Una Inddhh progubernamental

 

 

 

La Asamblea General eligió a los nuevos integrantes del Consejo Directivo de la INDDHH el pasado jueves 11 de agosto. Tal cual estaba previsto y anunciado de antemano, la coalición de partidos que gobierna nuestro país (Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente), consciente de su mayoría absoluta, se adjudicó 4 cargos.

 

Decenas de organizaciones sociales rechazaron la adjudicación de cargos mediante cuota política y al margen de los criterios técnicos.

La coalición multicolor, además, impuso condiciones humillantes a la oposición para que pudiese haber un integrante del Directorio que significara la continuidad de la gestión anterior y tuviera amplio respaldo de organizaciones sociales. Wilder Tayler, que resultó elegido, fue propuesto por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, por Crysol y numerosas organizaciones sociales junto con la Dra. Mariana Mota respaldando la gestión de ambos.

 

Mandato partidario

 

Los representantes elegidos por la coalición gubernamental pueden ser excelentes personas, profesionales capacitados, completamente honorables y de vasta experiencia en su trayectoria. Pero los cuatro fueron elegidos en representación de sectores políticos que integran la coalición gubernamental y a ellos se deberán sujetar, explícita o implícitamente.

 

Marcos Israel y Carmen Rodríguez fueron elegidos por los dos cupos que se asignó el Partido Nacional, Jimena Fernández por el Partido Colorado y Bernardo Legnani en representación de Cabildo Abierto.

 

Los sectores sociales con los cuales la coalición gubernamental se siente identificada y santifica, son poderosos, son los dueños del poder. Históricamente han despreciado las normas de DDHH, no las reconocen. Cuando sienten que sus intereses están siendo amenazados o perjudicados recurren a estudios jurídicos de primer nivel para presentar sus demandas ante los gobernantes, apelan a los estrados judiciales o, en último caso, de acuerdo a las circunstancias, si es necesario, a golpes de Estado como ocurrió en nuestro país hace casi 50 años.

 

La INDDHH mejoró la calidad de la democracia

 

La creación de la INDDHH durante el primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, luego de un esfuerzo multipartidario, fue un avance institucional, significó una mejora sustantiva de la calidad democrática. Los derechos humanos pasaron a ser un punto específico en las preocupaciones del Estado, destinado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

 

Inspirada en los Principios de París de las Naciones Unidas, la INDDHH es un órgano no jurisdiccional, distinto al judicial, con procedimientos diferentes, para la promoción y, fundamentalmente, para la protección de los derechos humanos de las personas. Es una instancia adicional diferente para mejorar la vida de los ciudadanos frente a los potenciales abusos de poder de los funcionarios estatales.

 

Además, para aquellos gobiernos comprometidos con la filosofía de dichas normas, las recomendaciones de órganos como la INDDHH son una fuente importante de inspiración para mejorar su gestión en las distintas esferas.

 

Se inicia una nueva etapa

 

 Cuando asuman sus responsabilidades, la INDDHH comenzará una nueva etapa. El matutino El País ya lo anunció: habrá un giro. De manera estruendosa o silenciosa, por acción o por omisión, las nuevas autoridades imprimirán un nuevo rumbo al organismo de acuerdo al mandato de los partidos que las eligieron. Haber sido elegidas por cuota política las deslegitima de antemano ante la opinión pública y los organismos latinoamericanos de DDHH.

 

Cabildo Abierto, la organización liderada por el exteniente general Guido Manini Ríos, logró que un representante propuesto por dicho sector haya sido elegido. Cabildo Abierto ha defendido en reiteradas ocasiones a los terroristas estatales condenados por las gravísimas violaciones a los DDHH durante la dictadura civil militar que gobernó a nuestro país. Asimismo ha señalado que la INDDHH no debería existir.

 

Para la coalición gubernamental hay aspectos muy sensibles: la implementación de la Ley 19 641 (ley de Sitios de Memoria) y la Ley 19 822 (ley de búsqueda de los detenidos desaparecidos). Mariana Mota, exjueza y actual integrante del Consejo Directivo no fue elegida. En su momento, procesó al dictador Juan María Bordaberry y el partido de la impunidad nunca se lo perdonó.

 

Una golondrina no hace verano. La presencia de Wilder Tayler no impedirá que la coalición gubernamental cumpla su propósito de desmantelar y/o desnaturalizar a la INDDHH, pero asegura una mirada experta y vigilante ante dicho proceso. Lograr su elección fue un acierto. Crysol estará atenta al desarrollo de los acontecimientos.

 

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Opinando N° 16 – Año 11 – Martes 16 de agosto de 2022

Hablar sin saber

 

El pasado sábado Tomás Lynn dedicó su columna semanal a cuestionar a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Puso en evidencia un enorme desconocimiento en la materia. Grosero, dijera Alberto Kesman.

Madres y Familiares ofició de portavoz de un conjunto de organizaciones sociales, más de un centenar, que cuestionan la actuación que los partidos políticos que integran la coalición gubernamental vienen llevando a cabo a la hora de renovar las autoridades del Consejo Directivo de la INDDHH. El cuestionamiento se dirige, entonces, a ese centenar de organizaciones.

El lunes 1º de agosto, antes de comenzar la sesión de la Asamblea General, las organizaciones sociales procedieron a dar a conocer una declaración conjunta explicitando su malestar con el proceso de selección y designación de los próximos directivos de la institución. Elena Zaffaroni, de Madres y Familiares, hizo de vocera de ese colectivo leyendo una declaración, junto con Adriana Vaselli de Serpaj, aunque el matutino El País no lo específicó.

Expresar puntos de vista sin conocimiento de causa, sin conocer la Ley 18 446, como lo hizo Tomás Lynn, lo dejó en falsa escuadra y siendo parte del coro reaccionario que viene arremetiendo en manada contra el organismo que fuera creado en el año 2008 y comenzara a funcionar efectivamente en el año 2012.

La INDDHH mejoró la calidad de la democracia

El órgano de prensa que cobija a Tomás Lynn considera que la Institución es un organismo innecesario, costoso, ineficiente y que superpone su accionar con el de otros órganos del Estado. No es cierto. Inspirada en los Principios de París de las Naciones Unidas, la INDDHH es un órgano no jurisdiccional, distinto al judicial, con procedimientos diferentes, para la promoción y, fundamentalmente, para la protección de los derechos humanos de las personas. Es una instancia adicional diferente para mejorar la vida de los ciudadanos frente a los potenciales abusos de poder de los funcionarios estatales.

La creación de la INDDHH durante el primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, luego de un enorme esfuerzo multipartidario, fue  un  avance institucional, significó una mejora sustantiva de la calidad democrática. Los derechos humanos pasaron a ser un punto específico en las preocupaciones del Estado, destinado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Vale la pena recordar que en el grupo de trabajo que elaboró el proyecto de ley con el auspicio de la Alta Comisionada para los derechos humanos de la ONU en aquel momento Louise Arbour, estuvo integrado por la actual vicepresidenta de la República Beatriz Argimón, Gustavo Espinoza del Partido Colorado, Iván Posada del Partido Independiente, Margarita Percovich y Daniela Payssé del Frente Amplio, con la coordinación del Dr. Oscar López Goldaracena.

Los sectores sociales con los cuales El País se siente identificado y santifica, los malla  oro según la terminología presidencial, desdeñan las normas de DDHH, no las reconocen y cuando sienten que sus intereses están amenazados o perjudicados recurren a estudios jurídicos de primer nivel o, en último caso, de acuerdo a las circunstancias, a golpes de Estado como ocurrió en nuestro país hace casi 50 años.

Respetar la letra y el espíritu de la Ley 18 446

En última instancia, lo que las organizaciones sociales reclaman es que se cumpla a cabalidad con la letra y el espíritu de la ley que creó la Institución Nacional de DDHH. No se pretende designar a los próximos integrantes del Consejo Directivo. Esa demanda corre por cuenta del columnista. Se reclama, legítimamente, que la selección de los mismos se lleve a cabo de acuerdo a las disposiciones legales vigentes,  tanto en lo que tiene que ver con quienes están en condiciones de proponerlos como en lo referido a la idoneidad de los mismos, sus orígenes y representatividad, teniendo muy presente que es recomendable que algunos de ellos aseguren la continuidad histórica de la gestión.

El Artículo 36 estipula muy claramente que en su integración se procurará asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales de la sociedad civil interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, conforme a los principios de equidad de género y no discriminación.

Los parlamentarios deben elegir soberanamente en función de asegurar la representación  de fuerzas y organizaciones sociales interesadas en la promoción de las normas de derechos humanos. No deben limitarse a elegir personalidades con experiencia, formación y conocimiento, sino a representantes de organizaciones sociales de una manera plural con diferentes sensibilidades temáticas.

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Opinando N° 15 – Año 11 – Martes 9 de agosto de 2022

En cómodas cuotas

 LA DISPUTA PARTIDARIA POR LA INSTITUCIÓN NACIONAL
DE DERECHOS HUMANOS

Por Samuel Blixen – Brecha – 5 8 2022

 
Es posible que pase un tiempo antes de que sea nombrado el consejo directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, mientras se ventila un escandalete por la aplicación de cuotas políticas.

Mariana Mota y Wilder Tayler en el ex centro de reclusión y torturas La Tablada, en 2020.
HÉCTOR PIASTRI 

La elección de los cinco miembros del nuevo consejo directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) promete convertirse en una riña de gallinero en el seno de la coalición gobernante. En la tercera renovación desde su creación, en 2008, la designación de los nuevos directivos está teñida por una fuerte impronta partidaria que se aleja notoriamente de los principios que sustentaron su creación. A la vez revela cómo este organismo se ha convertido en una piedra en el zapato para la porción del espectro político que considera a la administración pública como un coto cerrado en los cinco años que van de elección a elección nacional.

La ley otorga a la institución amplias potestades para analizar la eventual violación de derechos en cualquier ámbito y en cualquier dimensión. Tal responsabilidad exige de quienes conducen el organismo una amplia capacidad técnica y la indispensable autonomía e independencia del poder político. Por ello es que, a nivel mundial, una tal organización es considerada como expresión de una gran madurez cívica y democrática, como herramienta de control.

UN ENTE AUTÓNOMO

En esta oportunidad –y aun cuando en su corta historia la INDDHH avanzó con pasos muy medidos, sin siquiera experimentar algunas de las potestades que la ley le otorga– la inevitable contraofensiva conservadora y reaccionaria intenta convertir este instrumento en un dócil ayudante de la concepción política imperante. Tal cual denunciaron 32 organizaciones sociales, la comisión bicameral del Parlamento encargada de estudiar los antecedentes de los distintos candidatos y proponer candidaturas a la Asamblea General introdujo criterios de selección que convierten a la INDDHH en un ente autónomo. Esa comisión estableció una norma inédita que, como se denunció, transgrede algunos artícu-los de la ley que la creó.

Decidió que cuatro de los cinco miembros que quedarían serían electos por la coalición gobernante y uno por la oposición. De esos cuatro, dos responderían al Partido Nacional, uno al Partido Colorado y uno a Cabildo Abierto. El Frente Amplio rechazó dicho criterio y adelantó que en la Asamblea General daría sus votos a cinco candidatos que consideren idóneos sin consideraciones de cuotas políticas. Desde un primer momento quedó claro que la coalición oficialista pretendía un consejo directivo que, mediante cuota política, preservara lo que se podría llamar la «influencia directriz» de la derecha. Algunos de los candidatos propuestos por legisladores del oficialismo no ofrecían méritos referidos a derechos humanos, y otros, en alguna oportunidad, habían cuestionado la existencia del terrorismo de Estado durante la dictadura.

 La lista de 26 candidatos que surgió de las deliberaciones de la coalición reveló las inmensas dificultades para llegar a un consenso; no fue posible acotar una propuesta, de modo que a la Asamblea General llegó una lista con la idea, se argumentó, de que «fuera lo más amplia posible». La vicepresidenta Beatriz Argimón alegó que mandar una nómina tan amplia afectaba el criterio de «apostar a la excelencia y a lo técnico de sus integrantes; por algo en la ley se estableció un proceso para seleccionar lo que va».

En una sesión convocada especialmente para elegir a los cinco miembros, la Asamblea General sesionó el lunes 1. Se sabía de antemano que el cuerpo no lograría los dos tercios de votos que requiere cada nominación. Se realizaron dos votaciones que no llegaron a los mínimos requeridos. No obstante, Ana Agostino, Mariana Mota, Jaime Saavedra y Wilder Tayler, Javier Palummo, María Gloria Robaina y Carmen Rodríguez fueron los más votados. «¿Quién puede pensar que personas que son negacionistas del terrorismo de Estado pueden formar parte del directorio de la INDDHH?», sostuvo la diputada frenteamplista Verónica Mato durante el debate. Y la senadora Silvia Nane apuntó: «No sé qué quieren hacer con el cuatro y uno. La INDDHH no es ANTEL ni UTE».

El cuerpo fue convocado para una nueva sesión, el jueves 11, en la que probablemente surja la nueva integración del consejo directivo de la INDDHH, porque se requerirá en esta segunda instancia una mayoría simple para cada aspirante. Pero habrá una instancia de preselección propuesta por el oficialismo: «Continuarán los candidatos que hayan alcanzado un quinto de los votos en la primera vuelta o estén dentro de los diez más votados».

Sin embargo, en todo este proceso estará pendiente una resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a raíz de una acción de nulidad contra la actuación de la comisión bicameral que evaluó a los candidatos. La acción de las 32 organizaciones sociales, dada a conocer en momentos en que comenzaba a sesionar la Asamblea General, se basa en el desconocimiento de los términos de los artículos 39, 45 y 46 de la ley que creó la INDDHH.

 

Inauguraron sitio de la memoria en el ex Hogar Yaguarón

 En el edificio, que pertenece al INAU, funcionó un centro de detención durante la dictadura

 

Medios públicos
30.07.2022

Quedó inaugurado este sábado el sitio de la memoria del ex Hogar Yaguarón del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Allí funcionó un centro de detención durante la dictadura.

En 1975 permanecieron recluidas durante aproximadamente siete meses un grupo de adolescentes que habían sido detenidas y torturadas en el Batallón de Infantería N° 10 del departamento de Treinta y Tres. Fue en el marco de un operativo represivo contra la Unión de Juventudes Comunistas (UJC).

También se mantuvo cautivas a otras militantes de izquierda y estudiantes durante la dictadura.

La casa funcionó durante años como centro de permanencia para adolescentes mujeres bajo protección del Estado.

El edificio continúa perteneciendo al INAU, pero sin funcionamiento. Se encuentra a la venta.

Texto y foto: Alejandro Rodríguez 

Fuente:https://mediospublicos.uy/inauguraron-sitio-de-la-memoria-en-el-ex-hogar-yaguaron/

 

Saña represiva contra menores

 

El próximo jueves 28 de julio se señalizará como Sitio de Memoria el exHogar Yaguarón. Durante el período cubierto por la Ley 19 641, 13 de junio de 1968 al 28 de febrero de 1985, fue un centro de reclusión para jóvenes militantes del campo popular menores de 18 años. En los años 1974 y 1975 decenas de niñas y adolescentes pasaron por ahí.

Hogar Yaguarón: centro de reclusión durante el terrorismo de Estado

Tal como señaló Serpaj en 1989 en su libro Uruguay Nunca más, la detención masiva de ciudadanos, asociada a la tortura masiva, sistemática y generalizada y a la prisión prolongada, fue la metodología represiva deliberadamente seleccionada por las Fuerzas Armadas para aterrorizar a la población y mantenerse en el gobierno, a diferencia de lo sucedido en otros países de la región dicho período.

Decenas de ciudadanos fallecieron mientras eran torturados en cuarteles o dependencias policiales o con secuelas de ellas. Las torturas incluyeron los abusos sexuales y las violaciones, muy especialmente en el caso de las mujeres.

Según cifras oficiales, suministradas por el propio Ejército,  más de 20.000 uruguayos fueron privados de su libertad. Más de 7.000 de ellos,  fueron condenados por tribunales militares sin garantías legales de ninguna naturaleza. La denominada justicia militar los condenó formalmente luego de días, semanas y meses de permanecer secuestrados, incomunicados, encapuchados, en unidades militares y en centros de detención y tortura clandestinos.

El Hogar Yaguarón un centro de reclusión femenino

La justicia militar también incluyó a niños y adolescentes. Llegó a haber menores formalmente condenados por ella. Asimismo, decenas de jóvenes luchadores sociales y políticos, militantes gremiales y de secundaria y barriales, muchos ellos luego de participar en manifestaciones y actividades antidictatoriales,  fueron detenidos por los servicios represivos, en Montevideo y en el interior del país. 

Los varones fueron derivados al Alvarez Cortés. Las adolescentes, todas ellas menores, fueron derivadas al Hogar Yaguarón que pertenecía a lo que se denominaba Consejo del Niño, actualmente INAU.

Además de haber sido sometidas a malos tratos y torturas en los centros de detención originales, la justicia de la época dispuso su internación en centros de reclusión. Todas y todos  ellos quedaron marcados de por vida. Luego de ser liberados se les prohibió continuar sus estudios, se les mantuvo en observación constante por los servicios represivos, fueron hostigados y perseguidos. En muchos casos, sus proyectos de vida se frustraron para siempre.

Uruguay: un ejemplo de democracia

En este país hay democracia, hay libertades, hay derechos, hay posibilidad de elegir a los gobernantes, hay separación de poderes, porque miles de uruguayos enfrentaron al gobierno de Jorge Pacheco Areco, a la dictadura civil militar y al terrorismo de Estado. Miles de ellos pagaron con prisión su compromiso con la libertad y la democracia. Centenares de ellos fueron jóvenes varones y mujeres menores de edad.

Las Fuerzas Armadas, apoyadas por los sectores empresariales del país, con el patrocinio de EEUU, asaltaron las instituciones democráticas en el año 1973. En el año 1980 impulsaron una reforma constitucional profundamente antidemocrática que fue rechazada en un plebiscito histórico. El categórico triunfo del NO condicionó su actuación y propició el retorno a la vida democrática. La democracia no le debe nada a las Fuerzas Armadas.

Mucho menos le debe a los criminales, asesinos, torturadores condenados por las gravísimas violaciones a los derechos humanos en dicho período para quiénes se pide la prisión domiciliaria y beneficios indebidos por parte de la senadora Asiaín y los cabildantes.

La señalización del ex Hogar Yaguarón es un inmenso logro en el camino de forjar la memoria histórica del país, para destruir las tesis negacionistas de los cabildantes y sus aliados gubernamentales. Es, también, un merecido homenaje a las decenas de militantes que pasaron por dichos centros e hicieron un aporte sustancial al país. A todas ellas: salud!!

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Opinando N° 14 – Año 11 – Miércoles 27 de julio  de 2022

Los jubilados y pensionistas están peor

 Gustavo Penadés está pésimamente informado

El pasado fin de semana el Herrerismo llevó a cabo su congreso. Según publicó El Observador, el senador Gustavo Penadés afirmó que “está todo mucho mejor que cuando gobernaba el Frente Amplio”. No es cierto. Engaña a sus huestes y genera titulares de prensa falsos. Los jubilados y pensionistas están mucho peor que cuando gobernó la actual oposición. Los datos matan relatos.

 
Titular de El Observador el 23.7.22

Los jubilados y pensionistas perdieron poder adquisitivo

Desde que asumió el actual gobierno multicolor los jubilados y pensionistas están mucho peor. Han pedido poder de compra. La mayor expectativa que pueden tener es que al final del mandato del Presidente Lacalle Pou puedan recuperar el nivel que tenían cuando asumió. Pero tal como afirmó ante las cámaras de televisión el Ministro de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres, lo perdido durante estos años está perdido y no se va a recuperar.

En el mejor de los casos cuando se retire este gobierno, los jubilados y pensionistas podrán tener el mismo poder de compra que cuando finalizó el segundo gobierno del Dr. Tabaré Vázquez.

Un historial negativo

Este año el aumento de las jubilaciones y pensiones fue de  6.16%, de acuerdo al Ïndice Medio de Salarios Nominales (IMSN), mientras la inflación fue de 7.96%. El aumento recibido fue inferior al aumento inflacionario. A comienzos de este año se perdió un 1.8%. Por segundo año consecutivo los jubilados y pensionistas se vieron nuevamente perjudicados por la política gubernamental. El  aumento otorgado fue inferior a la inflación.

El año anterior la inflación fue de 9.8% y el aumento otorgado fue de 8.54%, por lo tanto la experiencia también fue negativa. En el 2021 perdieron los jubilados y pensionistas perdieron 1.26%.

Desde que asumió el actual gobierno los jubilados y pensionistas han perdido 3.06% de su poder adquisitivo, algo que no ocurría desde el año 2005. Han visto descender su nivel de vida y de acceso a los servicios.

Vergonzoso

Además, por primera vez en muchos años, el aumento diferencial que en julio de cada año se otorgaba a las jubilaciones y pensiones sumergidas, en esta ocasión, a comienzos de año,  el Banco de Previsión Social cambió el criterio. Lo otorgado fue solo un adelanto y no un aumento para las 140.000 jubilaciones y pensiones más bajas. En realidad, se trataba de una cifra miserable, pero a los efectos de hacer caja, el gobierno multicolor decidió seguir castigando a este sector de la población.

Puras promesas

El actual gobierno hizo su campaña electoral prometiendo que serían los mejores años de nuestra vida. No habría aumentos de impuestos, de tarifas de los servicios públicos y de los combustibles. Todo sería mucho mejor. La realidad ha sido más fuerte y tremenda que las promesas electorales. Los gobernantes le tomaron el pelo a la gente. Son menos creíbles que las declaraciones de Guido Manini Ríos cuando aseguró que  se presentaría voluntariamente a testimoniar en la justicia por haber ocultado las declaraciones de José Nino Gavazzo en el Tribunal de Honor que lo juzgó en el año 2018.

Penadés: no estuvo bueno cambiar

No hacemos política partidaria ni nos interesa hacerla. Somos la asociación de todos y de todas las ex presas políticas, reivindicamos nuestro pasado de luchadores sociales  y políticos. Mantenemos los ideales intactos. Las cifras son contundentes y demostrativas. Desde el año 2005 hasta el año 2019 las jubilaciones y pensiones aumentaron por encima de la inflación con guarismos inolvidables. En el año 2008, por ejemplo, el aumento fue  casi un 16% cuando el presidente era el Dr. Tabaré Vázquez en su primer gobierno.

Las jubiladas y jubilados deben reflexionar y sacar conclusiones. Dentro de poco tiempo nuevamente habrá elecciones. Mientras tanto hay que reclamar. Hay que salir a la plaza en todo el país. Todo puede seguir agravándose. Onajpu es la herramienta a potenciar. En las próximas semanas se llevará a cabo su Congreso. Hay que juntar fuerzas con los demás sectores populares. La activa participación en la Intersocial debería ser prioridad para hacer frente al despojo multicolor.

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Opinando N° 13 – Año 11 – Martes 26 de julio  de 2022

Contra toda evidencia

 Ni media verdad

Diego Burgueño es hijo de una persona fallecida, presumiblemente por balas policiales, en el año 1969, en los sucesos de Pando. Es militante del Partido Nacional. Fundó la organización Toda la Verdad. La semana pasada fue recibido por el Presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva. Es candidato a integrar la Institución Nacional de DDHH. El domingo de noche participó en un programa de debates en la televisión abierta. Polemizando afirmó: Amodio no fue el único traidor, todos entregaron, refiriéndose a los miles de ex presos políticos.

Acto público de la Asociación Toda la Verdad. El País

La justicia militar en acción 

A partir del momento en que el Parlamento aprobó el Estado de Guerra Interno en abril de 1972 la justicia militar sustituyó al Poder Judicial de la República. Las Fuerzas Conjuntas, creadas por Jorge Pacheco Areco en setiembre de 1971, comenzaron a derivar a ella a todas las personas que procedieron a detener en los diversos operativos que comenzaron a desplegar en todo el país. Las Fuerzas Conjuntas incluían a las tres armas y a la Policía que quedó supeditada a ellas. Incluso fue la justicia militar la que intervino cuando el 17 de abril fuerzas policiales y militares asaltaron la Seccional 20 del Partido Comunista Uruguayo (PCU) y mataron a 8 militantes desarmados e indefensos, en una matanza que aún permanece impune.

Atroces torturas 

Salvo algunas excepciones, que las hubo: Dr. Jorge Batlle, Dr. Gonzalo Aguirre, Dr. José Díaz, Dr. Luis Lacalle Herrera, Wilson Ferreira Aldunate, Juan Raúl Ferreira, por citar algunos casos notorios y públicos, la inmensa mayoría de los ciudadanos que estuvieron detenidos por razones políticas, gremiales, sindicales, ideológicas o por mera arbitrariedad fueron sometidos a torturas de todo tipo. Está ampliamente documentado. Incluso menores de edad, ancianos y mujeres fueron sometidos a torturas de todo tipo y naturaleza en dependencias policiales, en cuarteles de todo el país, en las bases de la Aviación y en las dependencias de la Marina. El Batallón Florida donde operaban el teniente coronel Armando Méndez y el teniente Sergio Caubarrere y Artillería 1 La Paloma, donde operaba el coronel Agosto y José Nino Gavazzo a partir de 1973, fueron lugares emblemáticos de la represión masiva desatada en 1972.

Muertos en torturas 

Si bien las torturas ya eran usadas por la Policía en la década de los sesenta tal como lo evidenció una comisión parlamentaria, a partir de abril de 1972 las mismas adquirieron una fuerza inusitada y arrolladora. Se hicieron masivas, sistemáticas y generalizadas, con la bestialidad propia de la Escuela de las Américas en la cual EEUU entrenaba a los ejércitos continentales. 

Decenas de uruguayas y de uruguayos fallecieron en la tortura mientras eran interrogadas por los servicios represivos sin proporcionar ningún tipo de información. Luis Batalla, asesinado en mayo de 1972 en Treinta y Tres fue el primero. El Dr. Vladimir Roslik, asesinado en Río Negro en 1984, en el tramo final de la dictadura, fue el último. La lista de los fallecidos mientras eran torturados es larga y está documentada.

Delitos de sangre 

Todas las personas condenadas por hechos o delitos de sangre, que nadie puede negar que existieron y que ensangrentaron a la sociedad, lo fueron por tribunales militares, luego de días, semanas, meses, de incomunicación, de golpizas, plantones, privados del descanso, de alimentos, de bebidas, de servicios higiénicos, de torturas, de apremios y, muchas veces, en base a sus propios testimonios o las acusaciones de detenidos que ante la presión de las torturas canjearon su libertad, como es de público conocimiento, y colaboraron activamente con los represores. 

Crónicas de los años duros 3 

Hace unas semanas nuestra organización presentó Crónicas de los años duros 3, una compilación de relatos y testimonios de personas que vivieron en carne propia la barbaridad del terrorismo de Estado. Sin quitar valor o mérito a otras experiencias, lo narrado por Jorge Llambías, Carlos Liscano, Carlos Caillabet, Alfredo Rivera y José Pedro Olivera, pone de manifiesto la brutalidad de las torturas que se aplicaban y las terribles condiciones carcelarias diseñadas para la destrucción física, síquica y moral que padecieron miles de prisioneros políticos. Es un esfuerzo editorial para mantener viva la memoria de lo ocurrido y el sufrimiento de miles y miles de compatriotas que se pretende ignorar. 

Seres humanos de carne y hueso 

Sometidas y sometidos a condiciones extremas, nunca vividas y mucho menos pensadas o imaginadas, muchas y muchos prisioneros políticos proporcionaron información y, también, terminaron firmando actas elaboradas por los mismos torturadores en las cuales incriminaban a otras personas (encubriendo a los auténticos colaboradores) o se hacían responsables de los hechos y acciones que ellos señalaban. El procesamiento del coronel retirado Rodolfo Alvarez por ser juez sumariante en la Tablada fue un claro ejemplo de cómo operaba la justicia militar durante dicho período. Los jueces sumariantes eran parte de los equipos que interrogaban a los prisioneros.

Las pruebas de la infamia 

Las actas de la justicia militar son un testimonio vivo de la infamia que vivió nuestro país. Son írritas, nulas y sin ningún valor. Muchas de ellas fueron fraguadas y, en el mejor de los casos, obtenidas bajo tormento o amenaza de ellos, sin garantías de ningún tipo, sin asistencia legal, luego de días o semanas o meses de incomunicación. Invocarlas, mencionarlas, hacer referencia a ellas para referirse a miles de luchadoras y luchadores sociales, sindicales, gremiales y políticos, es de una ignominia moral descalificadora. 

De ninguna manera los juzgados militares, siempre sujetos a jerarquías de los mandos, pueden ser equiparados a la actuación del Poder Judicial. Al respecto, un tema pendiente de estudio en lo referido al pasado reciente tiene que ver con un estudio a fondo de la actuación de la justicia militar durante dicho período.

La democracia es una conquista popular 

En este país hay democracia, hay libertades, hay derechos, hay posibilidad de elegir a los gobernantes, hay separación de poderes, porque miles de uruguayos enfrentaron al gobierno de Jorge Pacheco Areco, a la dictadura civil militar y al terrorismo de Estado. Miles de ellos pagaron con prisión su compromiso con la libertad y la democracia. 

Las Fuerzas Armadas asaltaron las instituciones democráticas en el año 1973. En el año 1980 impulsaron una reforma constitucional profundamente antidemocrática que fue rechazada en un plebiscito histórico. El categórico triunfo del NO condicionó su actuación y propició el retorno a la vida democrática. La democracia no le debe nada a las Fuerzas Armadas y mucho menos a los criminales, asesinos, torturadores condenados por las gravísimas violaciones a los derechos humanos en dicho período.

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 Opinando N° 12 – Año 11 – Miércoles 20 de julio de 2022

Luz Osimani en MVD Noticias - CRYSOL

https://www.youtube.com/watch?v=7f_PvvtuEvc

 

Controlar al Estado

La Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (Inddhh) es un órgano no jurisdiccional para la defensa y la protección de los ciudadanos frente a los abusos del poder. Su accionar es y debe ser molesto si cumple con sus cometidos básicos y esenciales.

 

Actual Consejo Directivo de la INDDHH

En las próximas semanas el Parlamento deberá elegir nuevas autoridades para integrar el Consejo Directivo de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del pueblo (INDDHH). De acuerdo a la Ley 18 446 que la creó en el año 2008, la renovación de autoridades debería ser parcial para asegurar la continuidad de las políticas desplegadas.

Aunque hace semanas el senador Gustavo Domenech reclamó la eliminación de ella, voceros parlamentarios oficialistas, ya anunciaron que la mantendrán pero aplicarán “el bisturí a fondo”. Designarán nuevos integrantes y lo harán mediante cuota política sin contemplar ni tener en cuenta a los representantes de la sociedad civil. Habrá dos representantes del Partido Nacional, uno del Partido Colorado y otro de Cabildo Abierto. Dejarán un cargo a disposición del Frente Amplio de acuerdo a lo informado por el matutino El País.

Un avance institucional

La creación y puesta en marcha de la INDDHH y defensoría del pueblo fue un gran logro. En su momento, su concreción significó un enorme progreso institucional en el camino de profundizar la democracia y la calidad de ella misma.

La existencia de órganos como la INDDHH, aunque no la cambian radicalmente, mejoran la calidad de la democracia más allá de los resultados concretos que ella pueda ofrecer. Pone de manifiesto que las normas de Derechos Humanos son un ideal social a seguir, un conjunto de normas de convivencia social importantes, que orientan la labor de los gobernantes y de sus funcionarios.

Las normas de DDHH, tan controvertidas por los cabildantes y los sectores afines al terrorismo de Estado, son una gran conquista de la humanidad. Se orientan a humanizar la labor de los gobernantes y a dignificar la vida en sociedad.

Controlar y vigilar al Estado

La INDDHH fue creada por la Ley 18 446 de diciembre de 2008. Es una unidad dependiente del Parlamento pero autónoma con el cometido específico de defender y promover los DDHH. Su tarea central es proteger los derechos humanos, controlar a los funcionarios del Estado: es un ámbito no jurisdiccional de protección de los derechos humanos.

Posteriormente, mediante reformas legislativas se le adicionaron nuevas tareas y responsabilidades, algunas de ellas referidas al período conocido como de actuación ilegítima y del terrorismo de Estado (1968 -1985).

Escudo protector de los más vulnerables

Si bien la existencia de un órgano como la INDDHH favorece al conjunto de la sociedad, su mayor beneficio lo obtienen aquellos sectores más desprotegidos en una sociedad dividida en clases sociales. Es un instrumento fundamental y decisivo para aquellos ciudadanos más vulnerables, más desprotegidos, que no tienen acceso a tener su propia organización, a conocer sus derechos, a reclamar y a demandar su implementación. De ahí la importancia de ella como instrumento.

Las organizaciones sociales: rol protagónico

Par evitar la partidización y el reparto de cargos por parte del sistema político, uno de los aspectos positivos de la Ley 18 446 es el reconocimiento que hace a las organizaciones de la sociedad civil, otorgándole el derecho de proponer candidatos. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 39 de la misma, corresponde proponer candidatos a las organizaciones sociales acreditadas ante la INDDHH. Los parlamentarios podrán recepcionar propuestas y elaborar listas si lo consideran conveniente para su tratamiento en la Asamblea General.

El Parlamento debe actuar responsablemente

La integración del próximo Consejo Directivo es un tema trascendente para la defensa y la protección de los DDHH en los próximos años. Hay peligros muy ciertos a corto plazo. Es muy factible que se promueva y elijan candidatos con clara orientación anti INDDHH o defensores públicos de los terroristas de Estado. El movimiento sindical, el movimiento estudiantil, las organizaciones de DDHH, las cooperativas, la ciudadanía en general, deben estar alertas y hacer sentir su opinión y sus inquietudes al respecto.

Los futuros integrantes de la Comisión Directiva de la INDDHH deben tener un sólido y efectivo conocimiento y compromiso de vida con las normas de DDHH, en lo declarativo y también en su trayectoria vital. Un adecuado balance de género y de sensibilidades temáticas siempre es aconsejable, además de una renovación parcial. Lo más importante, como lo establece la norma vigente, sus candidaturas deben surgir desde las organizaciones de la sociedad civil y deben ser representativas de ella para controlar al Estado y proteger los Derechos Humanos.

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Opinando N° 11 - Año 11 - Martes 5 de julio de 2022

Asado CRYSOL 2021

 

                                                                         https://youtu.be/PpmlrjDBiD0

Ciudad Viva - Organizaciones impulsan criterios para selección de autoridades de la INDDHH

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OTroBAGBpMM&feature=youtu.be 

Crysol: "Hay gente que está presa y sabe toda la verdad"

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XWpslp54YZI 

Entrevista con Chela Fontora | Historias Propias | 04-03-2022

 

https://www.youtube.com/watch?v=my5_FfHz9bw

 

22 aniversario: fuimos, somos y seremos

 

Este mes nuestra organización celebra su 22 aniversario. Como lo venimos haciendo desde hace muchos años, el sábado 25, al mediodía, en la sede social de Aute, gremio siempre tan generoso y solidario, en la calle Agraciada 2463, habrá un busecazo crysolero, para brindar y festejar.

Surgimos formalmente en el invierno del año 2000. Gobernaba el Dr. Jorge Batlle, en plena época de cultura de la impunidad. Los principales responsables de las graves violaciones a los DDHH seguían ocupando cargos jerárquicos en las fuerzas armadas. Eran notorios y preocupantes los estragos causados por el terrorismo de Estado en miles de ex presos políticos y las secuelas de una ausencia total de políticas de reinserción. En lo referido al pasado reciente: impunidad para los asesinos y torturadores e ignorancia y silencio para las víctimas sobrevivientes.

Espacio para la solidaridad y el apoyo mutuo 

Empezamos como un espacio de encuentro y de reencuentro, para organizar la solidaridad con los que estaban en peores condiciones, para generar puestos laborales, encontrar soluciones y paliativos, para reclamar justicia, verdad, políticas de Memoria y el cumplimiento de las normas internacionales de DDHH en materia de resarcimiento (En aquella época “Los principios de Joinet”). 

Cuando nacimos, en la sobremesa de un asado en el Parque de la Nación Charrúa (exparque genocida Gral. Rivera), nadie hablaba de que en este país había habido miles de presos políticos. La prisión política era una simple peripecia personal de algunos referentes políticos de la izquierda. Se ocultaba que en el “pasado reciente” la prisión política había sido una auténtica epopeya colectiva de miles de uruguayos.

Una epopeya colectiva con víctimas infantiles

La prisión la sufrieron los que enfrentaron el proyecto de reorganización social que desde el 13 de junio de 1968 comenzó a implementar la derecha uruguaya cuando gobernaba Pacheco Areco. 

También quiénes enfrentaron el embate autoritario camino a la dictadura cívico militar y el terrorismo de Estado desembozado poblando las cárceles, centros de reclusión formales e informales, cuarteles y espacios para adolescentes y madres con sus criaturas.

Crysol: un historial impresionante de logros

El paso del tiempo ha sido inexorable. Hemos envejecido, es cierto, pero hemos podido forjar una organización pujante, con integrantes mayoritariamente septuagenarios, que siempre superamos largamente el millar de asociados. Somos la organización de todas y de todos los ex presos políticos, como tal somos reconocidos a nivel nacional y fuera de fronteras por los organismos de DDHH regionales, latinoamericas y la propia ONU. Tenemos un historial de logros para el país y para el colectivo del cual estamos orgullosos y que justifican largamente los esfuerzos.

Agrupados como colectivo, mantenemos los sueños y las mismas convicciones de siempre, el compromiso con los ideales y las utopías de la juventud consagradas a envejecer basados en la militancia diaria, gris y oscura de todos los días. Sin militancia, sin esfuerzo, sin participación, sin buscar consensos colectivos, caminos de acción que nos involucren a todos, con mucha tolerancia y paciencia, sin compromiso personal, no se construye presente ni futuro.

Se trata de cambiar el mundo

Somos la Asociación de todas y de todos los ex presos políticos, sin importar su compromiso militante partidario, su experiencia carcelaria su edad y su tiempo de reclusión. Integramos Onajpu, mantenemos relaciones fraternas con el movimiento sindical, con su central única, con las principales organizaciones sociales y de DDHH. Somos una organización formal, democrática, con personería jurídica y pleno acatamiento de las disposiciones estatutarias y contamos con más de un millar de asociados que colaboran activamente.

Los gobiernos que se sucedieron desde marzo de 2005 hasta el 2019 han sido decisivos, por su sensibilidad, para los logros que hemos obtenido como colectivo. Pero fue la presencia orgánica y militante de Crysol con el apoyo de miles que lo hizo posible. Todas y todos los ex presos políticos lo saben. Incluso aquellos que tienen diferencias, en algunos casos muy grandes, y las exponen públicamente, con los puntos de vista que asumimos como colectivo organizado.

Gracias a Crysol, desde hace más de 16 años, la gran mayoría de los luchadores sociales y políticos de Uruguay han logrado llegar a la vejez con ingresos que les permiten cubrir sus necesidades básicas, les dan estabilidad familiar y emocional y cuentan con acceso a la atención médica. Solo ese logro inmenso alcanzaría para justificar nuestra existencia.

Más y mejor Crysol

Las puertas de la institución están siempre abiertas a todas y todos los que quieran sumarse a dar una mano. No tenemos capacidad militante ociosa pero sí tenemos muchos proyectos, iniciativas y desafíos, para defender las conquistas logradas, lograr su plena instrumentación y dar cumplimiento a las recomendaciones pendientes de los Relatores Especiales de la ONU.

La del sábado no será una simple comida compartida. Será un reencuentro, como todos los años, para ratificar nuestro compromiso con la unidad, con la organización, con la pluralidad, la democracia y la vigencia de la institución. Vivimos en tiempos de riesgos e incertidumbre política que pueden poner en riesgo todo lo logrado y alcanzado. Siempre estamos alertas. Siempre junto a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

El sábado 25 estaremos en la buseca celebrando estos 22 años de lucha y levantando las banderas de Crysol por Verdad, Justicia, Memoria y Reparación. Como siempre y más allá de las diferencias habrá un gran abrazo crysolero. Entre todas y todos. Como debe ser.

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Opinando N° 10 – Año 11 – Miércoles 22 de junio de 2022

Hijo de tigre

 

 

Participando en un programa periodístico de la tarde, en la televisión abierta, muy suelto de cuerpo, el diputado Gustavo Zubía afirmó que la Pensión Especial Reparatoria (Per) se trasmite de forma hereditaria a los sobrevivientes de los beneficiarios. Una opinión respetable pero falsa. La prudencia y el decoro lo deberían impulsar a ser más cauto al propalar las falsedades de los terroristas estatales y abordar cuestiones referidas a las víctimas de su propio padre y de su tío, connotados generales del “proceso”.

La Pensión Especial Repatoria, Per, es un resarcimiento patrimonial que otorga el Estado. La perciben todas aquellas personas que fueron procesadas por tribunales militares y fueron privadas de su libertad a partir del 9 de febrero de 1973 o que, sin haber sido formalmente condenadas, pemanecieron más de un año en prisión. El otorgamiento de ella está establecido en el Artículo 11 de la Ley 18 033. Fue aprobada en octubre de 2006, por amplísimas mayorías parlamentarias, a los 21 años de haber retornado a la institucionalidad democrática, durante el primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez.


Los Estados no pueden torturar

La tortura, ocasionar dolor y sufrimiento, físico, psicológico o mental a una persona detenida e indefensa por funcionarios del Estado, es un acto cruel y repudiable, tanto desde el punto de vista legal, político o ético, cualquiera sea el fin que se invoque.

Como ha quedado ampliamente documentado a nivel político, parlamentario y judicial, la detención masiva de ciudadanos, asociada a la tortura masiva, sistemática y generalizada y a la prisión prolongada, fue la metodología represiva deliberadamente seleccionada por las Fuerzas Armadas, desde el 15 de abril de 1972, para enfrentar y destruir a la oposición, aterrorizar a la población y mantenerse en el gobierno. Las torturas incluyeron los abusos sexuales y las violaciones.

Según cifras oficiales, más de 20.000 uruguayos fueron privados de su libertad y más de 7.000 fueron condenados por tribunales militares sin garantías legales de ninguna naturaleza, luego de días, semanas y meses de permanecer secuestrados, incomunicados, encapuchados, en unidades militares y en centros de detención y tortura clandestinos. También incluyó a niños y adolescentes.

Aunque no lo señala explícitamente, la Ley 18 033 asume esa realidad fáctica ampliamente documentada y reconocida. En función de ello y de acuerdo a los compromisos internacionales asumidos por Uruguay en materia de DDHH desde el año 1948, otorga a la mayoría de esos ciudadanos un resarcimiento de tipo económico y beneficios jubilatorios. La pensión otorgada no es un premio, no es una recompensa, es un resarcimiento que el Estado otorgó por haber secuestrado a las personas, haberlas torturado, haberlas condenado mediante tribunales militares y haberlas recluido, en promedio 6,8 años, en campos de concentración diseñados para la destrucción de ellas.


La Pensión Especial Reparatoria no es hereditaria

La Ley 18 033 está reglamentada por el Decreto 106/2007, muy especialmente el Artículo 11. El decreto señala que la PER es equivalente a una jubilación y por lo mismo genera Pensión de Sobrevivencia. Se trasmite a los conyúges, esposas o concubinas e hijos menores como si fuera una jubilación. La Ley 18 596 de setiembre de 2009 incorporó a los hijos discapacitados como ocurre en el sistema previsional.

La peculiaridad distintiva y perjudicial, a diferencia de lo que ocurre con el resto de las jubilaciones que otorga el BPS o la propia Caja Militar, es que quienes pasan a percibir la Pensión de Sobrevivencia generada por la PER deben renunciar a sus propias jubilaciones y pensiones, algo que no ocurre en el resto del sistema previsional y mucho menos en la Caja Militar.


La Caja Militar es el verdadero cáncer

Los costos generados por la implementación de la Ley 18 033 corren por cuenta de Rentas Generales y no del BPS. El pago de la PER no le genera al BPS ningún perjuicio ya que los costos de ella los paga Rentas Generales. De acuerdo a cifras oficiales, la implementación de la Ley 18 033 desde el año 2006 ha costado hasta el  momento,  aproximadamente  450  millones  de  dólares.  Esa  suma, precisamente es la que cuesta por año el déficit de la Caja Militar, desde hace aproximadamente unos 20 años.

Los gastos de resarcimiento a las víctimas por las graves violaciones a los DDHH ocurridas durante la actuación ilegítima y del terrorismo de Estado, son un legado nefasto de la actuación de las Fuerzas Armadas durante ese período. Cuando los Estados violentan los derechos humanos, tienen la obligación de reparar el daño ocasionado de una manera integral. La Ley 18 033 es una pequeña parte de las obligaciones que se asumieron, tardíamente. De hecho se hizo de una manera que ha sido observada por los organismos internacionales y nacionales de DDHH y que aún están pendientes de resolución.

Opinando N° 9 – Año 11 – Martes 15 de junio de 2022