La Asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

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viernes, 28 de mayo de 2021

La bata manchada

                   MÉDICO MILITAR IMPUTADO POR ABUSOS 

                            A EX-PRESOS POLÍTICOS

Mauricio Pérez – Brecha - 28 mayo, 2021

La Justicia interrogó a un médico militar imputado por delitos de abuso de autoridad contra ex-presos políticos. Diversos testimonios lo ubican como un partícipe directo de la represión en el 300 Carlos y con activa participación en el parto de María Claudia García.

Ramón Rodríguez de Armas, médico imputado por torturas, junto a la abogada
Graciela Figueredo, a la salida del juzgado 
Mauricio Zina

Por debajo de la venda o directamente mirándolo a los ojos, una decena de ex-presos políticos reconocieron al médico militar Ramón Rodríguez de Armas como uno de los profesionales que los atendió durante su cautiverio y que controlaba las sesiones de torturas en centros clandestinos de detención durante la dictadura.

El jueves 20, Rodríguez de Armas compareció ante la Justicia, como parte del proceso de indagatoria penal por el secuestro de Enrique Rodríguez Larreta, reactivada en 2011 a partir de la denuncia penal presentada por Elba Rama y otras sobrevivientes del centro clandestino argentino Automotores Orletti. 

Fue una instancia clave para la causa. Sobre fines de 2020, el fiscal Ricardo Perciballe solicitó su procesamiento con prisión por un delito de abuso de autoridad contra los detenidos (La Diaria, 24-XII-20). Ahora, la jueza Silvia Urioste lo interrogó en audiencia ratificatoria, previa al dictado de su resolución. 

En ese ámbito, el médico militar intentó rebatir las acusaciones de decenas de víctimas que lo identifican como Óscar 5, integrante del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), activo en centros de represión como el 300 Carlos y la casona de Punta de Gorda, y en la sede del Servicio de Información y Defensa (SID), ubicada en Bulevar Artigas y Palmar. 

Esos testimonios señalan a Óscar 5 como partícipe del falso operativo del chalet Susy, en Shangrilá, mediante el cual se pretendió blanquear la situación de varios militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), detenidos en Argentina y trasladados ilegalmente a Uruguay en el primer vuelo de Orletti. Según esos relatos, fue el encargado de ocultar los rastros de la tortura y hacer que los detenidos tuvieran un mejor aspecto físico en el momento de la falsa detención. 

Alicia Cadenas declaró: «En un momento, cuando nos sacaron a tomar sol, el médico torturador Óscar 5 dijo: “A estos hay que darles algo para que se recuperen porque van a parecer cadáveres”». Incluso, algunos presos políticos señalan su participación en Orletti. Sergio López Burgos, fallecido en 2013, declaró que le dio una pastilla rosada cuando era torturado con la picana eléctrica y reconoció su voz «jadeante y asmática». 

En tanto, Elba Rama y Sara Méndez lo señalaron como el médico que asistía a la sede del SID para atender a María Claudia García, embarazada de su hija, Macarena. Cadenas dijo que el médico fue notificado por radio cuando la joven argentina estaba por dar a luz y que fue este quien ordenó que la trasladaran al Hospital Militar. 

IMAGEN IMBORRABLE

Tras el pedido de procesamiento contra Rodríguez de Armas, la indagatoria ingresó en sus últimas etapas. Esto implicó la declaración del imputado y de varios testigos, entre ellos, el expresidente de la Junta Anticorrupción y exintegrante del PVP Ricardo Gil Iribarne. 

En su declaración, a la que accedió Brecha, el exjerarca recordó que fue detenido en 1976, en Colonia, por actos de propaganda, y que fue trasladado a diversos centros de detención: el FUSNA, el Grupo de Artillería N.º 1 y el 300 Carlos (o Infierno Grande), ubicado a los fondos del Batallón N.º 13. Fue interrogado y torturado sistemáticamente. Y apuntó que las torturas se intensificaron en el 300 Carlos, tras la detención de los militantes del PVP en Argentina. 

En este marco, reconoció a Manuel Cordero y Jorge Pajarito Silveira como algunos de los partícipes de su tortura. Y aseguró que existe una persona que mencionó en anteriores declaraciones cuya identidad desconocía hasta hace poco: un médico que actuaba en el 300 Carlos bajo el alias Óscar 5. 

Según Gil Iribarne, a ese médico lo vio en cuatro oportunidades: «La primera vez le vi el rostro por debajo de la venda; la segunda vez no le vi la cara […] creo que fue él, pero con menos certeza». La tercera vez fue tras una importante lesión que sufrió en la tortura: «Al otro día va a revisarme, lo primero que me dice es: “Gringo, vos seguís acá –los oficiales me decían Gringo–, vos no entendés que estos te van a matar”, y ahí corrige y dice: “Bueno, te vamos a matar”». La cuarta vez fue tras ser golpeado reiteradamente con un rebenque: «Les dice que me tienen que tener boca abajo por varios días hasta que ceda la inflamación […] en esa oportunidad lo volví a ver, nunca me sacaron la venda, pero lo vi por debajo de ella». 

Ante la jueza, Gil Iribarne lo describió físicamente: «Era un hombre fornido, tirando a obeso, cabeza grande, peinado hacia atrás con el pelo chato, hablaba en voz baja. Yo calculo que tenía como 40 años. Se vestía de sport, saco y camisa sin corbata. De lo que no tengo mucha idea es de su estatura, ya que estaba acostado, parecía de estatura normal, pero no tengo referencia». 

Nunca más lo vio, pero en diciembre de 2020 pudo identificarlo: «Leí la información de que se lo acusaba de ser Óscar 5 a un médico llamado Ramón Rodríguez de Armas, una de las notas de prensa incluía una fotografía, que no tengo dudas de que se corresponde con quien yo conocía como Óscar 5. Reitero que siempre fui cuidadoso de no acusar a nadie si no estoy plenamente convencido». Por eso, decidió comunicarse con fiscalía. 

Tras ser interrogado por la defensa, Gil Iribarne confirmó la participación en actos aberrantes, al actuar en un galpón con gente torturada: «Estar atado y vendado durante meses y que me digan “te vamos a matar”, si eso no es aberrante, no sé qué es». Y afirmó que eso no es contradictorio con los tratamientos que les brindaban: «Obviamente no hizo nada por evitar la tortura […] como cuando me dio una inyección cuando estaba colgado, su objetivo no era cuidarme, sino que me siguieran interrogando». 

El jueves 20, la jueza Urioste interrogó a Rodríguez de Armas. En esa instancia, el médico –equiparado a teniente coronel– afirmó que trabajó en diversas instituciones, entre ellas, el Hospital Militar y que conocía a Pajarito (por Silveira), pero que no tenía ningún vínculo actual con él: «Creo que estuvo en el Hospital Militar, no lo sé decir». 

Durante la audiencia, se le preguntó si atendió a detenidos en el SID: «No, yo atendí en el Hospital Militar desde que ingresé hasta que egresé [entre 1971 y 1996] ». Al preguntarle si alguna vez fue al SID, también contestó en forma negativa: «Alguna vez me dejaban estacionar, pero dentro del SID nunca estuve. Solo en el estacionamiento». 

La jueza le preguntó si alguna vez había atendido a María Claudia García: «No, no tengo noción de quién es esa persona». También le preguntó si atendió partos de detenidas: «Pude haber atendido alguna en el Hospital [Militar], pero no sé diferenciar, no había diferenciación allí». Y admitió que en algunas oportunidades fue al penal de Punta de Rieles para hacerles los controles ginecológicos a presas políticas. 

En este contexto, el médico militar rechazó las declaraciones de un exoficial de la Fuerza Aérea, quien dijo conocerlo y lo asoció con la operativa del OCOA. Rodríguez de Armas dijo no saber quién es ese oficial y aceptó tener un careo para clarificar las diferencias entre ambas declaraciones. El careo se llevará adelante el 10 de junio. Luego, la jueza Urioste estará en condiciones de dictar su fallo.

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lunes, 24 de mayo de 2021

Otras piezas del engranaje

DETUVIERON EN ESPAÑA A COLABORADOR DEL FUSNA Y PIDEN SU EXTRADICIÓN


Por Mauricio Pérez

Brecha - 21 mayo, 2021


La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad solicitó la extradición de Fleming Gallo, un exmilitante del Partido Comunista que colaboró activamente con el aparato represivo de la dictadura.

El delator, detenido en España, es investigado por la tortura de ex-presos políticos, incluida Graciela Villar, excandidata a vicepresidenta por el Frente Amplio.

Graciela Villar fue una de las militantes señaladas por el colaborador del FUSNA.

La Computadora era una agencia interna, creada en 1976, que funcionaba en dependencias del S-2 (inteligencia), en el Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA). Su cometido era sistematizar información de los interrogatorios a los detenidos y analizar la situación de las organizaciones políticas consideradas «enemigas» (véase «El extravío», Brecha, 15-I-16).

Para sus tareas, contaba con una estrecha participación de algunos detenidos que colaboraban con el S-2 en el análisis sobre la veracidad de las respuestas brindadas por el resto de los detenidos, que eran interrogados bajo torturas en esa unidad militar. Con estos elementos, la Computadora completaba fichas de los detenidos y elaboraba informes sobre las estructuras de las distintas organizaciones políticas perseguidas.

Uno de sus primeros colaboradores fue un militante del Partido Comunista del Uruguay (PCU), detenido a principios de 1976, sobre el final de la Operación Morgan, que se quebró durante la tortura y, azuzado por los oficiales del FUSNA, se transformó en delator. Pero no solo eso: tuvo una activa participación en el interrogatorio de varios de sus excompañeros de partido.

El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad Ricardo Perciballe solicitó, días atrás, la extradición de Fleming Julio Gallo Sconamiglio, aquel exmilitante comunista que se transformó en colaborador en la Computadora. Gallo fue detenido sobre principios de este año, en España, tras un pedido de captura librado en su contra en octubre de 2019, en el marco de una investigación por delitos de tortura contra ex-presos políticos en el FUSNA.

La extradición de Gallo fue solicitada tras una denuncia penal presentada por Mariana Felártigas, que incorporó los testimonios aportados hace más de una década en otro expediente por tres ex-presas políticas: Sandra Toledano, Beatriz Paciello y Graciela Villar. Las tres fueron detenidas en agosto de 1979 y trasladadas al FUSNA, donde fueron interrogadas y torturadas. Su otrora compañero tuvo un rol clave en esas detenciones y participó activamente de los interrogatorios, preguntando, pero también –en algunos casos– torturando. «Fuimos detenidas las tres juntas, después de que él nos ve», contó Villar a Brecha.

Villar y Gallo tenían una militancia conjunta, pero también un estrecho vínculo familiar. Él era esposo de su prima hermana; el tío de ella, Ramón Núñez Barrera, era militante comunista de toda la vida, estaba preso y supo que muchos militantes comunistas habían sido detenidos porque Gallo «había trabajado marcando gente».

La noche de su detención, las tres habían asistido a un recital de resistencia a la dictadura en la Galería del Notariado. De repente, un compañero se acercó a Villar y le dijo que adelante, en las primeras filas, estaba «su primo», que en ese momento estaba, supuestamente, detenido en el FUSNA. «Ya sabíamos que Fleming no solo se había quebrado, sino que salía a la calle a quemar gente», relató Villar. Fue ahí que él mira hacia atrás y las ve.

«No encuentro palabras para definir lo que sentí», contó. «El dolor, la vergüenza, la vergüenza familiar; mi tío estaba preso, mi prima, que era militante de la UJC [Unión de la Juventud Comunista], y el miedo, un miedo que hoy no podría describir. Fue un decir: “Ahora que nos viste, somos candidatas”. Esa misma noche nos detuvieron, cometimos la ingenuidad de ir a nuestras casas», dijo Villar. Fue detenida junto con su esposo. Su primera hija, Tania, una niña, también fue llevada y entregada a su abuela.

Unicef

Fueron trasladados encapuchados y maniatados al FUSNA, secuestrados, ya que nunca fueron procesados por la justicia militar. Los interrogatorios y las torturas se mezclaban con sus vidas personales: Toledano estaba embarazada de 36 semanas y estuvo internada en el Hospital Militar; Villar y su esposo no sabían el destino de su hija: «Pensábamos que la habíamos perdido». Fueron diez días que parecieron muchos más, porque «ahí los minutos son días y los días son meses».

En 2005, las tres decidieron presentarse ante la Justicia y denunciar las torturas sufridas. Para ellas, poder declarar fue un hecho sustantivo. «Es reabrir heridas y poner en palabras situaciones de violencia extrema y poder decírselas a otras personas», dijo Villar. Sobre todo porque esos diez días en el FUSNA quedaron marcados: «Esto queda latente en el cuerpo nuestro; mujeres sometidas a violación, manoseadas, éramos muy jóvenes. Hay algo que no se borra nunca más, que queda como una marca indeleble».

Poder declarar esas situaciones también fue sentir que existe la justicia y que esos crímenes no quedarían impunes: «Esta es la democracia por la que tanto peleamos», dijo. «Esto ratifica, una vez más, que el pasado, por más que se quiera enterrar, sale […]. El silencio se transforma en un acto de complicidad cuando quienes cometieron estas atrocidades no son juzgados. Fleming no solo traicionó las ideas por las que decía que peleaba, sino que pasó a trabajar directamente con los represores; para mí es profundamente doloroso», expresó Villar.

Un documento titulado «Computadora: resultados de su trabajo y situación al 28 de noviembre de 1979», destacó el trabajo de los servicios de inteligencia del FUSNA en la estructuración de una red de informantes infiltrados en «filas del enemigo», que se construyó mediante la captación de colaboradores entre los detenidos. Esa red «logró el desbaratamiento de la red clandestina del PCU. De no haber mediado un fino trabajo de infiltración (una labor de inteligencia que llegó hasta la detención del primer secretario del PCU en Uruguay) no se hubiera logrado ni cercamente [sic] su desmembramiento» (véase «El extravío», Brecha, 15-I-16).

La participación de Gallo en esa red de colaboradores quedó registrada en diversos documentos hallados en el archivo del FUSNA y en el archivo Berrutti. Según un informe de Interpol, una persona con su mismo nombre y apellido e igual fecha de nacimiento ingresó a Estados Unidos en 1980, por Nueva York; esa persona no tenía antecedentes y por su rol de colaborador no fue procesado por la justicia militar.

Por esos años, Gallo se radicó en México, hasta que fue identificado por la colectividad de exiliados uruguayos en ese país y decidió retornar a Uruguay, donde vivió varios años y trabajó como gerente de una institución médica en Minas (Lavalleja). Fue identificado años después por Villar, entonces dirigente de la Federación Uruguaya de la Salud, durante un conflicto sindical.

Después de ese conflicto, se radicó en España junto con toda su familia. Sería detenido en ese país europeo a pedido de la Justicia uruguaya. El fiscal Perciballe solicitó su extradición por los delitos de privación de libertad y reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, sin perjuicio de que se le puedan imputar otros delitos, dijeron fuentes judiciales a Brecha.

Gallo también aparece mencionado en una denuncia presentada por más de cuarenta ex-presos políticos, nucleados en el colectivo Crysol, por torturas en el FUSNA. En esta denuncia, además de oficiales de la Armada y del Ejército, aparecen mencionados otros dos colaboradores de la dictadura, Roberto Patrone y Ariel Ricci.

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sábado, 22 de mayo de 2021

Las formas del terror

       A MEDIO SIGLO DEL PRIMER DESAPARECIDO EN URUGUAY


Álvaro Rico – Brecha - 21 mayo, 2021

Pronto se cumplirán 50 años de la primera desaparición forzada en Uruguay. El 17 de julio de 1971 desapareció Abel Ayala. Según el informe final de la Comisión para la Paz (Comipaz), fue asesinado al día siguiente, pero su cuerpo sigue desaparecido hasta el presente. Un mes después, el 17 de agosto, desapareció Héctor Castagnetto. Según la información que obtuvo la Comipaz, fue fusilado al otro día y su cuerpo habría sido arrojado al Río de la Plata.

Como parte del mismo operativo represivo debemos mencionar el asesinato de Manuel Ramos Filippini, el 31 de julio de ese año, por el Comando Caza Tupamaros Óscar Bargueño y el del estudiante y poeta Ibero Gutiérrez, el 28 de febrero del año siguiente, por el Escuadrón de la Muerte.

Estos primeros casos de desaparición forzada y asesinato con saña en Uruguay asentaron un patrón de castigos estatales secuenciados (secuestro-tortura-asesinato o desaparición) y formas de victimización combinadas (tortura, asesinato, asesinato con desaparición del cuerpo, desaparición), así como estrategias de ocultamiento institucional posterior de los delitos y de sus ejecutantes. Esos rasgos de la represión definieron también el origen y la naturaleza del autoritarismo que se implantó en el país antes del golpe de Estado y la dictadura, en junio de 1973. 

Efectivamente, el fenómeno de la desaparición forzada de personas en Uruguay surgió bajo la vigencia del Estado de derecho y durante el mandato de un presidente electo y un gobierno constitucional. El tipo de delito de lesa humanidad que representa la desaparición forzada por razones políticas puso en evidencia otra dimensión de la crisis del sistema político democrático y de la legalidad de la administración, incapaces, finalmente, de encauzar por medios democráticos y garantistas el conflicto planteado.

En ese sentido, la crisis de la democracia y el Estado de derecho en Uruguay no se explican exclusivamente por el desafío a la autoridad y al monopolio de la violencia legítima del Estado por fuerzas insurgentes –como lo plantean los discursos liberal y conservador dominantes desde aquella época–, sino, también, por el ejercicio autoritario del poder estatal a través del gobierno bajo decreto y la aplicación reiterada de medidas prontas de seguridad –votadas por las mayorías políticas liberales y conservadoras en el Parlamento–, que fueron alterando la relación entre los poderes estatales a favor del Poder Ejecutivo, ampliando la interpretación punitiva y no garantista de la Constitución, e incorporando la institución policial-militar a la institucionalidad política y al cogobierno del país. 

En segundo lugar, podría afirmarse que en el origen mismo del fenómeno de la desaparición forzada de personas en Uruguay, en 1971, sus ejecutores fueron comandos encubiertos que inauguraron una forma de paraestatalidad represiva que tuvo continuidad en la plena reorganización del Estado uruguayo como Estado clandestino bajo la dictadura.

Justamente, las figuras jurídicas y discursivas adoptadas para designar el carácter estatal beligerante, como «estado de guerra interno» y «guerra antisubversiva», operaron también como fundamento y justificación de un tipo de «guerra sucia», no tradicional, que legitimó el accionar paraestatal, clandestino o encubierto de las fuerzas de seguridad del Estado contra los «enemigos internos», alterando e invirtiendo definitivamente en la dinámica represiva las relaciones entre lo legal y lo ilegal, los fines y los medios, el cumplimiento de la orden y su contenido ético.

Asimismo, la integración de civiles, policías y militares en esos comandos represivos a principios de los años setenta ilustra, a través del montaje mismo de la infraestructura clandestina de la represión, la alianza que caracterizará al régimen en su misma cúpula gobernante: la dictadura cívico-militar.

Luego del golpe de Estado y avanzado el proceso de consolidación del autoritarismo, el monopolio de la represión retornó al sujeto militar-policial, como lo había sido en la segunda mitad de los años sesenta en su combate contra la guerrilla. No obstante, resulta necesario tener en cuenta aquel antecedente temprano de los comandos anticomunistas en la etapa predictadura para analizar las formas organizativas y operativas de la represión institucional que sobrevinieron luego en la dictadura, principalmente a través del accionar de organismos como el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas y el Departamento III del Servicio de Información de Defensa (SID), sobre todo en su operativo extraterritorial.

El secuestro en vez de la detención formalizada, los sitios clandestinos de depósito de prisioneros, la tortura continuada y el asesinato con especial ensañamiento en los cuerpos de las víctimas, el uso de seudónimos y vestimenta de paisano sin insignias ni identificaciones en los procedimientos, la negación de las actuaciones y el ocultamiento institucional de los hechos, la desaparición de los cuerpos, etcétera, demuestran un formato operacional y metodologías secretas de la represión similares en grupos paraestatales y órganos de la institucionalidad policial-militar del Estado. 

El 20 de diciembre de 1974 se comprobó uno de los asesinatos grupales más aberrantes de la historia de la dictadura, que permanece impune: el de los fusilados de Soca, los cinco uruguayos secuestrados en Buenos Aires y vinculados al Movimiento de Liberación Nacional. Mirtha Yolanda Hernández, María de los Ángeles Corbo, Graciela Estefanell, Héctor Brum y Floreal García fueron secuestrados en Buenos Aires el 8 de noviembre de 1974, trasladados a Uruguay y acribillados a balazos en las proximidades de la ciudad de Soca, en el departamento de Canelones. 

También fueron secuestrados Julio Abreu y el menor Amaral García, que sobrevivieron a la masacre. Este es un caso que, a diferencia de los ejemplos del Escuadrón de la Muerte, aconteció ya bajo la dictadura uruguaya, pero no aún bajo la Argentina, iniciada en 1976.

Fue una operación represiva clandestina de victimización grupal que involucró situaciones personales conexas (matrimonios, amistades entre parejas, la misma pertenencia política, la migración conjunta a Buenos Aires), realizada, seguramente, por un grupo de represores uruguayos que operó en la vecina orilla en el marco de la coordinación represiva regional, apoyado por las fuerzas de seguridad argentinas para organizar impunemente el traslado ilegal del grupo entre países. 

En Argentina también se utilizaron centros clandestinos de detención para retenerlos casi un mes y medio desde el secuestro hasta la ejecución. En Uruguay se inauguró la Casa de Punta Gorda, que funcionó hasta mediados de 1976, también llamada Infierno Chico, como centro clandestino dependiente del SID. En este caso, como en los del Escuadrón de la Muerte, tanto el fusilamiento como la desfiguración de los cuerpos después de la muerte de las personas y su exposición en lugares públicos (la carretera de Soca, las rocas de Kibón) transformaron el crimen político en un castigo ejemplarizante a mostrar a la población y a no ocultar.

A la vez, si la desaparición inauguró en el país una metodología en la que el crimen político ya no era suficiente como forma extrema de los castigos estatales, el ensañamiento de los victimarios con los cuerpos de los asesinados (quebraduras de brazos, marcas en la piel, una gran cantidad de impactos de bala) buscó prolongar su muerte más allá de la vida o ir más allá de la muerte, un componente de crímenes de odio bajo el ropaje de la ideología antitupamara y anticomunista. 

Otro caso conexo con cuatro víctimas asesinadas y una desaparecida, acontecido bajo las dictaduras en el Río de la Plata, lo representó el secuestro grupal en Buenos Aires, los días 13, 18 y 19 de mayo de 1976, del matrimonio integrado por Rosario Barredo y William Whitelaw y los parlamentarios Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, así como del doctor Manuel Liberoff, luego desaparecido. 

Nuevamente, víctimas por razones políticas de un grupo represor que actuó en forma ilegal y clandestina, en el marco de la coordinación represiva regional, utilizando para su operativo sitios clandestinos de detención y tortura (OT 18, en la calle Bacacay, y Automotores Orletti, donde actuaban integrantes del SID), caso que también ejemplifica la participación de civiles junto con efectivos militares en los secuestros y los centros de detención (banda de Aníbal Gordon) y la combinación de la desaparición forzada y el asesinato político. 

Este mismo patrón represivo escaló a niveles aún más altos y masivos con la organización de los operativos conjuntos desplegados en Buenos Aires por las fuerzas de seguridad de Uruguay en coordinación con las argentinas, utilizando varios centros clandestinos de detención a la vez y los vuelos ilegales de prisioneros entre países reconocidos por la Fuerza Aérea Uruguaya, con una numerosa secuela de víctimas detenidas desaparecidas. 

Así tuvo lugar el primer vuelo grupal de Argentina a Uruguay, el 24 de julio de 1976, con militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), recluidos luego en la sede del SID que operaba como centro clandestino de detención en Montevideo, sin víctimas mortales ni desaparecidos en este núcleo de uruguayos. Así fue también el operativo en la segunda oleada represiva contra el PVP en Argentina, que provocó el segundo vuelo de sus 24 integrantes detenidos, el 5 de octubre de 1976, desaparecidos hasta el presente. Y otros ejemplos posteriores salientes.

El 20 de mayo de 1976, día de los asesinatos, en Buenos Aires, de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, se constituyó en una fecha emblemática en Uruguay. En cada aniversario la sociedad recuerda la memoria de las víctimas y a los detenidos desaparecidos durante el terrorismo de Estado, junto con el compromiso por verdad, memoria, justicia, reparación y nunca más. 

Este año, la activación y la actualización de la documentación y los testimonios en varias de las denuncias penales en curso, el avance de las investigaciones, el aporte de nuevas pruebas y acusaciones hechas por la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, la detención y la extradición de connotados represores, y el juzgamiento con sentencia de los responsables en varias causas –entre otras, las que se están procesando referidas a los crímenes del Escuadrón de la Muerte, a los fusilados de Soca y a los asesinatos de los parlamentarios en Buenos Aires– seguramente continuarán rompiendo uno de los legados más firmes de la dictadura en la democracia uruguaya posdictadura: la impunidad.

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sábado, 15 de mayo de 2021

Imágenes de una matanza impune

                                  Fusilados y sobrevivientes de Soca


Escribe Leonardo Haberkorn – La Diaria - 15 de mayo de 2021

 


Fotografías inéditas y testimonios de quienes fueron marcados a fuego por uno de los actos más crueles de la dictadura.

A Julio Abreu y a Héctor Corbo no los fusilaron en Soca en 1974, pero sus vidas quedaron marcadas para siempre con aquel episodio.

Ocurrió el 20 de diciembre. El día anterior había sido asesinado a balazos en París el coronel Ramón Trabal, que por entonces se desempeñaba como agregado militar de la embajada uruguaya en Francia. Trabal había sido jefe del Servicio de Información y Defensa en el momento más duro del enfrentamiento de las Fuerzas Armadas con el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

Él había sido quien –entre otras cosas– había llevado a José Nino Gavazzo a desempeñarse en el Servicio de Información y Defensa (SID).

Al día siguiente del asesinato de Trabal, en las afueras del pueblo de Soca, departamento de Canelones, aparecieron acribillados a balazos cinco integrantes del MLN: Mirtha Hernández, Floreal García, María de los Ángeles Corbo, su esposo Héctor Brum y Graciela Estefanell. Todos ellos tenían como último lugar de residencia la ciudad de Buenos Aires.

Sobre el balasto del camino donde aparecieron los cuerpos –la ruta 70–, los asesinos grabaron la sigla MMM.

Floreal García había sido un gran boxeador, medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1963. Hernández era su esposa. El hijo de ambos, Amaral, de tres años, se dio por desaparecido y recién sería ubicado diez años después, en Argentina. Corbo estaba embarazada de cinco meses. Su hermano Héctor era oficial de la Armada. La primera vez que ella cayó presa en 1971, Héctor se había sentido en la obligación de advertirles a sus superiores que tenía una hermana tupamara.

Las fotos que acompañan esta nota fueron tomadas por la Policía Técnica en Soca, y nunca antes habían sido publicadas. Son clara muestra del horror de la matanza. Estefanell fue ejecutada desnuda. Los otros llevaban ropa confeccionada en Argentina.

Los cinco fusilados eran integrantes del MLN. Habían sido secuestrados en Buenos Aires el 8 de noviembre de 1974, un mes y 12 días antes de ser fusilados en Soca.


 

Julio Abreu no era tupamaro sino blanco, votante de Wilson Ferreira. Aquel mediodía porteño, el 8 de noviembre de 1974, estaba en un cumpleaños en que había muchos uruguayos. Entre ellos estaban Floreal García y Mirtha Hernández. Julio los conocía de verlos en casa de su hermano. Sabía que Floreal había tenido problemas políticos, pero no que era tupamaro. También había visto allí a Héctor Brum y a María de los Ángeles Corbo. Su hermano llevaba un buen tiempo radicado en Argentina.

Julio Abreu había viajado a Buenos Aires para emplearse en el laboratorio Ciba Geigy como ayudante de químico. Su sueño era trabajar y completar sus estudios.

La comida no alcanzaba para todos en el cumpleaños, y por eso a Julio lo mandaron a comprar un pollo al espiedo. Floreal quiso acompañarlo. Salieron a la calle, dieron vuelta la esquina y todo se vino abajo.

“Fueron gritos, golpes, insultos, caímos al suelo. Era de día, pero prácticamente no hubo tiempo de ver nada. Me esposaron a una mano de Floreal. No puedo precisar cuántos eran. Creo que nos deben haber metido en un Falcon, porque nos pusieron en la parte de atrás de un coche muy amplio. Uno me puso el pie arriba y nos apuntaba. No sé otros detalles, cuando digo que se termina el mundo es porque fue lo que sentí. Iba a comprar un pollo y me aparece todo eso, como si se me cayera una pared. Yo no entendía nada. En el auto Floreal me dijo: ‘Nos van a matar’. Los otros nos gritaban ‘Calláte, ¡hijo de puta!...”, relató Abreu en la primera entrevista que dio en su vida, al periodista Roger Rodríguez, publicada en La República en 2005, 31 años después.

A los otros los secuestraron en el apartamento donde se festejaba. Los llevaron a un centro de detención clandestino. Durante días, Julio, encapuchado, escuchó cómo torturaban a quienes habían sido secuestrados con él, sus gritos y la música a todo volumen.

Allí los tuvieron tres o cuatro días, luego los trasladaron a otro lado, quizás una unidad policial. “Había un fuerte olor a desinfectante”, relató Julio en aquella entrevista con La República.

No se ensañaron físicamente con él como con los otros, pero sí lo torturaron psicológicamente. Un día, uno de sus captores le dijo que no lo iban a matar: la prueba de ello era que no le habían sacado el reloj. Poco después, vino otro y se lo quitó. También le apuntaban con un objeto en la sien y le hacían adivinar si era un dedo o un revólver. Un nuevo traslado llevó al grupo a un conjunto de casas rodantes, cerca de un aeropuerto. Allí les sacaron la capucha y Abreu pudo ver a sus compañeros, deshechos por la tortura: “Floreal estaba destrozado. Tenía quemados los testículos y el pene, él nos mostró. No sé dónde no lo habían tocado. A Brum también le habían dado mucho. Me impactó mucho cómo estaba Floreal”.


 

Para el traslado a Uruguay los drogaron con una inyección. Los trajeron en avión, el “vuelo cero” de la dictadura. Los alojaron en la casa de la rambla de Punta Gorda conocida como el 300 Carlos R o el “infierno chico”. Entonces Julio no sabía que estaba allí: se enteraría años después, al ver publicada una foto del baño que era obligado a limpiar luego de las sesiones de tortura. Varias veces sintió cómo se ensañaban con Graciela Estefanell.

Antes de fusilarlos, permitieron que los dos matrimonios cautivos quedaran a solas en un cuartito y que pudieran conversar un rato entre ellos. Como Estefanell estaba sola, la dejaron con Abreu.

Ella le dijo: “Mirá, Julio, a vos no te van a matar. Lo único que te pido es que cuando salgas le avises a la organización que no se habló nada, que no se dijo absolutamente nada ni nada por el estilo. Que no somos traidores, que echamos para adelante”.

Poco después se llevaron a los cinco.

Las fotos que acompañan esta nota dan cuenta de lo que ocurrió.

Tras la aparición de los cadáveres, la agencia española Efe envió un cable desde Montevideo al mundo: “Una nueva organización terrorista hizo su aparición en Uruguay 24 horas después de que el coronel Ramón Trabal fuera asesinado en París por elementos de izquierda. Presuntamente en represalia asesinaron a cinco personas directa o indirectamente vinculadas a la organización clandestina ‘Tupamaros’ [...]. Los cadáveres fueron encontrados acribillados a balazos en las proximidades de la ciudad de Soca. Junto a ellos se encontró una señal sobre la carretera con la inscripción ‘MMM’, aunque sin identificar a qué palabras corresponde la sigla”.

 

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Héctor Corbo era alférez de fragata cuando su hermana fue fusilada en Soca. Revistaba en el Fusna, el cuerpo de fusileros navales. El oficial de guardia lo llamó por teléfono a su casa. “Me dijo que habían aparecido unos cuerpos en Soca, y que uno de ellos era el de mi hermana”.

Tuvo que ir a Pando a reconocerla. El trámite para que le entregaran el cuerpo de María de los Ángeles se prolongó durante 30 horas. El velorio fue interrumpido por la Policía, que llegó para pedirles documentos a todos los presentes. Corbo avisó de la situación al Fusna, que envió una patrulla y echó a los agentes.

Pocos días después, el comandante en jefe de la Armada, Víctor González Ibargoyen, mandó llamar a él y a su padre.

Les dijo que lo ocurrido había sido “una barbaridad” y que aparentemente era una represalia por el asesinato de Trabal.

“Como explicación nos dijo que había algunos mandos intermedios que estaban fuera de control”, relató Corbo en el libro Gavazzo. Sin piedad.

La explicación no le cerró. Siempre pensó que aquello tenía que ser obra del SID.

 


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Después de la ejecución, a Julio Abreu lo tuvieron detenido unos días más. En ese lapso, uno de sus captores le dijo respecto de quienes habían sido secuestrados con él en el cumpleaños: “Bueno, ya los matamos, están todos muertos estos comunistas. Vos quedate tranquilo, a vos no te vamos a matar porque no sos comunista”.

Lo liberaron el 24 de diciembre de 1974 en Neptunia, cerca de la casa de su tía. Le dieron el equivalente al dinero argentino que llevaba para comprar el pollo al espiedo que nunca compró, pero le dijeron que el reloj ya no se lo podían devolver. Se disculparon por lo que había pasado y ahí se terminaron las delicadezas. Fueron bien claros en que no se le fuera a ocurrir hacer la denuncia o contarle algo a alguien. “Así como matamos a estos cinco, si hablás te matamos a vos y a toda tu familia. Esto no lo puede saber nadie. Si no lo sabe nadie, quedate tranquilo que no te va a pasar nada”.

 

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Héctor Corbo nunca desistió de buscar la verdad sobre el asesinato de su hermana y eso le valió muchos problemas en la Armada, según relató en Gavazzo. Sin piedad.

Un día el comandante del Fusna, el capitán Carlos Guianze, reunió a todos los oficiales y les preguntó si estaban dispuestos a torturar a los prisioneros. Algunos dijeron que sí, otros que sólo si él lo ordenaba. Héctor y otros respondieron que no lo harían.

Empezó a quedar marcado

Un día vino de visita una delegación del SID. Corbo los responsabilizaba del asesinato de María de los Ángeles. Le dijo a su superior: “Yo no voy a saludar a esa gente”. El segundo jefe, de apellido Sánchez, le dio permiso para quedarse en su camarote y no participar en la reunión. Pero el comandante Guianze se enfureció y lo amenazó con pasarlo a la justicia militar por desobediencia. Un médico de la unidad certificó que necesitaba reposo, y eso lo salvó.

El teléfono de su casa estaba intervenido, recordó en diálogo con la diaria. Recibían con frecuencia llamadas con amenazas. Más de una vez su esposa levantó el teléfono y escuchó una voz anónima que le decía: “Mirá que sabemos dónde estudian tus hijos”.

 


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Julio Abreu nunca le dijo una palabra a nadie. Nunca pudo olvidar lo ocurrido ni dejar de preguntarse por qué le tocó a él vivir esa experiencia horrorosa, por qué no lo mataron. “Nunca fui libre, ni siquiera ahora lo soy. No entendí nunca qué pasó conmigo”, relató a la diaria.

Sentía miedo de que volvieran a secuestrarlo y ahora sí lo mataran. El 26 de abril de 1975 las autoridades de la dictadura difundieron un comunicado según el cual Julio estaba requerido por hechos ocurridos en Buenos Aires. Pensó en irse del país, pero temía que asesinaran a su familia. Su tía conocía a Adela Reta y le consiguió una entrevista con ella. La dirigente del Partido Colorado –que había renunciado a su cargo de presidenta del Consejo del Niño meses atrás– lo escuchó y le pidió unos días para ver si podía averiguar algo. Por fin le dijo que se quedara en Uruguay, que no escapara, y le ofreció intentar conseguirle un trabajo en el Estado. Poco después, Julio comenzó a trabajar en los casinos. “Ella fue la única persona a la que le conté lo que había pasado”.

Salía de trabajar a las dos o a las tres de la madrugada. La oscuridad de la noche lo aterrorizaba. No tenía sosiego. “No aguantaba mi cabeza. Estaba destrozado por dentro. Caí en el alcoholismo. El alcohol era mi refugio”, contó a la diaria. “Fumaba cuatro o cinco paquetes de cigarrillos por día y me tomaba un litro de whisky. Me orinaba encima. Quería morir. Rezaba para que me viniera un cáncer y morirme de una vez”.


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Una vez, Héctor Corbo vio a otro oficial del Fusna torturando a un detenido y lo denunció a sus superiores. Sus actitudes no caían bien. Su situación en el cuerpo era cada vez más tensa y complicada. Otro oficial de la Armada, el capitán de navío Juan Robatto, a quien conocía de sus pagos, le tiró un salvavidas en 1976.

“Robatto era conocido de Artigas y me pidió para el Servicio Hidrográfico, donde estaban necesitando oficiales. La verdad es que lo hizo porque se dio cuenta que yo en el Fusna iba a terminar mal”, relató en el libro antes citado.

En 1978, cuando falleció su padre, Corbo pidió a la Armada que no enviaran al entierro a una delegación uniformada, para no afectar el estado emocional de su madre. El pedido fue anotado en su legajo.

En el Servicio Hidrográfico, alejado de todo nexo con la represión, Corbo pudo llegar al final de la dictadura. Nunca dejó de intentar aclarar el homicidio de su hermana y lo ocurrido con los fusilados.

En 1985, al regreso de la democracia, la familia Corbo se presentó ante la Justicia y denunció el asesinato de María de los Ángeles. Las autoridades de la Armada le pidieron explicaciones a Héctor, que ya era capitán de corbeta, sobre qué había declarado en el juzgado. Tuvo que aclarar por escrito qué le había dicho al juez.


La ley de caducidad interrumpió el proceso judicial.

 

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La llegada de la democracia no alivió los padecimientos ni las angustias de Julio Abreu.

En 1985 fue localizado Amaral, el hijo de Floreal García y Mirtha Hernández, quien había sido criado por una familia de policías argentinos. El regreso de Amaral a Uruguay hizo que el tema volviera con fuerza a los medios.

 



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“Yo escuchaba hablar y decir cualquier cosa de lo que había pasado”, recordó Abreu. Él conocía los hechos, los había vivido en carne propia, pero el miedo continuaba amordazándolo. “Yo había sido educado y enseñado en el valor de la verdad, y sentía la obligación de hablar, pero no podía”. Muchas veces oyó decir que existía un tal Abreu que había sido trasladado junto a los fusilados, pero nadie sabía quién era.

“Me ponía muy nervioso pensar qué iban a decir de mí, por qué había estado secuestrado, por qué no me habían matado, ni siquiera yo tenía una explicación para todo lo que me había pasado”.

Así vivió hasta 2005, un año en que le pasaron dos cosas importantes. Por un lado, le descubrieron el cáncer que durante tantos años había deseado. Cuando lo supo, se aferró a la vida y dejó de fumar.

Por otro lado, conoció al periodista Roger Rodríguez, con quien –por fin– sintió la confianza como para poder hablar de su historia. El 7 de noviembre su testimonio se publicó en La República: “Encontrarme con Roger fue fundamental para mí, por cómo me respetó, me entendió y me acompañó. Cuando por fin pude dar esa entrevista, fue muy importante”.

Tres años después, Julio Abreu pudo contar nuevamente su historia, esta vez ante un juez. Tras declarar, se sintió libre como nunca. Afuera del juzgado estaban los canales de televisión con sus cámaras.

“Yo sabía que había dicho toda la verdad. Y sentí que la verdad necesitaba un rostro creíble que la sostuviera, no la cara de un borrachín. Así que ahí mismo me prometí que no volvería a tomar nunca más. Y llevo 13 años sin tomar. Ahora la verdad tiene un rostro creíble y Julio Abreu también”.

  

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Corbo hizo un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Defensa Nacional en enero de 2020 para que le fuera remitida toda la información oficial sobre el asesinato de su hermana.   

Los datos que le dieron fueron fragmentarios y pobres.

No se aclara qué unidad llevó a cabo los fusilamientos, ni quién lo decidió ni por qué. Tampoco quién y cómo trasladó a las víctimas desde Buenos Aires a Montevideo.

En cambio, los papeles que le entregaron a Corbo muestran que en 1981 la inteligencia de la Armada lo investigó a él y a toda su familia, y que también repasó los antecedentes de María de los Ángeles.

En esa investigación se dice que su hermana fue asesinada “por un grupo antiterrorista”.

También hay constancia de que dos misas que la familia Corbo hizo por la memoria de María de los Ángeles y su esposo en 1978 y 1982 fueron espiadas por la inteligencia militar.

El parte del agente que informó sobre la ceremonia religiosa de 1982, que se realizó en la iglesia Tierra Santa ante un centenar de personas, nunca se refiere a María de los Ángeles y a Héctor Brum por sus nombres. Las tres veces que habla de ellos los llama “los SUJETOS”.


 

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Sobre quién decidió los cinco fusilamientos se han dado diversas versiones. Según anota Lincoln Maiztegui en su libro Orientales IV. De 1972 a 1985, al cumplirse el primer año de la matanza, Wilson Ferreira dijo en México que tras el asesinato de Trabal, “los altos mandos se reunieron con [el entonces dictador Juan María] Bordaberry y con el ministro de Defensa, Walter Ravenna. Se decidió en esa reunión asesinar a algunos uruguayos de izquierda, luego se fijó el número: cinco”.

En su libro El color que el infierno me escondiera, de 1981, Carlos Martínez Moreno narra que la decisión de ajusticiar a los cinco tupamaros se tomó en una reunión del Consejo Nacional de Gobierno de la dictadura, el Cosena. Según el escritor, el presidente de facto votó en contra y pidió que su negativa constara en actas.


La versión de Martínez Moreno ha sido replicada por otros autores. Bordaberry, sin embargo, la negó en el libro Antes del silencio, de Miguel Ángel Campodónico: “No me hacen ningún favor al decir que voté en contra. Me agravia que se diga que yo estuve sentado en una reunión en la cual se trataba semejante asunto”.

A raíz de las polémicas que su libro causó por sus revelaciones sobre acciones tupamaras, Martínez Moreno aclaró que los relatos de El color que el infierno me escondiera –que cuestionan a la dictadura y también al MLN– se basaron en hechos reales, pero admitió que había detalles ficcionados. El autor falleció en 1986.

Por su parte, José Nino Gavazzo se refirió brevemente a las ejecuciones de la ruta 70, quitándoles importancia, en declaraciones que dio para el libro Gavazzo. Sin piedad, publicado en 2016: “Esa fue una operación de represalia de las que hay cien por guerra. Yo no estuve allí, pero no tengo dudas. Con una diferencia, hoy en día se sabe que no fueron tupamaros los que mataron a Trabal”.

 

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La causa judicial de los fusilados de Soca sigue abierta y el fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, dijo a la diaria que está cerca de poder imputar a los responsables.

“Las operaciones de este tipo generalmente eran del Departamento III del SID, en este caso con apoyo de la Fuerza Aérea para los traslados. Estamos hablando de más o menos la misma gente que en otros casos importantes”.

 
 

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Las fotos muestran que los cinco fusilados fueron ejecutados con sus manos atadas a la espalda con una cuerda de nailon. Que María de los Ángeles y Graciela Estefanell tenían los ojos vendados. Que los cuerpos recibieron múltiples balazos cada uno. Que la ruta 70 –que en 2013 pasó a llamarse Camino de los Fusilados– quedó tapizada de casquillos de bala.


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Abreu se casó, tuvo dos hijas y una nieta, que hoy –según cuenta– es su principal apoyo en la vida.

Agradece el trabajo en el casino, porque le permitió formar y mantener una familia, y al juez que lo llamó a declarar, porque el haber podido contar la verdad en un expediente oficial operó en él una verdadera “sanación por la justicia”.

Corbo todavía no pierde las esperanzas de que la Justicia llegue a la verdad de lo ocurrido en Soca. Dice que estaría dispuesto a perdonar a aquel soldado que participó en las ejecuciones porque se lo ordenaron, pero no a aquel que se haya ofrecido como verdugo voluntario.

“En algún momento, tarde o temprano –dijo a la diaria– tengo la esperanza de que haya justicia. Ha habido demasiada violencia e impunidad de los autores, los materiales y los intelectuales”.

 

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Fuente: https://ladiaria.com.uy/justicia/articulo/2021/5/imagenes-de-una-matanza-impune-fusilados-y-sobrevivientes-de-soca/

Julio Abreu sobreviviente del vuelo cero

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María Ester Gatti

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Basta de Impunidad. Concentración en la Plaza Libertad el 24 11 10

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Sigue siendo injusta


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