Cabildo Abierto hace flamear casi en solitario la bandera de la defensa de enjuiciados por derechos humanos en la dictadura
Por Sergio Israel y Pablo Mosteiro
Búsqueda 24 06 2021
La
posibilidad de que tres excomandantes del Ejército y la Armada sean procesados
por delitos cometidos durante la última dictadura (1973-85) y el aumento del
número de oficiales llevados finalmente ante la Justicia encendió algunas
alarmas dentro de la coalición de gobierno y es motivo de preocupación entre
militares.
Mientras
en tres juzgados penales existen pedidos de procesamiento o investigaciones que
involucran a los excomandantes del Ejército Raúl Mermot (1996-98) y Juan
Rebollo (1992-93) y al exjefe de la Armada Tabaré Daners (2004-06), en el
último año fueron procesados 16 militares o policías en cinco causas, aunque
cuatro de ellos ya estaban presos o procesados. La cifra resulta elevada si se
tiene en cuenta que entre 2002 y 2017 hubo 42 procesamientos en un total de 22
expedientes.
Mermot,
comandante de la fuerza de tierra con el presidente Julio Sanguinetti, era jefe
del Regimiento de Caballería N° 10 de Bella Unión cuando se produjo la muerte
de los comunistas detenidos Dante Porta y Saúl Facio.
Rebollo,
que sirvió con Luis Lacalle Herrera, estaba al mando de un operativo en el que
resultaron muertos tres tupamaras, un capitán del Ejército y un policía, en
abril de 1974.
Daners,
que estuvo al frente de la Armada con Jorge Batlle y Tabaré Vázquez, actuaba
como juez sumariante en Fusileros Navales en noviembre de 1977, en el momento
en que fue detenido, torturado y desaparecido el dirigente montonero argentino
Oscar de Gregorio y decenas de integrantes de los Grupos de Acción Unificadora,
algunos de ellos desaparecidos.
Entre
los oficiales procesados en las últimas semanas también está el general Mario
Aguerrondo, que fue jefe de Inteligencia Militar durante el gobierno de Lacalle
Herrera, aunque en su caso quedó en prisión domiciliaria por razones de salud.
También, entre una docena más, existe un pedido de procesamiento para el mayor
Armando Méndez, director de Aduanas en el gobierno de Lacalle Herrera.
Aguerrondo fue segundo jefe y luego jefe del Batallón de Infantería 13, donde fueron enterrados varios desaparecidos que habían sido torturados en el vecino galpón del Servicio de Material y Armamento conocido como 300 Carlos, en Gruta de Lourdes, mientras que Méndez está relacionado con las muertes del argentino Gerardo Alter y del tupamaro Walter Arteche, ocurridas mientras era interrogado en agosto de 1973, en el Batallón Florida.
Otro
expediente que venía desde hacía años es el del coronel Eduardo Ferro, quien
estaba prófugo y habría optado por entregarse en España, para poder seguir
cobrando su pensión militar.
Para
explicar el aumento de los procesamientos, operadores judiciales como el
abogado del Observatorio Luz Ibarburu, Pablo Chargoñia, manejan dos tipos de
causas: la actuación de la fiscalía especializada que encabeza Ricardo
Perciballe y el vencimiento de los plazos de los reiterados recursos presentados
por la defensa de los imputados, que se comenzaron a tramitar desde 10 años
atrás.
“Complicado y sin eco”
A
mediados del año pasado, durante una media hora previa en el Senado, Guido
Manini Ríos planteó la necesidad de rediscutir la ley de caducidad y presentó
un proyecto en la Comisión de Constitución y Códigos.
“No
es que Cabildo haya renunciado a su proyecto” para reinstalar la ley de
caducidad, sino que “no hemos tenido ningún eco” en el arco político “para
avanzar en esta idea”, declaró a Búsqueda el senador y presidente de Cabildo
Abierto, Guillermo Domenech.
Los
sondeos realizados por Cabildo entre dirigentes del Partido Nacional y el
Partido Colorado indican que no hay acuerdo. “No conseguimos que nos apoyaran y
estamos viendo de encontrarle otra solución al tema. Pero todo eso sigue ahora
en conversaciones para arriba y para abajo con los socios de la coalición para
encontrarle algún paliativo al tema, que es complicado”, explicó.
El
senador cabildante indicó que “hubiera deseado incluso que el Frente Amplio
acompañara, siguiendo la iniciativa de Tabaré Vázquez cuando planteó la idea
del Nunca Más”. Pero añadió en seguida: “La verdad es que no hemos tenido
ningún eco en el sistema político”.
El
19 de junio, fecha del natalicio de Artigas, había sido elegido por Vázquez en
2007 como el Día del Nunca Más. La idea, que incluso dio lugar a un decreto,
fue perdiendo vigor a través de los años hasta que dejó de aplicarse.
Para
Domenech, “hay que reconocer además que es un tema que a algunos sectores les
rinde políticamente y entonces lo quieren mantener vivo”.
Otro
dirigente cabildante consultado señaló que “hoy es una utopía absoluta
pretender una amnistía”, porque en este escenario político resulta “muy
difícil” que se pongan de acuerdo los principales actores. “Habrá que buscar
otras acciones prácticas dentro del Estado de derecho”, concluyó.
A su vez, el senador herrerista Gustavo Penadés dijo a Búsqueda que están “muy preocupados” porque “en algunos casos, respetando el fallo, existe una fragilidad argumental muy importante”. Sin embargo, advirtió que “por ahora no hay ningún paso dado” y opinó que “no es recomendado desandar la legislación vigente”, porque son temas de “una fragilidad enorme y de alta sensibilidad de ambos lados”.
Tres bibliotecas sobre
prescripción
Desde
el acuerdo del Club Naval, que habilitó la salida democrática de 1984, la
persecución de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la
dictadura ha estado en la agenda pública. El tema divide no solo a la
ciudadanía —que en dos oportunidades (1989 y 2009) se manifestó por no derogar
la ley de caducidad votada bajo fuerte presión en 1986—, sino también a los
magistrados.
Entre
abogados, jueces y fiscales existen al menos tres posiciones: unos consideran
que ya están vencidos todos los plazos y que los eventuales delitos cometidos
unas cuatro décadas atrás prescribieron, alegando razones de seguridad
jurídica; otros se afilian al principio de que al impedido por justa causa no
le corren los plazos, por lo que todavía no prescribieron porque no deben
contarse los años en que estuvo vigente la ley de caducidad; mientras que una
tercera biblioteca sostiene que son delitos de lesa humanidad y no prescriben.
Los
cinco ministros que integran hoy la Suprema Corte de Justicia (SCJ) están
divididos al respecto. Tabaré Sosa, Elena Martínez y Luis Tosi opinan que los
eventuales delitos cometidos durante la dictadura no se pueden considerar de
lesa humanidad porque Uruguay incorporó esa norma recién en 2006. Hasta ahora,
la Corte opinó que tanto la dictadura como la propia ley de caducidad impidieron
o desalentaron las denuncias y las investigaciones penales, de modo que se
corrió la prescripción, pero no van más allá.
Bernadette
Minvielle y John Pérez, el último ministro en asumir en la Corte, opinan, con
diferentes argumentos jurídicos, igual que unos cuantos jueces de primera y
segunda instancia, que los delitos de lesa humanidad rigen desde antes.
La
discusión, que en el mundo comenzó con el jurista holandés Hugo Crocio en el
siglo XVII, refiere a si son los Estados quienes deben fijar ciertas normas,
como los delitos de lesa humanidad o, por el contrario, estos existen porque
ofenden a todos y no dependen de una ley particular de un país, porque un
Estado que practica la tortura no tendrá interés en perseguir el delito. Es lo
que en Derecho se denomina ius cogens (normas de obligado cumplimiento) y que
según sus defensores están sustentadas desde 1968 en los artículos 72 y 332 de
la Constitución como principios generales.
También
los tribunales de apelaciones en materia penal están divididos sobre el tema.
Hasta ahora, el Tribunal de Apelaciones Penal de 1er turno, integrado por los
ministros Graciela Gatti, Alberto Reyes y Sergio Torres, se ha afiliado a la
postura de aceptar los delitos de lesa humanidad, mientras que Ángel Cal, Luis Charles
y Graciela Merialdo, que integran el Tribunal de 4° turno, fallaron en sentido
contrario.
Como
Tosi deberá jubilarse a fines de este año, existe la posibilidad de que se
modifique la mayoría de la Corte. Esta mayoría resulta importante para el caso de
casación que tiene a estudio la Corte en relación con la muerte en el cuartel
de Fray Bentos, en 1984, del médico de San Javier Vladimir Roslik. En este
expediente, se agrega además de la prescripción, el aditivo de que al haber
actuado la justicia militar podría considerarse cosa juzgada.
El miércoles 16, en una sentencia interlocutoria contestando una demanda del exintegrante del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas coronel Adí Bique, la jueza Ana de Salterain adhiere a que los delitos de lesa humanidad ya fueron definidos en 1945 por el tribunal de Nuremberg que juzgó a los principales criminales nazis y que fue incorporado al menos en 1968 a las normas uruguayas.
En
la misma línea argumental que el fiscal especializado Perciballe, se expresó en
un dictamen del viernes 11 la jueza penal de 27º turno, Silvia Urioste, que
interviene en el caso de los indagados Raúl Urioste y Faustino Álvez.
Esta
magistrada, que no frenó sus actuaciones por la pandemia, citó en el dictamen
al exministro de la Corte Felipe Hounie para sostener que “los crímenes de lesa
humanidad, al ser parte de las normas ius cogens, son inherentes a la
personalidad humana” y por ello “no es el precepto expresado en el estatuto,
tratado o convenio el que la hace vigente, sino que solo la actualiza mediante
una verbalización determinada, ya que, en sí, preexisten a tal actuación”.
En
una opinión discorde sobre la opinión mayoritaria de la Corte en un recurso
presentado por la defensa del coronel Wellington Sarli, la ministra Minvielle
argumentó que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el
caso Gelman contra Uruguay no deja lugar a dudas y sostuvo que la mayoría de la
SCJ tiene “una posición sesgada, limitada, hemipléjica, toda vez que toma en
consideración solamente el orden interno”.
“Falseando la
historia”
Los militares, en general, no aceptan la interpretación amplia que afecta a muchos de sus camaradas que a menudo eran entonces oficiales subalternos. Durante una conferencia que ofreció el martes 15 en el Instituto Militar de Estudios Superiores, el coronel retirado y abogado Eduardo Aranco Gil, que integra la Suprema Corte desde 2009 como miembro integrante militar, sostuvo que a pesar de la afirmación del entonces presidente Sanguinetti, quien en 1989 dijo que cuando se cerraron las urnas terminó la transición en el Uruguay, en realidad “la transición aún no ha terminado porque 32 años después están siendo juzgados hechos ocurridos en la década del 70, hace más de 40 años, en algunos casos hace casi 50 años”.
Además, recordó que “quienes atentaron contra la seguridad
del Estado, y cometieron todo tipo de delitos, tales como hurtos, homicidios,
secuestros, torturas, fueron amnistiados a los pocos días de restaurada la
democracia, quedando muchos crímenes impunes y otros tantos sin investigar”.
Luego
de exponer su mirada acerca del proceso legal y político, Aranco Gil dijo que
está elaborando una nueva solución jurídica. Esta semana posteó en su página de
Facebook que “desde hace varios lustros se está falseando la historia afectando
la memoria colectiva nutriéndola de resentimiento y venganza contra policías,
militares y civiles, que, habiendo actuado como agentes del Estado, están
siendo juzgados por hechos acaecidos hace más de cincuenta años”.
En
línea con el reclamo del coronel Aranco se expresó el senador Domenech: “No
tengo ninguna duda que los delitos de lesa humanidad no son de tipificación
retroactiva. Eso lo dice claramente el Tratado de Roma. Pero lamentablemente
nuestros jueces han hecho caso omiso a esa disposición e incluso el tema ha
desbordado de su cauce natural, porque se está procesando a personas por
acciones llevadas a cabo durante el período de guerra interna declarado por el
Parlamento democrático”, afirmó en una interpretación que supone que los
legisladores que votaron el estado de guerra y luego la ley de seguridad del
Estado dieron libertad para cometer delitos.
“Hay
unos cuantos (militares retirados) que han sido procesados por acciones
llevadas a cabo durante el estado de guerra interno declarado por el Parlamento
democrático, antes del 27 de junio de 1973, así que es absolutamente ilegal lo
que se está haciendo. Pero esas causas seguirán sus cursos y veremos qué
resuelven los tribunales de apelación y la Suprema Corte”, añadió.
A
nivel político, Domenech sostuvo que cualquier planteo sobre el tema
“requeriría un acuerdo con el Frente Amplio, porque es el que representa los
sectores políticos que están más comprometidos con quienes están en una actitud
de no finalizar el tema”.
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