La Asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

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viernes, 29 de octubre de 2021

La marca indeleble del poder

 EL CONTENIDO DEL TRIBUNAL DE HONOR CENSURADO POR EL

 GOBIERNO: NOMBRES Y EMPRESAS DETRÁS DE UN NEGOCIADO 

IMPULSADO POR GREGORIO ÁLVAREZ


Por Samuel Blixen – Brecha 29 10 21


El secreto impuesto al documento que revela los entretelones del Operativo Conserva solo puede interpretarse como la determinación de prolongar la impunidad sobre un negociado impulsado por el dictador Gregorio Álvarez y que desnuda la trama mafiosa de militares y empresarios a la sombra del poder. Brecha accedió al tribunal de honor del teniente coronel Armando Méndez, ocultado por el gobierno. En la documentación, el militar recientemente procesado por crímenes de lesa humanidad involucra a Carlos Mattos Moglia, tío del actual ministro de Ganadería, en una maniobra que favoreció a un grupo de frigoríficos a costa de dineros públicos.


Armando Méndez, director de Aduanas en la década de los noventa Nancy Urrutia


Mediante la resolución 77.015, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, ordenó «clasificar como información reservada la totalidad de las actuaciones del tribunal de honor del teniente coronel en situación de retiro Armando Méndez Caban por un período de 15 años desde su clasificación». Ello supone que la ciudadanía, los investigadores, los periodistas y, fundamentalmente, la asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos –que pidió el acceso a ese documento– recién podrán conocer su contenido en setiembre de 2036. El ministro justificó esa draconiana censura amparándose en los términos del artículo 9 de la Ley del Derecho de Acceso a la Información Pública, que autoriza la clasificación cuando se fundamente debidamente «la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que la divulgación de la misma genera un riesgo claro, probable y específico de daño al interés público». La resolución no incluye la fundamentación que reclama la ley, pero en sus declaraciones a los medios de prensa García argumentó que el tribunal de honor de Méndez no estaba relacionado con «cuestiones de derechos humanos, porque se refiere a un tema comercial con elementos personales». Para redondear la justificación, dijo que «todos los tribunales vinculados a derechos humanos» son entregados, «a diferencia de lo que sucedía en otras administraciones».

 

Un pequeño tropezón: el tribunal de honor que García clasifica como reservado está incluido en el legajo personal de Méndez, y ese legajo fue entregado al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ) en 2018 por Jorge Menéndez, el ministro de Defensa Nacional de la época. Puesto que ese legajo integraba la documentación que el GTVJ entregó a Cruzar, un proyecto universitario multidisciplinario para sistematizar archivos militares, es posible consultar el contenido de ese tribunal de honor (que Brecha publicará oportunamente en su página web) y descubrir dónde se anidan los «elementos objetivos de daño al interés público» que justifican su clasificación, su ocultamiento por 15 años. El «tema comercial» que invoca el ministro es el llamado Operativo Conserva, un negociado de mediados de 1982 que, con la exportación de carne para la producción de corned beef, enriqueció aún más a empresarios de frigoríficos y terminó detonando la compra de carteras deudoras, operación por la que los bancos extranjeros se desembarazaron de deudas incobrables en perjuicio del Estado. Y las «cuestiones personales» refieren a la identificación que el entonces mayor Méndez hacía de los responsables del negociado mediante declaraciones a tres coroneles designados para juzgarlo.

 

Integrado por los coroneles Juan Zerpa, Omar Goldaracena y José Chialanza, el tribunal de honor sesionó en agosto de 1982, inmediatamente después de que el presidente de la república, el general retirado Gregorio Goyo Álvarez, ordenara la sanción máxima (arresto a rigor de 30 días) por deslealtad de Méndez hacia los miembros del gobierno y de las Fuerzas Armadas en el transcurso de la puesta en práctica del Operativo Conserva. En el testimonio de Méndez aparecen, por primera vez, los detallados entretelones del Operativo Conserva que, en 1985, el Parlamento fue incapaz de investigar y que la Justicia, al archivar el caso, fue incapaz de juzgar y penar. Lejos de cuestiones personales, el documento revela la responsabilidad de militares y civiles que operaron en el centro del poder para beneficio de una rosca. La clasificación de reserva no solo esconde una porción de la historia reciente y la responsabilidad de jerarcas, empresarios y políticos, sino que, además, protege de una incómoda comparación entre prácticas antiguas y prácticas actuales.


Archivo Chelle


EL ENFRENTAMIENTO ENTRE DOS TERRORISTAS DE ESTADO

 

Álvarez, autoproclamado presidente de la república, y Méndez, designado presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), ya habían contribuido generosamente a la dictadura con asesinatos y desapariciones, de modo que en 1982 podían, cada uno desde su respectiva trinchera, enfrentar los desafíos que, en vísperas de las elecciones internas de los partidos políticos, anunciaban los descalabros económicos que agotarían el proyecto cuartelero y precipitarían la negociación para la salida democrática. En el cónclave gubernamental de Piriápolis de noviembre de 1981, la cúpula militar y política analizó, entre otros problemas, el abultado stock de ganado que no se faenaba ni para la exportación ni para el abasto interno y peligraba derivar en una mortandad generalizada en medio de una sequía persistente.

 

Diversas misiones comerciales –a Jordania, Italia, Egipto e Irán– procuraban concretar la exportación de carne bovina y ovina, pero una dificultad adicional era la colocación de ganado para «manufactura y conserva» (es decir, flaco). La idea de faenar 14.600 toneladas para la producción de corned beef surgió en el entorno de Álvarez (véase la nota aparte sobre los detalles del negociado). Del testimonio de Méndez en el tribunal de honor surge que los dos principales ejecutores del operativo fueron el ministro de Agricultura y Pesca, Carlos Mattos Moglia (tío de Fernando Mattos, actual ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, asesor de UPM y expresidente de la Asociación Rural), y el empresario José María Alori, cabeza del grupo económico Alori Oyenard. El protagonismo del dictador es el de titiritero que mueve las marionetas a su antojo.

Antes de acceder al ministerio, Mattos Moglia había sido presidente de la Asociación Rural y respaldado la reestructuración de la industria frigorífica, que terminó liquidando al Frigorífico Nacional como ente testigo. Por su parte, en el momento del Operativo Conserva, Alori era director del Frigorífico Carrasco, integraba la Cámara de Industrias Frigoríficas y era director del Banco Pan de Azúcar. Antiguo director de Establecimientos Frigoríficos del Cerro SA, su grupo económico controlaba unos 15 establecimientos agropecuarios, uno de los cuales, Las Mercedes, explotaba junto con Álvarez. Los vínculos del presidente y el empresario exhibían otro eslabón: Rosario Flores, esposa del dictador, también integraba el directorio del Frigorífico Carrasco, del que era abogado Enrique Tarigo. Si la relación comercial entre Álvarez y Alori permitía afirmar que en las transacciones ganaderas ambos llegaban a controlar los precios de las haciendas, y junto con un terrateniente de Cerro Largo de apellido Arigón eran conocidos como La Triple A –Álvarez, Arigón, Alori–, la que existía entre Mattos Moglia y Alori era mucho más modesta: tal como detalló Méndez en el tribunal de honor, en el momento de ponerse en marcha el Operativo Conserva, Alori gestionaba, a través de una inmobiliaria de su propiedad, la venta de la casa del ministro. Pero los grandes poderes que Mattos Moglia otorgó a Alori sugieren vínculos más estrechos.

 

UN NEGOCIO PERJUDICIAL PARA EL PAÍS

 

Las fuertes confrontaciones entre Mattos Moglia y Méndez surgieron en el mismo momento en que el ministro pretendió adjudicar la faena de las 14.600 toneladas de ganado conserva, en forma directa, a un puñado de frigoríficos elegidos a dedo. Méndez, desde el INAC, reclamaba una licitación abierta. El ministro, después, justificó su criterio aludiendo a «las complejidades del operativo». Méndez se opuso al criterio de Mattos Moglia de poner en manos de privados la ejecución del Operativo Conserva: consideraba que debía ser una «negocio de gobierno a gobierno». Mattos Moglia, por el contrario, prefirió descansar la gestión en una empresa, Inversur Trading, cuyo responsable era Alori. Tal como explicó Méndez a los coroneles, fue Alori quien elaboró el contrato entre el gobierno e Inversur, en el que se especificaron los mecanismos por los que el Estado financiaba a Alori la compra de la carne a frigoríficos que no eran individualizados y, a la vez, extendía una carta de crédito para que Inversur impulsara la producción de corned beef en cinco frigoríficos argentinos, que tampoco eran individualizados en el documento (pero que fueron identificados después como empresas vinculadas al jefe de Policía de la provincia de Buenos Aires, el general Ramón Camps).

 

Según Méndez, el negocio significó un beneficio seguro para Alori –y para los frigoríficos que faenaron las 14.600 toneladas– y terminó en un perjuicio de 15 millones de dólares para el Estado. Por lo menos en dos reuniones con Álvarez, en las que estuvieron presentes el ministro y el general Pedro Aranco, director de la Secretaría de Planeamiento, Coordinación y Difusión –organismo precursor de la actual Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el que el contador Ariel Davrieux actuaba como segundo responsable–, el presidente del INAC expuso y fundamentó sus reparos. En las actas del tribunal de honor Méndez dejó constancia de que en una oportunidad Álvarez opinó que Alori y Arigón eran «imparables» y de que en otra le advirtió: «No te tires contra el ministro en los escritos». De todas formas, Méndez ratificó por escrito sus posiciones y exigió que Mattos Moglia hiciera lo mismo. Méndez identificó al abogado Fernando Etcheverry Ferber como el asesor del ministro, que hacía de enlace con Alori en el proceso de elaboración del contrato. 

 


Carlos Mattos Moglia Archivo Chelle


EL GOYO IMPONE SU PODER

 

En las casi 400 fojas del tribunal hay reiteradas referencias a «lo que se dice en la calle». Méndez identifica los restaurantes del Mercado del Puerto, «donde se reúnen empresarios frigoríficos y ganaderos», la usina de los rumores. Uno de ellos sostenía que él cobraba coimas para oponerse al operativo. Ese rumor encendió su temperamento impulsivo y habría sido la razón de que, en una reunión con los jefes y los gerentes del INAC y la Comisión de Abasto, divulgara los detalles del proceso, que los presentes interpretaron como «un negociado». Consumada la «deslealtad», la reacción de Álvarez fue fulminante. El arresto a rigor impulsó a Méndez a solicitar el tribunal de honor («A los 34 años me cortaron la carrera», dijo).

 

Cuando los tres coroneles terminaron la labor, decidieron, por unanimidad, que Méndez había cometido «una falta leve, con atenuantes y agravantes», producto de su temperamento y su juventud. Descartaron la investigación que el ministro del Interior, Yamandú Trinidad, encomendó a la Dirección de Información e Inteligencia por una eventual «motivación política» en la oposición de Méndez al Operativo Conserva (lo que hubiera implicado consecuencias de otro tenor) y elevaron su juicio al comandante del Ejército, el general Boscán Hontou, quien, a su vez, lo derivó al Poder Ejecutivo. Un decreto de Álvarez negó la homologación del fallo, desautorizando implícitamente a los tres coroneles. Meses después, Méndez solicitó su pase a retiro. Incursionó en la actividad privada como empresario de seguridad, además de como productor rural, y en 1991 tuvo una postrera reivindicación, cuando el presidente de la república, Luis Alberto Lacalle Herrera, decidió anular el decreto del dictador Álvarez, homologar el fallo del tribunal y, por tanto, promover el ascenso de Méndez a teniente coronel en situación de retiro, sin beneficio de retroactividad en sus haberes.

 

En una espiral de la historia, el ministro de Defensa Nacional del hijo de aquel presidente decidió cajonear durante 15 años este insólito episodio sobre un diferendo entre dos homicidas, cuyo trasfondo revela la corrupción de militares y civiles a la sombra de una dictadura. La clasificación de reserva para el tribunal de honor se adoptó antes de que Méndez fuera procesado por el asesinato del prisionero argentino Gerardo Alter. Por lo tanto, ello no influyó en la decisión. Solo el ministro puede explicar por qué quiso mantener en secreto los pormenores del Operativo Conserva, un secreto que no duró ni 15 días.

 

 


 El ministro de Defensa, Javier García, en mayo de este año en la Torre Ejecutiva Mauricio Zina

LA TRAMA DEL OPERATIVO CONSERVA

FRIGORÍFICOS BENEFICIADOS CON DINEROS PÚBLICOS

La trama del Operativo Conserva bien puede haberse convertido en un manual para futuros negociados a la sombra del poder. Su lógica es transparente en la medida en que haya margen para la impunidad. En el último tramo de la dictadura ese requisito estaba asegurado.

 

El esquema fue el siguiente: una porción del ganado en praderas (se estimó en 100 mil cabezas de mala calidad) estaba condenado a no ser faenado, porque no había mercado que lo absorbiera. Entonces se fabricó ese mercado: 14.600 toneladas serían compradas a ciertos frigoríficos elegidos a dedo, a 850 dólares la tonelada. El precio de mercado no superaba los 700 dólares. El intermediario sería Inversur Trading, del empresario José María Alori. 

Una de las empresas que recibirían un cupo para la faena, Central Frigorífica del Uruguay, estaba presidida por el hermano de este, Antonio María Alori. Para financiar la compra de la carne, Inversur recibiría una letra de cambio extendida por el gobierno. Otra letra de cambio fue extendida a favor de Inversur para financiar la producción de corned beef en frigoríficos argentinos, a un precio promedio de 21,5 dólares cada lata de 340 gramos, es decir, un 25 por ciento más cara que el precio de mercado. 


La carne fue ingresada a Argentina en régimen de off shore, como si se tratara de capitales financieros, y fue «repatriada» a través del puente en Fray Bentos. El contrato entre Inversur y el Ministerio de Agricultura y Pesca establecía que el gobierno estaba obligado a comprarle a esa empresa la totalidad del corned beef. Inversur terminó vendiendo en el exterior las latas a 16 dólares, con una pérdida de 5 dólares por cada una, pero la ecuación resultó un negocio redondo para Alori, que no había puesto un peso.

 

En el esquema, los frigoríficos obtuvieron una ganancia de 150 dólares por tonelada. Los frigoríficos argentinos embolsaron unos 5 millones de dólares por la manufactura, sin haber desembolsado capital por la materia prima. Se estima que, con la venta del corned beef y las comisiones, Alori ganó unos 10 millones de dólares. Las latas que no pudieron ser vendidas fueron usadas por el intendente de Montevideo, Juan Carlos Payssé, para atraer votantes durante la campaña electoral de 1984 con «corned beef barato». Había sido designado intendente de facto en 1983 cuando convenció a los militares de que había dejado definitivamente atrás su vinculación con Wilson Ferreira Aldunate, de quien fue secretario político. 


Uno de los mayores beneficiados fue la representación en Argentina del Bank of America, que financió la producción de corned beef con la garantía del Estado uruguayo. Utilizó ese endeudamiento del gobierno como parte del acuerdo para la compraventa de carteras de deudas incobrables que impulsó junto con el Citibank. Para salvar el sistema financiero, el gobierno del dictador Gregorio Álvarez destinó 500 millones de dólares en carteras incobrables de los bancos extranjeros. El Estado uruguayo perdió 15 millones de dólares con el Operativo Conserva.

 

CONFRONTACIÓN ENTRE FACCIONES MILITARES

EL PLANETA DE LOS SIMIOS

 

En la trama del Operativo Conserva sería una ingenuidad atribuir el papel del bueno al mayor Armando Méndez, que defiende los intereses de empresarios honestos damnificados por una rosca de empresarios inescrupulosos a los que protege con guiños de don Corleone el dictador Gregorio Goyo Álvarez. Conviene recordar que Méndez fue un oficial de inteligencia que en febrero de 1973 participó activamente en el enfrentamiento del Ejército y la Fuerza Aérea contra la Marina y que en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas desarrolló métodos para interrogatorios que hicieran más productiva la tortura. Más correcto sería interpretar la confrontación entre Álvarez y Méndez por el Operativo Conserva como una expresión del esquema de puja interna por el control del Ejército, que desde 1974 enfrentó a Álvarez con el general Esteban Cristi. 


Ambos eran la cabeza de corrientes internas que disputaban el poder sin que, en los términos políticos más generales e ideológicos, pusieran en riesgo el proceso dictatorial. Coincidían en la brutalidad de la represión como herramienta de control, en el rumbo de la economía, en la necesidad de utilizar a los partidos políticos tradicionales como paraguas (de ahí que no titubearan en desplazar a Juan María Bordaberry cuando propuso instaurar un régimen corporativo) y en las estrategias para impulsar el famoso cronograma que permitiera devenir en una democracia tutelada. Pero ambos eran gorilas cuando se trataba de disputar el liderazgo de la manada.

 

Álvarez era tan fascista como Cristi, pero logró imponer la imagen del moderado frente al duro que se parapetaba en la División de Ejército 1, la más poderosa del país. Las maniobras del Goyo resultaban infructuosas para debilitar a Cristi, que controló las estructuras de la inteligencia del Ejército. En ese esquema Méndez fue un niño mimado de Cristi y pudo desarrollar una carrera meteórica, incluso después del pase a retiro de su mentor, bajo el ala del general Juan Vicente Queirolo. Así, en 1979, accedió primero a la presidencia de la Comisión Administradora del Abasto y después a la del Instituto Nacional de Carnes, ambos organismos estratégicos. Para concretar sus ambiciones de proclamarse presidente, Álvarez supo aprovechar una jugada errónea de «los duros»: la impresión de El Talero, un pasquín de circulación clandestina entre la oficialidad que pretendía desprestigiar al comandante en jefe. Al identificar a los autores, Álvarez ordenó el pase a retiro del general Amaury Prandt, director del Servicio de Información de Defensa, y del mayor José Gavazzo, jefe del Departamento III (Operaciones) de ese mismo organismo.

 

Cuando en 1981 Álvarez se convirtió en presidente, la situación de Méndez cambió cualitativamente, pero logró mantener el respaldo de Queirolo, hasta que este fue sustituido por Boscán Hontou. En el ámbito del Poder Ejecutivo, quedó en solitario. Y cuando Álvarez pretendió anular a aquel oficial protegido de Cristi, mediante manipulaciones para implicarlo en sus planes, Méndez optó por resistirse. Aun cuando los tres coroneles que lo juzgaron habían sido sus colegas en la represión (Juan Zerpa, comandante del Batallón 13 de Infantería; José Chialanza, comandante de Transmisiones 1 –unidades, ambas, en las que funcionó el 300 Carlos–, y Omar Goldaracena, comandante del 6.o de Caballería), no tuvo suerte, jaqueado no solo por el dictador, sino también por los generales que lo rodeaban, Hontou, Pedro Aranco y Yamandú Trinidad.

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jueves, 28 de octubre de 2021

Una iniciativa deplorable


 

Los senadores de Cabildo Abierto han presentado en la Cámara de Senadores un proyecto de ley denominado Prisión Domiciliaria. Otorga dicho beneficio de manera preceptiva a todos los ciudadanos condenados por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde 1968 hasta el final de la dictadura. Deben tener más de 65 años de edad.

Es una iniciativa destinada a mitigar al máximo posible la sanción penal que han recibido. Pretende mejorar las condiciones penitenciarias, ya de por sí envidiables, que tienen los escasos represores que han sido juzgados y condenados. Otorga el beneficio, además, a quienes en lo sucesivo puedan llegar a ser condenados en las decenas de casos pendientes de resolución en el poder judicial.

Prisión domiciliaria preceptiva

En la actualidad, dado el tiempo transcurrido desde los acontecimientos, todos los represores que sobreviven, superan esa edad. El beneficio de la prisión domiciliaria ya está establecido. Los jueces intervinientes están en condiciones de otorgar la prisión domiciliaria por razones de salud o similares.

El dictador Juan María Bordaberry falleció en su casa, José Nino Gavazzo, estuvo muchos años en su residencia del Parque Miramar, donde fue entrevistado por El País, Gilberto Vázquez disfrutó de ese beneficio inmerecido en Rivera hasta hace poco tiempo y  el coronel retirado Ernesto Avelino Ramas, El Tordillo, uno de los más siniestros represores, desde hace casi 10 años reside en su casa en Piriápolis, sin haber estado nunca en un centro de reclusión.

Los peores delincuentes

A diferencia de lo sucedido en Argentina y en Chile, donde centenares de represores de las dictaduras de dichos países fueron juzgados, condenados y purgan sus condenas en cárceles comunes, en Uruguay, debido a la fuerte presión ejercida por el partido de la impunidad, sectores económicos, mediáticos y políticos, solamente un reducido número de represores ha sido, luego de décadas, enjuiciado.

Por lo demás, todos los procesados cometieron delitos graves, muy graves. Los cometieron siendo funcionarios estatales que tenían la obligación de evitar e impedir que ellos ocurrieran. No son delincuentes comunes. Son criminales profesionales, adoctrinados y entrenados, que usaron el aparato coercitivo para cometer crímenes execrables. Ha quedado demostrado también que los cometieron con sevicia, con premeditación y alevosía, actuando ante ciudadanos reducidos e indefensos, en algunos casos siendo niños, menores y adultos mayores como en el caso del maestro Julio Castro, además de ensañarse especialmente con las mujeres.

Ley de Caducidad: inconstitucional

En octubre del año 2009, la Suprema Corte de Justicia, presidida por el Dr. Jorge Chediak, funcionario del actual gobierno, mediante la Resolución 365, estableció la inconstitucionalidad de la Ley 15.848, ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Lo hizo por razones formales y de contenido, descartando, expresamente, incluso, el referéndum de 1989. Lo hizo para el caso Nibia Sabalzagaray y también para casos posteriores que se presentaron.

En el año 2011, el Parlamento, actuando en base a lo anterior y a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Gelman vs Uruguay,  aprobó la Ley 18 831 que restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado. El artículo 1º de esa ley fue ratificado por la Suprema Corte de Justicia presidida por el Dr. Jorge Ruibal en febrero de 2013.

Condenados con plenas garantías legales

A partir de ese momento se restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado y se eliminaron todos los obstáculos legales que existían para actuación del Poder Judicial. A instancias de las propias víctimas y de sus familiares, se comenzaron a procesar las diferentes causas judiciales, mientras se desplegaban incesantes declaraciones y presiones para los jueces dispuestos a cumplir con sus juramentos.

La creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y la actuación del Dr. Ricardo Perciballe, blanco frecuente de las diatribas cabildantes, ha permitido avances importantes en materia de justicia para el pasado reciente.

Todos los condenados han disfrutado de las máximas garantías legales y procesales. El cúmulo de evidencias y pruebas ha sido abrumador. La Suprema Corte de Justicia ha sido tolerante al máximo con sus maniobras dilatorias. El coronel Gómez, “el carretilla de plata” en el EMR Nº 1, mal procesado con la complicidad de José Nino Gavazzo, fue liberado por el Tribunal de Apelaciones en su debido momento. Todos los condenados lo fueron por delitos tipificados en el viejo Código Penal anterior a la promulgación de la Ley 18 026 de cooperación con la Corte Penal Internacional.

Rechazo al terrorismo de Estado

Votar en contra de este proyecto de ley es un acto militante en favor de la democracia y de las normas de derechos humanos. El sistema político en su conjunto debe oponerse.  Es un acto de solidaridad con la propia sociedad y con los miles y miles de uruguayos que sufrieron la dictadura y que tienen derecho a que los responsables materiales cumplan el castigo estipulado por las leyes para estos casos sin alicientes de ningún tipo. Es de justicia.

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Opinando N° 11 – Año 10 – Jueves 28 de octubre de 2021

17° Asado de fin de año Crysol (2015)

Julio Abreu sobreviviente del vuelo cero

Reconocimiento a expresidenta Silvia "turca" Yapor

Día del Liberad@ 2014

Fusilados de Soca 2013

Celebración del Día del Liberad@ 2013

2º Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia

Festejo de los 11 años de Crysol

Homenaje a L@s Fusilad@s de Soca - 2010

Asado de fin de año 2 (clip largo) de Crysol 2010

Asado Fin de Año 1 (clip corto)

Mesa para la Paz en Pan de Azúcar el 10 de Diciembre

María Ester Gatti

30 años del NO a la Dictadura

Basta de Impunidad. Concentración en la Plaza Libertad el 24 11 10

Crysol en la concentración del Pit - Cnt el martes 16 de noviembre de 2010 en el Palacio Legislativo

Concentración en el Ministerio de Economía y Finanzas el 9 8 10

Marcha de Crysol el 21 de agosto de 2008


Día del Liberad@ 2010


Sigue siendo injusta


Festejo del 10º aniversario de Crysol