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miércoles, 14 de marzo de 2012




¡¡¡ Bienvenida INDDHH !!!




Dra. Mirtha Guianze.
El Parlamento acaba de designar a los miembros de la Comisión Directiva de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) lo cual permitirá que en las próximas semanas la misma comience a funcionar.

Creada por la Ley 18.446 en diciembre de 2008, tendrá como cometidos básicos la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos. Es un órgano autónomo e independiente e incluye a las organizaciones de la sociedad civil defensoras y promotoras de los derechos humanos en su más amplia acepción. De acuerdo a lo dispuesto por la norma legal, las mismas tendrán dentro de ella, amplia y probablemente fecunda participación para garantizar un adecuado trabajo en la temática.

Una democracia más democrática.

La puesta en funcionamiento de la INDDHH mejorará la institucionalidad democrática del país. Fortalece el Estado de derecho y es un paso importante para asegurar su consolidación y desarrollo de cara a las realidades ciudadanas. Uruguay contará con un órgano específico de promoción de las normas de DDHH y de contralor  de que se respete y se garantice el ejercicio pleno de las libertades y garantías individuales de todas las personas que consagran las normas internacionales y nacionales en la materia.

A partir de este momento, todos los ciudadanos del país cuentan con un órgano legal al cual recurrir cuando sus derechos sean vulnerados o violentados por el accionar de los diferentes espacios estatales, sus funcionarios o sus agentes, sin tener que recurrir solamente al poder judicial u otros tribunales que han demostrado, históricamente hablando, una gran inoperancia al respecto. Las dos condenas que recibió Uruguay en el año 2011 por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pone claramente de manifiesto las debilidades e insuficiencias de la sociedad uruguaya y que el relator de la ONU, Manfred Nowak había señalado para el sistema carcelario.

La Comisión Directiva electa: abrumador respaldo de la sociedad civil.

Los integrantes votados por el Parlamento han dado una presencia mayoritaria a mujeres, lo cual es un hecho digno de destacar en nuestro país. En la Comisión Directiva de la INDDHH habrá equilibrio de género como lo establece la ley, pero son mayoría las mujeres. Nos reconforta y hace justicia con lo que ha sido la lucha por los derechos humanos en Uruguay en los últimos 50 años.

Mariana González Guyer, Mirtha Guianze, Ariela Peralta, Juan Faroppa y Juan Raúl Ferreira reúnen los requisitos establecidos formalmente por la Ley 18 446 para integrar la Comisión Directiva. También cumplen con la aspiración de la mayoría de las organizaciones sociales de Uruguay de que los integrantes de la INDDHH fueran personas que hubiesen puesto de manifiesto un compromiso de vida, una trayectoria militante en la defensa y promoción activa de las normas de DDHH y tuvieran un relacionamiento fluido con ellas.

Los designados han ejercido un claro y comprometido respeto a las organizaciones de la sociedad civil, se han diferenciado claramente de los funcionarios, académicos y parlamentarios que consideran, explícita o implícitamente, que las organizaciones sociales son “sujetos molestos” u organizaciones con “capacidades diferentes” desde el punto de vista intelectual. La votación parlamentaria lo ejemplificó.

La elección de Mirtha Guianze como integrante de la Comisión Directiva es muy significativa. Fracasó estrepitosamente la proscripción solapada y de guante de seda hacia su persona propiciada por los sectores nostálgicos del proceso, aunque ganó adeptos, lamentablemente, en otras filas. El amplísimo, contundente y militante respaldo de las organizaciones sociales dio resultados.

Pasado, presente y futuro.

La INDDHH tiene grandes desafíos por delante. Más allá de los grandes avances registrados en materia de DDHH desde el año 2005 cuando asumió el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez y que  mantuvo y profundizó la administración Mujica, Uruguay aún tiene muchos asuntos pendientes de resolución con respecto al pasado reciente y al terrorismo estatal.

Dentro de sus competencias legales, la INDDHH deberá contribuir a la efectiva implementación de la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas y vigilar, atentamente, el acatamiento a cabalidad por parte de los poderes del Estado uruguayo de las sentencias de la Corte IDH para evitar el bochorno de que Uruguay vuelva a ser sancionado por los máximos órganos jurisdiccionales continentales.

En su accionar, en lo inmediato, no podrá soslayar el pasado reciente porque es indudable que el mismo influye y contamina el presente social en materia de DDHH. Esencialmente, su gran desafío es la actual realidad nacional y la explosiva situación que se vive en ámbitos específicos por no actuar con la debida celeridad y compromiso para cumplir con las normas internacionales de DDHH y las recomendaciones formuladas en su momento.

La concepción desvalorativa de que las normas internacionales son asunto de los países  desarrollados o del primer mundo y las presiones tecnocráticas de gastar lo menos posible porque las prioridades son otras, han demostrado su total fracaso a nivel estatal. En el caso uruguayo, lo barato ha salido carísimo.

El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. La implementación de las normas legales que los viabilizan en la realidad cotidiana es de fundamental importancia para dignificar y humanizar la vida social y hacer de Uruguay un país en el que valga la pena vivir.

Involucrar y comprometer activamente a la sociedad civil.

La INDDHH parte desde cero. Habrá que construirla con paciencia y mucho trabajo inteligente, metódico y sistemático. La Comisión Directiva deberá ser consciente de que su éxito, en gran medida, dependerá de lograr involucrar activa y responsablemente a todas las organizaciones de la sociedad civil, tal como lo establece la Ley 18 446, en su funcionamiento para que ellas la fecundicen y la dinamicen de cara a la realidad del país y a las necesidades de los ciudadanos y de los distintos universos sociales.

Las organizaciones de la sociedad civil tenemos nuestro propio desafío: incorporar a nuestras agendas institucionales contribuir activamente a su edificación, consolidación y desarrollo. Vale la pena.

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Nº 18 - Jueves 10 de mayo de 2012