley audiovisual una semana después”.
“Hubo jueces diligentes, no heroicos”, pero que con sus decisiones pudieron dar con un paradero y “poner coto a la dictadura”, señala el fiscal. Esa conducta no caracterizó a Miret, Guzzo y Romano. Por ejemplo, en el caso del secuestro del matrimonio Galamba que denunció, además, el robo de camas, roperos, heladera, lavarropa y ropa, el entonces fiscal Romano rechazó investigar el tema porque “se convertiría al tribunal en una oficina de informes de cosas perdidas”.
El caso de Luz Faingold, una adolescente de 17 años que fue detenida en el ’75 es uno de los que más compromete a Miret (ver aparte). El dictamen del fiscal precisa que “si bien el juez Miret no ordenó directamente la detención de la menor, habría sido anoticiado –probablemente de manera telefónica– el mismo día del resultado del allananamiento que él había ordenado. Es decir, desde un primer momento tomó conocimiento de que tenía privada de su libertad a una menor de edad, en un centro clandestino de detenidos junto a personas adultas perseguidas por causas políticas, a quien mantenía además incomunicada, no obstante lo cual, una vez anoticiado, dispuso la continuidad de esa detención preventiva ilegal y que se la mantuviera incomunicada negándole la entrega a la madre”. El entonces fiscal Romano estaba al tanto de la situación y ambos “una vez que tomaron conocimiento de las torturas y del abuso sexual del que fue víctima la menor por parte del personal policial, omitieron promover la persecución y represión de los delincuentes”.
La denuncia presentada por organismos de derechos humanos y sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionaba en el Departamento de Informaciones de la policía mendocina cuenta que Miret se jactaba de ser amigo personal del general Juan Pablo Saa, a cargo de la represión en Mendoza. “Miret y Romano fueron un engranaje del proceso represivo para facilitar la impunidad ajena y en algunas casos, propia”, sostienen. En un reportaje publicado por el diario mendocino El Sol, Miret se definió como “campeón del garantismo”, aclaró que no fue “juez del proceso sino juez de carrera que actuó durante el proceso” y explicó que todos los detenidos decían haber sido torturados “para desvirtuar la indagatoria policial” y abundó que los policías “estaban tentados de hacer cualquier apremio, como mínimo, un submarino, que no deja marcas, o colgarlos de las piernas por una noche y, entonces, al día siguiente, algunos cantan”. Esos apremios “podían ser o no ciertos”, agregó.
El actual camarista dijo, en la misma nota, que cuando le advirtieron sobre la desaparición del profesor Mauricio López Miret pensó que “se había escondido”. En otros casos, directamente avaló actas postdatadas para blanquear el secuestro de jóvenes antes y después del último golpe militar.
Delitos
El fiscal Palermo sostiene que la tolerancia por parte de los magistrados y fiscales que actuaron durante la dictadura terminó erigiendo una suerte de garantía de impunidad para los delitos cometidos. Llama la atención también sobre el silencio que siguieron manteniendo desde el retorno a la democracia.
Del estudio de los expedientes de la época surge que cada uno de los cientos de recursos de hábeas corpus a los que no se les dio curso permitió que los funcionarios tuvieran conocimiento de las detenciones sin orden de autoridad competente y, por lo tanto ilegales; de violaciones de domicilio, de apropiaciones de bienes, de secuestros, desapariciones y torturas.
A partir de la descripción de más de cien casos de secuestros, torturas y desapariciones –en Mendoza hay más de doscientos desaparecidos–, el fiscal Palermo pidió que se cite a declaración indagatoria a Miret por privación abusiva de la libertad, omisión de promover la investigación en 26 hechos, seis omisiones de investigar torturas, robo, prevaricato y omisiones de hacer cesar privaciones ilegales de la libertad. Al ex juez Gabriel Fernando Guzzo lo acusa por no promover la investigación ante 108 denuncias. Al ex fiscal y actual camarista Otilio Roque Romano, quien le dijo al diario La Nación que las acusaciones contra él y Miret habían sido impulsadas para presionarlos por la ley de medios, el fiscal le imputa no haber promovido las investigaciones en 97 detenciones y desapariciones, además de haber encubierto robos y evitar la continuidad de detenciones clandestinas.
Después de veintiséis años de democracia y cuando los procesos a los responsables directos y ejecutores de la represión ilegal avanzan en distintos puntos del país, el velo sobre la complicidad de los jueces empieza a correrse. En Mendoza, los magistrados encontraron hasta ahora los mecanismos para evitar que militares y miembros de fuerzas de seguridad esperen en prisión el comienzo de los juicios. La historia compartida con varios de los actuales camaristas explica la solidaridad y redobla el desafío para hacer justicia.
La familia judicial
Francisco Miret y Otilio Romano no son los únicos jueces acusados de convalidar las ilegalidades cometidas por la última dictadura. A paso lento pero firme, avanza el proceso de justicia sobre otros magistrados y funcionarios judiciales señalados como cómplices de las acciones cometidas por el terrorismo de Estado.
El caso más resonante es el de Víctor Brusa, ya que fue el primer juez federal del país condenado por crímenes de lesa humanidad. En diciembre último, el Tribunal Oral de Santa Fe lo sentenció a veintiún años de prisión efectiva tras ser encontrado culpable de ocho casos de apremios ilegales. También ganaron cierta notoriedad en aquella provincia los casos de los ex jueces federales Víctor Montti –acusado de ignorar las denuncias de las personas detenidas y de hacerles firmar declaraciones obtenidas bajo torturas– y Luis María Vera Candioti, que en 1977 fraguó datos de una niña cuya familia fue asesinada.
Carlos Martín Pereyra González, camarista mendocino al igual que Miret y Romano, renunció a su cargo en abril de 2009 luego de ser acusado de encubrir delitos de lesa humanidad por el Tribunal Oral Federal de San Luis. Durante la dictadura, Pereyra González se desempeñaba como secretario del juez federal Eduardo Allende y fue denunciado por ex presos políticos por no recibir denuncias de tormentos presentadas en 1977. Ahora está siendo investigado por la Justicia puntana en el único juicio de lesa humanidad que lleva adelante el tribunal federal de esa provincia.
Otro que abandonó su cargo hace algunos meses fue Carlos Otero Alvarez, secretario penal de la Justicia Federal de Córdoba que durante la dictadura habría adoptado un rol pasivo frente a la denuncia de torturas. De acuerdo con la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, el magistrado tampoco realizó denuncia alguna frente a distintos allanamientos ilegítimos producidos sin orden judicial. El actual juicio por fusilamientos de la UP1 podría reactivar su causa.
El ex juez federal de La Rioja Roberto Catalán está involucrado en la causa “Menéndez”, que tiene como principal imputado al ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército. Semanas atrás, Catalán negó las imputaciones de la fiscalía federal –que lo acusa de asociación ilícita, privación de la libertad, tormentos y homicidio– pero quedó detenido en su domicilio el mismo día en que fue citado a indagatoria.
En Chaco, dos magistrados acusados por el propio procurador Esteban Righi fueron suspendidos en sus cargos. Uno es Roberto Mazzoni, que desde mayo de 1974 hasta agosto de 1976 se desempeñó como secretario del juzgado federal de Resistencia, quien fue señalado como partícipe de varios interrogatorios ilegales y denunciado por amenazar a distintos detenidos durante la dictadura. El otro fue el ex fiscal federal Carlos Flores Leyes, acusado de cometer y consentir numerosos atropellos contra los detenidos, quien murió el pasado 24 de abril, semanas antes de que se iniciara la “Causa Caballero” en la cual se lo acusaba de participar de sesiones de tortura a detenidos políticos.
viernes, 9 de julio de 2010
Argentina. Juicios de Lesa Humanidad
Brecha. Viernes 9 de julio de 2010.
Videla habló para criticar a la democracia
Primero fue un pedido de amnistía general a los militares condenados por delitos de lesa humanidad. Ahora los argumentos durante un juicio vuelven a ser los mismos: “la lucha contra la subversión apátrida”. Los militares acusados de genocidio insisten en reivindicar toda su actuación y esperan confiados las elecciones de 2011 con las promesas de algunos candidatos derechistas.
Por Fabián Kovacik. Desde Buenos Aires.
El ex dictador Jorge Videla habló por primera vez ante un tribunal de la democracia que lo juzga por delitos de lesa humanidad, reivindicó todo lo actuado por sus subordinados y desconoció a la autoridad civil como jueza de sus actos militares. Fue en Córdoba, el pasado lunes a la mañana en pleno juicio por el asesinato de 31 presos políticos en la Unidad Penitenciaria 1 de esa provincia, entre abril y octubre de 1976.
Junto a Videla estaba sentado el ex general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del área militar de Córdoba en ese entonces, y candidato a presidente en la interna militar de 1975 que preparaba el golpe del 24 de marzo siguiente.
Videla se mantuvo en silencio durante todas las jornadas del juicio a las juntas militares en 1985, cuando fue condenado a reclusión perpetua y perdió el grado militar. Decidió no utilizar la posibilidad de descargo oral otorgada por el tribunal y en cambio se aferraba a un rosario y una Biblia. No le sirvieron inmediatamente, pero seis años después Carlos Menem lo indultó y abandonó la prisión. En 1998 volvió a la cárcel cuando el entonces juez federal Roberto Marquevich lo acusó por primera vez por robo de bebés, en lo que luego se comprobó fue un plan sistemático de apropiación de niños. En esa condición permanece desde entonces –12 años después– aunque sólo estuvo preso por algo más de un mes en la cárcel común de Caseros para ser finalmente trasladado a una unidad especial para detenidos militares en Campo de Mayo.
La estrategia de las defensas de los represores fue sintéticamente planteada el lunes por Videla: reclaman ser juzgados por la justicia militar, institución ya perimida y modificada definitivamente en 2008 para este tipo de delitos. Consideran que ya fueron juzgados durante el juicio a las tres primeras juntas militares en 1985, y apuntan directamente a las autoridades civiles de 1975 como responsables del ingreso de las fuerzas armadas al terreno del combate contra las organizaciones armadas y de izquierda en general.
Según un informe de la Procuración General de la Nación –responsable de todos los fiscales nacionales– divulgado en la tarde del miércoles 7, son 656 los represores procesados en el país. De ese total hay 325 imputados que ya cuentan con al menos una causa en etapa de juicio, y un grupo de 140 que pronto alcanzarían esa etapa procesal, según el estudio. Hay 18 juicios en todo el país y ya se alcanzó la cifra de 123 juzgados, con 110 condenados y 13 absueltos.
Reclamo de represores. Es la primera estocada de los genocidas tras el fallido intento de mayo pasado por alcanzar una amnistía en el marco de los festejos del bicentenario. Con poca repercusión en la prensa –Horacio Verbitsky encendió la alarma desde el diario Página 12, el 30 de mayo–, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, entregó una carta firmada por más de un centenar de militares y civiles, condenados, procesados y detenidos por violaciones a los derechos humanos entre 1976 y 1983, en la que solicitaban “un acto recíproco de olvido”, es decir una amnistía aprovechando los festejos del bicentenario. Entre los firmantes figuraban los ex dictadores Jorge Videla y Benito Bignone y los represores militares Miguel Etchecolatz, Santiago Riveros y Raúl Scheller, y los civiles Christian von Wernich y Julio Cirino. La arremetida facilitada por Bergoglio (también acusado de haber entregado a la represión en 1976 a los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics cuando era superior de la orden salesiana) estaba enmarcada en la presunta polarización social propiciada por el gobierno que “en lugar de justicia busca venganza”, según el propio religioso.
Cristina y los militares.
Mientras tanto, en la noche del martes 6, la presidenta Cristina Fernández presidió la cena anual de camaradería de las fuerzas armadas, donde rescató un mensaje caro al peronismo: sellar “la unidad entre el pueblo y sus militares”. Durante la vertiginosa sucesión de mandatarios peronistas en el último período constitucional antes del golpe de 1976, tanto Juan Perón como su esposa y sucesora, María Estela Martínez, habían reinstalado la vieja idea del primer período peronista –1946-1955–, sobre el rol social de las fuerzas armadas.
En 1975 el coronel Vicente Damasco, como ministro del Interior, y el jefe del ejército, teniente general Alberto Numa Laplane, fueron los ideólogos de operativos de trabajo solidario a los que acudían las fuerzas armadas en todo el país como forma de romper las diferencias entre la sociedad y los militares a punto de dar el golpe de Estado. La idea es retomada por Cristina Fernández, como forma de aislar a los grupúsculos golpistas que buscan hacer pie en las nuevas generaciones de oficiales de las fuerzas de seguridad. “El gran desafío que tenemos es que el concepto de defensa vuelva a estar presente en todas aquellas áreas que están vinculadas a cuestiones estratégicas de nuestra sociedad”, señaló la mandataria, y entre ellas incluyó la defensa de los recursos naturales y la cooperación entre los ministerios de Defensa, Salud, Ciencia y Tecnología y Planificación Federal.
Derecha 2011.
Pero los golpistas siguen esperando una amnistía o indulto similar al que les prodigó Carlos Menem durante su mandato, en 1989 y 1990. Las elecciones presidenciales del año próximo podrían ser un globo de ensayo. Eduardo Duhalde, ex presidente y actual opositor al kirchnerismo, ya lanzó su precandidatura presidencial con una frase tan poco feliz como cercana a la apología del delito. “Quiero un gobierno para todos: para quienes amen a Videla y quienes no”, dijo en marzo pasado durante un mitin del peronismo disidente.
Dentro del Pro, el partido del empresario Mauricio Macri, hay sectores en busca de una alianza con el duhaldismo y a su vez entre ellos aparecen quienes, encabezados por el actual jefe del gabinete macrista, Horacio Rodríguez Larreta, no apoyaron con fervor los juicios por delitos de lesa humanidad y mantienen, con discreción, vínculos con sectores civiles y castrenses ligados a la última dictadura.
El sector más joven, liderado por las actuales diputadas Gabriela Michetti y Laura Alonso, repudió las declaraciones de Duhalde y apoya “el camino de la verdad y la justicia para cerrar las heridas” del pasado. Dentro del propio gobierno municipal de Mauricio Macri se sucedieron desde 2007 varias denuncias por la aparición de funcionarios ligados a la última dictadura militar.
Otro candidato peronista, Carlos Reutemann, reconoció la necesidad de “terminar de cuajo con un tema del pasado”, en relación con los juicios. A mediados de junio se supo que el propio Reutemann ordenó incinerar documentación de la dictadura cuando fue gobernador de Santa Fe, entre 1999 y 2003. La denuncia de empleados estatales a los organismos de derechos humanos evitó que se perdiera información que actualmente sirve para nuevas acusaciones en juicios por delitos de lesa humanidad.
Tampoco permanecen ajenos a la movida los actuales senadores y ex gobernadores Ramón Puerta (Misiones), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), Carlos Menem (La Rioja) y Juan Carlos Romero (Salta), quienes ya se pronunciaron a favor de “alguna solución rápida para terminar con tantos años de judicialización” (sic) en los juicios.
Por ahora lo cierto es que los juicios siguen su marcha. Y pese a que los reos no reconocen su jurisdicción, las condenas lentamente arriman la justicia a la sociedad.
Videla habló para criticar a la democracia
Primero fue un pedido de amnistía general a los militares condenados por delitos de lesa humanidad. Ahora los argumentos durante un juicio vuelven a ser los mismos: “la lucha contra la subversión apátrida”. Los militares acusados de genocidio insisten en reivindicar toda su actuación y esperan confiados las elecciones de 2011 con las promesas de algunos candidatos derechistas.
Por Fabián Kovacik. Desde Buenos Aires.
El ex dictador Jorge Videla habló por primera vez ante un tribunal de la democracia que lo juzga por delitos de lesa humanidad, reivindicó todo lo actuado por sus subordinados y desconoció a la autoridad civil como jueza de sus actos militares. Fue en Córdoba, el pasado lunes a la mañana en pleno juicio por el asesinato de 31 presos políticos en la Unidad Penitenciaria 1 de esa provincia, entre abril y octubre de 1976.
Junto a Videla estaba sentado el ex general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del área militar de Córdoba en ese entonces, y candidato a presidente en la interna militar de 1975 que preparaba el golpe del 24 de marzo siguiente.
Videla se mantuvo en silencio durante todas las jornadas del juicio a las juntas militares en 1985, cuando fue condenado a reclusión perpetua y perdió el grado militar. Decidió no utilizar la posibilidad de descargo oral otorgada por el tribunal y en cambio se aferraba a un rosario y una Biblia. No le sirvieron inmediatamente, pero seis años después Carlos Menem lo indultó y abandonó la prisión. En 1998 volvió a la cárcel cuando el entonces juez federal Roberto Marquevich lo acusó por primera vez por robo de bebés, en lo que luego se comprobó fue un plan sistemático de apropiación de niños. En esa condición permanece desde entonces –12 años después– aunque sólo estuvo preso por algo más de un mes en la cárcel común de Caseros para ser finalmente trasladado a una unidad especial para detenidos militares en Campo de Mayo.
La estrategia de las defensas de los represores fue sintéticamente planteada el lunes por Videla: reclaman ser juzgados por la justicia militar, institución ya perimida y modificada definitivamente en 2008 para este tipo de delitos. Consideran que ya fueron juzgados durante el juicio a las tres primeras juntas militares en 1985, y apuntan directamente a las autoridades civiles de 1975 como responsables del ingreso de las fuerzas armadas al terreno del combate contra las organizaciones armadas y de izquierda en general.
Según un informe de la Procuración General de la Nación –responsable de todos los fiscales nacionales– divulgado en la tarde del miércoles 7, son 656 los represores procesados en el país. De ese total hay 325 imputados que ya cuentan con al menos una causa en etapa de juicio, y un grupo de 140 que pronto alcanzarían esa etapa procesal, según el estudio. Hay 18 juicios en todo el país y ya se alcanzó la cifra de 123 juzgados, con 110 condenados y 13 absueltos.
Reclamo de represores. Es la primera estocada de los genocidas tras el fallido intento de mayo pasado por alcanzar una amnistía en el marco de los festejos del bicentenario. Con poca repercusión en la prensa –Horacio Verbitsky encendió la alarma desde el diario Página 12, el 30 de mayo–, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, entregó una carta firmada por más de un centenar de militares y civiles, condenados, procesados y detenidos por violaciones a los derechos humanos entre 1976 y 1983, en la que solicitaban “un acto recíproco de olvido”, es decir una amnistía aprovechando los festejos del bicentenario. Entre los firmantes figuraban los ex dictadores Jorge Videla y Benito Bignone y los represores militares Miguel Etchecolatz, Santiago Riveros y Raúl Scheller, y los civiles Christian von Wernich y Julio Cirino. La arremetida facilitada por Bergoglio (también acusado de haber entregado a la represión en 1976 a los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics cuando era superior de la orden salesiana) estaba enmarcada en la presunta polarización social propiciada por el gobierno que “en lugar de justicia busca venganza”, según el propio religioso.
Cristina y los militares.
Mientras tanto, en la noche del martes 6, la presidenta Cristina Fernández presidió la cena anual de camaradería de las fuerzas armadas, donde rescató un mensaje caro al peronismo: sellar “la unidad entre el pueblo y sus militares”. Durante la vertiginosa sucesión de mandatarios peronistas en el último período constitucional antes del golpe de 1976, tanto Juan Perón como su esposa y sucesora, María Estela Martínez, habían reinstalado la vieja idea del primer período peronista –1946-1955–, sobre el rol social de las fuerzas armadas.
En 1975 el coronel Vicente Damasco, como ministro del Interior, y el jefe del ejército, teniente general Alberto Numa Laplane, fueron los ideólogos de operativos de trabajo solidario a los que acudían las fuerzas armadas en todo el país como forma de romper las diferencias entre la sociedad y los militares a punto de dar el golpe de Estado. La idea es retomada por Cristina Fernández, como forma de aislar a los grupúsculos golpistas que buscan hacer pie en las nuevas generaciones de oficiales de las fuerzas de seguridad. “El gran desafío que tenemos es que el concepto de defensa vuelva a estar presente en todas aquellas áreas que están vinculadas a cuestiones estratégicas de nuestra sociedad”, señaló la mandataria, y entre ellas incluyó la defensa de los recursos naturales y la cooperación entre los ministerios de Defensa, Salud, Ciencia y Tecnología y Planificación Federal.
Derecha 2011.
Pero los golpistas siguen esperando una amnistía o indulto similar al que les prodigó Carlos Menem durante su mandato, en 1989 y 1990. Las elecciones presidenciales del año próximo podrían ser un globo de ensayo. Eduardo Duhalde, ex presidente y actual opositor al kirchnerismo, ya lanzó su precandidatura presidencial con una frase tan poco feliz como cercana a la apología del delito. “Quiero un gobierno para todos: para quienes amen a Videla y quienes no”, dijo en marzo pasado durante un mitin del peronismo disidente.
Dentro del Pro, el partido del empresario Mauricio Macri, hay sectores en busca de una alianza con el duhaldismo y a su vez entre ellos aparecen quienes, encabezados por el actual jefe del gabinete macrista, Horacio Rodríguez Larreta, no apoyaron con fervor los juicios por delitos de lesa humanidad y mantienen, con discreción, vínculos con sectores civiles y castrenses ligados a la última dictadura.
El sector más joven, liderado por las actuales diputadas Gabriela Michetti y Laura Alonso, repudió las declaraciones de Duhalde y apoya “el camino de la verdad y la justicia para cerrar las heridas” del pasado. Dentro del propio gobierno municipal de Mauricio Macri se sucedieron desde 2007 varias denuncias por la aparición de funcionarios ligados a la última dictadura militar.
Otro candidato peronista, Carlos Reutemann, reconoció la necesidad de “terminar de cuajo con un tema del pasado”, en relación con los juicios. A mediados de junio se supo que el propio Reutemann ordenó incinerar documentación de la dictadura cuando fue gobernador de Santa Fe, entre 1999 y 2003. La denuncia de empleados estatales a los organismos de derechos humanos evitó que se perdiera información que actualmente sirve para nuevas acusaciones en juicios por delitos de lesa humanidad.
Tampoco permanecen ajenos a la movida los actuales senadores y ex gobernadores Ramón Puerta (Misiones), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), Carlos Menem (La Rioja) y Juan Carlos Romero (Salta), quienes ya se pronunciaron a favor de “alguna solución rápida para terminar con tantos años de judicialización” (sic) en los juicios.
Por ahora lo cierto es que los juicios siguen su marcha. Y pese a que los reos no reconocen su jurisdicción, las condenas lentamente arriman la justicia a la sociedad.
El represor Luciano Benjamín Menéndez fue sentenciado a perpetua por cuarta vez.
Condenas para represores inmutables.
Página 12. Viernes 9 de julio de 2010.
El ex jefe de inteligencia de la policía tucumana también recibió cadena perpetua y fue enviado a una cárcel común. Otros dos policías juzgados tendrán que cumplir dieciocho años de prisión y tres en suspenso.
Por Ramiro Rearte
Desde Tucumán
Luciano Benjamín Menéndez escuchó la condena en su contra sin inmutarse. Siguió con la mirada fija sin hacer caso de la palabra del secretario del tribunal, que estaba leyendo su sentencia. Su abogado defensor, Horacio Guerineau, fue el primero en retirarse del edificio y, para evitar los abucheos de miembros de organismos de derechos humanos que hacían vigilia en la puerta, se fue por una salida lateral. Roberto “El Tuerto” Albornoz, ex jefe de inteligencia de la policía tucumana, tampoco se alteró al conocer que deberá cumplir cadena perpetua en el penal de Villa Urquiza.
Los jueces Carlos Jiménez Montilla, Josefina Curi y Gabriel Casas dieron a conocer su decisión ayer al mediodía. Menéndez y Albornoz recibieron la pena de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Jefatura de Policía de Tucumán. Los jueces decidieron mantener por el momento el beneficio de la prisión domiciliaria del ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército. Se quedará en el country Jockey Club en Yerbabuena hasta el lunes. Ese día volverá a Córdoba, donde afronta otro juicio junto al dictador Jorge Rafael Videla. Allí será alojado en la cárcel de Bower.
También fueron condenados los policías Luis y Carlos De Cándido. El primero recibió dieciocho años de prisión y su hermano, tres de ejecución condicional. Durante la dictadura cumplieron, respectivamente, funciones de carceleros y apropiadores de casas de personas secuestradas.
Los cuatro represores fueron juzgados y condenados por la muerte y desaparición de veintidós personas en el centro clandestino de detención “Jefatura de Policía”, durante la década del ’70, cuando Menéndez se desempeñaba como jefe del Tercer Cuerpo de Ejército.
Menéndez fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser autor mediato penalmente responsable de la comisión de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada, torturas seguida de muerte, homicidio agravado por alevosía con el fin de lograr impunidad y por el concurso premeditado de dos o más partícipes, todos delitos de lesa humanidad, dice el fallo.
El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército –que abarcaba las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, San Luis, San Juan, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Mendoza y Tucumán– ya tiene otras tres condenas perpetuas en su haber: dos en Córdoba y otra en Tucumán.
El represor Roberto Heriberto Albornoz recibió la condena a “prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser co-autor material penalmente responsable de la comisión del delito de asociación ilícita en calidad de organizador, por ser autor material penalmente responsable de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada, torturas seguida de muerte y homicidio agravado por alevosía, con el fin de lograr impunidad y por el concurso premeditado de dos o más partícipes”.
Luis De Cándido fue condenado a “dieciocho años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser co-autor material penalmente responsable de la comisión del delito de asociación ilícita agravada, violación del domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, torturas seguida de muerte y usurpación de domicilio”.
Carlos De Cándido recibió la condena de “tres años de prisión de ejecución condicional, al cumplimiento de las reglas de conducta por ser autor material penalmente responsable de la comisión del delito de usurpación”.
En esta causa también estaba acusado originalmente Antonio Domingo Bussi, pero fue luego excluido por razones de salud. Otros dos represores involucrados en el expediente, Albino Zimmerman y Alberto Cattáneo, murieron mientras se desarrollaba el debate.
La lectura de la sentencia se vivió con mucha tensión en las inmediaciones del tribunal. Se montó un fuerte operativo de seguridad con doble vallado para el ingreso a la sala, ubicada a tres cuadras de la Casa Histórica. Gendarmería Nacional se encargó de la custodia externa y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), de la custodia interna del recinto.
Si bien se descontaba que los genocidas iban a ser condenados, se pretendía que todos fueran a cárcel común. A diferencia del juicio en el que se condenó a Menéndez y a Antonio Domingo Bussi en agosto de 2008, en este proceso los familiares de las víctimas del centro clandestino no ocultaron sus emociones durante toda la jornada. Pasaron desde la alegría por conocer la condena a Albornoz hasta la sorpresa por los tres años de prisión para uno de los De Cándido y el llanto al recordar a los familiares que no están, y fueron nombrados en cada imputación.
Los últimos en dejar la sala fueron los condenados, quienes esperaron a que los militantes de los organismos de derechos humanos se fueran del lugar para subir al móvil de la Policía Federal que los esperaba en la puerta. Durante la siesta tucumana, Menéndez, Albornoz y De Cándido se fueron sin nadie en las calles que los abuchearan, pero cargando sus condenas.
La lista de los desaparecidos.
Uno de los momentos de mayor conmoción que se vivieron durante el proceso judicial en Tucumán fue cuando el mes pasado el testigo Juan Carlos Clemente aportó de manera sorpresiva dos biblioratos con documentación confidencial de los represores que manejaron el centro clandestino de detención “Jefatura de Policía”.
La documentación histórica que entregó Clemente no sólo develó la lista con las 293 víctimas que estuvieron secuestradas en la ex jefatura, sino también quiénes fueron los oficiales, suboficiales y agentes que integraron la “patota” del Servicio de Información Confidencial (SIC), liderada por el represor Roberto “El Tuerto” Albornoz, ahora condenado en el juicio oral y público que se sigue por violaciones a los derechos humanos cometidos en ese centro clandestino de detención. Los documentos secretos fueron publicados por Página/12.
Clemente contó que mantuvo esa documentación en secreto durante 33 años porque no confiaba en nadie y vivía permanentemente amenazado. En su relato, narró que fue secuestrado el 23 de julio de 1976 y meses después lo obligaron a ingresar a una oficina administrativa del SIC, donde lo hacían archivar papeles. A fines de 1977, cuando fue desmantelado ese organismo clandestino de la dictadura, y ya convertido en policía, dijo que logró rescatar esos dos biblioratos, en momentos en que la mayoría de los papeles se arrojaba a una fogata.
En los dos libros también figuran fotocopias de 28 fotografías de personas, que en muchos casos tienen la indicación “NG” (nombres de guerra), una lista denominada “Operativos aprobados pendientes de ejecución” que contiene los nombres de 28 personas, otra titulada “Nómina de DS que actualmente se encuentran en la clandestinidad cuya captura se hace necesaria”, que incluye los nombres de 36 personas. La lista de las 293 personas que estuvieron en cautiverio en la ex Jefatura generó conmoción en los familiares. Al lado de 195 nombres figura la sigla DF, es decir, “disposición final”, es decir, que habían sido asesinados.
Voces sobre la sentencia.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, estuvo en la audiencia y afirmó que ante “el discurso arrogante y amenazante de Menéndez sobre el terrorismo de Estado”, el fallo “es la mejor demostración de la veracidad de las acusaciones”. “Son asesinos sádicos y seriales. Fue un juicio donde los procesados han tenido todas las garantías procesales que les correspondían. Y sin lugar a dudas, que la cárcel común siempre es un anhelo en todos estos juicios. Es un paso más hacia adelante y seguiremos impulsando los restantes juicios en todas las provincias para que ningún asesino quede impune”, agregó.
La ex diputada Vilma Ripoll aseguró que “lo que se vivió es histórico y si bien en algunos casos, con los tres años no conforman, creo que lo esencial es que se ha dado una señal al conjunto y a la dinámica de los juicios y demostrando que la verdad y la justicia pueden permitir dar pasos contra la impunidad”.
Daniel Posse, secretario de Derechos Humanos de Tucumán, afirmó que la sentencia tiene características ejemplificadoras: “Es muy bueno que la Justicia llegue, es muy bueno que se condene a estos nefastos personajes, pero también es bueno recordar lo que han hecho. Perseguimos que se haga justicia y se lo logra con el cumplimiento efectivo de la cárcel porque es increíble que por delitos menores las personas vayan al penal de Villa Urquiza y que por hechos de tal gravedad puedan ser eximidos de cárcel común”.
Alfredo Terraf, fiscal general del juicio, aseguró que “nada ni nadie les podrá devolver a los familiares a sus seres queridos y el dolor y la angustia que han vivido por la ausencia. Pero es un fallo histórico y estoy muy satisfecho que vayan a la cárcel estos violadores y asesinos y torturadores. Albornoz nunca fue un perejil. Los perejiles éramos nosotros y lo seguimos siendo. Ellos eran los dueños de la vida, de nosotros, de la casa de los bienes, de la felicidad, ellos entraban de noche, arrancaban de las casas a las personas. Estamos en condiciones de decir hoy, que tarea cumplida con respecto a ellos”.
Página 12. Viernes 9 de julio de 2010.
El ex jefe de inteligencia de la policía tucumana también recibió cadena perpetua y fue enviado a una cárcel común. Otros dos policías juzgados tendrán que cumplir dieciocho años de prisión y tres en suspenso.
Por Ramiro Rearte
Desde Tucumán
Luciano Benjamín Menéndez escuchó la condena en su contra sin inmutarse. Siguió con la mirada fija sin hacer caso de la palabra del secretario del tribunal, que estaba leyendo su sentencia. Su abogado defensor, Horacio Guerineau, fue el primero en retirarse del edificio y, para evitar los abucheos de miembros de organismos de derechos humanos que hacían vigilia en la puerta, se fue por una salida lateral. Roberto “El Tuerto” Albornoz, ex jefe de inteligencia de la policía tucumana, tampoco se alteró al conocer que deberá cumplir cadena perpetua en el penal de Villa Urquiza.
Los jueces Carlos Jiménez Montilla, Josefina Curi y Gabriel Casas dieron a conocer su decisión ayer al mediodía. Menéndez y Albornoz recibieron la pena de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Jefatura de Policía de Tucumán. Los jueces decidieron mantener por el momento el beneficio de la prisión domiciliaria del ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército. Se quedará en el country Jockey Club en Yerbabuena hasta el lunes. Ese día volverá a Córdoba, donde afronta otro juicio junto al dictador Jorge Rafael Videla. Allí será alojado en la cárcel de Bower.
También fueron condenados los policías Luis y Carlos De Cándido. El primero recibió dieciocho años de prisión y su hermano, tres de ejecución condicional. Durante la dictadura cumplieron, respectivamente, funciones de carceleros y apropiadores de casas de personas secuestradas.
Los cuatro represores fueron juzgados y condenados por la muerte y desaparición de veintidós personas en el centro clandestino de detención “Jefatura de Policía”, durante la década del ’70, cuando Menéndez se desempeñaba como jefe del Tercer Cuerpo de Ejército.
Menéndez fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser autor mediato penalmente responsable de la comisión de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada, torturas seguida de muerte, homicidio agravado por alevosía con el fin de lograr impunidad y por el concurso premeditado de dos o más partícipes, todos delitos de lesa humanidad, dice el fallo.
El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército –que abarcaba las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, San Luis, San Juan, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Mendoza y Tucumán– ya tiene otras tres condenas perpetuas en su haber: dos en Córdoba y otra en Tucumán.
El represor Roberto Heriberto Albornoz recibió la condena a “prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser co-autor material penalmente responsable de la comisión del delito de asociación ilícita en calidad de organizador, por ser autor material penalmente responsable de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada, torturas seguida de muerte y homicidio agravado por alevosía, con el fin de lograr impunidad y por el concurso premeditado de dos o más partícipes”.
Luis De Cándido fue condenado a “dieciocho años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser co-autor material penalmente responsable de la comisión del delito de asociación ilícita agravada, violación del domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, torturas seguida de muerte y usurpación de domicilio”.
Carlos De Cándido recibió la condena de “tres años de prisión de ejecución condicional, al cumplimiento de las reglas de conducta por ser autor material penalmente responsable de la comisión del delito de usurpación”.
En esta causa también estaba acusado originalmente Antonio Domingo Bussi, pero fue luego excluido por razones de salud. Otros dos represores involucrados en el expediente, Albino Zimmerman y Alberto Cattáneo, murieron mientras se desarrollaba el debate.
La lectura de la sentencia se vivió con mucha tensión en las inmediaciones del tribunal. Se montó un fuerte operativo de seguridad con doble vallado para el ingreso a la sala, ubicada a tres cuadras de la Casa Histórica. Gendarmería Nacional se encargó de la custodia externa y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), de la custodia interna del recinto.
Si bien se descontaba que los genocidas iban a ser condenados, se pretendía que todos fueran a cárcel común. A diferencia del juicio en el que se condenó a Menéndez y a Antonio Domingo Bussi en agosto de 2008, en este proceso los familiares de las víctimas del centro clandestino no ocultaron sus emociones durante toda la jornada. Pasaron desde la alegría por conocer la condena a Albornoz hasta la sorpresa por los tres años de prisión para uno de los De Cándido y el llanto al recordar a los familiares que no están, y fueron nombrados en cada imputación.
Los últimos en dejar la sala fueron los condenados, quienes esperaron a que los militantes de los organismos de derechos humanos se fueran del lugar para subir al móvil de la Policía Federal que los esperaba en la puerta. Durante la siesta tucumana, Menéndez, Albornoz y De Cándido se fueron sin nadie en las calles que los abuchearan, pero cargando sus condenas.
La lista de los desaparecidos.
Uno de los momentos de mayor conmoción que se vivieron durante el proceso judicial en Tucumán fue cuando el mes pasado el testigo Juan Carlos Clemente aportó de manera sorpresiva dos biblioratos con documentación confidencial de los represores que manejaron el centro clandestino de detención “Jefatura de Policía”.
La documentación histórica que entregó Clemente no sólo develó la lista con las 293 víctimas que estuvieron secuestradas en la ex jefatura, sino también quiénes fueron los oficiales, suboficiales y agentes que integraron la “patota” del Servicio de Información Confidencial (SIC), liderada por el represor Roberto “El Tuerto” Albornoz, ahora condenado en el juicio oral y público que se sigue por violaciones a los derechos humanos cometidos en ese centro clandestino de detención. Los documentos secretos fueron publicados por Página/12.
Clemente contó que mantuvo esa documentación en secreto durante 33 años porque no confiaba en nadie y vivía permanentemente amenazado. En su relato, narró que fue secuestrado el 23 de julio de 1976 y meses después lo obligaron a ingresar a una oficina administrativa del SIC, donde lo hacían archivar papeles. A fines de 1977, cuando fue desmantelado ese organismo clandestino de la dictadura, y ya convertido en policía, dijo que logró rescatar esos dos biblioratos, en momentos en que la mayoría de los papeles se arrojaba a una fogata.
En los dos libros también figuran fotocopias de 28 fotografías de personas, que en muchos casos tienen la indicación “NG” (nombres de guerra), una lista denominada “Operativos aprobados pendientes de ejecución” que contiene los nombres de 28 personas, otra titulada “Nómina de DS que actualmente se encuentran en la clandestinidad cuya captura se hace necesaria”, que incluye los nombres de 36 personas. La lista de las 293 personas que estuvieron en cautiverio en la ex Jefatura generó conmoción en los familiares. Al lado de 195 nombres figura la sigla DF, es decir, “disposición final”, es decir, que habían sido asesinados.
Voces sobre la sentencia.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, estuvo en la audiencia y afirmó que ante “el discurso arrogante y amenazante de Menéndez sobre el terrorismo de Estado”, el fallo “es la mejor demostración de la veracidad de las acusaciones”. “Son asesinos sádicos y seriales. Fue un juicio donde los procesados han tenido todas las garantías procesales que les correspondían. Y sin lugar a dudas, que la cárcel común siempre es un anhelo en todos estos juicios. Es un paso más hacia adelante y seguiremos impulsando los restantes juicios en todas las provincias para que ningún asesino quede impune”, agregó.
La ex diputada Vilma Ripoll aseguró que “lo que se vivió es histórico y si bien en algunos casos, con los tres años no conforman, creo que lo esencial es que se ha dado una señal al conjunto y a la dinámica de los juicios y demostrando que la verdad y la justicia pueden permitir dar pasos contra la impunidad”.
Daniel Posse, secretario de Derechos Humanos de Tucumán, afirmó que la sentencia tiene características ejemplificadoras: “Es muy bueno que la Justicia llegue, es muy bueno que se condene a estos nefastos personajes, pero también es bueno recordar lo que han hecho. Perseguimos que se haga justicia y se lo logra con el cumplimiento efectivo de la cárcel porque es increíble que por delitos menores las personas vayan al penal de Villa Urquiza y que por hechos de tal gravedad puedan ser eximidos de cárcel común”.
Alfredo Terraf, fiscal general del juicio, aseguró que “nada ni nadie les podrá devolver a los familiares a sus seres queridos y el dolor y la angustia que han vivido por la ausencia. Pero es un fallo histórico y estoy muy satisfecho que vayan a la cárcel estos violadores y asesinos y torturadores. Albornoz nunca fue un perejil. Los perejiles éramos nosotros y lo seguimos siendo. Ellos eran los dueños de la vida, de nosotros, de la casa de los bienes, de la felicidad, ellos entraban de noche, arrancaban de las casas a las personas. Estamos en condiciones de decir hoy, que tarea cumplida con respecto a ellos”.
Prisión perpetua para Benjamín Menéndez
Argentina. Condenado por delitos de lesa humanidad.Los crímenes fueron cometidos en el III Cuerpo de Ejército.
La República. Viernes 9 de julio de 2010
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó ayer al represor Luciano Benjamín Menéndez a la pena de prisión perpetua por hallarlo culpable de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar cuando ocupaba la jefatura del III Cuerpo de Ejército.
Con la misma sentencia fue condenado el ex policía Roberto Heriberto "El tuerto" Albornoz, por haber cometido delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar, en perjuicio de 22 personas que estuvieron detenidas en la Jefatura de Policía de la provincia.
El tribunal, que en el caso de Albornoz dispuso su inmediata detención en la cárcel de Villa Urquiza, también condenó a los hermanos Luis y Carlos de Cándido (también ex policías) a 18 y 4 años de prisión (en el segundo caso, de ejecución condicional), respectivamente. En el caso de Menéndez, los magistrados Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi lo declararon autor mediato de violación de domicilio en reiteradas ocasiones, en concurso con los de privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos agravados (en este caso, en perjuicio de 17 personas).
Asimismo, los jueces encontraron al ex titular del Tercer Cuerpo de Ejército (del que dependía la V Brigada de Infantería de Tucumán) responsable de los delitos de tortura seguida de muerte (en perjuicio de dos personas) y homicidio agravado por alevosía, con el fin de lograr impunidad, en desmedro de 19 víctimas, hechos ilícitos que fueron calificados de "lesa humanidad".
Si bien el tribunal, que leerá los fundamentos de la sentencia emitida el 23 de agosto, difirió el pronunciamiento sobre la forma en que Menéndez cumplirá la pena impuesta hasta la etapa de la ejecución, el ex represor será trasladado a Córdoba, donde afronta otro juicio oral y en el que ya está cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Bower debido a una condena anterior.
En relación con Albornoz, ex jefe del Servicio Confidencial de Inteligencia (SIC) de la Policía, los magistrados lo condenaron a prisión perpetua y, además, le revocaron la prisión domiciliaria de la que gozaba, razón por la que inmediatamente fue dispuesta su detención en la cárcel local de Villa Urquiza.
A Albornoz, que durante la dictadura militar se hacía llamar "El Tuerto", lo calificaron como coautor material, penalmente responsable, de los delitos de violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de cuatro personas. También lo condenaron por la comisión de los delitos de imposición de tormentos agravados en perjuicio de 17 personas; torturas seguidas de muerte, en desmedro de otras dos, y homicidio agravado por alevosía, con el fin de lograr impunidad, en perjuicio de 20 personas, hechos ilícitos que también fueron calificados como delitos de lesa humanidad. Respecto de Luis de Cándido, el tribunal le impuso 18 años de prisión, con la consiguiente detención en la cárcel de Villa Urquiza, mientras que a su hermano, Carlos de Cándido, le aplicaron la pena de tres años de prisión (sujeta a ejecución condicional) debido a haber usurpado el inmueble que era de propiedad de Rolando Coronel, víctima del terrorismo de Estado, hecho que también fue calificado como delito de lesa humanidad.
Cuando se conoció el pronunciamiento, familiares de las víctimas y militantes de organismos de derechos humanos que habían colmado la sala de audiencia del Tribunal Oral, lo celebraron.
Unos 779 militares y civiles represores ante la justicia.
Más de 700 personas, entre militares y civiles, acusadas por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura argentina (1976-1983), se encuentran en manos de la justicia. El número exacto, 779, surge de un informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el llamado "Proceso de Reorganización Nacional", dependiente de la Procuración General de la Nación.
Lo reportó la agencia DyN, que precisó que en el informe consta que 123 personas ya fueron sometidas a juicio, de las cuales 110 resultaron condenadas, mientras que otras 13 resultaron absueltas. Hasta 2008 habían sido condenadas 61 personas, mientras que al finalizar 2009 ese número aumentó a 99. De acuerdo al informe, los procesados son 656, entre militares y civiles, de los cuales 325 ya se encuentran casi a las puertas del juicio oral y 140 están a punto de pasar a esa etapa.
En tanto, los detenidos suman 464, de los cuales el 55 por ciento permanece en unidades penitenciarias; el 39 por ciento bajo arresto domiciliario, 4 por ciento en unidades de fuerzas de seguridad y el 3 por ciento restante en hospitales o en el extranjero.
Para la Unidad, "de la comparación de estos datos y el número de condenados durante este año (15) es posible pronosticar que en adelante el número de condenados aumentará sensiblemente con respecto a períodos anteriores".
La República. Viernes 9 de julio de 2010
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó ayer al represor Luciano Benjamín Menéndez a la pena de prisión perpetua por hallarlo culpable de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar cuando ocupaba la jefatura del III Cuerpo de Ejército.
Con la misma sentencia fue condenado el ex policía Roberto Heriberto "El tuerto" Albornoz, por haber cometido delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar, en perjuicio de 22 personas que estuvieron detenidas en la Jefatura de Policía de la provincia.
El tribunal, que en el caso de Albornoz dispuso su inmediata detención en la cárcel de Villa Urquiza, también condenó a los hermanos Luis y Carlos de Cándido (también ex policías) a 18 y 4 años de prisión (en el segundo caso, de ejecución condicional), respectivamente. En el caso de Menéndez, los magistrados Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi lo declararon autor mediato de violación de domicilio en reiteradas ocasiones, en concurso con los de privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos agravados (en este caso, en perjuicio de 17 personas).
Asimismo, los jueces encontraron al ex titular del Tercer Cuerpo de Ejército (del que dependía la V Brigada de Infantería de Tucumán) responsable de los delitos de tortura seguida de muerte (en perjuicio de dos personas) y homicidio agravado por alevosía, con el fin de lograr impunidad, en desmedro de 19 víctimas, hechos ilícitos que fueron calificados de "lesa humanidad".
Si bien el tribunal, que leerá los fundamentos de la sentencia emitida el 23 de agosto, difirió el pronunciamiento sobre la forma en que Menéndez cumplirá la pena impuesta hasta la etapa de la ejecución, el ex represor será trasladado a Córdoba, donde afronta otro juicio oral y en el que ya está cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Bower debido a una condena anterior.
En relación con Albornoz, ex jefe del Servicio Confidencial de Inteligencia (SIC) de la Policía, los magistrados lo condenaron a prisión perpetua y, además, le revocaron la prisión domiciliaria de la que gozaba, razón por la que inmediatamente fue dispuesta su detención en la cárcel local de Villa Urquiza.
A Albornoz, que durante la dictadura militar se hacía llamar "El Tuerto", lo calificaron como coautor material, penalmente responsable, de los delitos de violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de cuatro personas. También lo condenaron por la comisión de los delitos de imposición de tormentos agravados en perjuicio de 17 personas; torturas seguidas de muerte, en desmedro de otras dos, y homicidio agravado por alevosía, con el fin de lograr impunidad, en perjuicio de 20 personas, hechos ilícitos que también fueron calificados como delitos de lesa humanidad. Respecto de Luis de Cándido, el tribunal le impuso 18 años de prisión, con la consiguiente detención en la cárcel de Villa Urquiza, mientras que a su hermano, Carlos de Cándido, le aplicaron la pena de tres años de prisión (sujeta a ejecución condicional) debido a haber usurpado el inmueble que era de propiedad de Rolando Coronel, víctima del terrorismo de Estado, hecho que también fue calificado como delito de lesa humanidad.
Cuando se conoció el pronunciamiento, familiares de las víctimas y militantes de organismos de derechos humanos que habían colmado la sala de audiencia del Tribunal Oral, lo celebraron.
Unos 779 militares y civiles represores ante la justicia.
Más de 700 personas, entre militares y civiles, acusadas por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura argentina (1976-1983), se encuentran en manos de la justicia. El número exacto, 779, surge de un informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el llamado "Proceso de Reorganización Nacional", dependiente de la Procuración General de la Nación.
Lo reportó la agencia DyN, que precisó que en el informe consta que 123 personas ya fueron sometidas a juicio, de las cuales 110 resultaron condenadas, mientras que otras 13 resultaron absueltas. Hasta 2008 habían sido condenadas 61 personas, mientras que al finalizar 2009 ese número aumentó a 99. De acuerdo al informe, los procesados son 656, entre militares y civiles, de los cuales 325 ya se encuentran casi a las puertas del juicio oral y 140 están a punto de pasar a esa etapa.
En tanto, los detenidos suman 464, de los cuales el 55 por ciento permanece en unidades penitenciarias; el 39 por ciento bajo arresto domiciliario, 4 por ciento en unidades de fuerzas de seguridad y el 3 por ciento restante en hospitales o en el extranjero.
Para la Unidad, "de la comparación de estos datos y el número de condenados durante este año (15) es posible pronosticar que en adelante el número de condenados aumentará sensiblemente con respecto a períodos anteriores".
jueves, 8 de julio de 2010
Los escenarios en la lucha contra la impunidad en Uruguay
Por Raúl Olivera (ex preso político).
(Ponencia realizada en las “Jornadas sobre Políticas Públicas de Derechos Humanos: Memoria, Justicia, Reparación, acerca de las “Cuentas Pendientes” de la Transición Post-Autoritaria”, 9 de junio de 2010.)
Los procesamientos y la condena de algunos militares y policías; la declaración de inconstitucional de la ley de caducidad por la Corte y en el mismo sentido pronunciamientos recientes del Parlamento y del Ejecutivo, nos plantea un escenario que debe ser analizado.
Siempre hemos sostenido que la impunidad en el Uruguay no es el simple efecto de la ley 15.848, sino fundamentalmente el resultado de conductas políticas articuladas desde el poder del Estado. De ahí que un análisis del proceso, aún en curso, para desactivar radicalmente los mecanismos de impunidad, deba necesariamente hacer hincapié en la importancia capital que tuvo y tendrá la construcción del escenario político que lo haga posible.
La importancia de los escenarios políticos para la concreción de los avances de las luchas ciudadanas, encuentra dos ejemplos, en las campañas del voto verde y rosado. El hecho de que en esas dos acciones no se haya logrado el máximo de los objetivos concretos que se planteaba, no debería oscurecer en los futuros pasos a dar, la importancia de la “construcción del escenario”, como elemento cardinal para la materialización de los actuales objetivos de eliminar de nuestro ordenamiento jurídico la ley de caducidad.
ES NECESARIA UNA MIRADA ESTRATÉGICA
Siempre la lucha que debe desarrollar la sociedad civil en contra de las diversas formas del autoritarismo estatal, se instala en escenarios donde la táctica tiene que analizar con objetividad sus propias fuerzas, las que debe enfrentar y el “momento político” en que se desarrolla cada etapa del desafío concreto.
Hasta la profundidad y el alcance de las reivindicaciones, están casi siempre determinados por esas condiciones originales en que se desarrolla cada etapa de lucha. Y sobre todo, es necesaria una mirada estratégica que tenga en cuenta el escenario futuro que se irá construyendo en el proceso de la lucha misma.
Esa construcción de los escenarios, no es algo dado. No es una construcción producto de un devenir inexorable. Hay que trabajar en el anudamiento y la articulación de sus distintos componentes. Derrotar uno de los mecanismos de la impunidad mediante la anulación de la ley de caducidad, es también –además de una profundización de la democracia-, un cambio sustancial que producirá efectos múltiples a nivel de la sociedad.
EL ESCENARIO DEL VOTO VERDE Y EL ACTUAL
Un error frecuente en la conducción de luchas como ésta, es no percibir que los escenarios cambian y si no se asimilan esos cambios se corre el riesgo de perder el tren de la historia. Por ejemplo, congelarse en el escenario de frustración popular, que se instaló con la derrota del voto Verde impide definir con claridad el cómo recomenzar la lucha, incorporando adecuadamente el dato de ese fracaso y el nuevo escenario existente.
Recordemos que por aquel entonces, se debió en un principio, recluir la lucha, en el limitado derecho a la verdad instalado en el cumplimiento del artículo 4° de una ley que se rechazaba. Instalado aquel escenario y desde él, avanzar hasta materializar los logros hasta hoy alcanzados, nos lleva a concluir, que el mérito de esa estrategia contra la impunidad, es haber desarrollado una táctica que supo identificar adecuadamente los distintos elementos de cada escenario y no congelarse en ellos.
Hay muchos elementos comunes, en el escenario pos voto verde y en éste en el que nos encontramos hoy. Y también hay diferencias sustanciales, que debemos tener en cuenta.Veámoslos: el 19 de octubre pasado, la Corte, dictaminó que la ley de caducidad era inconstitucional. Seis días después, puesta a consideración del cuerpo electoral esa misma ley, el resultado electoral determinó que debíamos seguir conviviendo con una norma que viola la Constitución.
Difícil de entender. Tampoco se entiende que habiéndose pronunciado anteriormente en el mismo sentido que la Corte, los otros dos poderes del Estado (Legislativo y Ejecutivo), ninguno de los dos haya hecho algo para remediar esa situación de absoluta anomalía para un país que pretende mantener entre sus atributos, una profunda y arraigada cultura de salvaguarda del estado de derecho.
Si la Constitución es nuestra ley fundamental, un pronunciamiento como el que se operó el pasado 25 de octubre, que mantiene una norma que es catalogada unánimemente por todos los poderes del Estado como violatoria de la Constitución, nos dejó frente al mundo y a nuestra propia conciencia democrática, en una posición ridícula e incómoda. Nos transforma en un país de mentira.
Y si a eso le sumamos, la obligada relación de respeto que deberíamos mantener como país, con las normas del derecho internacional, el ridículo es de película.
Sin embargo, este escenario, que nos pone en el libro de los récords Guiness, debió ser previsible para el sistema político uruguayo.
La falta de voluntad política de un parlamento que contaba con los presupuestos políticos para tomar la iniciativa, obligó a la sociedad civil a recorrer el camino del plebiscito poniendo a consideración de la ciudadanía, derechos persistentes y ya consagrados en nuestra Constitucióny el derecho internacional.
Con la papeleta rosada, en realidad buscamos instalar algo que en realidad era innecesario y hasta inconveniente poner en juego: el derecho a la Justicia, preexistente en nuestra Constitución.
Que la opción puesta a consideración de la ciudadanía, no haya sido acompañada por el voto manifiesto de la mayoría, ni cambia la Constitución ni los Convenios internacionales suscritos por el país.
Menos aún, la relación de la ley de caducidad con ambas cosas: una relación de abierto apartamiento de las normas constitucionales y las obligaciones emergentes del derecho internacional.
Dicho de otra manera, este desajuste instalado desde hace 23 años en nuestro país y puesto de manifiesto una vez más por el dictamen de la Corte y los informes 35/91 y 29/92 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, no puede continuar existiendo en un país que quiere ser en serio y de primera. Y para ello, solo cabe una posible conducta: el de adecuar nuestro derecho interno a las obligaciones internacionales. Sin cumplir esa obligación sustantiva difícilmente la izquierda pueda desempeñar el rol que pretende en el concierto internacional.
También es cierto que un pronunciamiento insólito como el materializado el 25 de octubre, puede transitarse por otro camino, no menos insólito y totalmente inverso: el que el Uruguay renuncie a sus compromisos internacionales, y modifique su Constitución para que la ley de caducidad no colisione con ella. Es decir que se apreste, a suprimir la separación de poderes, entre otros aspectos que hacen a la esencia de la vida democrática y republicana.
Pero las cosas insólitas no terminan ahí. La sentencia de inconstitucionalidad de la Corte, nos pone frente a otra dimensión de ellas. Recordemos que ese pronunciamiento se produjo a raíz de que un caso fue comprendido, en la ley de caducidad por el Poder Ejecutivo. Y que para que esa respuesta existiera, debió existir una pregunta de un Juez penal. Dicho de otra manera, pregunta y respuesta estuvieron inscriptas en una lógica existente en el país desde los años en que la Corte de finales de los años 80, entendió que la ley de caducidad estaba investida del atributo de Constitucionalidad.
Dicho de otra manera, hasta el 19 de octubre del año pasado, se podía presumir que las preguntas que realizaban los jueces y las respuestas que daba el Ejecutivo, eran actos que podían catalogarse de legítimos y legales.
A partir de la sentencia del 19 de octubre, el sentido común nos indica, que esas mismas acciones ya perdieron el carácter de acto legítimo y legal.
¿Ante nuevos casos futuros que se presenten a los jueces penales por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, éstos continuaran pidiendo autorización al Ejecutivo para indagar, y eventualmente castigar a los responsables,por mandato de una ley catalogada de inconstitucional? ¿Y si esto fuera así, el Poder Ejecutivo asumiría una potestad que desde el 19 de octubre, es considerada inconstitucional?
POR UNA VERDADERA CULTURA DE LOS DD.HH.
Las expectativas de terminar con una cultura de impunidad que se empezó a construir en los prolegómenos que precedieron al autoritarismo militar, no es una tarea sencilla.
Como toda cultura está incrustada en los resquicios más profundos de la sociedad. Una cultura de impunidad, que es algo más que la falta de castigo a los delincuentes militares y civiles de la dictadura, es la desvalorización del ser humano como sujeto de derechos.
Los avances que la humanidad ha ido construyendo trabajosamente, muchas veces empiezan con plasmar esos derechos en instrumentos legales, y otras veces, los instrumentos legales no hacen más que instituir derechos conquistados por los pueblos.
Esas construcciones por lo general, no se realizan en terrenos fértiles, en espacios libres de presiones indebidas. Como en el caso que nos ocupa, terminar con una cultura de impunidad implica desmontar mecanismos legales, como las leyes de impunidad, y construir o restaurar y legitimizar aquellos instrumentos que los garanticen y consagren.
Medir en su justo término a las dificultades que hay que vencer en estas batallas de los pueblos, nos ayuda- no para consuelo -, sino para ubicarnos en la etapa en que estamos como sociedad para tener una verdadera cultura de los derechos humanos. Y no se trata, de una mirada desde afuera.
Quienes pretendemos ser parte de las fuerzas del cambio, aquella que caminaba hacia una sociedad del pan y las rosas, debemos ser conscientes de que una gran responsabilidad está en nuestras filas y que el adversario juega.
Nos faltó muy poco, para que una mayoría muy calificada declarara la nulidad de la ley de caducidad. Estuvimos arañando una voluntad manifiesta de casi el 50 por ciento, y no es poca cosa. No es poca cosa frente al ninguneo de los grandes medios de difusión, al discurso confuso y muchas veces contradictorio de los líderes de la izquierda, y resoluciones que se acatan pero no se cumplían.
El escenario trabajosamente construido tras largos años de lucha en torno a la necesidad de vencer la impunidad, no contó con primeros actores convencidos del papel que ello puede jugar en la construcción de un país más justo y sobre todo, más solidario. En eso estamos.
(Ponencia realizada en las “Jornadas sobre Políticas Públicas de Derechos Humanos: Memoria, Justicia, Reparación, acerca de las “Cuentas Pendientes” de la Transición Post-Autoritaria”, 9 de junio de 2010.)
Los procesamientos y la condena de algunos militares y policías; la declaración de inconstitucional de la ley de caducidad por la Corte y en el mismo sentido pronunciamientos recientes del Parlamento y del Ejecutivo, nos plantea un escenario que debe ser analizado.
Siempre hemos sostenido que la impunidad en el Uruguay no es el simple efecto de la ley 15.848, sino fundamentalmente el resultado de conductas políticas articuladas desde el poder del Estado. De ahí que un análisis del proceso, aún en curso, para desactivar radicalmente los mecanismos de impunidad, deba necesariamente hacer hincapié en la importancia capital que tuvo y tendrá la construcción del escenario político que lo haga posible.
La importancia de los escenarios políticos para la concreción de los avances de las luchas ciudadanas, encuentra dos ejemplos, en las campañas del voto verde y rosado. El hecho de que en esas dos acciones no se haya logrado el máximo de los objetivos concretos que se planteaba, no debería oscurecer en los futuros pasos a dar, la importancia de la “construcción del escenario”, como elemento cardinal para la materialización de los actuales objetivos de eliminar de nuestro ordenamiento jurídico la ley de caducidad.
ES NECESARIA UNA MIRADA ESTRATÉGICA
Siempre la lucha que debe desarrollar la sociedad civil en contra de las diversas formas del autoritarismo estatal, se instala en escenarios donde la táctica tiene que analizar con objetividad sus propias fuerzas, las que debe enfrentar y el “momento político” en que se desarrolla cada etapa del desafío concreto.
Hasta la profundidad y el alcance de las reivindicaciones, están casi siempre determinados por esas condiciones originales en que se desarrolla cada etapa de lucha. Y sobre todo, es necesaria una mirada estratégica que tenga en cuenta el escenario futuro que se irá construyendo en el proceso de la lucha misma.
Esa construcción de los escenarios, no es algo dado. No es una construcción producto de un devenir inexorable. Hay que trabajar en el anudamiento y la articulación de sus distintos componentes. Derrotar uno de los mecanismos de la impunidad mediante la anulación de la ley de caducidad, es también –además de una profundización de la democracia-, un cambio sustancial que producirá efectos múltiples a nivel de la sociedad.
EL ESCENARIO DEL VOTO VERDE Y EL ACTUAL
Un error frecuente en la conducción de luchas como ésta, es no percibir que los escenarios cambian y si no se asimilan esos cambios se corre el riesgo de perder el tren de la historia. Por ejemplo, congelarse en el escenario de frustración popular, que se instaló con la derrota del voto Verde impide definir con claridad el cómo recomenzar la lucha, incorporando adecuadamente el dato de ese fracaso y el nuevo escenario existente.
Recordemos que por aquel entonces, se debió en un principio, recluir la lucha, en el limitado derecho a la verdad instalado en el cumplimiento del artículo 4° de una ley que se rechazaba. Instalado aquel escenario y desde él, avanzar hasta materializar los logros hasta hoy alcanzados, nos lleva a concluir, que el mérito de esa estrategia contra la impunidad, es haber desarrollado una táctica que supo identificar adecuadamente los distintos elementos de cada escenario y no congelarse en ellos.
Hay muchos elementos comunes, en el escenario pos voto verde y en éste en el que nos encontramos hoy. Y también hay diferencias sustanciales, que debemos tener en cuenta.Veámoslos: el 19 de octubre pasado, la Corte, dictaminó que la ley de caducidad era inconstitucional. Seis días después, puesta a consideración del cuerpo electoral esa misma ley, el resultado electoral determinó que debíamos seguir conviviendo con una norma que viola la Constitución.
Difícil de entender. Tampoco se entiende que habiéndose pronunciado anteriormente en el mismo sentido que la Corte, los otros dos poderes del Estado (Legislativo y Ejecutivo), ninguno de los dos haya hecho algo para remediar esa situación de absoluta anomalía para un país que pretende mantener entre sus atributos, una profunda y arraigada cultura de salvaguarda del estado de derecho.
Si la Constitución es nuestra ley fundamental, un pronunciamiento como el que se operó el pasado 25 de octubre, que mantiene una norma que es catalogada unánimemente por todos los poderes del Estado como violatoria de la Constitución, nos dejó frente al mundo y a nuestra propia conciencia democrática, en una posición ridícula e incómoda. Nos transforma en un país de mentira.
Y si a eso le sumamos, la obligada relación de respeto que deberíamos mantener como país, con las normas del derecho internacional, el ridículo es de película.
Sin embargo, este escenario, que nos pone en el libro de los récords Guiness, debió ser previsible para el sistema político uruguayo.
La falta de voluntad política de un parlamento que contaba con los presupuestos políticos para tomar la iniciativa, obligó a la sociedad civil a recorrer el camino del plebiscito poniendo a consideración de la ciudadanía, derechos persistentes y ya consagrados en nuestra Constitucióny el derecho internacional.
Con la papeleta rosada, en realidad buscamos instalar algo que en realidad era innecesario y hasta inconveniente poner en juego: el derecho a la Justicia, preexistente en nuestra Constitución.
Que la opción puesta a consideración de la ciudadanía, no haya sido acompañada por el voto manifiesto de la mayoría, ni cambia la Constitución ni los Convenios internacionales suscritos por el país.
Menos aún, la relación de la ley de caducidad con ambas cosas: una relación de abierto apartamiento de las normas constitucionales y las obligaciones emergentes del derecho internacional.
Dicho de otra manera, este desajuste instalado desde hace 23 años en nuestro país y puesto de manifiesto una vez más por el dictamen de la Corte y los informes 35/91 y 29/92 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, no puede continuar existiendo en un país que quiere ser en serio y de primera. Y para ello, solo cabe una posible conducta: el de adecuar nuestro derecho interno a las obligaciones internacionales. Sin cumplir esa obligación sustantiva difícilmente la izquierda pueda desempeñar el rol que pretende en el concierto internacional.
También es cierto que un pronunciamiento insólito como el materializado el 25 de octubre, puede transitarse por otro camino, no menos insólito y totalmente inverso: el que el Uruguay renuncie a sus compromisos internacionales, y modifique su Constitución para que la ley de caducidad no colisione con ella. Es decir que se apreste, a suprimir la separación de poderes, entre otros aspectos que hacen a la esencia de la vida democrática y republicana.
Pero las cosas insólitas no terminan ahí. La sentencia de inconstitucionalidad de la Corte, nos pone frente a otra dimensión de ellas. Recordemos que ese pronunciamiento se produjo a raíz de que un caso fue comprendido, en la ley de caducidad por el Poder Ejecutivo. Y que para que esa respuesta existiera, debió existir una pregunta de un Juez penal. Dicho de otra manera, pregunta y respuesta estuvieron inscriptas en una lógica existente en el país desde los años en que la Corte de finales de los años 80, entendió que la ley de caducidad estaba investida del atributo de Constitucionalidad.
Dicho de otra manera, hasta el 19 de octubre del año pasado, se podía presumir que las preguntas que realizaban los jueces y las respuestas que daba el Ejecutivo, eran actos que podían catalogarse de legítimos y legales.
A partir de la sentencia del 19 de octubre, el sentido común nos indica, que esas mismas acciones ya perdieron el carácter de acto legítimo y legal.
¿Ante nuevos casos futuros que se presenten a los jueces penales por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, éstos continuaran pidiendo autorización al Ejecutivo para indagar, y eventualmente castigar a los responsables,por mandato de una ley catalogada de inconstitucional? ¿Y si esto fuera así, el Poder Ejecutivo asumiría una potestad que desde el 19 de octubre, es considerada inconstitucional?
POR UNA VERDADERA CULTURA DE LOS DD.HH.
Las expectativas de terminar con una cultura de impunidad que se empezó a construir en los prolegómenos que precedieron al autoritarismo militar, no es una tarea sencilla.
Como toda cultura está incrustada en los resquicios más profundos de la sociedad. Una cultura de impunidad, que es algo más que la falta de castigo a los delincuentes militares y civiles de la dictadura, es la desvalorización del ser humano como sujeto de derechos.
Los avances que la humanidad ha ido construyendo trabajosamente, muchas veces empiezan con plasmar esos derechos en instrumentos legales, y otras veces, los instrumentos legales no hacen más que instituir derechos conquistados por los pueblos.
Esas construcciones por lo general, no se realizan en terrenos fértiles, en espacios libres de presiones indebidas. Como en el caso que nos ocupa, terminar con una cultura de impunidad implica desmontar mecanismos legales, como las leyes de impunidad, y construir o restaurar y legitimizar aquellos instrumentos que los garanticen y consagren.
Medir en su justo término a las dificultades que hay que vencer en estas batallas de los pueblos, nos ayuda- no para consuelo -, sino para ubicarnos en la etapa en que estamos como sociedad para tener una verdadera cultura de los derechos humanos. Y no se trata, de una mirada desde afuera.
Quienes pretendemos ser parte de las fuerzas del cambio, aquella que caminaba hacia una sociedad del pan y las rosas, debemos ser conscientes de que una gran responsabilidad está en nuestras filas y que el adversario juega.
Nos faltó muy poco, para que una mayoría muy calificada declarara la nulidad de la ley de caducidad. Estuvimos arañando una voluntad manifiesta de casi el 50 por ciento, y no es poca cosa. No es poca cosa frente al ninguneo de los grandes medios de difusión, al discurso confuso y muchas veces contradictorio de los líderes de la izquierda, y resoluciones que se acatan pero no se cumplían.
El escenario trabajosamente construido tras largos años de lucha en torno a la necesidad de vencer la impunidad, no contó con primeros actores convencidos del papel que ello puede jugar en la construcción de un país más justo y sobre todo, más solidario. En eso estamos.
martes, 6 de julio de 2010
La "guerra" de las Abuelas de la Paz
Caras y Caretas. Viernes 2 de julio de 2010
ABUELAS DE PLAZA DE MAYO, EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ.
Fueron nominadas al Premio Nobel de la Paz, pero siguen siendo censuradas por los grupos de poder de los medios de comunicación argentinos. Su causa ha generado repercusiones en Sudáfrica, donde tienen el apoyo del equipo de Diego Maradona. El caso hizo recordar al Mundial del 78, en el que Uruguay no jugó pero hubo víctimas celestes.
La nominación de la organización Abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nobel de la Paz provocó un replanteo del tema derechos humanos en Argentina, que ya ha tenido repercusiones internacionales (particularmente en torno al Mundial de fútbol en Sudáfrica) y promete, incluso, tener derivaciones en Uruguay, donde ya se discute cómo “dejar sin efectos” la Ley de Caducidad.
La candidatura de Abuelas de Plaza de Mayo fue anunciada en abril por el comité del premio sueco, que admitió una propuesta del senador argentino Daniel Filmus, ex ministro de Educación y miembro del Frente por la Victoria, quien pidió el reconocimiento al trabajo de la organización en la recuperación de la identidad de niños desaparecidos cuando la dictadura (1976-1983).
Abuelas de Plaza de Mayo, que ya había sido nominada en 2008 –cuando el premio fue otorgado al ex presidente de Finlandia, Martti Ahtisaari, por su trabajo en la resolución del conflicto en los Balcanes–, puede obtener el tercer Nobel de la Paz para Argentina.
El primero fue para Carlos Saavedra Lamas en 1936 y el segundo para Adolfo Pérez Esquivel en 1980. Sin embargo, la nominación de la organización ha derivado en otro debate sobre el papel de los grandes medios de comunicación argentinos que, según se denunció, se negaron a difundir una imagen donde la selección argentina de fútbol adhirió con una pancarta a la candidatura cuando se despidió ante su público el 24 de mayo en el Estadio de River Plate antes de viajar a Sudáfrica.
Miedo de medios.
La ‘censura’ de los grandes medios de comunicación se produjo en momentos en que Abuelas ganaba una acción judicial por la cual dos hijos adoptivos de la emperatriz de los medios de comunicación argentinos, Ernestina Herrera de Noble, presidenta del Grupo Clarín, debía permitir que sus dos hijos adoptivos, Felipe y Marcela, fueran obligados a hacerse un examen de ADN ante la posibilidad de que sean niños desaparecidos durante la dictadura.
La causa contra Herrera de Noble se ha constituido de por sí en un silenciado show mediático, en el que el juez de San Isidro, Conrado Bergesio, no ha dado lugar a presiones y terminó citando como testigos al director de Clarín, Héctor Magnetto, al periodista Jorge Lanata y a represores como Raúl Guglielminetti y Adolfo Scilingo, en un caso que puede ‘salpicar’ a ‘mediáticos’ de la época, como el ya no cotizado ex zar de los medios, Gerardo Sofovich.
El Grupo Clarín está hoy integrado por Canal 13, Todo Noticias (TN), Canal 12 de Córdoba, Canal 7 de Bahía Blanca y Canal 6 de Bariloche;; los cables Multicanal, Cablevisión, Volver, Magazine, Metro, LCC, TyC Sport, Fibertel, Prima y Vontel;; las radios Mitre y La 100;; los diarios Clarín, La Razón, Olé, La Voz del Interior y Diario Los Andes;; las revistas Viva, Genios, Elle y Rumbos;; la agencia DyN;; el servicio de correo Unir y la papelera Papel Prensa;; y tiene acciones en Pol-ka (55%), Ideas del Sur (30%), Patagonik Film (50%) y Televisión Satelital (50%), entre otros.
El enfrentamiento por el poder de los medios de comunicación en Argentina, expuesto desde la aprobación de la ley de medios por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tuvo un eje en la forma de comunicar el juicio contra la dueña del Grupo Clarín y una nueva derivación en el silencio sobre la nominación de Abuelas de Plaza de Mayo, cuando intervino en su apoyo el director técnico de la selección albiceleste, Diego Armando Maradona.
El efecto fútbol.
Diego Maradona, quien había logrado sobrevivir al ataque de los medios con su agónica clasificación al Mundial al vencer a Uruguay en el Estadio Centenario, hizo público su expreso apoyo a las Abuelas de Plaza de Mayo, al punto que sus dirigidos, antes del partido de despedida en que golearon 5-0 a Canadá, exhibieron una pancarta que rezaba “Apoyamos a las Abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Noble de la Paz” y divulgaba la página ww.abuelasdelapaz.com.ar que recibe las adhesiones a la candidatura.
Al grosero “que la sigan chupando” y “la tienen adentro” con que respondió a los periodistas luego de clasificar a Sudáfrica, Maradona agregó otra ‘venganza’ al poner toda su fama a favor de las Abuelas y recibir en la concentración a la presidenta de la organización, Estela Carlotto, que pudo ver la pancarta de la selección expuesta en una de las tribunas del Estadio de Pretoria en el que realizan sus entrenamientos.
La prensa mundial destacó el encuentro del 17 de junio en el que Maradona habló varios minutos con Carlotto y declaró: “Todos tenemos que estar con ellas y los que no quieren estar es porque se hacen los giles […] Los argentinos queremos saber la verdad”.
Carlotto fue abrigada con una campera del seleccionado que, ante el frío existente, le ofreció Carlos Bilardo, a quien la presidenta de Abuelas conocía –como a Sebastián Verón y a su padre– por ser fanática de Estudiantes de la Plata.
“En el Mundial 78, se hacían los goles y los papás de desaparecidos llorábamos, a pesar de ser argentinos, porque mientras se hacían goles se apagaban los gritos de los que estaban siendo secuestrados y estaban siendo torturados e iban a ser asesinados”, dijo Carlotto, quien deseó: “Qué lindo sería que los argentinos se merezcan el premio que es esta copa y el Nobel que es para todos los argentinos… Aunque el mejor premio siempre es encontrar otro niño”, sentenció.
La sangre celeste.
La nominación de las Abuelas también tuvo repercusión en los medios de comunicación sudafricanos, donde el Premio Nobel es sinónimo de la lucha de Desmond Mpilo Tutu, arzobispo de Johannesburgo, ganador del reconocimiento en 1984, y del propio Nelson Mandela, quien compartió el Nobel de la Paz con Frederic Willien de Klerk en 1993, por la lucha contra el apartheid que marcó la historia del país.
El viaje de Carlotto a Sudáfrica, donde se suspendió una reunión prevista con el propio Nelson Mandela tras el accidente de tránsito en el que murió la nieta del líder africano, motivó que la prensa internacional especializada en fútbol recordara lo ocurrido en el Mundial celebrado en Argentina durante la dictadura encabezada por el hoy preso general Jorge Rafael Videla, cuando miles de personas fueron víctimas de desaparición forzada.
Aquel Mundial de 1978, en el que la selección uruguaya no clasificó, tuvo sin embargo protagonistas uruguayos entre las víctimas de la represión: la detención en Uruguay del dirigente montonero Oscar de Gregorio en noviembre de 1977 propició una nueva coordinación represiva de las dictaduras de ambos países, en particular para evitar la existencia de operaciones de “subversivos” durante la disputa del campeonato de fútbol.
Medio centenar de uruguayos militantes de los Grupos de Acción Unificadora (GAU), el MLN-Peludos y el Partido Comunista Revolucionario (PCR), que intentaban reformular la Unión Artiguista de Liberación (UAL) –que para resistir la dictadura, años antes había impulsado, entre otros, Zelmar Michelini–, fueron secuestrados y torturados en los pozos de Banfield y Quilmes, trasladados en distintos viajes (terceros traslados) a Uruguay y desaparecidos.
Ninguno de sus cuerpos ha sido recuperado.
ABUELAS DE PLAZA DE MAYO, EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ.
Fueron nominadas al Premio Nobel de la Paz, pero siguen siendo censuradas por los grupos de poder de los medios de comunicación argentinos. Su causa ha generado repercusiones en Sudáfrica, donde tienen el apoyo del equipo de Diego Maradona. El caso hizo recordar al Mundial del 78, en el que Uruguay no jugó pero hubo víctimas celestes.
La nominación de la organización Abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nobel de la Paz provocó un replanteo del tema derechos humanos en Argentina, que ya ha tenido repercusiones internacionales (particularmente en torno al Mundial de fútbol en Sudáfrica) y promete, incluso, tener derivaciones en Uruguay, donde ya se discute cómo “dejar sin efectos” la Ley de Caducidad.
La candidatura de Abuelas de Plaza de Mayo fue anunciada en abril por el comité del premio sueco, que admitió una propuesta del senador argentino Daniel Filmus, ex ministro de Educación y miembro del Frente por la Victoria, quien pidió el reconocimiento al trabajo de la organización en la recuperación de la identidad de niños desaparecidos cuando la dictadura (1976-1983).
Abuelas de Plaza de Mayo, que ya había sido nominada en 2008 –cuando el premio fue otorgado al ex presidente de Finlandia, Martti Ahtisaari, por su trabajo en la resolución del conflicto en los Balcanes–, puede obtener el tercer Nobel de la Paz para Argentina.
El primero fue para Carlos Saavedra Lamas en 1936 y el segundo para Adolfo Pérez Esquivel en 1980. Sin embargo, la nominación de la organización ha derivado en otro debate sobre el papel de los grandes medios de comunicación argentinos que, según se denunció, se negaron a difundir una imagen donde la selección argentina de fútbol adhirió con una pancarta a la candidatura cuando se despidió ante su público el 24 de mayo en el Estadio de River Plate antes de viajar a Sudáfrica.
Miedo de medios.
La ‘censura’ de los grandes medios de comunicación se produjo en momentos en que Abuelas ganaba una acción judicial por la cual dos hijos adoptivos de la emperatriz de los medios de comunicación argentinos, Ernestina Herrera de Noble, presidenta del Grupo Clarín, debía permitir que sus dos hijos adoptivos, Felipe y Marcela, fueran obligados a hacerse un examen de ADN ante la posibilidad de que sean niños desaparecidos durante la dictadura.
La causa contra Herrera de Noble se ha constituido de por sí en un silenciado show mediático, en el que el juez de San Isidro, Conrado Bergesio, no ha dado lugar a presiones y terminó citando como testigos al director de Clarín, Héctor Magnetto, al periodista Jorge Lanata y a represores como Raúl Guglielminetti y Adolfo Scilingo, en un caso que puede ‘salpicar’ a ‘mediáticos’ de la época, como el ya no cotizado ex zar de los medios, Gerardo Sofovich.
El Grupo Clarín está hoy integrado por Canal 13, Todo Noticias (TN), Canal 12 de Córdoba, Canal 7 de Bahía Blanca y Canal 6 de Bariloche;; los cables Multicanal, Cablevisión, Volver, Magazine, Metro, LCC, TyC Sport, Fibertel, Prima y Vontel;; las radios Mitre y La 100;; los diarios Clarín, La Razón, Olé, La Voz del Interior y Diario Los Andes;; las revistas Viva, Genios, Elle y Rumbos;; la agencia DyN;; el servicio de correo Unir y la papelera Papel Prensa;; y tiene acciones en Pol-ka (55%), Ideas del Sur (30%), Patagonik Film (50%) y Televisión Satelital (50%), entre otros.
El enfrentamiento por el poder de los medios de comunicación en Argentina, expuesto desde la aprobación de la ley de medios por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tuvo un eje en la forma de comunicar el juicio contra la dueña del Grupo Clarín y una nueva derivación en el silencio sobre la nominación de Abuelas de Plaza de Mayo, cuando intervino en su apoyo el director técnico de la selección albiceleste, Diego Armando Maradona.
El efecto fútbol.
Diego Maradona, quien había logrado sobrevivir al ataque de los medios con su agónica clasificación al Mundial al vencer a Uruguay en el Estadio Centenario, hizo público su expreso apoyo a las Abuelas de Plaza de Mayo, al punto que sus dirigidos, antes del partido de despedida en que golearon 5-0 a Canadá, exhibieron una pancarta que rezaba “Apoyamos a las Abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Noble de la Paz” y divulgaba la página ww.abuelasdelapaz.com.ar que recibe las adhesiones a la candidatura.
Al grosero “que la sigan chupando” y “la tienen adentro” con que respondió a los periodistas luego de clasificar a Sudáfrica, Maradona agregó otra ‘venganza’ al poner toda su fama a favor de las Abuelas y recibir en la concentración a la presidenta de la organización, Estela Carlotto, que pudo ver la pancarta de la selección expuesta en una de las tribunas del Estadio de Pretoria en el que realizan sus entrenamientos.
La prensa mundial destacó el encuentro del 17 de junio en el que Maradona habló varios minutos con Carlotto y declaró: “Todos tenemos que estar con ellas y los que no quieren estar es porque se hacen los giles […] Los argentinos queremos saber la verdad”.
Carlotto fue abrigada con una campera del seleccionado que, ante el frío existente, le ofreció Carlos Bilardo, a quien la presidenta de Abuelas conocía –como a Sebastián Verón y a su padre– por ser fanática de Estudiantes de la Plata.
“En el Mundial 78, se hacían los goles y los papás de desaparecidos llorábamos, a pesar de ser argentinos, porque mientras se hacían goles se apagaban los gritos de los que estaban siendo secuestrados y estaban siendo torturados e iban a ser asesinados”, dijo Carlotto, quien deseó: “Qué lindo sería que los argentinos se merezcan el premio que es esta copa y el Nobel que es para todos los argentinos… Aunque el mejor premio siempre es encontrar otro niño”, sentenció.
La sangre celeste.
La nominación de las Abuelas también tuvo repercusión en los medios de comunicación sudafricanos, donde el Premio Nobel es sinónimo de la lucha de Desmond Mpilo Tutu, arzobispo de Johannesburgo, ganador del reconocimiento en 1984, y del propio Nelson Mandela, quien compartió el Nobel de la Paz con Frederic Willien de Klerk en 1993, por la lucha contra el apartheid que marcó la historia del país.
El viaje de Carlotto a Sudáfrica, donde se suspendió una reunión prevista con el propio Nelson Mandela tras el accidente de tránsito en el que murió la nieta del líder africano, motivó que la prensa internacional especializada en fútbol recordara lo ocurrido en el Mundial celebrado en Argentina durante la dictadura encabezada por el hoy preso general Jorge Rafael Videla, cuando miles de personas fueron víctimas de desaparición forzada.
Aquel Mundial de 1978, en el que la selección uruguaya no clasificó, tuvo sin embargo protagonistas uruguayos entre las víctimas de la represión: la detención en Uruguay del dirigente montonero Oscar de Gregorio en noviembre de 1977 propició una nueva coordinación represiva de las dictaduras de ambos países, en particular para evitar la existencia de operaciones de “subversivos” durante la disputa del campeonato de fútbol.
Medio centenar de uruguayos militantes de los Grupos de Acción Unificadora (GAU), el MLN-Peludos y el Partido Comunista Revolucionario (PCR), que intentaban reformular la Unión Artiguista de Liberación (UAL) –que para resistir la dictadura, años antes había impulsado, entre otros, Zelmar Michelini–, fueron secuestrados y torturados en los pozos de Banfield y Quilmes, trasladados en distintos viajes (terceros traslados) a Uruguay y desaparecidos.
Ninguno de sus cuerpos ha sido recuperado.
Gobierno de acuerdo con justicia del reclamo.
La República. Martes 6 de julio de 2010.
Analizan demanda de Macarena Gelman.
El Poder Ejecutivo aceptaría las razones de la demanda elevada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la causa del secuestro de Macarena Gelman y la desaparición y muerte de su madre María Claudia García en 1976.
La demanda fue presentada por Macarena Gelman ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que tras analizar el expediente determinó elevar el caso a la Corte Interamericana.
Durante la sesión del Consejo de Ministros de ayer encabezada por el presidente de la República, José Mujica, el Poder Ejecutivo analizó la demanda que en abril pasado presentó Macarena Gelman contra Uruguay por su secuestro y la desaparición de su madre.
En principio, el gobierno estaría de acuerdo en la justicia de los reclamos y las razones de la demanda, aunque existirían discrepancias en cuento a la indemnización que se establece de aproximadamente 700 mil dólares.
De todas maneras, el Ejecutivo aún no tomó resolución y definirá el asunto en dos semanas comunicándose a su vez, con los poderes Legislativo y Judicial.
Fuentes del Poder Ejecutivo indicaron que "conceptualmente se coincide con el planteo de Macarena Gelman", y que en muchos aspectos ya se ha logrado un adelanto, como por ejemplo en cuanto a erigir el Museo de la Memoria. Respecto del caso, a nivel internacional, sería tratado en octubre de este año durante el periodo extraordinario o de sesiones de la Corte Interamericana a desarrollarse en Quito, Ecuador. Si finalmente el gobierno decide "allanarse", dándole la razón a Gelman, reconocería que la ley de Caducidad se contradice con la normativa internacional aprobada por Uruguay y por ello resulta inaplicable.
Analizan demanda de Macarena Gelman.
El Poder Ejecutivo aceptaría las razones de la demanda elevada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la causa del secuestro de Macarena Gelman y la desaparición y muerte de su madre María Claudia García en 1976.
La demanda fue presentada por Macarena Gelman ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que tras analizar el expediente determinó elevar el caso a la Corte Interamericana.
Durante la sesión del Consejo de Ministros de ayer encabezada por el presidente de la República, José Mujica, el Poder Ejecutivo analizó la demanda que en abril pasado presentó Macarena Gelman contra Uruguay por su secuestro y la desaparición de su madre.
En principio, el gobierno estaría de acuerdo en la justicia de los reclamos y las razones de la demanda, aunque existirían discrepancias en cuento a la indemnización que se establece de aproximadamente 700 mil dólares.
De todas maneras, el Ejecutivo aún no tomó resolución y definirá el asunto en dos semanas comunicándose a su vez, con los poderes Legislativo y Judicial.
Fuentes del Poder Ejecutivo indicaron que "conceptualmente se coincide con el planteo de Macarena Gelman", y que en muchos aspectos ya se ha logrado un adelanto, como por ejemplo en cuanto a erigir el Museo de la Memoria. Respecto del caso, a nivel internacional, sería tratado en octubre de este año durante el periodo extraordinario o de sesiones de la Corte Interamericana a desarrollarse en Quito, Ecuador. Si finalmente el gobierno decide "allanarse", dándole la razón a Gelman, reconocería que la ley de Caducidad se contradice con la normativa internacional aprobada por Uruguay y por ello resulta inaplicable.
sábado, 3 de julio de 2010
Novedades crysoleras. 3 de julio 2010
* IMM cedió el edificio en comodato.
El pasado 18 de junio se firmó el convenio de comodato por el cual la IMM cede a Crysol el uso del edificio en el cual funciona nuestra sede social. Las gestiones fueron iniciadas en el año 2008, durante la administración del Dr. Ricardo Ehrlich.
Habiendo firmado el convenio, a la brevedad comenzaremos los trabajos de remodelación del edificio para adecuarlo a las necesidades institucionales.
* Horario de atención en la sede social.
Los días lunes, martes, miércoles y viernes, la sede social se abre a las 15 horas. Los días jueves se abre a las 17 horas.
* De la Comisión de Finanzas.
Se solicita por este medio, a todas y a todos los compañeros que han abonado su cuota social depositando el importe en la cuenta bancaria de Crysol, infomen el nombre del depositante, la fecha y el monto del depósito realizado desde el 1º de enero de 2010.
Se solicita, además, que de ahora en adelante, solamente se realicen depósitos en las siguientes cuentas. Son Cajas de Ahorro, pertenecen al Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) y están a nombre de Crysol.
En $: 190 051 933 – 2 y en u$s: 190 051 934 – 0.
* Decreto reglamentario del Artículo 10 de la Ley 18 596 (Atención en salud).
Tal cual ya fuera difundido por los medios de prensa, en los próximos días el Poder Ejecutivo emitirá el decreto reglamentario del Artículo 10 de la Ley 18 596.
En cuanto el mismo sea firmado informaremos detalladamente a todo el colectivo sobre los pasos a seguir para usufructuar dichos beneficios.
viernes, 2 de julio de 2010
Calentando los motores
Nos aprontamos para una nueva batalla.
Informamos a todo el colectivo que nuestra organización se encuentra preparando un proyecto de ley destinado a superar las insuficiencias y carencias de las diferentes leyes reparatorias que se han aprobado en los últimos años en el marco de nuestra lucha por una Reparación Integral.
En cuanto el proyecto esté pronto, en las próximas semanas, será dado a conocer masivamente. Será sometido a las diferentes instancias de análisis, discusión y enriquecimiento colectivo que siempre han caracterizado a Crysol a lo largo de sus 10 años de vida.
Crysol es la asociación de todas y de todos los ex presos políticos.
Sus propuestas abarcan y contemplan las diferentes facetas y singularidades de un colectivo amplio y abigarrado con especial atención a aquellos compañeros menos favorecidos en razón de su edad, su estado de salud o su situación socio económica como resultado de su prisión y las omisiones estatales al recuperar la institucionalidad democrática.
Desde el retorno a la institucionalidad democrática, se han aprobado numerosas leyes, básicamente restitutivas y previsionales destinadas a la actividad pública. Con 10 años de existencia y una enorme experiencia colectiva alcanzada debido al involucramiento directo y protagónico en tres leyes reparatorias (17.449, 18. 033 y 18. 596) sabemos que el proyecto a presentar debe basarse en las normas internacionales y nacionales de DDHH vigentes para que no sea una propuesta antojadiza o caprichosa.
Específicamente aludimos a la Resolución 60/147 de 16 de diciembre de 2005 de las Naciones Unidas y a la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, muy especialmente el Artículo 14, que fue ratificada por Uruguay mediante la Ley 15.798 de 27 de diciembre de 1985.
El proyecto a presentar debe ser serio, consistente y equitativo, de acuerdo a la gravedad del daño ocasionado en base a las normas de DDHH, superador de las leyes 18 033 y 18 596 sin renunciar a los logros ya obtenidos en ellas o sin proponer medidas que ya fueron aprobadas en ellas, que se están implementando o interpretaciones que la organización, activa participante en las Comisiones Especiales, ya ha logrado establecer.
El proyecto a presentar debe modificar específica y claramente el Artículo 11 de la Ley 18 033 para contemplar de una manera justa a todas y a todos los ex presos políticos eliminando las exclusiones y limitaciones del mismo. Es la única manera de promover una iniciativa con efectos reales y que no sea una simple enunciación de deseos que en su implementación no tendrá resultados prácticos.
La Ley 18 033 es una ley jubilatoria y previsional.
La Pensión Especial Reparatoria (PER) consagrada en el Artículo 11 es un resarcimiento por los daños laborales y previsionales ocasionados a quienes sufrieron prisión por razones políticas gremiales o ideológicas durante el proceso cívico-militar.
A los efectos de promover una iniciativa que contemple a todo el universo de ex presas y de ex presos políticos y no solamente a un grupo reducido de ellos, debe tenerse presente que la gran mayoría de los ex presos políticos luego de recuperar la libertad no pudieron reinsertarse formalmente a nivel laboral. Aún computando a los efectos previsionales los años de detención en forma generosa, la mayoría de las ex presas y de los ex presos políticos, a los 60 años de edad no tienen y no van a tener 30 años de aportes registrados para poder jubilarse.
Todos los ex presos políticos que fallecieron durante la privación ilegítima de su libertad, no sólo quienes se suicidaron, ya están amparados por el Artículo 11, literal A de la Ley 18 596 de 19 de setiembre de 2009 ya que murieron en el marco del accionar ilegítimo del Estado. Así, además, lo entiende la Comisión Especial que Crysol integra.
La colocación de placas y otras medidas destinadas a consagrar la dignificación de las víctimas del Terrorismo de Estado y la transformación de lugares emblemáticos de la represión que se desató contra el pueblo uruguayo ya están consagradas en los Artículos 7 y 8 de la Ley 18 596. Resta su implementación efectiva por parte de la Comisión Especial.
La Comisión de Memoria de la institución, desde hace meses, viene elaborando una propuesta de trabajo, de alcance nacional, que en tal sentido será promovida en dicho ámbito. Sin perjuicio de ello, es público y notorio que desde hace años Crysol viene promoviendo y gestionando la transformación del Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) y del ex Penal de Punta de Rieles en Espacios de Memoria y de DDHH.
Crysol tiene sus puertas abiertas de par en par para todos aquellos que deseen sumar sus esfuerzos a la concreción de un Uruguay democrático, con Verdad, Justicia y Memoria, actuando en forma global y atendiendo a todos los aspectos que tienen que ver con el grupo social que nucleamos, representamos y que intentamos llevar a la práctica desde nuestra fundación.
La lucha por el esclarecimiento de la situación de los Detenidos Desaparecidos expresado en nuestro total respaldo a Madres y Familiares, el apoyo al Museo de la Memoria (MUME), las batallas junto a Todas y Todos contra la Impunidad, por la anulación de la ley de caducidad para que haya Verdad y Justicia, son aspectos centrales y prioritarios de nuestra labor diaria como organización que se sustenta en la militancia honoraria de todos nuestros integrantes, sin descuidar el trabajo permanente en las Comisiones Especiales de la Ley 18 033 y 18 596, brindando asesoramiento y apoyo a todos quienes concurren a nuestra sede social, habiendo asesorado al día de hoy, a miles de luchadores sociales y políticos.
Un proyecto convocante a la militancia de todas y de todos.
La elaboración de un proyecto de ley a presentar, es solamente una parte, la menor, de la labor a desarrollar para lograr su concreción en la vida del país. El proyecto debe ser abarcativo, accesible, realista en sus objetivos y, sobretodo, convocante a la militancia de centenares y miles de viejos luchadores sociales y políticos que deberán movilizarse activa y prolongadamente, no sólo de vez en cuando, en su respaldo y promoción a todos los niveles para lograr que sea aprobado.
Tanto la Ley 18 033 como la Ley 18 596 fueron promulgadas luego de una larga y prolongada movilización liderada por Crysol que requirió más de dos años de intenso trabajo para cada una ellas y que contó con el apoyo diario de centenares de ex presas y de ex presos políticos.
Para su concreción se realizaron decenas de entrevistas a nivel periodístico, político, religioso, gubernamental, cultural y social. Se hicieron centenares de pintadas callejeras, decenas de concentraciones y jornadas propagandísticas, agitativas y múltiples movilizaciones callejeras.
Superar las heridas generadas por el Terrorismo de Estado en la vida del país, es un debe de la sociedad y de los diferentes gobiernos que se han sucedido en estos 25 años. En el último lustro se avanzó muy significativamente pero es mucho lo que hay que lograr para que Uruguay sea un país de primera en cuanto al respeto de las normas de DDHH, para afirmar y profundizar la democracia.
La teoría de los dos demonios que promovieron los cómplices del Terrorismo de Estado para justificar la Impunidad de los golpistas y criminales en democracia, la equivocada concepción de “no luchamos para ser reparados”, el desconocimiento y desvalorización de las normas de DDHH como instrumento de justicia, de convivencia democrática y enriquecedora, son concepciones ideológicas firmemente establecidas en el sistema político uruguayo, en todos los partidos, en mayor o en menor medida, que habrá que sortear adecuadamente para poder avanzar como colectivo.
A ello convocamos a todas y a todos los ex presos políticos. A que se sumen y fortalezcan en todos los planos el trabajo de la organización que ha permitido obtener todo lo que se obtuvo hasta el momento.
Crysol es de todas y todos. Todas y todos nos necesitamos mutuamente.
1º de julio de 2010
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Día del Liberad@
Club Bohemios. 14 de marzo 2010
Ministro de Educación y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich
Visita a nuestra sede social
Conferencia de Prensa en Crysol
Anunciando celebración del Día del Liberad@
Salsipuedes
Abril de 2010
Vocal
Chela Fontora
Vicepresidente
Baldemar Taroco
Tesorero
Carlos "Tito" Lopéz
Secretario
Enrique Chalar
Presidente
Gastón Grisoni